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“ESTAMOS EN LA PUERTA DE UN CONFLICTO QUE PUEDE SER UNA OPORTUNIDAD O UN GRAVE PROBLEMA”

Claudia Fachinetti, presidenta de la FENADAJ, deja atrás un 2019 llamando a las bases a enfrentar los desafíos del 2020 con unidad. “No serán tiempos fáciles. Debemos defender el modelo de las CAJs, sensibilizar sobre la importancia del acceso a la justicia, tener una estructura nacional de servicio y fortalezar la organización.

-¿Cuál sería la reflexión del trabajo realizado este 2019?: lo bueno y lo malo

– Voy a partir por lo malo: fue un año muy difícil para la organización con una autoridad que no escuchaba, que llegó a negar nuestro rol como representantes de los funcionarios de la Corporación y que significó llegar a un paro, quizás el más extenso del sector público, que se extendió por 46 días con muchos problemas, situaciones difíciles, con ataques personales a los dirigentes por parte de las autoridades del ramo, tanto así que parlamentarios acordaron tendernos una mano enviando una carta con 30 firmas dirigida al ministro justicia. En los 21 años que llevo de trabajo en el mundo sindical nunca había visto algo así, que parlamentarios pidieran al ministro la solución a ese problema de acceso a la justicia. Finalmente, pudimos llegar a un buen término porque juntos logramos una negociación que nos permitió empezar a trabajar de nuevo, con una nueva forma de acercamiento, por decirlo así, con el Ministerio Justicia, entonces se establecieron las bases del Protocolo para seguir trabajando y, de ahí en adelante, la relación con el Ministerio empezó a cambiar… llegamos a un mejor entendimiento.

De lo bueno, destaco que nuestros funcionarios y funcionarias estuvieron al pie del cañón, reclamando sus derechos, que estuvieron apoyándonos a nosotros como dirigentes durante todo ese tiempo y eso, sin duda, es lo más favorable de este año 2019 que se fue.

-¿Cómo enfretarán este 2020?

-Con mucho trabajo. Como directorio FENADAJ ya planificamos el año 2020 y uno de los ejes de trabajo es la atención de víctimas de delito, dado que nos hemos enterado que estamos en la puerta de un conflicto que puede ser una oportunidad o un grave problema y que tiene que ver con qué cartera asumirá este rol con prioridad: Justicia o Interior. Pero somos optimistas porque tras la última reunión con las autoridades sabemos que el Ministerio de Justicia quiere realmente dar asistencia a las víctima de delitos. Ahora, ¿cómo se hace? Ahí es donde nosotros tenemos que entrar a batallar. Afortunadamente el Ministerio de Justicia está de acuerdo en que quien mejor atiende, tiene más adherencia y una atención interdisciplinaria a las víctimas de delitos es la Corporación de Asistencia Judicial (CAJs), entonces creemos que puede ser una oportunidad porque si se queda con esta forma de atención aumentaremos la cobertura, que es mínima en las corporaciones locales. Como lo hemos dicho, hoy a este tipo de víctimas las atendemos en 20 comunas del país y resulta que son 346, por eso creemos firmemente que aumentar la cobertura para llegar a todos los rincones de Chile es un deber que nos debe movilizar. 

-¿Cómo abordarán este posible conflicto?

-Estamos coordinando una jornada nacional de reflexión y análisis y así, presentar una propuesta al Ministro de Justicia. Queremos defender nuestro modelo, a la brevedad, con planes de acción. Un primer paso es hacer entender a la comunidad y a las autoridades que el acceso a la justicia es la base de la justicia social. Para la gente es algo primordial, especialmente a raíz de lo que está pasando desde el 18 de octubre, donde la injusticia ha sido un tema central. Hoy, en el momento en que tú le preguntas a las personas cuáles son los puntos por los cuales pondría acento, responden salud, pensiones y educación, sin embargo, la justicia no aparece espontánemente. La justicia es una necesidad y lo más importante, para alcanzarla, es que debemos aportar con alguna propuesta para crear un sistema de amplia cobertura.

-¿Cuáles serán las propuestas de trabajo en que se focalizará FENADAJ este año?

-Además del punto anterior, queremos precisar metodológicamente nuestra estructura de remuneraciones y carga de trabajo a nivel país. El objetivo es tener una estructura nacional de servicio de acceso a la justicia. No puede ser posible que todavía sigamos igual que desde el año 81, con cuatro corporaciones a lo largo del país que no se comunican entre ellas. Uno hace las cosas de una forma y otra de otra forma y eso podría ser sólo un problema estético si no fuera que detrás están los derechos de las personas. ¿Cuál es el tema?: que no podemos permitir que una persona que vive en Santiago tenga más oportunidad para ejercer sus derechos que una que viva en Coihueco, Punta Arenas o Isla de Pascua. Para nosotros es importante que todas las personas tengan el mismo acceso a la justicia, la misma oportunidad para ejercer sus derechos porque estamos hablando del acceso a la justicia como derecho personal, pero también de la dignificación de la función pública. Por último, como pensamos que este año puede ser complejo, entendemos que como nunca la organización cuenta sustancialmente para seguir trabajando por el país y que en ese camino todos los funcionarios y las funcionarias deben ser concientes de que, en la medida que estamos organizados y unidos, vamos a poder hacer frente a los devenires en forma más óptima.

-¿Cuál es la importancia para este complejo 2020 de los canales de comunicación entre directorios de la organización y sus bases?

-Es importante valorar esta relación que tenemos porque somos una organización que agrupa entre 1.500 y 2.000 funcionarios y la idea es que sigamos creciendo en unidad y teniendo claro que la lucha que se está dando es por nosotros y la gente, por eso es que yo les pido a las asociaciones y sus socios que sigamos profundizando el trabajo de comunicación interna y con nuestros usuarios, siempre con una visión crítica, pero todos bien juntos.

FENADAJ CONFIRMA VIOLENCIA DE GÉNERO DE LASTESIS: 65% DE USUARI@S DE LAS CAJs SON MUJERES

Según la información estadística del trabajo de las Corporaciones de Asistencia Judicial (CAJs) entregada por el Departamento de Asistencia Jurídica del Ministerio del ramo, desde el año 2007 al 2018 las mujeres han utilizado el sistema en promedio 183% más que los hombres en los últimos 11 años.

«Esto refleja la mayor vulnerabilidad que ellas enfrentan en el acceso a la justicia social en Chile», enfatizó la Presidenta de la FENADAJ, Claudia Fachinetti, al analizar los datos y confirmar que «esta dura realidad avala la teoría y el cántico levantado por Las Tesis sobre la violencia social ejercita contra la mujer cuando cantan «el patriarcado es un juez, que nos juzga por nacer, y nuestro castigo, es la violencia que no ves».

La información, que fue solicitada por FENADAJ vía Transparencia y entregada a través del Oficio Ordinario 5301, considera datos parciales del trabajo de las cuatro Corporaciones de Asistencia Judicial del país. Entre los registros de causas ingresadas destaca que en la década del 2004 al 2014, ingresaron a tribunales 1.031.617 de causas de un total de 6.050.135 de personas atendidas en OI.

También que el número de causas terminadas favorables o desfavorables en ese mismo período fue de 1.110.704, precisando que en las estadísticas no existe dato alguno de rangos etáreos.

Los datos demuestran que las mujeres constituyeron las mayores usuarias del sistema respecto a los hombres desde que hay datos por rango de género registrados, es decir, entre los años 2007 al 2018.

Según se desglosa, durante ese lapso de tiempo 4.599.763 mujeres recurrieron el sistema frente a 2.517.146 de hombres, lo que significa que ellas accedieron 183% más veces o que casi siete de diez usuarios que buscaron asesoría judicial gratuita fueron mujeres.

En esta tendencia, durante esos 11 años, 65% de los usuarios de las Corporaciones de Asistencia Judicial fueron las mujeres. Los datos precisan además que el mayor aumento femenino por acceso a la justicia se registró el año 2016, año durante el cual se registraron 418.283 atenciones, 38.085 más que el año anterior (2015).

«Esto demuestra que ellas requieren mayor atención dado que las mujeres pobres, quienes son las que recurren a las CAJs para acceder a la justicia, necesitan más apoyo del Estado por su doble vulnerabilidad: ser mujer y y ser pobre», enfatizó Claudia Fachinetti.

Para ver en detalle las cifras, descargue el siguiente documento:

FENADAJ PREOCUPADA POR OFICIO QUE AMPLÍA COBERTURA DE ATENCIONES SIN RECURSOS ADICIONALES

Según el documento, las CAJs deberán ampliar atenciones por materias judiciales y perfil de usuarios en el macro de las 100 Reglas de Brasilia. Sin embargo, esta nueva carga de trabajo no viene acompañada de recursos, lo que podría terminar de colapsar el sistema ya en crisis, advierten dirigentes.

La Federación de Acceso a la Justicia, FENADAJ, que agrupa a todas las asociaciones de base de las 4 CAJs, advirtió su preocupación por Oficio Ordinario N° 459, del 21 de enero de 2019, emitido por el Ministerio de Justicia en el que se instruye “aplicar las 100 Reglas de Brasilia que tiene como objetivo garantizar las condiciones de acceso efectivo a Ia justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, sin discriminación alguna.»

“Si la actual situación en que se encuentran las CAJs a lo largo del país, objetivamente no permiten cumplir con el imperativo legal de acceso a la justicia a quienes no cuentan con recursos para proveérselo por sus medios, menos podríamos ampliar esa cobertura a todas las materias y todas las personas que concurran en busca de asesoría, como pretende la autoridad con este oficio”, enfatizó la Presidenta de la FENADAJ, Claudia Fachinetti.

Las aprensiones de los trabajadores se argumentan en los siguientes puntos:

  • 1.- FINANCIAMIENTO: La ampliación de atención para las personas que cumplen criterios de pobreza requiere necesariamente mejoras y más recursos que los que actualmente disponemos.
  • 2.- LEGALES: Si bien la Constitución Política instruye en su artículo 19 Nº3 la garantía de igualdad de protección de la ley a todos los ciudadanos; el artículo 2° de la Ley 17.995 que creó las CAJRM, CAJBioB io y la CAJVAL precisa como finalidad prestar asistencia jurídica y judicial gratuita a personas de escasos recursos, lo mismo que el articulo 1° de la Ley 18.632, que creó la Cajta, esto no se está cumpliendo porque el Estado no está proveyendo los recursos para ello.
  • 3.- MATERIAS: entregar universalidad de materias implicaría dejar sin efecto las exclusiones que hoy se aplican para efectos de ingresos judiciales, como también proveer del personal y medios para garantizar dicha cobertura. Además de los recursos, se requieren modificaciones legales.
  • 4.- LISTAS DE ESPERA: Hoy el sistema registra importantes listas de espera de hasta de 6 meses.
  • 5.- EXCLUSIONES: el análisis de viabilidad jurídica realizada en   las CAJs gozan de un alto porcentaje de término con sentencias favorables. No aplicar el trabajo profesional como lo sugiere el oficio 459, significaría sobrecargar el sistema, bajar la calidad profesional, aumentar horas de trabajo y eventualmente que nuestros usuarios sean condenados a pagar costas de juicios perdidos.
  • 6.- PÉRDIDA DE PRESTIGIO: frente a los jueces de instancia y ministros de cortes superiores evidentemente se perdería nuestro prestigio al ingresar causas sin viabilidad jurídica y, por tanto, de obtener lo pretendido por nuestros usuarios. 
  • 7.- BARRERA DE ACCESO: El Ministerio de Justicia señala que «la viabilidad jurídica realizada por nuestros profesionales y el doble patrocinio constituyen una barrera de acceso a nuestros servicios». Ello no es cierto, pues la etapa de evaluación jurídica es un trabajo profesional necesario y profundo que da seriedad a nuestro trabajo y resultados, tal como lo destacó públicamente el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, el 29 de julio pasado.
  • 8.- COBRO DE HONORARIOS:  Creemos que esta labor debe ser asumida por los Departamentos Jurídicos de todas las CAJs, por constituir el cobro de honorarios y costas un ingreso para las mismas.
  • 9.- MATERIA LABORAL: la asesoría para los trabajadores ya es gratuita desde Ia implementación de la Reforma Procesal Laboral hace una década, mientras que el cobro de las costas a las que se condena a empleadores require proveer de receptores, vehículos para retiro de especies, recursos para pago de bodega, martilleros y otros.

En este marco, es que la FENADAJ solicita a la autoridad para cumplir con los lineamientos técnicos contemplados en el Oficio Nº 459 lo siguiente:

  • 1.- Gestione recursos necesarios. De otra manera no es posible concretar, de  manera efectiva y pragmática, el acceso a la justicia.
  • 2.- Mejorar las condiciones de nuestras instituciones, las que a la fecha carecen de la asignación de recursos directos por Ley de Presupuesto.
  • 3.- Proveer los reemplazos de ausencias por licencias médicas y los cargos vacantes.
  • 4.- Actualizar el presupuesto asignado a las CAJs que no ha experimentado incremento a parte de los relacionados a la implementación de la Reforma Procesal Laboral y el «Programa Mi Abogado», esto a  pesar de haberse incrementado el  número de atenciones.
  • 5.- Voluntad real de la autoridad para garantizar con responsabilidad el acceso a Ia justicia de los más necesitados.
  • 6.- Ser escuchados por la mesa que está analizando este tema, la que no ha convocado a los representantes de las/os funcionarias/os de la FENADAJ.
LEA EL DOCUMENTO ANÁLISIS ENVIADO POR LA FENADAJ AL MINISTERIO DE JUSTICIA:

CAJs REUNIDAS EN CABILDOS FUNCIONARIOS POR LA JUSTICIA SOCIAL

La Federación Nacional de Funcionarios del Acceso a la Justicia, FENADAJ, convocó a los trabajadoras (es) a participar en cabildos denominados «Co-Construyendo Justicia Social». El objetivo de esta iniciativa fue sumarse como organización a los desafíos que hoy está planteando la ciudadanía: «cambios estructurales para la justicia social y los derechos sociales, considerando pilares democrático, inclusivo, acogedor y promotor del bienestar social de todos sus habitantes», enfatizó Claudia Fachinetti, presidenta de la FENADAJ, que reúne a más de 2.000 trabajadores a los largo del país que entregan atención jurídica a los sectores más vulnerables del país.

Los Cabildos se realizaron entre el 12 y 15 de noviembre, en distintos centros CAJs de todo el país, duraron entre dos y tres horas y entregarán sus resultados a partir del lunes 18 de noviembre en una plataforma online a la que puede acceder haciendo clic AQUÍ.

Metodología sugerida:

  1. Constituir cabildos en una o más unidades operativas: Esos cabildos o asambleas revisan este y los demás documentos que estimen que serán puestos a disposición de las
    asociaciones.
  2. Metodología debe ser activa y participativa.
  3. Los cabildos trabajan a partir de preguntas orientadoras. Se dividen en grupos de
    conversación de 6 a 10 personas.
  4. Se sugiere que cada cabildo sesione en un lapso de 2 a 3 horas.
  5. Fases de trabajo del encuentro:
    a. Se reúnen y se saludan las y los participantes.
    b. Se registran en un formulario de inscripción.
    c. Organizan el trabajo de la jornada.
    d. Se dividen en grupos de discusión de hasta 10 personas. Se asignan espacios para
    funcionar.
    e. Los grupos de discusión sesionan por alrededor de 1 hora o 1 hora y media. Cada grupo de discusión debe contar con una persona (secretaria/o) que tome acta.
    f. Exposición de acuerdos por mayoría y opiniones de minorías. (subir conclusiones conforme punto 6)
    g. Si se estima convocar a Plenaria de distintas unidades de determinada zona: Escoger secretarias/os para elaborar el acta de la plenaria. Se presentan resultados de cada grupo de discusión y se debate en la asamblea por alrededor de 1 hora.
    h. Se presenta y se aprueban acuerdos de mayoría y posición de minoría en la plenaria.
  6. El acta final del cabildo debe llenarse utilizando el formulario digital disponible AQUÍ:

Preguntas enfrentadas:

1.- (20 minutos)
a) ¿Qué ha generado el malestar ciudadano? b) ¿Cuál sería el origen del conflicto actual?
c) ¿Qué oportunidades ofrece esta movilización actual?
2.- (40 minutos)
a) ¿Cómo es posible avanzar en mayor justicia social a partir de esta coyuntura?
b) ¿Existen demandas prioritarias para la ciudadanía?
c) ¿Se necesita una Asamblea Constituyente para transformar Chile?
3.- (20 minutos)
a) ¿Qué tipo de acciones pueden realizar la ciudadanía y las organizaciones sociales para conseguir sus objetivos?
4.- (40 minutos)
a) ¿Cómo es la justicia que queremos para Chile?
b) ¿Qué entendemos por Acceso a la Justicia?
c) ¿Quién debiera ser el organismo encargado del Acceso a la Justicia? ¿Por qué?
d) ¿Qué acciones debiéramos realizar para lograr un mayor y mejor Acceso a la Justicia?

Cabildo Concepción.
Cabildo La Serena.

“SOBRE EL ACCESO A LA JUSTICIA, LO QUE TENEMOS EN ESTE GOBIERNO Y LOS ANTERIORES SON PROMESAS IMCUMPLIDAS”

Diputado PS Leonardo Soto, quien integra la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, se sinceró: “En la comisión no tenemos ninguna iniciativa, ni del gobierno ni mensaje, que esté intentando resolver estos problemas” que hacen que la “justicia de clase hoy día está instaurada institucionalmente” en Chile, dijo.

Como integrante la de Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, el diputado socialista Leonardo Soto reconoció en entrevista con la FENADAJ, que agrupa a 2.000 trabajadores de las CAJs, que no existen iniciativas para cumplir con el anuncio de Sebastián Piñera en su última cuenta presidencial «de mejorar el acceso a la justicia» y que lo único que se ha abordado es «que los egresados de derecho dejen el sistema que apalancan sin paga».

-¿Coincide que en Chile existe clasismo judicial?

-…¿en qué sentido?…

-… en el que quien tiene dinero puede tener justicia y terminar un proceso judicial.

-La justicia es fundamental en una sociedad. Es natural que en la sociedad existas disputas y controversias graves, disputas por problemas de vecindad, contratos, porque la gente fallece, por conflictos familiares… es consustancial a la sociedad humana. Para resolver esas controversias, y la gente no haga justicia por su propia mano, tiene que haber un sistema de justicia. La justicia garantiza la paz social, garantiza que las personas no se agredan y se respeten. Sin justicia hay caos. En Chile, la justicia tiene algunas características especiales, no es igual para todos. Si alguien tiene dinero, simplemente accede a tremendos servicios jurídicos, buenos abogados, obtiene juicios rápidos, una justicia certera y, a veces, en la medida de lo que ellos quieren. Sin embargo, si uno tiene dificultades, no tiene recursos económicos -y en Chile en términos relativos cerca del 40% de las personas tienen niveles bajos de ingreso, están excluidos de ese sistema de abogados particulares donde sí opera el sistema judicial- queda totalmente marginalizado de la sociedad, queda fuera del sistema de justicia y eso, sin duda, es un problema grave. 

¿Qué tiene la sociedad la sociedad para poder garantizar el acceso de este 40% de personas que tienen necesidad de justicia, pero no pueden pagarla por sus propios medios?: tienen la Corporación de Asistencia judicial. En consecuencia, esta institución cumple un rol fundamental de garantía de la paz social, de garantía de que todas las personas puedan tener un trato en sus controversias jurídicas, puedan tener acceso a la justicia. La justicia en un bien para todos y no solo para quienes la pueden pagar y, desde ese punto de vista, hoy día, como está diseñado nuestro sistema, eso no está garantizado.

– ¿Coincide entonces con esta visión de clasismo judicial?

-El hecho que no funcione el sistema judicial para un 40% de la población que no puede pagar abogados particulares determina una anomalía, una distorsión de nuestro sistema judicial que, sin duda, muchos lo presentan correctamente como el clasismo judicial, es decir, justicia para ricos. Eso es muy fuerte en materia penal. Hoy día, lamentablemente, alguien que roba una gallina puede pasar muchos años en la cárcel, por robo con sorpresa, por robo con violencia, pero alguien que comete un desfalco gigantesco, que se colude con otros para subir los precios artificialmente a los remedios a las personas que están enfermas, abusando de ellos, no pasa ni un día en la cárcel. En consecuencia, me parece que esa justicia de clase hoy día está instaurada institucionalmente a partir de la realidad que se vive, sobretodo para esas personas que necesita acceder a justicia y no tiene dinero.

-El Presidente Piñera, en la última cuenta pública en el Congreso, habló de acceso de la justicia a partir de la problemática de la delincuencia, ¿qué está haciendo la Comisión (de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento) respecto a este anuncio?

-Respecto al acceso a la justicia, básicamente lo que tenemos en este gobierno, y también en gobiernos anteriores, son promesas incumplidas. Existe bastante consenso en la necesidad de profesionalizar los servicios jurídicos que quedan a disposición de la gente que no pueden pagar un abogado particular. Todos creemos, o estamos convencidos, que tener una corporación aparentemente privada, como es la Corporación de Asistencia Judicial -como un falso servicio público- para poder resolver los problemas de acceso a la justicia es, sin duda, del siglo pasado. Es paleolítico, cavernario!

-¿Pero a la Comisión no ha llegado nada?

-Hoy día en la comisión no tenemos ninguna iniciativa, ni del gobierno ni mensaje, que esté intentando resolver estos problemas. Es más, hay algunas mociones que estuvimos revisando el año pasado, de algunas personas que estiman que debe terminarse con la exigencia para los estudiantes, o egresados de derecho, con la obligación que tienen de hacer las prácticas en las corporaciones. 

-Con eso el sistema termina de colapsar. Ellos cubren el 60% del sistema.

-Lo primero es decir que ellos tienen toda la razón. La carrera jurídica o de abogado es la única carrera de todo Chile que obliga a sus egresados a trabajar 6 meses gratis en una corporación privada para dar acceso a la justicia. No lo hace la medicina… en la medicina todo se paga, tampoco la arquitectura, en fin, esto no existe. Es una carga que se le da a los estudiantes o egresados de derecho. No existe tampoco en muchas partes del mundo. Es discriminatoria. A veces, algunos egresados de derecho que tienen trabajos particulares tienen que renunciar a ellos para responder a esta carga que los obliga el sistema. Pero, por otro lado, si es que se elimina esta carga a los egresados de derecho va a significar el sinceramiento de un problema: que las Corporaciones de Asistencia judicial no pueden funcionar así. Tienen que profesionalizarse, modernizarse, tener staff de abogados, técnicos, auxiliares, que den un servicio de calidad. Yo pasé por la Corporación de Asistencia Judicial, hace muchos años eso sí, y la condiciones en que funcionaba mi corporación eran horribles. Teníamos una sala donde no había ni siquiera cubre piso, estaba el radier con el polvo que en las mañanas, para barrer, había que tirar agua. Éramos 10 egresados, un solo abogado, no dábamos abasto, teníamos casos que pasaban de un postulante a otro, casi sin movimiendo (en la causa) porque no había capacidad. Y ese servicio no se le puede dar a la gente. Eso en los años ’80, pero ese servicio en el siglo XXI, es indigno para los usuarios que tienen necesidad de asistencia jurídica del Estado.

-¿Y cómo enfrentar esto? Si usted es legislador y sabe que no se está haciendo nada por parte del Estado.

-Lo que hay que hacer es transformar esta corporación media privada, híbrida, con estudiantes obligados a pertenecer a ella, que son los que dan los servicios, en un verdadero servicio público, con profesionales, técnicos, auxiliares, con centro de estudios, con lo medios necesarios, con un presupuesto adecuado que les permita hacer una defensa digna, no muy distinta que la que tiene una persona que puede pagar un servicio afuera. Este es el estándar. Ahora, eso supone, sin duda, gasto público y eso se financia con presupuesto del Estado. La iniciativa, de acuerdo a la Constitución, no puede provenir de un parlamentario, tiene que provenir de los gobiernos, porque son de iniciativa exclusiva del Presidente de la República. Lo bueno es que este gobierno, tal como lo dijo usted, en la ultima Cuenta Pública dice que, anuncia que, se necesita mas defensa para las personas, una defensa profesional, que le garantice determinados logros… bueno, nosotros lo que estamos haciendo es tratar que el gobierno cumpla…

-… cómo Comisión?

-Como comisión. En nuestras reuniones con el ministro de justicia, que es quien tiene que tomar decisiones al respecto, en nuestra agenda en común, le hemos exigido varias cosas: tribunales de drogas, en materia penal, fundamentales; tribunales de ejecución de penas, un servicio de víctimas y un sistema de defensa profesional y moderno para Chile. Son estándares que Chile tiene que tomar y avanzar. No podemos mantener ni una día más las condiciones que hoy en día se les como acceso a la justicia a los más pobres, como los que tenemos en las orporaciones de asistencia judicial.

-¿Hay que seguir esperando?, así de doloroso.

– Yo no estoy en condiciones de hacer ningún anuncio, porque le advierto que no es de mi competencia… lamentablemente este gobierno anuncia una cosa y hace otra. Es decir, anuncia que hay que tener un servicio, pero lo habla más bien desde lo penal, un servicio de víctima, distinto a la representación que hace el Ministerio Público. Nosotros, como parlamentarios, hemos agregado la necesidad de tener un servicio jurídico con buen estándar. Si algo de esto se hizo con la Defensoría (Penal Pública), que es un servicio también adscrito al Ministerio de Justicia que le da defensa a los inculpados en materia penal, y lo hacen con una estructura, muy profesional, muy bien, con defensas licitadas en la parte que no pueden cumplir, pero eso es para los inculpados, para los autores de los delitos… pero cómo no van a merecer un servicio similar quienes son víctimas de los delitos o las personas que son vulneradas en sus derechos civiles, en sus contratos, en sus arriendos, o que son víctimas de engaño en materia del consumidor. También tienen que tener un sistema de defensa con el mismo estándar. Es una anomalía que hay que corregir y, como parlamentario de la Comisión de Constitución, estamos presionando al Ejecutivo para que cumpla con la necesidad de la que estamos hablando: de las víctimas y de los usuarios del sistema de la Corporación de Asistencia Judicial.

-Que el 70% de quienes usan el sistema sean mujeres, ¿refleja que además es un sistema machista?

-Los problemas de la sociedad, de pobreza, son agudos para los hombres desempleados, con bajos sueldos, de empleo precarizado, pero para las mujeres del mismo segmento social el problema es doble, el triple, porque le agregamos los problemas asociados a lo anterior, los problemas asociados a la maternidad, la baja escolaridad, porque muchos hombre no permiten que la mujer estudie, en consecuencia, se multiplican las dificultades para ellas y, por tanto, obliga al Estado a entregar más recursos y servicios donde más se necesita. La única manera de resolver la desigualdad en el trato que recibe la gente modesta en este país, y las mujeres más maltratadas en este país, es haciendo una reforma como Chile necesita. Que le garantice a todos un buen estándar de acceso a la justicia y eso está pendiente.

«Falta Modernidad»

Tuve la oportunidad de intervenir en el último conflicto de este año que hubo entre las CAJs con el Ministerio de Justicia precisamente por problemas asociados a la falta de modernidad. No tenían ni siquiera computadores o base de datos uniformes o en línea, no pago de recursos que estaban previamente comprometidos con los funcionarios, y las razones eran pueriles, eran “no pudimos certificar el cumplimiento de las metas, o los computadores no tenían las capacidades para demostrar el cumplimiento de las metas”, lo que habla de un servicio de Corporación de Asistencia Judicial absolutamente subvalorado por la autoridad y eso se lo dijimos en su cara al ministro de justicia en su momento.

Servicio maltratado

No pueden tener un trato, o maltrato, a este nivel con un servicio que es básico y no pueden sacar provecho para no pagar remuneraciones o asignaciones remuneracionales a los funcionarios que trabajan en estos servicios por las deficiencias que ellos mismos han mantenido. Es decir, no se pueden aprovechar del propio dolo, como se dice en derecho… bueno, hicimos el esfuerzo de acompañarlos en las movilizaciones, estuvimos con los funcionarios y yo creo que forjamos una alianza que, espero, permita que de una vez por todas Chile les entregue servicios modernos, justos y dignos de acceso a la justicia a todos los chilenos, sin distinción.

Unanimidad: Asociaciones se pliegan a demandas y marchan por un Chile más justo

Dirigentes y funcionarios de las siete asociaciones que integran la FENADAJ (Afucajta, Afuncajval, Anfuc, Aftadaj, Afunpro, Afuncaj BioBio y AfunSur) se unieron al llamado de Paro Nacional este 12 de noviembre y marcharon por un «Chile más justo» en distintas ciudades del país: Arica, Iquique, Antofagasta, Valparaíso, Santiago, Concepción, Talcahuano, Valdivia, Osorno, Castro, Palena, Puerto Montt, Coyhaique y Chile Chico, entre otras.

“Nuestra sociedad clama por cambios profundos, que pasa por una nueva Constitución Política, en que el Estado sea garante de derechos y no un Estado subsidiario que ha convertido en negocio la cobertura de esos derechos, por eso es que marchamos», enfatizó la presidenta de la FENADAJ, Claudia Fachinetti, al valorar la unanimidad alcanzada en la voz de las asociaciones para hacerse escuchar en las manifestaciones en que participaron y que se constata en las siguiente galería de imágenes.

Ese es Chiloé!!! ANIMO CAJ. ÁNIMO COLEGAS. FUERZA, COMPROMISO!! FUERZA CHILE!!

Valdivia

Puerto Montt
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“FALTA DE ACCESO A LA JUSTICIA ES UN FACTOR MÁS DE DESIGUALDAD SOCIAL”

Para la Presidenta de la FENADAJ, la abogada Claudia Fachinetti, esto significa que las personas que no tienen recursos no pueden defender ni ejercer sus derechos.

“Lo que vivimos a diario en las CAJs al no poder atender dignamente a nuestros usuarios y no lograr una cobertura adecuada a las necesidades legales de los más desposeídos es un factor más de desigualdad social en Chile”, enfatizó Claudia Fachinetti, presidenta de la Fenadaj, entidad que agrupa a más de 2 mil funcionarios las Corporaciones de Asistencia Judicial en Chile.

Según explicó, la realidad del sistema “es muy dura”, ya que con $72.000 anuales por usuaria/o, “las y los funcionarias/os de las CAJs brindan atención social y jurídica en causas civiles, de familia, laborales y atención jurídica, social y psicológica a niñas, niños y adolescentes y víctimas de delitos violentos”. 

Falta Presupuesto

Para la dirigente, este escaso presupuesto asignado demuestra la falta de preocupación por los pobres y su posibilidad de ejercer sus derechos. “Esto construye desigualdad en el ejercicio de derechos y no se trata de una situación excepcional en la vida de las personas, sino que tan cotidianas como la pensión de alimentos o el reclamar el pago de remuneraciones adeudadas”, enfatizó.  

Presidenta Fenadaj.

Según datos oficiales, el funcionamiento del sistema es soportado hoy por 2.000 trabajadores y subsidiado por las prácticas profesionales gratuitas de 4.000 egresados de Derecho que rotan cada seis meses. 

La información del Ministerio de Justicia precisa que en 2018, Las CAJs entregaron 706.721 orientaciones legales y sociales a usuarios en sus oficinas y móviles; realizaron 4.176 talleres, seminarios y cursos para acercar la justicia a personas de escasos recursos; dieron 12.053 soluciones colaborativa de conflictos y ofrecieron 4.361 atenciones a víctimas de delitos violentos, entre otras de sus tareas.

“Sin perjuicio de todo ese esfuerzo, nuestra labor se torna insuficiente”, reiteró Fachinetti al agregar que el problema está cruzado por la “falta de voluntad de Estado de permitir que las personas más vulnerables del país conozcan y ejercezan sus derechos”. 

Defensoría Víctimas existe

En el marco del estallido social de octubre, el Presidente reiteró la urgencia de garantizar una Defensoría de Víctimas, “tarea que las CAJs vienen realizando desde 2001 y que tras 18 años, sólo se cumple en 20 de las 346 comunas del país”, dijo Fachinetti.

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La misma que advirtió que un primer paso es resolver la grave precariedad en las condiciones de trabajo y atención a usuarios, situaciones denunciadas en reportajes de prensa donde han quedado en evidencia el mal estado de mobiliario y la falta de computadores, impresoras, scanner, internet, softwares actualizados y espacios para atender dignamente a las personas, todo lo cual, insistió, “atenta contra el acceso a la justicia que requieren los que más la necesitan en Chile y es otra forma más de violencia en contra de los pobres”.