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CON RECHAZO DE DOS PRIMEROS ARTÍCULOS Y DISCUSIÓN ENTRE «JUDICIAL Y NO JURÍDICO» SE INICIÓ ANÁLISIS DE NUEVO SERVICIO DE JUSTICIA Y DEFENSORÍA DE VÍCTIMAS

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Con el rechazo de los primeros dos artículos del proyecto de ley que crea el “Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y la Defensoría de Víctimas”, referidos a la «naturaleza» y «objetivo» del servicio terminó, este lunes 26 de julio, la sesión de suma urgencia convocada para analizar la iniciativa legal en la que la FENADAJ puso énfasis en las diferencias de entregar «representación judicial» y/o representación jurídica» del nuevo sistema público.

El rechazo de los dos primeros articulados por parte de los integrantes de la Comisión de la Cámara de Diputados no sorprendió debido a las seguidillas críticas del que ha estado acompañada la iniciativa del Presidente Sebastián Piñera.

Mientras el primer artículo rechazado está referido a un servicio público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, supervigilado a través del Ministerio de Justicia desde Santiago, organizado territorialmente por cuatro Direcciones Macrozonales y afecto al Sistema de Alta Dirección Pública; el segundo obedece al objetivo de garantizar el acceso a la justicia a través de asesoría jurídica, orientación legal, defensa y representación jurídica a quienes no puedan procurárselas o estén en situación de vulnerabilidad, como también al apoyo psicológico y social en los casos que corresponda.

«El rechazo de estos dos primer artículos demuestra la inconsistencia del proyecto», enfatizó Marcelo Inostroza, presidente de la Fenadaj y uno de los invitados a intervenir en la sesión, para quien, además, la diferenciación de «representación judicial y no jurídica» tiene efectos de fondo debido a que «en el primer concepto -defendido por la organización gremial- se abarcan prestaciones como orientación, información, promoción y educación en derechos, representación y asistencia psicosocial para víctimas de delitos, en el segundo sólo se reduce a trámites legales y, con ello, a no hacer frente al financiamiento que conlleva una atención judicial integral para usuarios y funcionarios.

Desde la institucionalidad fueron citados a la discusión de suma urgencia Hernán Larraín, Ministro de Justicia y Derechos Humanos; Sebastián Valenzuela, Subsecretario de Justicia; Héctor Mery, Jefe de la División Judicial; Simone Hartard, Jefa de Gabinete; Sebastián Schmoller, Jefe del Dpto. de Asistencia Jurídica y Fernando Dazarola, Asesor; Erika Maira, Gerenta de la División de Atención a Víctimas y Testigos de la Fiscalía Nacional. Defensoría Nacional Penal Pública y Sofía Libedinsky Ventura, abogada del Departamento de Estudios de la Defensoría Nacional. 

Mientras que por las organizaciones civiles fueron invitados además de Marcelo Inostroza Aparicio, Presidente de la FENADAJ; Cristian Inzunza Espinoza, Secretario Nacional FENAMINSA y Alfredo Contreras Avalos, Presidente Asociación Nacional de Funcionarios de Seguridad Pública de la Subsecretaría de Prevención del Delito. 

Esta es la tercera vez que la FENADAJ es citada por la Comisión para exponer sus aportes y comentarios al proyecto de ley.

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“FALTA DE ACCESO A LA JUSTICIA ES UN FACTOR MÁS DE DESIGUALDAD SOCIAL”

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Para la Presidenta de la FENADAJ, la abogada Claudia Fachinetti, esto significa que las personas que no tienen recursos no pueden defender ni ejercer sus derechos.

“Lo que vivimos a diario en las CAJs al no poder atender dignamente a nuestros usuarios y no lograr una cobertura adecuada a las necesidades legales de los más desposeídos es un factor más de desigualdad social en Chile”, enfatizó Claudia Fachinetti, presidenta de la Fenadaj, entidad que agrupa a más de 2 mil funcionarios las Corporaciones de Asistencia Judicial en Chile.

Según explicó, la realidad del sistema “es muy dura”, ya que con $72.000 anuales por usuaria/o, “las y los funcionarias/os de las CAJs brindan atención social y jurídica en causas civiles, de familia, laborales y atención jurídica, social y psicológica a niñas, niños y adolescentes y víctimas de delitos violentos”. 

Falta Presupuesto

Para la dirigente, este escaso presupuesto asignado demuestra la falta de preocupación por los pobres y su posibilidad de ejercer sus derechos. “Esto construye desigualdad en el ejercicio de derechos y no se trata de una situación excepcional en la vida de las personas, sino que tan cotidianas como la pensión de alimentos o el reclamar el pago de remuneraciones adeudadas”, enfatizó.  

Presidenta Fenadaj.

Según datos oficiales, el funcionamiento del sistema es soportado hoy por 2.000 trabajadores y subsidiado por las prácticas profesionales gratuitas de 4.000 egresados de Derecho que rotan cada seis meses. 

La información del Ministerio de Justicia precisa que en 2018, Las CAJs entregaron 706.721 orientaciones legales y sociales a usuarios en sus oficinas y móviles; realizaron 4.176 talleres, seminarios y cursos para acercar la justicia a personas de escasos recursos; dieron 12.053 soluciones colaborativa de conflictos y ofrecieron 4.361 atenciones a víctimas de delitos violentos, entre otras de sus tareas.

“Sin perjuicio de todo ese esfuerzo, nuestra labor se torna insuficiente”, reiteró Fachinetti al agregar que el problema está cruzado por la “falta de voluntad de Estado de permitir que las personas más vulnerables del país conozcan y ejercezan sus derechos”. 

Defensoría Víctimas existe

En el marco del estallido social de octubre, el Presidente reiteró la urgencia de garantizar una Defensoría de Víctimas, “tarea que las CAJs vienen realizando desde 2001 y que tras 18 años, sólo se cumple en 20 de las 346 comunas del país”, dijo Fachinetti.

Photo by Stefano Pollio on Unsplash
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La misma que advirtió que un primer paso es resolver la grave precariedad en las condiciones de trabajo y atención a usuarios, situaciones denunciadas en reportajes de prensa donde han quedado en evidencia el mal estado de mobiliario y la falta de computadores, impresoras, scanner, internet, softwares actualizados y espacios para atender dignamente a las personas, todo lo cual, insistió, “atenta contra el acceso a la justicia que requieren los que más la necesitan en Chile y es otra forma más de violencia en contra de los pobres”.

EXIGEN SERIEDAD POR ANUNCIO DE DEFENSORÍA DE VÍCTIMAS DE PIÑERA: “HOY OPERAN EN 20 DE LAS 346 COMUNAS”

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La Federación Nacional del Acceso a la Justicia, que agrupa a más de 2.000 trabajadores  de las Corporaciones de Asistencia Judicial (CAJs) que dan atención a las personas más pobres del país desde 2001, llamó al Presidente de la República, Sebastián Piñera, a interiorizarse sobre la precaria situación en que esta entidad debe prestar el servicio. Ello, tras incluir en su agenda social la “creación de la Defensoría de las víctimas, de forma de facilitar el acceso y fortalecer la defensa jurídica y apoyo social y sicológico a las víctimas de la delincuencia”.

“Esperamos que este anuncio sea en serio, ya que llevamos años denunciando la falta de presupuesto para atender a las víctimas de delitos. Actualmente la institución sólo presta dicho servicio en 20 de las 346 comunas del país”, enfatizó la presidenta de la FENDAJ, Claudia Fachinetti.

Los trabajadores que integran el sistema tuvieron un paro nacional de 46 días este año, han enfrentado varios reportajes de prensa de denuncia por no contar con baños, internet, oficinas y hasta computadores para atender a los usuarios del sistema y mantenido infructuosas reuniones con las autoridades del ministerio, “siempre sin ningún resultado, ya que estamos ante un Ministerio de Justicia que se niega a escuchar a la organización de trabajadores para el desarrollo de políticas públicas sobre Acceso a la Justicia”, precisó Fachinetti.

Andrea Moscoso, también dirigenta de la entidad sindical, agregó que “el Presidente Piñera se equivoca  al anunciar la defensoría de las víctimas, cuando de forma permanente la FENADAJ  ha presentado ante las autoridades la necesidad de reforzar los centros y ampliar la cobertura para  alcanzar la protección a las víctimas de delitos en su generalidad, dada la experiencia y resultados que han obtenido los CAVI, que aún el exiguo presupuesto con que funcionan (contratos de 30 hrs. semanales), tienen un resultado destacado”.

Imágenes de nuestras dependencias captadas por Reportaje denuncia de TVN: