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FENADAJ ADVIERTE QUE SUSPENSIÓN DE EMBARGOS, REMATES Y LANZAMIENTOS PERJUDICARÁ A TRABAJADORES Y NIÑO/AS

Proyecto de Ley tramitado en el Congreso podría significar que deudas de remuneraciones a trabajadores y pensiones de alimentos a niño/as no puedan ser cobradas con los bienes de sus empleadores o padres deudores.

La Fenadaj, que agrupa a más de dos mil funcionarios públicos de las Corporaciones de Asistencia Judicial, advirtieron sobre los perjuicios que generaría a los trabajadores la aprobación de la ley que dispone la suspensión del embargo de bienes y del lanzamiento durante 12 meses después de concluido el estado de catástrofe.

Para Claudia Fachinetti, presidenta de la agrupación gremial, el proyecto de ley presenta una paradoja: “pretende que a quienes se les adeuda no puedan cobrar su acreencia. En el caso de trabajadoras/es, a quienes su empleador no les pagó la remuneración, se quedan sin herramientas para cobrar algo tan básico como la remuneración por el trabajo ya realizado. Asimismo, las cotizaciones previsionales tampoco se podrían cobrar en los bienes de los empleadores deudores” enfatizó.

El proyecto, aprobado en la Cámara de Dipitados, dispone el cese de los apremios de embargos, remates y/o lanzamiento, lo que favorecería a deudores con pagos adeudados de arrendamientos, remuneraciones y pensiones de tener que responder con sus bienes.

Además de los trabajadores, otro grupo altamente afectado sería las y los niñas/os a quienes se les adeuden pensiones de alimentos como también las personas que viven de una renta. En este último caso, no se podrían cobrar la deuda si el arrendatario adeuda menos de 10 meses a marzo de 2020.

“Todo estas son personas que deberán ver postergados sus procedimientos de cobro si el proyecto llegara a ser ley”, reiteró Fachinetti.

“Por ello, en nuestra labor de otorgar acceso a la justicia a las personas más vulnerables de la sociedad, manifestamos nuestro total rechazo a este proyecto de ley que traslada los efectos de la pandemia a dichas personas”, se manifestó la agrupación gremial a través de una declaración pública.

ANALFABETISMO DIGITAL: GRAN DESAFÍO DEL TRABAJO REMOTO DE LAS CAJs PARA GARANTIZAR EL ACCESO A LA JUSTICIA

Según datos de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, ya en 2017 ocho de cada 10 hogares en Chile tenía acceso a Internet, un estándar que va de la mano de una dolorosa brecha digital pues mientras en los hogares con niños o jóvenes entre 5 a 24 años ese acceso llegaba a 94%, en los hogares compuestos exclusivamente por personas de 65 años o más llegaba sólo al 54,6%. Y para los casos de conexión móvil y uso de internet a través del celular, los datos son mucho más alarmantes: sólo 46,5% la tiene.

Para la FENADAJ, durante los últimos tres meses de trabajo remoto de sus más de dos mil funcionarios, estos datos se han transformado en un gran desafío para hacer accesible la justicia a los más necesitados debido a que a éstos se suma un tercer factor: el analfabetismo digital. 

«El principal motivo, además de la calidad de la accesibilidad a internet y/o datos móviles, es el analfabetismo digital de los usuarios, una deuda evidente de la administración pública hacia los sectores más vulnerables, «quienes son justamente los que más requieren del servicio que brindamos y que no solamente está representado mayoritariamente por la tercera edad, sino también por las mujeres, migrantes, niños y jóvenes», explicó Claudia Fachinetti, presidenta de la FENADAJ. 

Barrera tecnológica

Una de las dificultades que está mostrando el trabajo remoto en los servicios públicos «es conciliar la tecnología con las personas. No todos tienen las habilidades tecnológicas hoy en día, por ende, ha sido un tremendo desafío lograr una comunicación eficiente y eficaz con nuestros usuarios», enfatizó Gabriela Opazo, de la Oficina de Defensa Laboral Metropolitana.

Este analfabetismo digital se ha traducido, a juicio de la dirigente de la FENADAJ Andrea Moscoso, en que los funcionarios administren su tiempo de atención a los usuarios considerando una nueva variante: el proceso de instrucción para el uso del sistema. «Enseñar a subir documentos, llenar formularios, reenviar correos electrónicos e incluso, aprender a usar zoom, team u otro tipo de herramientas ha sido un reto desafiante.

De tutoriales a clave única

«Muchos de nuestros asociados han dejado constancia de que parte de las nuevas tareas que se deben asumir con el trabajo remoto está el hacer verdaderos tutoriales para ayudar a los usuarios a enfrentar el sistema, paso a paso, incluyendo desde cómo obtener la clave única hasta subir un documento. Ha sido particularmente desafiante -aunque satisfactorio cuando se logra- con la tercera edad y con quienes no tienen un red de apoyo familiar para acceder al sistema en forma remota», agregó Claudia Fachinetti, al enfatizar que, pese a los esfuerzos, hay comunas, como la localidad de Carmen, en la Octava Región, que no tienen acceso a Internet, lo que significa que no estamos llegando a todos las/os usuarias/os».

Para la secretaria general de la FENADAJ Jéssica Valenzuela, el fondo del tema con casos como la localidad de Carmen evidencian que «no hay acceso universal a la justicia si el Estado no garantiza el acceso a Internet. Esta barrera está dejando a mucha gente al margen del servicio de acceso a la justicia», insistió.

Efecto invisibilización

Afirmación ratificada por Fachinetti, para quien «lo riesgoso es que la gente que no logra acceder al sistema digital, remoto, por computador o celular, queda invisibilizada porque simplemente no puede comunicarse como lo hacía antes, cuando iba presencialmente a nuestras oficinas de atención a público. Ello lo confirma la baja en los ingresos. Estamos entre 60% a 70% de lo que se atendía el año pasado, lo que significa que hay entre 30% a 40% de usuarias/os que no han podido llegar por el analfabetismo digital».

Para Milyng Chau, directora de FENADAJ, «la pandemia ha dejado en evidencia las falencias que el Estado muestra en varios frentes, uno de ellos, el analfabetismo digital, que atenta contra el acceso a la justicia debido a la falta de herramientas digitales de la población más vulnerable», dice al rescatar la voluntad de los funcionarios de las CAJs que pese a las dificultades, han decidido dedicarle a sus usuarios los tiempos que sean necesarios para lograr el objetivo de defender sus derechos, «aunque para muchos eso signifique no lograr los objetivos sobre número de atenciones, por ejemplo», enfatizó.

Fuente: Subsecretaría de Telecomunicaciones. 2017.

APP «JUSTICIA EN TUS MANOS»:
Pensando en facilitar el acceso a los trámites virtuales de los usuarios con mayores dificultades de alfabetizo digital es que la FENADAJ acogió la propuesta presentada por Paola Labbe, abogada y dirigente Nacional de Afuncajbiobio, de que a menos clic, mejor usabilidad del sistema. La propuesta tecnológica presentada a las autoridades del Ministerio de Justicia y DDHH plantea el desarrollo de una aplicación (APP) exclusiva para la interacción de los usuarios con el sistema. De esta forma, se busca modernizar a las CAJs y permitir el acceso a la justicia de las personas de escasos recursos.
Durante los últimos tres meses, los más de 2 mil funcionarios de las CAJs han venido desarrollando e innovando en el sistema de atención, de tal manera, de estar más cerca de los usuarios. En ese contexto, explica Labbe, «hemos aprendido sobre las nuevas tecnologías, hemos estudiado y hemos buscado la forma de estar más cerca de las personas con las distintas plataformas».
La aplicación celular propuesta, «que hemos llamado Acceso a la Justicia en Tus Manos, debe tener una interfaz amigable y sencilla para los usuarios», insistió Labbé.

CÓMO FUNCIONARÍA LA APP?:
«Hemos pensado en una bienvenida a la corporación, con un registro que nos permita recabar la información necesaria para la estadística, con un inicio de sesión que busque y proteja la información de los usuarios, con un perfil no público y que considere Inteligencia Artificial de tal forma que la persona ingrese, señale su problema y que la Corporación responda por este vía sobre cuáles son las tareas, orientación y/o apoyos que debiera seguir el usuario según la lógica que entregue la Inteligencia Artificial.
El objetivo de la propuesta es que sea el mismo usuario quien pueda agendar la atención con el profesional, permitiendo también subir documentos, generar un archivo y mantener un chat que mantenga a los usuarios permanentemente comunicado con el profesional.
«Hemos cotizado y esta APP debería salir aproximadamente entre 17 y 15 millones de pesos, para un sistema Android. Creemos que así podríamos aumentar la atención para el 2020, pensando siempre que las personas van a sentir que tienen el acceso a la justicia en sus manos», enfatizó Paola Labbe.

PROHIBEN A LAS CAJs EJERCER MEDIACIÓN EN CASOS DE ALIMENTOS, CUIDADO PERSONAL Y REGIMEN DE VISITAS

Las cuatro Corporaciones de Asistencia Judicial (CAJs) que soportan la atención judicial gratuita en Chile con más de 700 mil atenciones anuales en sus 368 centros de atención, fueron notificadas por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de “no intervenir en materias de mediación familiar licitada” a través de mediaciones.

De esta forma, la autoridad acotó el ejercicio de Ia mediación familiar en consultorios jurídicos y centros de mediacioón de las CAJs a “problemas relacionales entre miembros de un grupa familiar, salidas del país y declaración de bien familiar”.

Photo by Wesley Tingey on Unsplash
Photo by Wesley Tingey on Unsplash

La razón esgrimida por la cartera ministerial para exigir la restricción de mediar en materias de alimentos, cuidado personal y regimen comunicacional fueron los reclamos de Ia judicatura y mediadores familiares licitados. El motivo: la “confusión” que las coberturas realizadas por las CAJs generarían “en las personas que acuden a estos servicios”.

“Esto nos parece un despropósito en el marco de la pandemia y el inicio del proceso de pago del 10% de los fondos de las AFP, que ha dejado al descubierto cientos de miles de casos de pago de pensiones alimenticias pendientes que, en muchísimos casos, podrían resolverse a través de nuestras mediaciones y no de los tribunales ordenando las retenciones a los padres por deudas de pensiones”, enfatizó Claudia Fachinetti, presidenta de la FENADAJ, entidad que representa a casi 2 mil trabajadores y que ha insistido en la mediación como mecanismo para descongestionar el acceso a la justicia en Chile.

SISTEMA LICITADO

La autoridad basó la defensa del reclamo a la vigencia, desde el 2015, del “Modelo de Atención de Ia Línea de Solución Colaborativa de Conflictos de las Corporaciones de Asistencia Judicial», en el que se explicita que “los casos deben ser conocidos y abordados por personas naturales y jurídicas contratadas por el Estado para estos efectos” en “materias de competencia del Sistema de Mediación Familiar Licitado”.

Según este sistema licitado, las CAJs pueden mediar excepcionalmente cuando “el proveedor es incapaz de dar cobertura o se encuentra inhabilitado o no vigente su contrato de mediación familiar licitada”.

MEDIAR EN PANDEMIA

Para la dirigenta, el oficio parece contradecir a otro, del 19 de mayo pasado, emitido desde la División Judicial del ministerio, en el que se reiteraban los “lineamientos para Ia ejecución de los servicios de Solución Colaborativa de Conflictos en el marco de Ia emergencia sanitaria”.

En el documento se enfatizaba la necesidad de «abogar por Ia importancia y continuidad de estas prestaciones en este contexto, las cuales son otorgadas a través de consultorios jurídicos y centros de mediación, quienes conducen procesos colaborativos como negociación asistida, facilitación, conciliación, mediación y arbitraje en asuntos civiles, penales, comunitarios, y en menor medida, también familiares”, dijo Fachinetti.

Finalmente, destacó que en el oficio se le cierró la puerta a revaluar junto los trabajadores la medida pues “no se ha contemplado la posibilidad de modificar el Sisterna de Mediación Familiar Licitado” y además, se anunció una posible alianza con la Cámara de Comercio (CAM) de Santiago para “potenciar la mediación en materia civil y comercial”.

FENADAJ SENSIBILIZA SOBRE EL DERECHO UNIVERSAL Y GRATUITO DE ACCESO A LA JUSTICIA

Con la charla «Derecho de acceso a la justicia» la presidenta de la FENADAJ, Claudia Fachinetti, participó como expositora invitada en la Octava Jornada Escuela Constituyente, organizado por el movimiento Poder Electoral Constituyente, que versó sobre Derecho a la Educación y Nueva Constitución, a cargo del Profesor Erick Palma, y Derecho al Acceso a la Justicia, a cargo de nuestra Presidenta, , donde reiteró la posición de la FENADAJ de sensibilizar a la comunidad sobre la importancia que tiene para garantizar La Paz Social sensibilizar sobre el derecho de las personas de acceder a la justicia en forma universal y gratuita.

En su exposición por streaming, que duró 30 minutos, Fachinetti precisó que pese a que «el acceso a la justicia gratuita y de calidad no está dentro de los reclamos sociales más escuchados por la sociedad», es vital para el ejercicio de todos los otros derechos. Sin acceso a la justicia solo primaría la ley del más fuerte, por lo que es fundamental en todo Estado de Derecho.

VER VIDEO DE CHARLA

Citando palabras del ministro de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, Fachinetti defendió también la tesis de «menos juicios más soluciones» como uno de los ejes a fijar para comenzar a avanzar en una cobertura más democrática y justa en el derecho a ser escuchado en su problema judicial. En ese marco, defendió los procesos de mediación, conciliación y arbitraje como pieza clave para robustecer el sistema judicial chileno.

Refiriéndose a la situación chilena señaló: «Un imputado, que no tiene abogado, llega a una audiencia y tendrá un defensor público. Una víctima de delito, ni siquiera sabe si puede ejercer una querella… aunque si tiene suerte de estar en alguna de las 21 comunas donde atendemos delitos violentos, podría llegar con abogado», dijo al lanzar otro caso aún más extremo: «Si una persona sin recursos se siente injuriada y no tiene recursos para pagar un abogado, derechamente no tiene oportunidad de lograr justicia y por tanto no puede ejercer su derecho a la honra».

En su exposición, la dirigente hizo hincapié en la necesidad de crear una institucionalidad que garantice los derechos de todas las personas, empezando por la justicia presupuestaria, pues, según informó, las CAJs hoy tienen un presupuesto que alcanza a cubrir sólo el 90% del año. «Somos una entidad que atiende en 368 puntos, a casi 700 mil personas por año, con un presupuesto de 48 mil millones anuales, mucho menos de lo que cuenta anualmente cualquier hospital base en el país».

FENADAJ PROPONE A JUSTICIA CAMBIOS EN INDICADORES DE GESTIÓN DE METAS PARA QUITAR PRESIÓN A TRABAJADORES

“Nadie está obligado a lo imposible”, fue el adagio utilizado por el Subsecretario de Justicia, Sebastián Valenzuela, tras escuchar con peros la solicitud de la FENDAJ de modificar los Indicadores de Gestión en el contexto COVID-19 y que obligó, a más de dos mil funcionarios de las CAJs, a atender por web a sus usuarios con todas las dificultades que ello implica para la operatividad del sistema y que van desde la calidad de la conectividad al analfabetismo digital de la población.

En la telereunión, en la que también participó el presidente de la ANEF, José Pérez, la presidenta de la FENADAJ, Claudia Fachinetti, precisó que la solicitud de modificar los indicadores acordados se enmarca en el trabajo iniciado en octubre pasado para formular, ejecutar y evaluar las metas de los funcionarias/os de las CAJs. Y por las que son evaluados.

Claudia Fachinetti.
CLAUDIA FACHINETTI.

Producto de este trabajo se afinó un documento -con firma pendiente desde la semana pasada- al que la FENADAJ hizo observaciones, como que en él no estaban acogidas “circunstancias que impiden se concreten las metas y se cumplan los estándares comprometidos… y esta pandemia es un gran ejemplo de aquello”, argumentó Fachinetti.

16 Índices de Gestión

“Frente a circunstancias de esa naturaleza, la Federación podría solicitar hasta el primero de diciembre modificaciones a los indicadores de metas” debido a que “es imposible, a estas alturas de mitad de año, que alcancemos los estándares exigidos por el Minju el año pasado en circunstancias normales”, se explayó.

Lo que proponemos es “que para este año (2020), todos los indicadores que son de la meta 4,2, Indicadores de Gestión (IG), se transformen en Indicadores de Medición (IM)”, precisó. Cabe precisar que actualmente se miden 16 IG, de los cuales 11 son IM.

Salud Mental

A nombre de las cuatro asociaciones de las CAJs, Fachinetti argumentó al Subsecretario Valenzuela que esta solución, que no implicaría “dejar de medir”, aliviaría la presión a los funcionarios que están “sumamente afligidos porque ven que, aunque trabajen las 24 horas del día, no es posible cumplir con los estándares exigidos por el Minju para épocas normales”. Este punto tiene gran relevancia para la Federación en torno a la preocupación que existe en los equipos por la salud mental de sus funcionarias/os.

Tras celebrar la instancia de diálogo e insistir en la firma del documento, el Subsecretario Sebastián Valenzuela dijo entender la “preocupación” de la Federación por la no concreción de estos compromisos, que dividió en dos ámbitos:

POR EL MINISTERIO INTERVINIERON EL SUBSECRETARIO, SEBASTIÁN VALENZUELA Y LA JEFA DEL DEPTO DE ASISTENCIA JURÍDICA, SIMONE HARTARD.

Excede atribuciones

“Por un lado, se contempla en una de las etapas la posibilidad de revisar lo que tiene que ver con compromisos, precisamente atendiendo a casos de fuerza mayor, o casos fortuitos”, entre los que reconoció la hipótesis de la emergencia sanitaria. 

Y segundo, que “acá se aplica el viejo adagio de que ‘a lo imposible nadie está obligado’ y eso estaría contemplado aquí (en el documento). Eso me gustaría dejarlo claro”, insistió Valenzuela antes de aclarar que, en todo caso, veía “inviable modificar la forma de entender cuáles son los indicadores en el sentido de no entenderlos como una gestión vinculada a un resultado específico, sino simplemente como una medición”.

“La verdad es que eso excede absolutamente lo que nosotros podemos disponer porque como está sucediendo con las CAJs, también en los otros servicios como Gendarmería de Chile, Sename, Registro Civil, Médico Legal, Defensoría Penal Pública y la propia Subsecretaría y, en ese sentido, todavía ni siquiera hemos entrado a una fase de ver la situación de nuestros propios indicadores respecto de todos los funcionari@s que participamos del sector Justicia”.

Alumnos pobres, pero aplicados

MARCELO INOSTROZA.

Frente a la inviabilidad manifestada por el subsecretario Valenzuela, Marcelo Inostroza, vicepresidente de la FENADAJ, hizo hincapié en la necesidad de entender a las CAJs como “los alumnos pobres pero aplicados” del sistema judicial chileno y que, pese a ello, los funcionari@s han hecho un “esfuerzo enorme” para garantizar a los más vulnerables el acceso a la justicia convirtiendo sus propias casas en oficinas virtuales.

Al finalizar la video reunión y tras la insistencia en plazos por parte de los dirigentes, el Subsecretario Sebastián Valenzuela estuvo de acuerdo en revisar una decisión sobre posibles cambios de Indicadores (de Gestión a Indicadores de Medición) a fines de septiembre, en el que se calcula podría darse por terminado el Estado de Excepción Constitucional.

SE CONSIDERAN EXCEPCIONES: TERREMOTO, CONECTIVIDAD Y EMERGENCIA SANITARIA

Entre las excepciones conversadas en reuniones anteriores, fue la jefa del departamento de asistencia jurídica del Minju, Simone Hartard, quien precisó que además de “problemas como terremotos y caídas de la conectividad en general, que son las contingencias naturales que pasaron en los últimos años”, se incorporó, como una ejemplificación de caso fortuito “el de la emergencia sanitaria”. Agregó que se hizo “justamente para resguardar la preocupación que tienen los funcionarios, las Asociaciones y ustedes, como Federación, en términos que quede contemplado el tema de la emergencia sanitaria como uno de los factores que deben considerarse como caso fortuito, por lo tanto, ser considerado en el momento de la evaluación de las metas. Desde esa perspectiva, estaría salvaguardado el tema de la emergencia sanitaria para el proceso de evaluación de metas para este año en la consideración del caso fortuito”, enfatizó.

LANZAMIENTO MINISTERIAL: PLATAFORMA CONECTA JUSTICIA

El Subsecretario aprovechó la oportunidad de informar del lanzamiento de la Plataforma Conecta Justicia e invitar a los funcionari@s y la ciudadanía a inscribirse para plantear materias concretas. “Estamos preguntando a la ciudadanía cuales son sus necesidades jurídicas en general y, por eso, queremos tener una buena fuente de información para poder hacer un diseño de implementación de políticas públicas que vayan alineadas con estas necesidades jurídicas pero, además, saber cuáles son sus experiencias hoy en el contexto de los sistemas de justicia vía remota”.

1ª CONCLUSIÓN DE FUNDACIÓN SOL DE ESTUDIO DE COSTOS DE LAS CAJs: «TRABAJAN CASI SIN PRESUPUESTO»

Como una institución «que trabaja prácticamente sin presupuesto debido a que sólo en gastos de personal se destinan 40 de los casi $50 mil millones del presupuesto anual de la Corporación de Asistencia Judicial» (CAJ), es la contundente conclusión entregada por la Fundación Sol a la FENADAJ en el marco del estudio de necesidades presupuestarias.

Saez es Sociólogo de la Universidad de Chile. Bachiller con Mención en Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Diplomado en Estadísticas de la Facultad de Matemáticas de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

Así lo precisó Benjamín Saez, quien en una exposición de 20 minutos entregó los fundamentos de esta primera conclusión del estudio que «tiene como objetivo estratégico estimar el costo que tendrá el establecimiento de una estructura coherente para las cuatro CAJs a nivel nacional», enfatizó.

La FENADAJ espera, al finalizar este estudio, contar con argumentos espistemológicos para hacerse cargo de las necesidades de acceso a la justicia de la ciudadanía en igualdad de condiciones.

En esta primera conclusión del estudio y, como primer paso, se establecieron las comparaciones de los presupuestos asignados desde el año 2003 al 2019 y que se evidencian en los siguientes gráficos:

Según el estado de avance del estudio, se ha revisado y organizado material enviado por la organización considerando cuatro ejes:

  • Organigrama estructural-funcional.
  • Levantamiento de cargas de trabajo.
  • Análisis salarial.
  • Estimación de costo de la propuesta.

Otro de los frentes que ya arrojó conclusiones tienen relación con los valores promedios por hora que cada una de las cuatro CAJs tienen asignadas para sueldos de abogado/as, secretario/as, asistentes sociales y técnico/as jurídicos y que se expresan en los siguiente gráficos:

Tras una ronda de consultas por parte de los dirigentes de varias zonas del país, el Vicepresidente de la FENADAJ, Marcelo Inostroza, valoró los avances que arrojan «conclusiones interesantes», mientras que la Secretaria General de la organización, Jéssica Valenzuela, enfatizó que ha habido dificultades para conseguir datos oficiales para estructurar el estudio, lo que ha demorado algunos plazos agendados.

El estudio fue autorizado por más de 30 dirigentes de todo le país que a fines de septiembre de 2019, en Asamblea Ordinaria FENADAJ, dieron así por iniciado un trabajo en conjunto para entender la escala de remuneraciones de sus más de 2 mil funcionarios que, cada año, atienden a más de 650 mil usuarios de bajos recursos con necesidades judiciales y sin recursos para pago de abogados.

FENADAJ EXPONE EN MESA PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE JUSTICIA POST PANDEMIA DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DDHH

“Cómo, sin poner en riesgo la salud de la comunidad, se puede a la vez garantizar el debido proceso y el acceso a la justicia”, fue el inicio de la reflexión con la que la FENADAJ expuso, por 17 minutos, antes el Ministerio de Justicia y DDHH, sus cinco propuestas para mejorar y modernizar el sistema judicial chileno post COVID-19: Más conciliaciones, centros de mediación, facultades a receptores y una APP de atención, entre otras.

En la video conferencia además de los dirigentes de la FENADAJ asistieron el Subsecretario de Justicia, Sebastián Valenzuela, la Jefe de División Juridica, Mónica Naranjo, el Jefe de División Judicial, Héctor Mery, además de dirigentes de gremios de Justicia, académicos y representantes del Colegio de Abogados.

Entre las propuestas expuestas están “Más soluciones, menos juicios” que busca fortalecer la solución colaborativa de conflictos y con ello evitar que todos los conflictos se ventilen en tribunales.

Ello requiere la creación de más centros de Mediación y Arbitrajes, fortalecer la conciliación en los centros de atención, y que exista una coordinación nacional desde la DAJ; Asimismo se propuso la creación de centros regionales de receptores con mayores facultades y licitaciones para cerrajería y camiones para retiro de especies, a fin de cerrar muchos juicios pendientes que están detenidos, junto con ello, modificar normativa legal de las notificaciones personal subsidiaria y por cédula, para evitar que los receptores deban realizarlo personalmente.

“Fortalecer la solución alternativa de conflictos como una forma no sólo de descongestionar los tribunales, sino también avanzar en una cultura que use el diálogo para resolver sus conflictos”.

1.- “Más soluciones menos juicios”:
Así se llama la primera iniciativa basada en una frase formulada por el ministro de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, “con la que se busca indicar que no todas las soluciones a los conflictos jurídicos están en los juicios”, enfatizó la dirigenta. En este punto, la propuesta de la Federación es “fortalecer la solución alternativa de conflictos como una forma no sólo de descongestionar los tribunales, sino también avanzar en una cultura que use el diálogo para resolver sus conflictos”.
En este marco, se contextualizó cómo funciona este sistema actualmente en las CAJs, donde si bien se desarrollan procesos de solución de conflicto con ofertas como la mediación, el arbitraje, la conciliación o la facilitación, esta no es homogénea en todo el país, a lo que se suma que la alternativa se ha visto afectada por los cambios de políticas que han existido en torno a este modelo. “Se crearon Centros de Mediación, sin embargo, posteriormente, se prohibió que nuestros centros asumieran la mediación familiar para facilitar la mediación licitada, dejando a un gran número de profesionales capacitados con la necesidad de reformularse. Y, por otra parte, se nos empezó a medir por las demandas ingresadas a tribunales, lo que provocó un desinsentivo de la desjudicalizacion”, precisó Fachinetti antes de enfatizar que “este fenómeno ha estado cambiando en los últimos años”. “Nosotros proponemos la creación de Centros de Mediación en todas las regiones del país y, en la Región Metropolitana, al menos una por cada jurisdicción de Corte de Apelaciones, Centros de Arbitraje, al igual que los que actualmente existen en Santiago y Rancagua, coordinado a nivel nacional por una coordinador/a del Departamento de Asistencia Jurídica de la División Jurídica del Ministerio de Justicia, abarcando el ámbito de la mediación familiar”.
Un punto a favor resaltado por la Federación es que las corporaciones cuentan hoy con personal especializado, capacitado y con vasta experiencia en materia de mediación, las que podrían abarcar materias de alimentos, cuidado personal, temas patrimoniales, compensación económica, cuidado del adulto mayor u otros temas como hereditarios, deudas, arriendo, indemnizacion para así abarcar la mediación civil, lo que permitiría descongestionar el alto volumen de causas que se van a ver una vez que termina el estado de catástrofe, según la propuesta de la FENADAJ.

«Los juicios ya ganados por las Oficinas de Defensa Laboral han tenido mucha dificultad para ser cobradas».

2.- «Enfrentar cobranzas»:
En mediación laboral, la propuesta de la Federación nace frente a la necesidad de enfrentar el alto volumen de causas de cobranzas, es decir, juicios ya ganados por las Oficinas de Defensa Laboral, pero que han tenido mucha dificultad para ser cobradas. También se propuso una mediación comunitaria y vecinal, que aunque se está realizando en algunos lugares, exige un alcance a nivel país.

«Uno de los problemas más recurrentes en el actual estado de pandemia ha sido la imposibilidad de notificar».

3.- Centros Regionales de Receptores Institucionales:
“También proponemos la creación de Centros Regionales de Receptores Institucionales. Uno de los problemas más recurrentes en el actual estado de pandemia ha sido la imposibilidad de notificar y, sin duda, en el proceso intermedio que enfrentaremos tras la pandemia va a ser una las funciones que tendrá más requerimiento”, explicó Fachinetti antes de precisar que la propuesta gira en torno a dos aspecto:
El primero, una modificación legal relacionada a las actuaciones receptoriales pues actualmente en las CAJs existen receptores institucionales, nombrados por la Corte Apelaciones respectiva de una nómina de funcionarios que cada corporación envía anualmente a través de sus direcciones regionales, sin embargo, son insuficientes en número ya que no atienden todas las unidades operativas.
“En la mayor parte las causas, las CAJs dependemos del receptor de turno que no siempre cuenta con tiempo para realizar actuaciones gratuitas y que, post pandemia, realmente va a ser imposible contar con ellos”, agregó la dirigenta al precisar que la propuesta de la Federación es la creación, por cada jurisdicción de Corte de Apelaciones, de centros regionales de receptores institucionales dependiente de las direcciones regionales de la CAJ y cuyo nombramiento siga siendo realizado por las Cortes de Apelaciones respectivas, pero que se amplíen sus facultades para abarcar todas las actividades que realiza un receptor particular. Esto permitiría avanzar con proceso actualmente detenidos y cerrar muchas causas que están paralizadas”, dijo Fachinetti.
La segunda tiene relación con la notificación personal subsidiaria en el sentido de que no sea necesaria una nueva orden del tribunal para que el receptor pueda realizarla. A la vez proponemos modificar la notificación por cédula (que se realiza en juicios civiles respecto de resoluciones que ordenan comparecencia de las partes, la resolución que recibe la causa a prueba y la sentencia definitiva) reemplazándola por correo electrónico como sucede en otros procedimientos.

“Proponemos que se permita la comparecencia por videoconferencia de testigos y peritos, pero garantizando la autenticidad de estas pruebas, permitiendo el uso de sistemas electrónicos».

4.- Implementación de un sistema mixto de audiencias presenciales y videoconferencia:
La cuarta propuesta es la implementación de un sistema mixto de audiencias presenciales con audiencias por videoconferencia, y que se regule cómo se puede rendir la prueba presencial (testigos, declaración de peritos y confesional). Actualmente hemos podido realizar audiencias a través de este sistema, pero es importante que post pandemia podamos seguir ocupándolo.
“Proponemos que se permita la comparecencia por videoconferencia de testigos y peritos, pero garantizando la autenticidad de estas pruebas, permitiendo el uso de sistemas electrónicos. Ello requiere de una modificación legal para que la videoconferencia sea una modalidad en este proceso, lo que permitiría avanzar hacia una justicia digitalizada, más eficaz, con mayor comparecencia los testigos y también mayor eficiencia en el tiempo profesional, terminando con las esperas del inicio de los alegatos y audiencias, y evitando traslados. En definitiva, permite mayor eficiencia de los recursos”, expuso Fachinetti.

«La aplicación celular propuesta, «que hemos llamado Acceso a la Justicia en Tus Manos, debe tener una interfaz amigable y sencilla para los usuarios».

5.- APP ACESO A LA JUSTICIA EN TUS MANOS:
La propuesta, presentada por su autora, Paola Labbe, abogada y dirigente Nacional de Afuncajbiobio, plantea el desarrollo de una aplicación exclusiva para la interacción de los usuarios con el sistema y, de esta forma, modernizar a las CAJs permitiendo el acceso a la justicia de las personas de escasos recursos.
Durante los últimos tres meses, los más de 2 mil funcionarios de las CAJs han venido desarrollando e innovando en el sistema de atención, de tal manera, de estar más cerca de los usuarios. En ese contexto, explica Labbe, «hemos aprendido sobre las nuevas tecnologías, hemos estudiado y hemos buscado la forma de estar más cerca de las personas con las distintas plataformas».
La aplicación celular propuesta, «que hemos llamado Acceso a la Justicia en Tus Manos, debe tener una interfaz amigable y sencilla para los usuarios».
«Hemos pensado en una bienvenida a la corporación, con un registro que nos permita recabar la información necesaria para la estadística, con un inicio de sesión que busque y proteja la información de los usuarios, con un perfil no público y que considere Inteligencia Artificial de tal forma que la persona ingrese, señale su problema y que la Corporación responda por este vía sobre cuáles son las tareas, orientación y/o apoyos que debiera seguir el usuario según la lógica que entregue la Inteligencia Artificial», explicó Labbé.
El objetivo de la propuesta es que sea el mismo usuario quien pueda agendar la atención con el profesional, permitiendo también subir documentos, generar un archivo y mantener un chat que permitiría a los usuarios tener una permanente comunicación con el profesional.
«Hemos cotizado y esta APP debería salir aproximadamente entre 17 y 15 millones de pesos, para un sistema Android. Creemos que así podríamos aumentar la atención para el 2020, pensando siempre que las personas van a sentir que tienen el acceso a la justicia en sus manos», enfatizó Paola Labbe.

FENADAJ analiza indicadores, variables y datos estadísticos

Una extensa reunión web entre los dirigentes de la FENADAJ y los encargados de Planificación de las cuatro Corporación de Asistencia Judicial (CAJ) del país, que cada año atienden a más de 650 mil personas con vulnerabilidad en el acceso a la justicia, permitió analizar y avanzar en precisiones de al menos cuatro parámetros utilizados para evaluar la gestión del sistema:

La reunión remota, convocada por la FENADAJ, se inició con la exposición del comportamiento estadístico mostrado por cada una de las CAJs en regiones respecto de las mediciones ya realizadas, considerando las experiencias exitosas o más novedosas desarrolladas hasta ahora. 

En este contexto, se tomaron algunas decisiones, entre ellas, tener una próxima reunión especial para ver la “meta uno” en virtud a las variables que hicieron notar los encargados de planificación y que tienen que ver con la Encuesta usuario que, hasta la pandemia COVID-19, se hacía presencialmente en las oficinas de atención a público pero que hoy están focalizadas en oficinas virtuales.

El segundo acuerdo fue realizar el análisis semestral este 17 de julio, considerando cómo han ido los números y, si lo amerita, de qué manera revertirlos.

Un tercer punto se basó en el planteamiento de la FENADAJ de alcanzar un acuerdo unánime para analizar la modificación de los indicadores. “Creemos que debemos intentar estar todos de acuerdo en torno a si simplemente cumplimos con un estándar o nos basamos en mediciones para gestionar”, explicó la presidenta de la FENADAJ, Claudia Fachinetti.

En este contexto, los directores generales de las CAJs se comprometieron a estudiar la propuesta, sin perjuicio de que quien toma la decisión en última instancia es el ministerio de Justicia. “A nosotros nos parece interesante que todos estemos de acuerdo en plantear esto al ministerio”, reiteró la dirigente.

Por último, se analizó la matriz de envío de estadísticas debido a que en la práctica no está claro qué error o valoración debe ser aplicada a cada uno de los componentes por celda de las planillas excel. “Vale lo mismo si te equivocas en poner un cero, en la fórmula o en la consistencia de los datos, es decir, hoy hay distintos grados de gravedad dentro del error estadístico que se valoran de la misma manera. Eso es algo que se quiere revisar”, finalizó Fachinetti.

COVID-19: SIETE GREMIOS DEL SISTEMA JUDICIAL ACUERDAN POSICIÓN PARA EL RETORNO SEGURO

“No queremos mártires». Esta fue la consigna con la que este miércoles 17 de junio culminó la primera telereunión realizada por siete de los más grandes gremios del sistema judicial chileno, que integran magistradxs, fiscales, consejerxs técnicos, defensorxs públicos y profesionales administrativos, y que tuvo como objetivo «coordinar acciones en el ámbito de la pandemia».

Así lo explicó Claudia Fachinetti, presidenta de la FENADAJ, quien representa a más de 2 mil funcionarios que son parte de las 4 Corporación de Asistencia Judicial del país que entregan atención judicial gratuita a los sectores más vulnerables.

En la cita virtual estuvieron presentes Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados (ANMM); Asociación Nacional de Consejeros Técnicos (ANCOT); Asociación Nacional de Empleados Judiciales (ANEJUD); Asociación Nacional Democrática de Funcionarias y Funcionarios de la Defensoría Penal Pública (ANDFUD); Asociación Nacional de Profesionales de la Administración del Poder Judicial (APRAJUD); Asociación Nacional de Fiscales del Ministerio Público (ANF), junto a la directiva FENADAJ.

Tras el conversatorio, los dirigentes de los siete gremios debatieron sobre las condiciones mínimas para un eventual retorno a trabajo presencial y frente a los cual todas/os los asistentes estuvieron de acuerdo en «que mientras no estén las condiciones mínimas para garantizar la salud de los trabajadores y usuarios, no es posible un regreso al trabajo presencial», enfatizó Fachinetti que reiteró que al finalizar la reunión remota se acordó levantar la consigna “No queremos mártires» para sintetizar el acuerdo logrado por unanimidad.

La reunión se inició con un conversatorio con la prestigiosa doctora Nicole Tischler, viróloga e investigadora de la Fundación Ciencia y Vida sobre coronavirus, quien hizo hincapié en en las medidas de prevención y auto cuidado en tiempos de pandemia.

MI ABOGADO RM LANZA WEBINAR PARA ANALIZAR ATENCIÓN INTERDISCIPLINARIA DE ÑIÑOS, ÑINAS Y ADOLESCENTES EN TIEMPOS DE COVID19

Los interesados pueden inscribirse enviando mensaje al siguiente correo.

“Interés Manifiesto e Interés Superior de Niñas, Niños y Adolescentes: Desafío a la Representación Jurídica Especializada”; se titula el Primer Seminario Virtual organizado por el Programa Mi Abogado Región Metropolitana con el que sus trabajadores buscan continuar y mejorar la labor online que les ha exigido el contexto COVID19 con sus usuarios.

Marcela Gaete Reyes, Coordinadora, explica que este primer seminario tendrá otras dos versiones, con temáticas en la línea del trabajo que realizan. Se trata de un ciclo que se lanza este lunes 15 de junio, a las 16.30, y que cumple con el compromiso asumido el año pasado de realizar un seminario, el que debió ser suspendido tras el estallido social de octubre.

“Empezamos este lunes con este primer seminario de un ciclo de tres a través de los cuales, por un lado, se pretende difundir el Programa Mi abogado perteneciente a la Corporación de Asistencia Judicial de la Región Metropolitana y, por el otro, seguir adelante, no paralizados por el contexto actual, con todos los temas proyectados y que tienen relación con mostrar a la comunidad lo que hace la Representación Jurídica Interdisciplinaria de niños, niñas y jóvenes”, explicó Gaete.

– ¿Por qué el énfasis en la Intervención Jurídica Interdisciplinaria?

-Nuestros usuarios y usuarias son NNJ que se encuentran en el sistema de protección del Estado, aquellos que se encuentran bajo la modalidad de cuidados alternativos, es decir aquellos NNJ que se encuentran en Residencias de administración directa, o de organismos colaboradores o coadyuvantes, aquellos que están en programas de familias de acogida especializadas, en hospitales y lactantes que están con sus madres privadas de libertad en contextos carcelarios, que han visto gravemente vulnerados sus derechos y nuestro objetivo es representarlos jurídicamente y de manera integral con el objeto de restituir los derechos que se han visto vulnerados en especial, el derecho a vivir en familia, cualquiera sea esta. El programa entiende que la representación no se agota en lo jurídico sino que requiere de lo psicosocial, requiere que la infancia sea mirada integralmente y desde ahí trabajar de manera interdisciplinaria, por eso la forma de trabajo es a través de una triada profesional compuesta por abogado (a), psicólogo(a) y trabajar(a) social. La representación atiende a causas proteccionales, penales incluso en sede administrativa si así se requiere.

– ¿Cómo funciona el sistema ahora con trabajo remoto?

-Nuestra habitualidad en el trabajo del programa es el terreno, es ir a las residencias de los niños, niñas y adolescentes y, en este contexto de pandemia, hemos debido generar otro sistema para seguir comunicados con los niñxs y adolescentes, por ejemplo, con video llamadas. Sin embargo, por sus condiciones de vulnerabilidad, este sistema de comunicación requiere espacios y tecnologías que nuestros representados y representadas no tienen o no es posible acceder a ello, complejizando así la intervención directa.

-¿Cuáles son los principales problemas?

-La imposibilidad de realizar visitas en terreno, la poca privacidad en la comunicación en contexto de pandemia toda vez que en la mayoría de los casos se requiere de un adulto que cuente con un dispositivo para realizarla, la complejidad en el trabajo interdisciplinario vía remota con los NNJ, la vulnerabilidad económica, el estrés y otra sintomatología asociada a la cuarentena de los NNJ. Esto es uno de los aspectos que claramente abordaremos desde la experiencia en estos meses.

El programa en la RM es el más grande del país. En él trabajan 68 profesionales, entre ellos 42 abogados, 10 duplas psicosociales y administrativos. Se trata de un equipo que tiene una cobertura de 2.552 casos, alcanzando al día de hoy, prácticamente el 100%.

Marcela Gaete destaca que el programa en la RM está integrado por un equipo humano altamente calificado y comprometido, pues incluso desde la autogestión, lograron llevar cajas de alimentos «especializadas», remarca, pensadas en las necesidades y gustos de algunos de los niñxs y adolescentxs que atienden. «Es un gesto simbólico que se hace con cariño y que responde a que sabemos que muchos de ellos están en entornos familiares que se sostienen con trabajos informales duramente afectados en la situación actual del país.