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“ESTAMOS EN LA PUERTA DE UN CONFLICTO QUE PUEDE SER UNA OPORTUNIDAD O UN GRAVE PROBLEMA”

Claudia Fachinetti, presidenta de la FENADAJ, deja atrás un 2019 llamando a las bases a enfrentar los desafíos del 2020 con unidad. “No serán tiempos fáciles. Debemos defender el modelo de las CAJs, sensibilizar sobre la importancia del acceso a la justicia, tener una estructura nacional de servicio y fortalezar la organización.

-¿Cuál sería la reflexión del trabajo realizado este 2019?: lo bueno y lo malo

– Voy a partir por lo malo: fue un año muy difícil para la organización con una autoridad que no escuchaba, que llegó a negar nuestro rol como representantes de los funcionarios de la Corporación y que significó llegar a un paro, quizás el más extenso del sector público, que se extendió por 46 días con muchos problemas, situaciones difíciles, con ataques personales a los dirigentes por parte de las autoridades del ramo, tanto así que parlamentarios acordaron tendernos una mano enviando una carta con 30 firmas dirigida al ministro justicia. En los 21 años que llevo de trabajo en el mundo sindical nunca había visto algo así, que parlamentarios pidieran al ministro la solución a ese problema de acceso a la justicia. Finalmente, pudimos llegar a un buen término porque juntos logramos una negociación que nos permitió empezar a trabajar de nuevo, con una nueva forma de acercamiento, por decirlo así, con el Ministerio Justicia, entonces se establecieron las bases del Protocolo para seguir trabajando y, de ahí en adelante, la relación con el Ministerio empezó a cambiar… llegamos a un mejor entendimiento.

De lo bueno, destaco que nuestros funcionarios y funcionarias estuvieron al pie del cañón, reclamando sus derechos, que estuvieron apoyándonos a nosotros como dirigentes durante todo ese tiempo y eso, sin duda, es lo más favorable de este año 2019 que se fue.

-¿Cómo enfretarán este 2020?

-Con mucho trabajo. Como directorio FENADAJ ya planificamos el año 2020 y uno de los ejes de trabajo es la atención de víctimas de delito, dado que nos hemos enterado que estamos en la puerta de un conflicto que puede ser una oportunidad o un grave problema y que tiene que ver con qué cartera asumirá este rol con prioridad: Justicia o Interior. Pero somos optimistas porque tras la última reunión con las autoridades sabemos que el Ministerio de Justicia quiere realmente dar asistencia a las víctima de delitos. Ahora, ¿cómo se hace? Ahí es donde nosotros tenemos que entrar a batallar. Afortunadamente el Ministerio de Justicia está de acuerdo en que quien mejor atiende, tiene más adherencia y una atención interdisciplinaria a las víctimas de delitos es la Corporación de Asistencia Judicial (CAJs), entonces creemos que puede ser una oportunidad porque si se queda con esta forma de atención aumentaremos la cobertura, que es mínima en las corporaciones locales. Como lo hemos dicho, hoy a este tipo de víctimas las atendemos en 20 comunas del país y resulta que son 346, por eso creemos firmemente que aumentar la cobertura para llegar a todos los rincones de Chile es un deber que nos debe movilizar. 

-¿Cómo abordarán este posible conflicto?

-Estamos coordinando una jornada nacional de reflexión y análisis y así, presentar una propuesta al Ministro de Justicia. Queremos defender nuestro modelo, a la brevedad, con planes de acción. Un primer paso es hacer entender a la comunidad y a las autoridades que el acceso a la justicia es la base de la justicia social. Para la gente es algo primordial, especialmente a raíz de lo que está pasando desde el 18 de octubre, donde la injusticia ha sido un tema central. Hoy, en el momento en que tú le preguntas a las personas cuáles son los puntos por los cuales pondría acento, responden salud, pensiones y educación, sin embargo, la justicia no aparece espontánemente. La justicia es una necesidad y lo más importante, para alcanzarla, es que debemos aportar con alguna propuesta para crear un sistema de amplia cobertura.

-¿Cuáles serán las propuestas de trabajo en que se focalizará FENADAJ este año?

-Además del punto anterior, queremos precisar metodológicamente nuestra estructura de remuneraciones y carga de trabajo a nivel país. El objetivo es tener una estructura nacional de servicio de acceso a la justicia. No puede ser posible que todavía sigamos igual que desde el año 81, con cuatro corporaciones a lo largo del país que no se comunican entre ellas. Uno hace las cosas de una forma y otra de otra forma y eso podría ser sólo un problema estético si no fuera que detrás están los derechos de las personas. ¿Cuál es el tema?: que no podemos permitir que una persona que vive en Santiago tenga más oportunidad para ejercer sus derechos que una que viva en Coihueco, Punta Arenas o Isla de Pascua. Para nosotros es importante que todas las personas tengan el mismo acceso a la justicia, la misma oportunidad para ejercer sus derechos porque estamos hablando del acceso a la justicia como derecho personal, pero también de la dignificación de la función pública. Por último, como pensamos que este año puede ser complejo, entendemos que como nunca la organización cuenta sustancialmente para seguir trabajando por el país y que en ese camino todos los funcionarios y las funcionarias deben ser concientes de que, en la medida que estamos organizados y unidos, vamos a poder hacer frente a los devenires en forma más óptima.

-¿Cuál es la importancia para este complejo 2020 de los canales de comunicación entre directorios de la organización y sus bases?

-Es importante valorar esta relación que tenemos porque somos una organización que agrupa entre 1.500 y 2.000 funcionarios y la idea es que sigamos creciendo en unidad y teniendo claro que la lucha que se está dando es por nosotros y la gente, por eso es que yo les pido a las asociaciones y sus socios que sigamos profundizando el trabajo de comunicación interna y con nuestros usuarios, siempre con una visión crítica, pero todos bien juntos.

MINISTERIOS DE INTERIOR Y JUSTICIA SE PELEAN ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE DELITOS

En una reunión informativa desarrollada el 23 de diciembre entre los equipos de la División Judicial del Ministerio de Justicia y de la FENADAJ para abordar el futuro del trabajo en torno a las víctimas de delitos en Chile se acordó instar a que la atención a víctimas de delitos se mantenga en las CAJs, bajo el argumento que «es lo que jurídicamente corresponde». 

En la reunión, en la que participaron por la cartera del ramo el jefe de la División Judicial, don Héctor Mery, y la jefa del Departamento de Asistencia Jurídica, doña Simone Hartard, y por la FENADAJ asistieron su directiva nacional y las asesoras Solange Cornejo (Cavi ex La Granja) y Marta Latorre (Caj Biobio), se pudo conocer la posición del Ministerio de Justicia en torno al anuncio de octubre pasado del Presidente Sebastián relativo a la creación de la Defensoría de Víctimas, con el objetivo de dar mayor accesibilidad a la justicia en el marco de la Nueva Agenda Social.

La cita, que fue solicitada por la Fenadaj el 10 de diciembre, tuvo por objeto conocer información sobre las decisiones que desde el Ministerio de Justicia se estaban tomando en relación al anuncio realizado por el Presidente.

«Máxima prioridad»

Hasta ahora, según informaron los funcionarios ministeriales a los dirigentes, no ha habido ninguna determinación tomada en cuanto a la naturaleza, funciones o dependencia de los centros de atenciones de víctimas asistidas, como tampoco un plazo determinado para aquello. 

Sin embargo, en la reunión la definición desde dónde se centralizarán estas atenciones a las víctimas de delitos fue calificada “de máxima prioridad”.

Dicha definición se centra en mantener la atención de víctimas en los centros especializados e interdiciplinarios de las CAJs: Centros de Atención a Víctimas de Delitos Violentos (CAVIS) y Unidades de Atenciones a Víctimas de Delitos Violentos (UVIS) dependientes del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; o, en los Centros de Atención a Víctimas de Delitos (CAVD) del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

“No hubo dudas en calificar nuestro trabajo (el de los CAVIS y UVIS) como de excelencia, serio y profesional, lo que demuestra que brindamos las atenciones interdisciplinarias más completas que tiene el sistema y que considera el acompañamiento de la víctima en todo momento del proceso judicial, con apoyo sicológico, social y jurídico destinado a su reparación y la de su entorno”, enfatizó la presidenta de la FENADAJ, Claudia Fachinetti.

Duplicidad de presupuestos

Cabe destacar que, en este momento, la atención a víctimas de delitos enfrenta una duplicidad de funciones y gasto público porque mientras desde Justicia es desarrollada por los CAVIs  con cobertura nacional desde el 2001, el Ministerio del Interior lo hace desde el 2006 a través de sus CAVD, Centros de Atención a Víctimas de Delitos. Hay que recordar que las UVIS, dependientes también de las CAJs, lo hace desde el año 1994, con un modelo de atención interdisciplinaria que el año 2001 fuera consagrado con la creación de los CAVIS, que sólo el año 2018 atendió a 4.361 personas, dando lugar a 1.869 querellas. 

En este marco, agregó Fachinetti, las autoridades anunciaron que instarán al gobierno para que esta atención se mantenga en las CAJs del país, fortaleciéndola y ampliando su cobertura.

“Estas son buena noticias, sin embargo hay mucho camino que recorrer dado que el gobierno no ha tomado ninguna decisión hasta el momento, por lo que desde esta Federación llamamos a estar alerta respecto de la situación”, enfatizó la presidenta de la FENADAJ.

Jornada Nacional

La dirigente anunció que, en este marco, en marzo se convocará a los funcionarios de estos centros y unidades a una jornada nacional de análisis y trabajo para desde ahí, generar una propuesta al ministerio.

La única evaluación de los distintos sistemas de atención a víctimas de delitos en el sistema público fue realizado en 2008 por la Dirección de Presupuestos, Dipres, donde se concluyó que el servicio brindado por los CAVIS, de las CAJs, fue el más completo al “proporcionar el más elevado servicio de patrocinio y representación judicial y de los servicios de reparación integral a las víctimas de delitos en Chile”, remató Fachinetti documento en mano.

DEL 2015 AL 2018 REPRESENTACIÓN DE TRABAJADORES AUMENTÓ 9% EN OFICINAS DE DEFENSA LABORAL

Según los datos estadísticos oficiales del Departamento de Asistencia Jurídica del Ministerio de Justicia, desde el 2015 al 2018 las Oficinas de Defensa Laboral (ODL), que integran el trabajo de las Corporaciones de Asistencia Judicial (CAJs), han atendido en el país 104.367 trabajadores que, sin este apoyo jurídico, no podrían acceder a defensa gratuita de sus derechos.

Los guarismos demuestran que las necesidades de atención de los trabajadores en el sistema chileno han ido progresivamente en aumento, pues mientras el año 2015 fueron asesorados 25.241, el 2018 fueron 27.491 las personas que pidieron asistencia jurídica, es decir, las causas tramitadas en tribunales aumentaron 9%.

Ese porcentaje también muestra la misma tendencia en las causas laborales terminadas (favorable o desfavorablemente) en los tribunales pues en el mismo lapso aumentaron de 22.766 a 23.765 los fallos obtenidos por los equipos CAJs.

Sumando los datos anuales desde que existen registros (2015-2018), han sido atendidos un total de 104.367 trabajadores. De ese total, se obtuvieron 89.793 fallos, lo que significa que 86% de las causas obtuvieron sentencia.

El mayor número anual de atenciones se registró el año 2016, con 25.241 ingresos, de los cuales 19.979 fueron terminados. Para el 2018 las causas llegaron a las 27.491, de las cuales 23.765 fueron resueltas.

En promedio, mensualmente los trabajadores atendidos alcanzan los dos mil. El peak de registró en junio de 2018, con 2.690 causas, mientras que el mes con menos atenciones en estos cuatro años fue en diciembre de 2015, con 1.610 atenciones. Para los fallos, el peak se registró en junio de 2018, con 2.498 resoluciones logradas, mientras que el mes con menos resoluciones obtenidas en los tribunales laborales fue en diciembre de 2015, con 1.269 fallos.

CAJs REUNIDAS EN CABILDOS FUNCIONARIOS POR LA JUSTICIA SOCIAL

La Federación Nacional de Funcionarios del Acceso a la Justicia, FENADAJ, convocó a los trabajadoras (es) a participar en cabildos denominados «Co-Construyendo Justicia Social». El objetivo de esta iniciativa fue sumarse como organización a los desafíos que hoy está planteando la ciudadanía: «cambios estructurales para la justicia social y los derechos sociales, considerando pilares democrático, inclusivo, acogedor y promotor del bienestar social de todos sus habitantes», enfatizó Claudia Fachinetti, presidenta de la FENADAJ, que reúne a más de 2.000 trabajadores a los largo del país que entregan atención jurídica a los sectores más vulnerables del país.

Los Cabildos se realizaron entre el 12 y 15 de noviembre, en distintos centros CAJs de todo el país, duraron entre dos y tres horas y entregarán sus resultados a partir del lunes 18 de noviembre en una plataforma online a la que puede acceder haciendo clic AQUÍ.

Metodología sugerida:

  1. Constituir cabildos en una o más unidades operativas: Esos cabildos o asambleas revisan este y los demás documentos que estimen que serán puestos a disposición de las
    asociaciones.
  2. Metodología debe ser activa y participativa.
  3. Los cabildos trabajan a partir de preguntas orientadoras. Se dividen en grupos de
    conversación de 6 a 10 personas.
  4. Se sugiere que cada cabildo sesione en un lapso de 2 a 3 horas.
  5. Fases de trabajo del encuentro:
    a. Se reúnen y se saludan las y los participantes.
    b. Se registran en un formulario de inscripción.
    c. Organizan el trabajo de la jornada.
    d. Se dividen en grupos de discusión de hasta 10 personas. Se asignan espacios para
    funcionar.
    e. Los grupos de discusión sesionan por alrededor de 1 hora o 1 hora y media. Cada grupo de discusión debe contar con una persona (secretaria/o) que tome acta.
    f. Exposición de acuerdos por mayoría y opiniones de minorías. (subir conclusiones conforme punto 6)
    g. Si se estima convocar a Plenaria de distintas unidades de determinada zona: Escoger secretarias/os para elaborar el acta de la plenaria. Se presentan resultados de cada grupo de discusión y se debate en la asamblea por alrededor de 1 hora.
    h. Se presenta y se aprueban acuerdos de mayoría y posición de minoría en la plenaria.
  6. El acta final del cabildo debe llenarse utilizando el formulario digital disponible AQUÍ:

Preguntas enfrentadas:

1.- (20 minutos)
a) ¿Qué ha generado el malestar ciudadano? b) ¿Cuál sería el origen del conflicto actual?
c) ¿Qué oportunidades ofrece esta movilización actual?
2.- (40 minutos)
a) ¿Cómo es posible avanzar en mayor justicia social a partir de esta coyuntura?
b) ¿Existen demandas prioritarias para la ciudadanía?
c) ¿Se necesita una Asamblea Constituyente para transformar Chile?
3.- (20 minutos)
a) ¿Qué tipo de acciones pueden realizar la ciudadanía y las organizaciones sociales para conseguir sus objetivos?
4.- (40 minutos)
a) ¿Cómo es la justicia que queremos para Chile?
b) ¿Qué entendemos por Acceso a la Justicia?
c) ¿Quién debiera ser el organismo encargado del Acceso a la Justicia? ¿Por qué?
d) ¿Qué acciones debiéramos realizar para lograr un mayor y mejor Acceso a la Justicia?

Cabildo Concepción.
Cabildo La Serena.
Photo by Stefano Pollio on Unsplash

“FALTA DE ACCESO A LA JUSTICIA ES UN FACTOR MÁS DE DESIGUALDAD SOCIAL”

Para la Presidenta de la FENADAJ, la abogada Claudia Fachinetti, esto significa que las personas que no tienen recursos no pueden defender ni ejercer sus derechos.

“Lo que vivimos a diario en las CAJs al no poder atender dignamente a nuestros usuarios y no lograr una cobertura adecuada a las necesidades legales de los más desposeídos es un factor más de desigualdad social en Chile”, enfatizó Claudia Fachinetti, presidenta de la Fenadaj, entidad que agrupa a más de 2 mil funcionarios las Corporaciones de Asistencia Judicial en Chile.

Según explicó, la realidad del sistema “es muy dura”, ya que con $72.000 anuales por usuaria/o, “las y los funcionarias/os de las CAJs brindan atención social y jurídica en causas civiles, de familia, laborales y atención jurídica, social y psicológica a niñas, niños y adolescentes y víctimas de delitos violentos”. 

Falta Presupuesto

Para la dirigente, este escaso presupuesto asignado demuestra la falta de preocupación por los pobres y su posibilidad de ejercer sus derechos. “Esto construye desigualdad en el ejercicio de derechos y no se trata de una situación excepcional en la vida de las personas, sino que tan cotidianas como la pensión de alimentos o el reclamar el pago de remuneraciones adeudadas”, enfatizó.  

Presidenta Fenadaj.

Según datos oficiales, el funcionamiento del sistema es soportado hoy por 2.000 trabajadores y subsidiado por las prácticas profesionales gratuitas de 4.000 egresados de Derecho que rotan cada seis meses. 

La información del Ministerio de Justicia precisa que en 2018, Las CAJs entregaron 706.721 orientaciones legales y sociales a usuarios en sus oficinas y móviles; realizaron 4.176 talleres, seminarios y cursos para acercar la justicia a personas de escasos recursos; dieron 12.053 soluciones colaborativa de conflictos y ofrecieron 4.361 atenciones a víctimas de delitos violentos, entre otras de sus tareas.

“Sin perjuicio de todo ese esfuerzo, nuestra labor se torna insuficiente”, reiteró Fachinetti al agregar que el problema está cruzado por la “falta de voluntad de Estado de permitir que las personas más vulnerables del país conozcan y ejercezan sus derechos”. 

Defensoría Víctimas existe

En el marco del estallido social de octubre, el Presidente reiteró la urgencia de garantizar una Defensoría de Víctimas, “tarea que las CAJs vienen realizando desde 2001 y que tras 18 años, sólo se cumple en 20 de las 346 comunas del país”, dijo Fachinetti.

Photo by Stefano Pollio on Unsplash
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La misma que advirtió que un primer paso es resolver la grave precariedad en las condiciones de trabajo y atención a usuarios, situaciones denunciadas en reportajes de prensa donde han quedado en evidencia el mal estado de mobiliario y la falta de computadores, impresoras, scanner, internet, softwares actualizados y espacios para atender dignamente a las personas, todo lo cual, insistió, “atenta contra el acceso a la justicia que requieren los que más la necesitan en Chile y es otra forma más de violencia en contra de los pobres”.

SÓLO 20 DE LAS 346 COMUNAS DEL PAÍS DAN ATENCIÓN JURÍDICA GRATUITA A VÍCTIMAS DE DELITOS VIOLENTOS

Dirigentes de la Federación de trabajadores de las corporaciones judiciales advierten.

El grupo más vulnerable es el de mujeres víctimas de maltrato intrafamiliar y/o violencia de género, que al no tener quien las representen gratuitamente en el sistema judicial quedan a la deriva sin poder exigir medidas cautelares para defender sus vidas.

Una oportuna protección jurídica a mujeres víctimas de violencia intrafamiliar o de género permitiría aumentar la persecusión de sus victimarios en el tiempo si éstas fueran gratuitamente representadas por abogados de la Corporación de Asistencia Judicial,  que no cuenta con los recursos específicos para sostener las necesidades de este tipo de víctimas en Chile.

Autor foto: Nicolas Ladino Silva.

Durante el primer semestre de este año se han cometido 24 femicidios, de los cuales varios han sido denunciados como casos a la deriva en las tramitaciones judiciales por los entornos de las víctimas. Un ejemplo dramático lo representó el de Hellen Barra Ortega, de 20 años, apuñalada 53 veces por su pareja en Chimbarongo en junio pasado, días después que caducara la orden de alejamiento al agresor. 

“Hay muchos casos a lo largo de estos años en que las vidas de las mujeres fueron puestas en riesgo por falta de representación legal ante los tribunales”, enfatizó la presidenta de la Fenadaj, Claudia Fachinetti, al explicar que “el debido proceso no se cumple sin un abogado que represente a las víctimas en el juicio y que gestione “órdenes de alejamiento, diligencias probatorias, recursos, apelaciones o reapertura de casos”.

Las cuatro CAJs que conformar la asistencia gratuita a los más pobres de Chile tienen por ley la obligación de prestar Atención Integral a Víctimas de Delitos Violentos y sus familiares, “sin embargo, hoy estos Centros y Unidades de atención operan en 20 (una de ellas en La Granja en proceso de traslado) de las 346 comunas del país”, explicó la dirigenta. 

Pese a la deficiencia, en 2018 estos centros de las CAJs presentaron 1.869 querellas, incluyendo representaciones de mujeres, pero también otros grupos más vulnerables como niños, adolescentes y adultos mayores.

“Se trata de falta de igualdad al acceso a la justicia”, alertó la Fenadaj sobre las dificultades que enfrentan para entregar estas atenciones a las que deben tener acceso las víctimas de estos delitos, lo que contrasta dramáticamente con los autores de estos mismos, quienes como imputados tienen garantizado un abogado que los defienda desde la Defensoría Penal Pública. “En cambio, en nuestro sistema, no se garantiza igual acceso a las víctimas y su entorno”, insistió Fachinetti.

CONOCE LAS COMUNAS QUE TIENEN OFICINA DE ATENCIÓN: