JUSTICIA IMPONE RETORNO PESE A PRECARIEDAD DE LAS CAJs: OFICINAS SIN BAÑOS, VENTILACIÓN NI AFOROS SUFICIENTES

Las Direcciones Generales de las cuatro Corporaciones de Asistencia Judicial, siguiendo lineamientos del Ministerio de Justicia, determinaron unilateralmente ampliar el trabajo presencial en jornada completa como regla general a contar del 23 de agosto, labor que hasta esa fecha se desarrollaba con jornadas reducidas.

«Ello ocurrió estando pendientes las conversaciones con FENADAJ, que buscaban consensuar un avance paulatino y progresivo en el retorno», informó Marcelo Inostroza, presidente de la entidad gremial que agrupa a más de 2.200 funcionarios en el país, al precisar que «la autoridad una vez más obró improvisadamente, sin considerar grupos de riesgo tanto para funcionarios como usuarios que deben ser atendidos en oficinas, que en muchos casos no cuentan con ventanas para ventilación, aforos mínimos, baños para personal y usuarios, ni menos aseo o sanitización permanente, como lo instruye el Ministerio de Salud en su plan retorno seguro.»

“La pandemia ha develado una vez más las deficientes condiciones materiales en que se presta el servicio. Los trabajadores nunca han dejado de atender presencialmente, solo han pedido que para avanzar en esa línea se respeten ciertos estándares mínimos. La decisión, por ejemplo de eliminar de los grupos de riesgo a quienes tienen a su cargo personas mayores, discapacitadas o inmunodeprimidas, por lo tanto, mucho mas expuestas a sufrir los estragos del Covid, introduce un nuevo elemento de disenso con el empleador. Por lo demás, pese al golpe de autoridad de las Direcciones generales, muchos centros desde Arica a Punta Arenas, no podrán aperturar porque no cumplen las condiciones sanitarias que lo permitan”, agregó.

El dirigente precisó que nada más que en la Corporación del Bíobio, considerada la de mayor cobertura jurisdiccional del país con más de 172 unidades de atención, hay alrededor de 82 planes de trabajo aprobados por la Mesa Covid. “Las otras 90 unidades de trabajo no se han aprobado porque los consultorios no cumplen con los requisitos mínimos para garantizar un trabajo seguro”, agregó Inostroza.

“Lamentablemente el costo que involucra mantener la operatividad de las Corporaciones ha sido asumida en forma importante por los propios trabajadores, como el uso de Internet en sus casas o habilitación de oficinas para el trabajo online. El trabajo remoto se ha mantenido de forma eficiente, cuestión que ratifican las estadísticas”, insistió.

Otro conflicto que se cruza entre los trabajadores y el Ministerio de Justicia es la aplicación del seguro Covid, establecido en la ley 21.342, la que según el MINJUl sólo es aplicable a los trabajadores del sector privado y no a los funcionarios públicos.

“Lo cierto es que a nosotros nos rige , el Código del Trabajo y toda la normativa del sector privado, sin embargo, se mantiene la practica de aplicarnos uno u otro estatuto, dependiendo del interés del empleador, desconociendo el espíritu y finalidad del ordenamiento en su plenitud”, remató.

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