Precariedad de infraestructura y atención, homologación de jornadas y remuneraciones y estudios técnicos de personal y costos son los puntos centrales abordados en las cuatro sesiones concretadas por la Mesa de Trabajo generada entre el ministro de Justicia, Hernán Larraín y la Federación Nacional de Acceso a la Justicia (FENADAJ), para analizar los aspectos técnicos de lo que buscar ser el nuevo Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de las Víctimas de Delitos del gobierno de Sebastián Piñera.

Así lo precisó la presidenta de la FENADAJ, Claudia Fachinetti, al explicar que todos estos aspectos son consideradas “condiciones mínimas para un nuevo servicio, es decir, aspectos base para superar la desigualdad y precariedad de las corporaciones para realizar el trabajo que son imprescindibles para que hablemos de nuevo servicio”.

DEFINICIONES ESTRUCTURALES

-Cuáles son los énfasis puestos por ustedes en la Mesa?

-Son varios, pero en el tema de defensoría de víctimas hemos enfatizado que no se han hecho los estudios necesarios para ver, efectivamente, qué es lo que necesita la víctima que ha sido objeto de un delito y si el modelo para atender delitos violentos va a ser aplicado a todos los delitos, como se pretende por parte de la autoridad. Por ejemplo, ¿habrá un psicólogo para atender un hurto simple? A nosotros nos parece un despropósito. Esto va de la mano de otro de los aspectos: definir el modelo, porque el modelo (de atención de víctimas de delitos) del Ministro Interior -que está basado en la contingencia- es muy distinto al trabajo profundo que se hace en los CAVI de las corporaciones. Otro punto es la existencia de estudios técnicos sobre la dotación necesaria para cubrir a la población potencialmente beneficiaria. No es posible atender a más de un millón y medio de personas víctimas de delitos, con la misma dotación actual. Se requiere recursos, y no sólo discursos.

-Y desde lo laboral, ¿cuáles son las prioridades?

Nosotros exigimos que se homologuen las remuneraciones. Ello debe ser la base del nuevo servicio. Existe una desigualdad impresionante para personas que desarrollan la misma función. No es posible que en el Estado no se respete la propia Ley de Bases de la Administración del Estado que exige que a igual función, igual remuneración.

También se debe aclarar cómo se van a traspasar trabajadores con distintos regímenes estatutarios y remuneraciones sin tener un peso para ello. 

El proyecto también busca profundizar la estructura actual, de 4 macrozonas, agregando una Dirección Nacional. Hemos sido críticos en eso pues burocratiza el sistema y no hay descentralización efectiva, por lo tanto, lo que pedimos nosotros es que se cree una dirección nacional con direcciones regionales empoderadas y con atribuciones. También hemos expuesto la necesidad de contar con coordinaciones técnicas -que un tiempo hubo- para cada una de las líneas de acción de las corporaciones. 

Finalmente, y no menos importante es la situación de los inmuebles donde atendemos. No se puede pretender decir que se creará un nuevo servicio y seguir atendiendo a nuestras usuarias y usuarios en las condiciones precarias que existen actualmente.

-¿Cuáles son los plazos de este trabajo de análisis entre las partes?

-Vamos a tener un par de reuniones donde la autoridad va a contestar los requerimientos que estamos haciendo, para que, el primero de marzo, se retome en el Congreso la idea de legislar. Esperamos que para esa fecha el Gobierno tenga un proyecto más robusto, un proyecto que dé cuenta de las expectativas que está creando en la comunidad.