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ANALFABETISMO DIGITAL: GRAN DESAFÍO DEL TRABAJO REMOTO DE LAS CAJs PARA GARANTIZAR EL ACCESO A LA JUSTICIA

Según datos de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, ya en 2017 ocho de cada 10 hogares en Chile tenía acceso a Internet, un estándar que va de la mano de una dolorosa brecha digital pues mientras en los hogares con niños o jóvenes entre 5 a 24 años ese acceso llegaba a 94%, en los hogares compuestos exclusivamente por personas de 65 años o más llegaba sólo al 54,6%. Y para los casos de conexión móvil y uso de internet a través del celular, los datos son mucho más alarmantes: sólo 46,5% la tiene.

Para la FENADAJ, durante los últimos tres meses de trabajo remoto de sus más de dos mil funcionarios, estos datos se han transformado en un gran desafío para hacer accesible la justicia a los más necesitados debido a que a éstos se suma un tercer factor: el analfabetismo digital. 

«El principal motivo, además de la calidad de la accesibilidad a internet y/o datos móviles, es el analfabetismo digital de los usuarios, una deuda evidente de la administración pública hacia los sectores más vulnerables, «quienes son justamente los que más requieren del servicio que brindamos y que no solamente está representado mayoritariamente por la tercera edad, sino también por las mujeres, migrantes, niños y jóvenes», explicó Claudia Fachinetti, presidenta de la FENADAJ. 

Barrera tecnológica

Una de las dificultades que está mostrando el trabajo remoto en los servicios públicos «es conciliar la tecnología con las personas. No todos tienen las habilidades tecnológicas hoy en día, por ende, ha sido un tremendo desafío lograr una comunicación eficiente y eficaz con nuestros usuarios», enfatizó Gabriela Opazo, de la Oficina de Defensa Laboral Metropolitana.

Este analfabetismo digital se ha traducido, a juicio de la dirigente de la FENADAJ Andrea Moscoso, en que los funcionarios administren su tiempo de atención a los usuarios considerando una nueva variante: el proceso de instrucción para el uso del sistema. «Enseñar a subir documentos, llenar formularios, reenviar correos electrónicos e incluso, aprender a usar zoom, team u otro tipo de herramientas ha sido un reto desafiante.

De tutoriales a clave única

«Muchos de nuestros asociados han dejado constancia de que parte de las nuevas tareas que se deben asumir con el trabajo remoto está el hacer verdaderos tutoriales para ayudar a los usuarios a enfrentar el sistema, paso a paso, incluyendo desde cómo obtener la clave única hasta subir un documento. Ha sido particularmente desafiante -aunque satisfactorio cuando se logra- con la tercera edad y con quienes no tienen un red de apoyo familiar para acceder al sistema en forma remota», agregó Claudia Fachinetti, al enfatizar que, pese a los esfuerzos, hay comunas, como la localidad de Carmen, en la Octava Región, que no tienen acceso a Internet, lo que significa que no estamos llegando a todos las/os usuarias/os».

Para la secretaria general de la FENADAJ Jéssica Valenzuela, el fondo del tema con casos como la localidad de Carmen evidencian que «no hay acceso universal a la justicia si el Estado no garantiza el acceso a Internet. Esta barrera está dejando a mucha gente al margen del servicio de acceso a la justicia», insistió.

Efecto invisibilización

Afirmación ratificada por Fachinetti, para quien «lo riesgoso es que la gente que no logra acceder al sistema digital, remoto, por computador o celular, queda invisibilizada porque simplemente no puede comunicarse como lo hacía antes, cuando iba presencialmente a nuestras oficinas de atención a público. Ello lo confirma la baja en los ingresos. Estamos entre 60% a 70% de lo que se atendía el año pasado, lo que significa que hay entre 30% a 40% de usuarias/os que no han podido llegar por el analfabetismo digital».

Para Milyng Chau, directora de FENADAJ, «la pandemia ha dejado en evidencia las falencias que el Estado muestra en varios frentes, uno de ellos, el analfabetismo digital, que atenta contra el acceso a la justicia debido a la falta de herramientas digitales de la población más vulnerable», dice al rescatar la voluntad de los funcionarios de las CAJs que pese a las dificultades, han decidido dedicarle a sus usuarios los tiempos que sean necesarios para lograr el objetivo de defender sus derechos, «aunque para muchos eso signifique no lograr los objetivos sobre número de atenciones, por ejemplo», enfatizó.

Fuente: Subsecretaría de Telecomunicaciones. 2017.

APP «JUSTICIA EN TUS MANOS»:
Pensando en facilitar el acceso a los trámites virtuales de los usuarios con mayores dificultades de alfabetizo digital es que la FENADAJ acogió la propuesta presentada por Paola Labbe, abogada y dirigente Nacional de Afuncajbiobio, de que a menos clic, mejor usabilidad del sistema. La propuesta tecnológica presentada a las autoridades del Ministerio de Justicia y DDHH plantea el desarrollo de una aplicación (APP) exclusiva para la interacción de los usuarios con el sistema. De esta forma, se busca modernizar a las CAJs y permitir el acceso a la justicia de las personas de escasos recursos.
Durante los últimos tres meses, los más de 2 mil funcionarios de las CAJs han venido desarrollando e innovando en el sistema de atención, de tal manera, de estar más cerca de los usuarios. En ese contexto, explica Labbe, «hemos aprendido sobre las nuevas tecnologías, hemos estudiado y hemos buscado la forma de estar más cerca de las personas con las distintas plataformas».
La aplicación celular propuesta, «que hemos llamado Acceso a la Justicia en Tus Manos, debe tener una interfaz amigable y sencilla para los usuarios», insistió Labbé.

CÓMO FUNCIONARÍA LA APP?:
«Hemos pensado en una bienvenida a la corporación, con un registro que nos permita recabar la información necesaria para la estadística, con un inicio de sesión que busque y proteja la información de los usuarios, con un perfil no público y que considere Inteligencia Artificial de tal forma que la persona ingrese, señale su problema y que la Corporación responda por este vía sobre cuáles son las tareas, orientación y/o apoyos que debiera seguir el usuario según la lógica que entregue la Inteligencia Artificial.
El objetivo de la propuesta es que sea el mismo usuario quien pueda agendar la atención con el profesional, permitiendo también subir documentos, generar un archivo y mantener un chat que mantenga a los usuarios permanentemente comunicado con el profesional.
«Hemos cotizado y esta APP debería salir aproximadamente entre 17 y 15 millones de pesos, para un sistema Android. Creemos que así podríamos aumentar la atención para el 2020, pensando siempre que las personas van a sentir que tienen el acceso a la justicia en sus manos», enfatizó Paola Labbe.

FENADAJ EXPONE EN MESA PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE JUSTICIA POST PANDEMIA DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DDHH

“Cómo, sin poner en riesgo la salud de la comunidad, se puede a la vez garantizar el debido proceso y el acceso a la justicia”, fue el inicio de la reflexión con la que la FENADAJ expuso, por 17 minutos, antes el Ministerio de Justicia y DDHH, sus cinco propuestas para mejorar y modernizar el sistema judicial chileno post COVID-19: Más conciliaciones, centros de mediación, facultades a receptores y una APP de atención, entre otras.

En la video conferencia además de los dirigentes de la FENADAJ asistieron el Subsecretario de Justicia, Sebastián Valenzuela, la Jefe de División Juridica, Mónica Naranjo, el Jefe de División Judicial, Héctor Mery, además de dirigentes de gremios de Justicia, académicos y representantes del Colegio de Abogados.

Entre las propuestas expuestas están “Más soluciones, menos juicios” que busca fortalecer la solución colaborativa de conflictos y con ello evitar que todos los conflictos se ventilen en tribunales.

Ello requiere la creación de más centros de Mediación y Arbitrajes, fortalecer la conciliación en los centros de atención, y que exista una coordinación nacional desde la DAJ; Asimismo se propuso la creación de centros regionales de receptores con mayores facultades y licitaciones para cerrajería y camiones para retiro de especies, a fin de cerrar muchos juicios pendientes que están detenidos, junto con ello, modificar normativa legal de las notificaciones personal subsidiaria y por cédula, para evitar que los receptores deban realizarlo personalmente.

“Fortalecer la solución alternativa de conflictos como una forma no sólo de descongestionar los tribunales, sino también avanzar en una cultura que use el diálogo para resolver sus conflictos”.

1.- “Más soluciones menos juicios”:
Así se llama la primera iniciativa basada en una frase formulada por el ministro de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, “con la que se busca indicar que no todas las soluciones a los conflictos jurídicos están en los juicios”, enfatizó la dirigenta. En este punto, la propuesta de la Federación es “fortalecer la solución alternativa de conflictos como una forma no sólo de descongestionar los tribunales, sino también avanzar en una cultura que use el diálogo para resolver sus conflictos”.
En este marco, se contextualizó cómo funciona este sistema actualmente en las CAJs, donde si bien se desarrollan procesos de solución de conflicto con ofertas como la mediación, el arbitraje, la conciliación o la facilitación, esta no es homogénea en todo el país, a lo que se suma que la alternativa se ha visto afectada por los cambios de políticas que han existido en torno a este modelo. “Se crearon Centros de Mediación, sin embargo, posteriormente, se prohibió que nuestros centros asumieran la mediación familiar para facilitar la mediación licitada, dejando a un gran número de profesionales capacitados con la necesidad de reformularse. Y, por otra parte, se nos empezó a medir por las demandas ingresadas a tribunales, lo que provocó un desinsentivo de la desjudicalizacion”, precisó Fachinetti antes de enfatizar que “este fenómeno ha estado cambiando en los últimos años”. “Nosotros proponemos la creación de Centros de Mediación en todas las regiones del país y, en la Región Metropolitana, al menos una por cada jurisdicción de Corte de Apelaciones, Centros de Arbitraje, al igual que los que actualmente existen en Santiago y Rancagua, coordinado a nivel nacional por una coordinador/a del Departamento de Asistencia Jurídica de la División Jurídica del Ministerio de Justicia, abarcando el ámbito de la mediación familiar”.
Un punto a favor resaltado por la Federación es que las corporaciones cuentan hoy con personal especializado, capacitado y con vasta experiencia en materia de mediación, las que podrían abarcar materias de alimentos, cuidado personal, temas patrimoniales, compensación económica, cuidado del adulto mayor u otros temas como hereditarios, deudas, arriendo, indemnizacion para así abarcar la mediación civil, lo que permitiría descongestionar el alto volumen de causas que se van a ver una vez que termina el estado de catástrofe, según la propuesta de la FENADAJ.

«Los juicios ya ganados por las Oficinas de Defensa Laboral han tenido mucha dificultad para ser cobradas».

2.- «Enfrentar cobranzas»:
En mediación laboral, la propuesta de la Federación nace frente a la necesidad de enfrentar el alto volumen de causas de cobranzas, es decir, juicios ya ganados por las Oficinas de Defensa Laboral, pero que han tenido mucha dificultad para ser cobradas. También se propuso una mediación comunitaria y vecinal, que aunque se está realizando en algunos lugares, exige un alcance a nivel país.

«Uno de los problemas más recurrentes en el actual estado de pandemia ha sido la imposibilidad de notificar».

3.- Centros Regionales de Receptores Institucionales:
“También proponemos la creación de Centros Regionales de Receptores Institucionales. Uno de los problemas más recurrentes en el actual estado de pandemia ha sido la imposibilidad de notificar y, sin duda, en el proceso intermedio que enfrentaremos tras la pandemia va a ser una las funciones que tendrá más requerimiento”, explicó Fachinetti antes de precisar que la propuesta gira en torno a dos aspecto:
El primero, una modificación legal relacionada a las actuaciones receptoriales pues actualmente en las CAJs existen receptores institucionales, nombrados por la Corte Apelaciones respectiva de una nómina de funcionarios que cada corporación envía anualmente a través de sus direcciones regionales, sin embargo, son insuficientes en número ya que no atienden todas las unidades operativas.
“En la mayor parte las causas, las CAJs dependemos del receptor de turno que no siempre cuenta con tiempo para realizar actuaciones gratuitas y que, post pandemia, realmente va a ser imposible contar con ellos”, agregó la dirigenta al precisar que la propuesta de la Federación es la creación, por cada jurisdicción de Corte de Apelaciones, de centros regionales de receptores institucionales dependiente de las direcciones regionales de la CAJ y cuyo nombramiento siga siendo realizado por las Cortes de Apelaciones respectivas, pero que se amplíen sus facultades para abarcar todas las actividades que realiza un receptor particular. Esto permitiría avanzar con proceso actualmente detenidos y cerrar muchas causas que están paralizadas”, dijo Fachinetti.
La segunda tiene relación con la notificación personal subsidiaria en el sentido de que no sea necesaria una nueva orden del tribunal para que el receptor pueda realizarla. A la vez proponemos modificar la notificación por cédula (que se realiza en juicios civiles respecto de resoluciones que ordenan comparecencia de las partes, la resolución que recibe la causa a prueba y la sentencia definitiva) reemplazándola por correo electrónico como sucede en otros procedimientos.

“Proponemos que se permita la comparecencia por videoconferencia de testigos y peritos, pero garantizando la autenticidad de estas pruebas, permitiendo el uso de sistemas electrónicos».

4.- Implementación de un sistema mixto de audiencias presenciales y videoconferencia:
La cuarta propuesta es la implementación de un sistema mixto de audiencias presenciales con audiencias por videoconferencia, y que se regule cómo se puede rendir la prueba presencial (testigos, declaración de peritos y confesional). Actualmente hemos podido realizar audiencias a través de este sistema, pero es importante que post pandemia podamos seguir ocupándolo.
“Proponemos que se permita la comparecencia por videoconferencia de testigos y peritos, pero garantizando la autenticidad de estas pruebas, permitiendo el uso de sistemas electrónicos. Ello requiere de una modificación legal para que la videoconferencia sea una modalidad en este proceso, lo que permitiría avanzar hacia una justicia digitalizada, más eficaz, con mayor comparecencia los testigos y también mayor eficiencia en el tiempo profesional, terminando con las esperas del inicio de los alegatos y audiencias, y evitando traslados. En definitiva, permite mayor eficiencia de los recursos”, expuso Fachinetti.

«La aplicación celular propuesta, «que hemos llamado Acceso a la Justicia en Tus Manos, debe tener una interfaz amigable y sencilla para los usuarios».

5.- APP ACESO A LA JUSTICIA EN TUS MANOS:
La propuesta, presentada por su autora, Paola Labbe, abogada y dirigente Nacional de Afuncajbiobio, plantea el desarrollo de una aplicación exclusiva para la interacción de los usuarios con el sistema y, de esta forma, modernizar a las CAJs permitiendo el acceso a la justicia de las personas de escasos recursos.
Durante los últimos tres meses, los más de 2 mil funcionarios de las CAJs han venido desarrollando e innovando en el sistema de atención, de tal manera, de estar más cerca de los usuarios. En ese contexto, explica Labbe, «hemos aprendido sobre las nuevas tecnologías, hemos estudiado y hemos buscado la forma de estar más cerca de las personas con las distintas plataformas».
La aplicación celular propuesta, «que hemos llamado Acceso a la Justicia en Tus Manos, debe tener una interfaz amigable y sencilla para los usuarios».
«Hemos pensado en una bienvenida a la corporación, con un registro que nos permita recabar la información necesaria para la estadística, con un inicio de sesión que busque y proteja la información de los usuarios, con un perfil no público y que considere Inteligencia Artificial de tal forma que la persona ingrese, señale su problema y que la Corporación responda por este vía sobre cuáles son las tareas, orientación y/o apoyos que debiera seguir el usuario según la lógica que entregue la Inteligencia Artificial», explicó Labbé.
El objetivo de la propuesta es que sea el mismo usuario quien pueda agendar la atención con el profesional, permitiendo también subir documentos, generar un archivo y mantener un chat que permitiría a los usuarios tener una permanente comunicación con el profesional.
«Hemos cotizado y esta APP debería salir aproximadamente entre 17 y 15 millones de pesos, para un sistema Android. Creemos que así podríamos aumentar la atención para el 2020, pensando siempre que las personas van a sentir que tienen el acceso a la justicia en sus manos», enfatizó Paola Labbe.

COVID-19: SIETE GREMIOS DEL SISTEMA JUDICIAL ACUERDAN POSICIÓN PARA EL RETORNO SEGURO

“No queremos mártires». Esta fue la consigna con la que este miércoles 17 de junio culminó la primera telereunión realizada por siete de los más grandes gremios del sistema judicial chileno, que integran magistradxs, fiscales, consejerxs técnicos, defensorxs públicos y profesionales administrativos, y que tuvo como objetivo «coordinar acciones en el ámbito de la pandemia».

Así lo explicó Claudia Fachinetti, presidenta de la FENADAJ, quien representa a más de 2 mil funcionarios que son parte de las 4 Corporación de Asistencia Judicial del país que entregan atención judicial gratuita a los sectores más vulnerables.

En la cita virtual estuvieron presentes Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados (ANMM); Asociación Nacional de Consejeros Técnicos (ANCOT); Asociación Nacional de Empleados Judiciales (ANEJUD); Asociación Nacional Democrática de Funcionarias y Funcionarios de la Defensoría Penal Pública (ANDFUD); Asociación Nacional de Profesionales de la Administración del Poder Judicial (APRAJUD); Asociación Nacional de Fiscales del Ministerio Público (ANF), junto a la directiva FENADAJ.

Tras el conversatorio, los dirigentes de los siete gremios debatieron sobre las condiciones mínimas para un eventual retorno a trabajo presencial y frente a los cual todas/os los asistentes estuvieron de acuerdo en «que mientras no estén las condiciones mínimas para garantizar la salud de los trabajadores y usuarios, no es posible un regreso al trabajo presencial», enfatizó Fachinetti que reiteró que al finalizar la reunión remota se acordó levantar la consigna “No queremos mártires» para sintetizar el acuerdo logrado por unanimidad.

La reunión se inició con un conversatorio con la prestigiosa doctora Nicole Tischler, viróloga e investigadora de la Fundación Ciencia y Vida sobre coronavirus, quien hizo hincapié en en las medidas de prevención y auto cuidado en tiempos de pandemia.

Fenadaj inicia ronda de reuniones con Asociación Nacional de Magistrados

Una reunión de análisis de situación y coordinación de acciones desarrollaron, en formato virtual, los dirigentes de la FENADAJ con la presidenta de la Asociación Nacional de Magistrados y presidenta de la Corte de Apelaciones de Valdivia, Soledad Piñeiro Fuezalida.

Los participantes, entre los que además de la magistrado Piñeiro estuvieron por la FENADAJ los dirigentes Claudia Fachinetti, Marcelo Inostroza, Jéssica Valenzuela y Andrea Moscoso, establecieron esta reunión como la primera de una serie que emprenderán para coordinar acciones para enfrentar el trabajo del aparato judicial en estos tiempos de aislamiento social.

En la reunión se estableció que uno de los puntos relevantes para ambas partes es garantizar la protección de la salud no sólo de los funcionarios, sino de los usuarios y la comunidad en general y garantizar el acceso a la justicia.

MINISTERIOS DE INTERIOR Y JUSTICIA SE PELEAN ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE DELITOS

En una reunión informativa desarrollada el 23 de diciembre entre los equipos de la División Judicial del Ministerio de Justicia y de la FENADAJ para abordar el futuro del trabajo en torno a las víctimas de delitos en Chile se acordó instar a que la atención a víctimas de delitos se mantenga en las CAJs, bajo el argumento que «es lo que jurídicamente corresponde». 

En la reunión, en la que participaron por la cartera del ramo el jefe de la División Judicial, don Héctor Mery, y la jefa del Departamento de Asistencia Jurídica, doña Simone Hartard, y por la FENADAJ asistieron su directiva nacional y las asesoras Solange Cornejo (Cavi ex La Granja) y Marta Latorre (Caj Biobio), se pudo conocer la posición del Ministerio de Justicia en torno al anuncio de octubre pasado del Presidente Sebastián relativo a la creación de la Defensoría de Víctimas, con el objetivo de dar mayor accesibilidad a la justicia en el marco de la Nueva Agenda Social.

La cita, que fue solicitada por la Fenadaj el 10 de diciembre, tuvo por objeto conocer información sobre las decisiones que desde el Ministerio de Justicia se estaban tomando en relación al anuncio realizado por el Presidente.

«Máxima prioridad»

Hasta ahora, según informaron los funcionarios ministeriales a los dirigentes, no ha habido ninguna determinación tomada en cuanto a la naturaleza, funciones o dependencia de los centros de atenciones de víctimas asistidas, como tampoco un plazo determinado para aquello. 

Sin embargo, en la reunión la definición desde dónde se centralizarán estas atenciones a las víctimas de delitos fue calificada “de máxima prioridad”.

Dicha definición se centra en mantener la atención de víctimas en los centros especializados e interdiciplinarios de las CAJs: Centros de Atención a Víctimas de Delitos Violentos (CAVIS) y Unidades de Atenciones a Víctimas de Delitos Violentos (UVIS) dependientes del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; o, en los Centros de Atención a Víctimas de Delitos (CAVD) del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

“No hubo dudas en calificar nuestro trabajo (el de los CAVIS y UVIS) como de excelencia, serio y profesional, lo que demuestra que brindamos las atenciones interdisciplinarias más completas que tiene el sistema y que considera el acompañamiento de la víctima en todo momento del proceso judicial, con apoyo sicológico, social y jurídico destinado a su reparación y la de su entorno”, enfatizó la presidenta de la FENADAJ, Claudia Fachinetti.

Duplicidad de presupuestos

Cabe destacar que, en este momento, la atención a víctimas de delitos enfrenta una duplicidad de funciones y gasto público porque mientras desde Justicia es desarrollada por los CAVIs  con cobertura nacional desde el 2001, el Ministerio del Interior lo hace desde el 2006 a través de sus CAVD, Centros de Atención a Víctimas de Delitos. Hay que recordar que las UVIS, dependientes también de las CAJs, lo hace desde el año 1994, con un modelo de atención interdisciplinaria que el año 2001 fuera consagrado con la creación de los CAVIS, que sólo el año 2018 atendió a 4.361 personas, dando lugar a 1.869 querellas. 

En este marco, agregó Fachinetti, las autoridades anunciaron que instarán al gobierno para que esta atención se mantenga en las CAJs del país, fortaleciéndola y ampliando su cobertura.

“Estas son buena noticias, sin embargo hay mucho camino que recorrer dado que el gobierno no ha tomado ninguna decisión hasta el momento, por lo que desde esta Federación llamamos a estar alerta respecto de la situación”, enfatizó la presidenta de la FENADAJ.

Jornada Nacional

La dirigente anunció que, en este marco, en marzo se convocará a los funcionarios de estos centros y unidades a una jornada nacional de análisis y trabajo para desde ahí, generar una propuesta al ministerio.

La única evaluación de los distintos sistemas de atención a víctimas de delitos en el sistema público fue realizado en 2008 por la Dirección de Presupuestos, Dipres, donde se concluyó que el servicio brindado por los CAVIS, de las CAJs, fue el más completo al “proporcionar el más elevado servicio de patrocinio y representación judicial y de los servicios de reparación integral a las víctimas de delitos en Chile”, remató Fachinetti documento en mano.

PRESIDENTA DE FENADAJ: “A LA AUTORIDAD Y LA PRENSA NO LE INTERESAN LOS POBRES”

Claudia Fachinetti, presidente nacional de 2.000 funcionarios de las CAJs, propone cambiar el nombre de la Corporación de Asistencia Judicial a Corporación de Justicia Social para comenzar a abordar la discriminación «clasista» que denuncian además alcaldes y académicos.

Primero fue la alcaldesa de Peñalolén, Carolina Leitao, quien acusó “clasismo en el trato a víctimas de la delincuencia”. Luego fue el abogado Carlos Peña, quien en su columna mercurial titulada “la rueda del clasismo” apuntó a los medios de comunicación, tanto “periodistas como editores”, de “simplemente reproducir los prejuicios irreflexivos que circulan en la sociedad” al darle menos cobertura a cinco muertos en un tiroteo en la población Carol Urzúa que al robo de una cartera desde un auto a una mujer en Las Condes. 

Claudia Fachinetti, presidenta FENADAJ.

En ese contexto, la Federación Nacional de Acceso a la Justicia (Fenadaj), organización sindical que aglutina a los más de 2.000 funcionarios que dan soporte a la tramitación gratuita de juicios para los sectores más vulnerables de la población -“que no pueden pagar un abogado”, enfatiza su presidenta, Claudia Fachinetti, se sumó a este reclamo generalizado en torno al clasismo jurídico en Chile al poner como ejemplo que sólo hay atención integral a Víctimas de Delitos Violentos en 20 de las 346 comunas del país.

-¿Es posible entregar justicia gratuita a todas las víctimas de delitos?

-Es posible e imperativo porque la Constitución así lo ordena, sin embargo, nuestras autoridades han centrado durante los últimos 25 años este derecho a los imputados a través de la Defensoría Penal pública y no a las víctimas de esos delitos, porque pensar que están cubiertos por las fiscalías y los fiscales es un error: ellos persiguen el delito, pero no defienden a las víctimas. Esos somos nosotros, a través de las cuatro Corporaciones de Asistencia Judicial (CAJ), pero estamos totalmente invisibilizados. A la autoridad y la prensa no le interesan los pobres.

-¿Entonces uno tiene más posibilidades como víctima de recibir asistencia jurídica gratuita en algunas comunas y otras no?

-En efecto. Si resides en Lo Espejo, por ejemplo, y eres víctima de delito no tienes acceso gratuito a atención jurídico, sicológica y social, en cambio si vives en El Bosque sí tienes cobertura. Ello porque en muy pocas comunas se garantiza este tipo de atención.

-Desde la CAJs, ¿cómo visualizan este “clasismo” en el acceso a la justicia denunciados por la academia y los municipios?

-De varias formas, pero tal vez la más significativa es que la atención de las cuatro CAJs en Chile está basada, hoy, en 4.000 egresados de derecho que rotan cada seis meses y que están obligados a trabajar ahí para obtener sus títulos profesionales. Una atención judicial integral dura meses, o años, no sólo con atenciones de sicólogos y trabajadores sociales, sino también legal, pues hay que presentar recursos, acciones, pruebas, investigar, redactar, alegar, cumplir plazos, etc… 

La atención de las cuatro CAJs en Chile está basada, hoy, en 4.000 egresados de derecho que rotan cada seis meses y que están obligados a trabajar ahí para obtener sus títulos profesionales.

-Cuál es el presupuesto que tienen hoy las CAJs por cada atención?

-Según nuestros cálculos, hoy nuestro presupuesto de atención por víctima es de $72.000 por usuario, una cifra ridícula si precisamos que el Estado gasta $700 mil por recluso al mes, por ejemplo.

-Ustedes tienen un cálculo de cuánto sería un presupuesto idóneo para dar acceso a la justicia social de los más pobres?

-Hoy tenemos un presupuesto de 46 millones anuales. Calculamos que al menos para dar acceso digno a nuestros usuarios requerimos el doble de esa suma. Quiero precisar que la Defensoría Penal Pública, que atendió en 2018 a 319.738 imputados de delitos -nosotros atendemos víctima de delitos penales, pero también civiles, laborales, de familia, adolescencia y tercera edad- fue de $60 mil millones al año. Nosotros, con $46 mil millones atendimos en 2018 a 661.244 usuarios. Por esta cifra incluso fuimos felicitados públicamente por el ministro de Justicia, pero en estos últimos años hemos perdido anualmente el 5% de nuestro exiguo presupuesto, lo que significa menos personal, mayor deterioro informático y falta de infraestructura para la atención digna y profesional.

En estos últimos años hemos perdido anualmente el 5% de nuestro exiguo presupuesto, lo que significa menos personal, mayor deterioro informático y falta de infraestructura para la atención digna y profesional.

-Quiénes cree son los más afectados por esta iniquidad social de acceso a la justicia?

-Las mujeres, los niños y las personas de la tercera edad porque son los más vulnerables de la sociedad. Por no tener acceso a la justicia en forma oportuna y gratuita, hay mujeres que han muerto por no accionar medidas cautelares, abuelos que pierden sus bienes a manos de desalmados… y los niños, a quienes se les vulnera sus derechos todos los días por parte de su entorno familiar y el Estado. Basta ver la situación del Sename.

Por no tener acceso a la justicia en forma oportuna y gratuita, hay mujeres que han muerto por no accionar medidas cautelares

-¿Qué propuesta haría a las autoridades en forma urgente?-Urgente, inyectar más recursos. Pero sabemos que requiere un acuerdo nacional de prioridades. Sin embargo, un primer paso sería cambiar el nombre a la Corporación de Asistencia judicial, que con este nombre da cuenta del clasismo ya que a los pobres se les da “asistencia judicial” y no acceso “igualitario a la justicia. Propongo el nombre Servicio Nacional de Acceso a la Justicia.