DIPUTADOS PIDEN EXPLICAR A MINISTRO DE JUSTICIA CÓMO SE FINANCIARÁ NUEVA DEFENSORÍA DE VÍCTIMAS ANTES DE VOTAR IDEA DE LEGISLAR

Pese al acuerdo unánime que la academia, abogados, reparticiones públicas y organizaciones gremiales mostraron ante la Comisión de Constitución frente a la necesidad de mejorar el acceso a la justicia en Chile, el gobierno no logró el objetivo de que el Proyecto de Ley con que el Presidente Sebastián Piñera crea el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y la Defensoría de Víctimas de Delitos pasara la idea de legislar debido a falencias financieras, y que la FENADAJ simbolizó durante la jornada con el hashtag #sinplataesletramuerta.

Entre las fallas enumeradas por los distintos estamentos que expusieron ante la Comisión, entre los que estuvo Claudia Fachinetti y Marcelo Inostroza de la FENADAJ, se mencionaron además de la falta de presupuesto, que no se incluyan reformas legales relevantes, no enfrente los problemas de gestión existentes, no contemple dotación funcionaria ni incorpore acuerdos extraordinarios al judicial.

Desde el aparataje público, mientras la Subsecretaria de Prevención del Delito (que pasará en forma integral a la nueva Defensoría), Katherine Martorell, informó los logros del Programa Nacional de Apoyo a Víctimas (PAV), el director general de la Corporación de Asistencia Judicial de la Región Metropolitana, Alejandro Díaz, defendió la unificación del trabajo de las actuales cuatro corporaciones del país y el Director nacional de Orden y Seguridad de Carabineros, General Inspector Esteban Urbina, destacó el apoyo en la persecución penal que el nuevo proyecto representaría.

Desde el Ministerio Público, el Fiscal Nacional, Jorge Abbott, y el Defensor Nacional Penal Público, Marco Montero, hicieron ver la necesidad de contar con más recursos e incorporar acuerdos reparatorios o mediación en lo penal.

Rechazo

En una posición más abiertamente de rechazo a seguir avanzando en el proyecto tal como fue presentado se mostraron los representantes de la academia, gremios, funcionarios y abogados.

Desde la academia, los docentes de la Universidad Católica, Daniela Bolívar y de la Universidad Diego Portales, Mauricio Duce, como el director ejecutivo de la Fundación Paz Ciudadana, Daniel Johnson, insistieron en dos fallas centrales: falta de propuestas de reformas legales relevantes y no hacerse cargo de los problemas de gestión importantes, como la duplicidad de roles en diversas unidades del Estado.

Para el Colegio de Abogados de Valparaíso, representado por Alejandro Gómez, el cuestionamiento fue dirigido a la estructura de organización del servicio y la no consideración de aumento de dotación funcionaria.

A estas críticas también se sumaron Marcela Torres, de la Asociación de Funcionarios de la Corporación de Asistencia Judicial; Macarena Moreno, de la Asociación de Funcionarios de la Subsecretaría de Prevención del Delito; Cristián Inzunza, de la Asociación de Funcionarios del Ministerio del Interior; José Pérez, de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) y Claudia Fachinetti, de la Federación Nacional de Acceso a la Justicia (FENADAJ).

En ese marco fue que la Comisión de Constitución finalmente no sometió a votación el proyecto a la espera que el ministro de Justicia, Hernán Larraín, entregue «propuestas a las objeciones o planteamientos» realizados en la sesión, en especial, respecto del financiamiento del nuevo servicio, pidieron.