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COMITÉ TÉCNICO CONSULTIVO ZANJA METAS 2022 SIN HOMOLOGACIÓN

Como «la más difícil de las negociaciones de estos cuatro años de Gobierno» (piñerista) fue calificada por el presidente de la FENADAJ, Marcelo Inostroza, el avance en las negociaciones desarrolladas por el Comité Técnico Consultivo para definir las metas institucionales para el año 2022 y que dejó fuera la homologación de sueldos a igual función.

En la instancia participan los cuatro directores generales de las CAJ; cuatro representantes de la FENADAJ y el jefe del Departamento de Asistencia Judicial, DAJ, Sebastián Schmoller. El formato de trabajo se inicia con el planteamiento de las propuestas por parte de cada una de las corporaciones y de la Federación para luego ser sometidas a votación frente a la cual, de no hay acuerdo, dirime el jefe de la división judicial, Hector Mery.

-Cómo se ha desarrollado el proceso?

– El martes siete de diciembre se inició la discusión respecto de las metas 2022 y hay que señalar que en este caso la vista de las metas, tal como ha sido en estos cuatro años, fue bastante discutida y en muchos casos debió resolver el señor Mary porque no existía acuerdo en la mesa debido a que se produce empate entre los votos de las cuatro direcciones generales y los cuatro votos de la Federación.

-¿Cómo se avanzó?

– Se definieron las metas. Solo lamentar que una de las metas -que nosotros estimamos de mayor relevancia como es la de cuidado y desarrollo de personas- en que habíamos planteado también que se modificaran los reglamentos internos para hacer carne estas políticas de cuidado de personas, no se logró. Ésta fue planteada porque existen distintos tratamientos y los beneficios y obligaciones que tienen los trabajadores de las corporaciones son diferentes dependiendo de la Corporación en la que trabajen, por lo tanto, pensamos que la forma eficaz de homologar los beneficios de las obligaciones era modificando los reglamentos internos, lo que lamentablemente no se dio pese a nuestra insistencia. De alguna forma esto equivale -por muy productivos que sean los acuerdos- a no plasmarlos en una norma. Sin ello es difícil hacerlo realidad. De ahí nuestra aprehensión en torno al tema: no se acogió la idea de homologar los reglamentos internos lo que no requiere ninguna cuestión tan especial porque no involucra nuevos recursos, pero sí involucra tener la voluntad política de homologar la cancha para darle a todos los trabajadores los mismos beneficios de lo que son visible.

-¿Cuál es la posición de la FENADAJ?

– En la segunda jornada de reuniones del viernes 10 de diciembre los representantes de la Federación fueron muy conservadores en relación a las metas que se proponen alcanzar para el año 2022 atendidas las contingencias que se han debido vivir en este tiempo y que es muy probable se mantengan durante el próximo año. Una vez más se dio la lógica de que el empleador y el Ministerio intentaron arribar a cifras más gravosas para el desempeño de los trabajadores. Luego de mucho discutir se pudieron morigerar esas cifras y, en definitiva, se afinó la pauta de metas que debiera estar en conocimiento de todos los trabajadores y trabajadoras en los próximos días. Creo que ha sido la más difícil de las negociaciones, pero en todo caso no escapa a la tónica que se da durante estos cuatro años de Gobierno.

FENADAJ ANTE AMENAZA DE RETORNO ESTE 23 DE AGOSTO: “NOS OPONEMOS A INSTITUCIONALIZAR LA IMPROVISACIÓN Y LA ARBITRARIEDAD”

Como un balde de agua fría. Así fue definido por la FENADAJ el comunicado enviado esta semana a las cuatro CAJs del país fijando para el día 23 de agosto la ampliación del trabajo presencial, pasando de un máximo de 3 días a la semana, como es hasta ahora, a atención de lunes a viernes. El comunicado, además elimina al denominado grupo 2, es decir, a los trabajadores bajo cuyo cuidado hay menores y tercera edad.

“Fue sorpresivo recibir este comunicado mientras estábamos a la espera, de parte de las autoridades, de los comentarios a las modificaciones sugeridas en julio en una minuta de observaciones de 32 páginas que trabajamos en torno a los protocolos para dar este paso con la Mesa Nacional Covid”, enfatizó el presidente de la FENADAJ, Marcelo Inostroza, quien además señaló que en este comunicado “no se señala si esta propuesta de retorno es con jornada completa o parcial”.

«Preocupa además que se eliminen del catálogo de enfermedades que corresponde al grupo 1 varias afecciones como la hipertensión, desoyendo de esta forma las recomendaciones que ha hecho la autoridad sanitaria. De prosperar esta iniciativa del empleador, se pondrá en riesgo a un número importante de trabajadores  y a nuestros propios usuarios», agregó Inostroza.

-¿Por qué consideran delicado el documento en el que se propone el retorno a labores presenciales para el día 23 de agosto?

-Es delicado porque nosotros hemos dado una institucionalidad para protegernos de la pandemia y para cautelar también a la gente que nosotros atendemos. Esa institucionalidad está dada por los protocolos Covid, que son cuatro, y por los comités de crisis, que son los encargados de verificar la implementación de esos protocolos, de esas normas de seguridad, en todos los consultorios.

-¿Cómo operan estos comités?

-En cada Corporación hay un comité de crisis y, por ejemplo en la del Bíobio -que es la de mayor cobertura- de las más de 180 unidades de atención, hay alrededor de 60 planes de trabajo aprobados. Las otras 120 unidades de trabajo no se han aprobado no porque no se quiera, sino porque los consultorios no cumplen con los requisitos mínimos para garantizar un trabajo seguro, cuestiones tan básicas como tener baño, aseo permanente y  los metros cuadrados suficientes para que se den los aforos que instruye la propia autoridad sanitaria.

-¿Por qué cree que eliminan al grupo dos entonces?

-Creemos que eliminan al grupo 2 para que haya más gente disponible para atender presencialmente. En las condiciones actuales, la cantidad de trabajadores que se mantienen en trabajo remoto, en forma exclusiva, ya que se encuentran en grupos de riesgo 1 o 2, es un número importante de funcionarios, de tal suerte que pensar en atención de lunes a viernes requiere un contingente importante de trabajadores/as que no se cubre solo con quienes están fuera de los grupos mencionados. De imponerse la modificación que patrocina el empleador, ello tendrá una serie de consecuencias.

-¿Qué consecuencias?

-Primero, se somete a muchas personas con enfermedades  base a un eventual contagio que en sus casos, reviste mayor  peligrosidad. Por otro lado, al eliminar el grupo 2, se genera un problema práctico importante, para todos quienes tienen hijos menores y no cuentan con redes de apoyo que se ocupen de ellos. Además, se introduce otro factor de incertidumbre respecto de los trabajadores que viven con personas de la tercera edad, ya que se aumenta la posibilidad de contagio para estos, estando acreditado, que la gente mayor de contraer el virus sufre un riesgo mucho mayor que el de la población más joven. 

Todo esto, agrega Inostroza, «nos merece además una serie de reparos en la forma. La decisión de los Directores Generales se socializa estando pendientes las conversaciones con FENADAJ, sin que estas se hayan afinado. Una vez más se obra arbitrariamente, se da un golpe de fuerza que resiente la frágil relación que se ha construido con la administración de turno. Se vulnera  la propia institucionalidad que nos hemos dado para hacer frente a la pandemia. Evidencia de esto es que aun cuando los protocolos no han sido sancionados, de tal forma que no contemplan las adecuaciones por ejemplo para permitir que los centros abran más de 3 veces a la semana, ya se está pidiendo a los equipos de trabajo que amplíen los turnos para desplegar atención los 5 días laborales de la semana. Insisto: sin que exista norma vigente lo que posibilite».

-¿Qué esperan ustedes para los próximos días?

Simplemente que se den los espacios para una conversación seria con la autoridad. Hoy lunes 16 nos reuniremos, para exponer nuestra visión y expectativas. Todos queremos volver a las oficinas, pero para ello exigimos que se cumpla ni más ni menos con las exigencias que el propio MINSAL ha prescrito para un retorno seguro. No creemos que el 23 de agosto estén dadas las condiciones para reaperturar, en los términos que han planteado los Directores Generales en su comunicado, pero confiamos en que gradual y paulatinamente nos acerquemos a ello.

-¿Qué responde a las críticas de que no quieren volver a trabajar?

-Hay que ser súper claros: nosotros hemos trabajado con ahínco durante toda la emergencia sanitaria, y lo hemos hecho subvencionando con nuestros medios la evidente precariedad de nuestros servicios. Lo que ocurre es que la pandemia ha dejado en evidencia nuestra deficiente realidad, la carencia de herramientas para afrontar el reto que involucra llegar con nuestras líneas de acción a los más postergados.

 “NO A LOS PRACTICANTES COMO OBRA DE MANO”

«Hemos sabido extraoficialmente que se pretende incorporar a los postulantes a la primera línea de atención, como una forma de palear la menguada situación de los equipos de trabajo disminuidos por la gran cantidad de trabajadores exceptuados de atender presencialmente por problemas de salud», advirtió el dirigente antes de precisar que tal posibilidad «no nos parece razonable».

«Los postulantes no son funcionarios de la institución. Su actuación en las CAJ se circunscribe a los límites que la propia ley define. Ellos pasan por las Corporaciones únicamente para cumplir con la practica profesional, que los habilitará para obtener el título de abogados», explicó Inostroza para quien estos practicantes «no cuentan con la expertiz ni la capacitación para tender a nuestro público. No reciben una remuneración, ni siquiera cuentan con un seguro que los proteja. Creemos que de prosperar esta iniciativa se estaría cayendo en una abierta ilegalidad. Nos oponemos a que sean usados como mano de obra barata. Es indigno».

DIÁLOGO PERMANENTE, ALIANZAS, RRSS Y SUMAR A LA COMUNIDAD: LOS EJES FUNDAMENTALES DE LA NUEVA DIRECTIVA DE LA FENADAJ

Marcelo Inostroza, actual presidente de la AFUN Biobio y nuevo presidente de la Federación de Acceso a la Justicia (FENADAJ) -que representa a más de dos mil trabajadores de las CAJs- explica la mirada en que profundizarán para ser escuchados en las tomas de decisiones que, desde distintas vitrinas políticas, surgen para enfrentar un tema tan dolorosamente ausente: una política pública de acceso a la justicia digna, eficiente y eficaz.

Marcelo Inostroza, presidente de la FENADAJ.

-Si puede resumir en tres ejes. ¿Cuáles son las prioridades que quiere abordar en estos dos años de gestión que comenzó a comandar desde la FENADAJ?

-Todas las instituciones tienen un periodo de formación, de maduración, de consolidación y, muchas veces, también un período de declinación. Nuestra Federación, que es joven, en las líneas que enfrentamos ha tenido un gran crecimiento y en los últimos tiempos ha entrado en un periodo de maduración. Eso significa que el discurso necesariamente debe refinarse y generar una reflexión sobre las formas que deben asumirse las líneas de acción a implementarse para conseguir los objetivos. Objetivos que ya, desde hace un tiempo, están bastante claros. Lo que nosotros perseguimos es un servicio de acceso a la justicia que reúna las condiciones mínimas para prestar, a quienes nos requieren, aquella asesoría que exigen y merecen, con estándares de calidad que pasan por contar con los medios, las herramientas y con profesionales que estén a la altura de ese desafío, en un entorno, en una orgánica que se haga cargo de esas necesidades y genere una respuesta eficaz y efectiva ante esa necesidad colectiva. 

-¿Cómo se consigue eso?

-Hasta ahora, si bien ha habido propuestas, la reacción nuestra ha sido un poco reactiva ante la iniciativa que ha tenido, o más bien la poca iniciativa que ha tenido, la autoridad de turno para establecer una política pública de acceso a la justicia. Esta política no existe porque la autoridad también reacciona ante la contingencia, pero, en definitiva, no hay una visión de Estado, de mediano y largo plazo, que se haga cargo de esto. 

-¿Qué proponen entonces?

-Que seamos parte de la formulación de esa mirada de la reflexión y de la propuesta de lo que debe ser  la justicia en Chile y, para eso, un espacio que debe potenciarse es la participación de los trabajadores, es decir, no esperar la acción del Ejecutivo, de la autoridad, sino que contribuir desde nuestra vereda, con ideas y mecanismos que innovando tiendan a acercarnos a un concepto realizable y posible de un servicio nacional de acceso a justicia que cumpla con los estándares que hemos señalado reiteradamente. Para que la justicia sea una realidad y no una mera quimera. Por lo tanto, debemos fortalecer, en el plano interno, espacios de trabajo permanente, que aborden estas temáticas incorporando otros actores relevantes, una nueva justicia no es solo labor del Minju, es una tarea nacional. En ese orden de ideas estamos obligados a escuchar a todos los incumbentes, de modo tal que estos referentes contribuyan con su visión a generar consensos que, más temprano que tarde, puedan consolidar esa nueva opción por lo que debe ser la justicia en Chile. Juntos podemos conseguirlo.

-En torno a la tramitación de la nueva defensoría de víctimas en el Congreso, ¿cómo continuará la estrategia para tener voz en este proceso?

-Seguiremos impulsando las líneas de acción implementadas. Hasta ahora con el Minju es difícil negociar porque nuestras posiciones hasta ahora son encontradas. Eso pese a los esfuerzos que hicimos para llegar a acuerdo. Recordemos que fuimos convocados únicamente después de que la Comisión de Constitución le pidió al ministro que nos recibiera, pero ese diálogo con el ejecutivo, la verdad, no ha sido fructífero, por lo tanto, perseveraremos en generar alianzas con otras autoridades, con los parlamentarios de distintas bancadas, por ejemplo, para plasmar en ese diálogo las convicciones que tenemos respecto a lo que debe ser un servicio nacional de acceso a la justicia. Ese intercambio de ideas se dará además con otras autoridades, con los candidatos presidenciales, los presidentes de los partidos políticos… en suma, con todos aquellos sectores que tengan algo que decir en la materia, contactos que mantendremos en el tiempo. 

“No existe una política pública de acceso a la justicia porque la autoridad también reacciona ante la contingencia, pero no hay una unidad de Estado, de mediano y largo plazo, que se haga cargo de esto”.

-Qué crítica hacen en este sentido?

-Una de las deficiencias que hemos acusado es que no se ha relevado la importancia de la justicia como uno de los pilares estratégicos en el desarrollo del país, no basta con que se consagren y reconozcan derechos, es necesario garantizar su ejercicio, de otra forma, esas conquistas son letra muerta. Por lo mismo es que todas las fuerzas vivas de la comunidad deben ser parte de este debate. Lo que hemos visto en este gobierno es ausencia de diálogo y eso debe cambiar. 

-Qué opinan como dirigentes en torno a la participación que se debiera tener en el proceso constitucional, donde el tema de la paz social y el acceso a la justicia es tan importante.

-Es un tema fundamental. El acceso a la justicia es lo que hace carne todos los derechos que pueden plasmarse en una Constitución, por lo tanto, hay que conseguir que la mirada de los constituyentes entienda esto como un resorte para hacer efectivos los derechos que consagre la Carta Fundamental. Esto es absolutamente prioritario porque servicios como los que nosotros brindamos son el vehículo que permite ejercitar esos derechos en la cotidianeidad. La mirada que se de a la justicia, desde la Constitución, va a ser la vía para posibilitar, dentro de un Estado de Derecho, los cambios que se requieren, por lo tanto, esa conversación con los constituyentes es un ámbito en que nosotros como trabajadores y dirigentes buscaremos y propiciaremos. 

-En el Plan Paso a Paso, ¿cuáles serán los estándares que reclamarán como mínimo ante las autoridades.

-Quisiera extenderme un poco en esto respecto de cuáles son los ámbitos de acción del trabajo gremial nuestro. Hay ciertos temas que son permanentes y que deben estar claros. Hay que definir ciertos hitos para trabajar en torno a ello. El hito más grande es lograr un estándar apropiado para el servicio, de forma tal, que podamos cumplir con nuestra labor. Eso significa mejores medios, herramientas, presupuesto adecuado, capacitación para nuestra gente, etcétera. Ese es el norte, porque esto se plasma en un mejor acceso a la justicia. Pero, así como este es el gran norte, hay otras estrategias que responden a la coyuntura y, en ese contexto, la actual contingencia, el avanzar y obtener que se respeten aquellos estándares mínimos que aseguren la vida y la salud de los trabajadores de las corporaciones y de nuestros usuarios, es una cuestión central. Hemos sido eficaces hasta ahora en lograr que ello ocurra: hemos sido parte de la Mesa Nacional COVID en justicia, participado de los acuerdos, estamos integrando los comités de crisis que se generaron en cada corporación para velar por el cumplimiento de estos estándares mínimos y, en ese sentido, mientras dure la pandemia y estemos en esta emergencia sanitaria, nuestra labor tiene que tener como uno de sus objetivos asegurar que esta conversación se mantenga y se respeten aquellos estándares que ya se han definido. Tenemos un protocolo nacional Covid que generamos junto a los directores generales y junto al Ministerio que se está aplicando en las cuatro corporaciones y hemos logrado, a través de los comités, hacer que estos estándares se respeten. Prueba de ello es que, conociendo la precariedad de las instalaciones que tenemos, nuestro servicio no tiene atención presencial y no la tiene no porque los trabajadores no quieran, sino porque no se cuenta con las condiciones mínimas para hacerlo con ciertos niveles mínimos de seguridad. En ese sentido, hay que seguir con ese trabajo, hay que incrementar la presencia y una de nuestras propuestas es que las cuatro corporaciones cuenten con herramientas técnicas para hacer frente al debate y a la discusión que se da en este ámbito en cada corporación.

“El acceso a la justicia es lo que hace carne todos los derechos que pueden plasmarse en una Constitución, por lo tanto, hay que conseguir que la mirada de los constituyentes entienda esto”.

-¿Cómo lo harán?

-Para eso hemos definido proporcionar asesoría especializada de profesionales en materia sanitaria, a los miembros de los comités de crisis, de forma tal que nuestros representantes cuenten con insumos técnicos que contribuyan con solvencia, en la generación de estrategias de prevención. También hemos agendado reuniones permanentes de coordinación con todos los comités de crisis que funcionan en las cuatro corporaciones como una forma de uniformar criterios.

-Con el #sinplataesletramuerta ustedes demostrados que la estrategia digital es parte del proceso de trabajo sindical. ¿Cómo llamaría a las bases a sumarse a este proceso hoy tan fundamental como sistema de comunicación?

-Eso es básico. Está más que demostrado que las redes sociales son primero un medio de denuncia efectiva y de articulación con otros y otras, con otros entes y con otras personas, que permiten aglutinar y relevar los temas que nos interesan, por lo tanto, toda política, toda línea de acción que se implemente, debe contar dentro de su arista necesariamente con una política comunicacional que involucre el uso de las redes sociales. Hemos tratado, ya desde hace un buen tiempo, de incentivar a nuestra gente para que utilice Instagram, Twitter y todas las otras redes sociales que se dispongan para poner en el tapete los tópicos que nos interesan. Es un camino en el que tenemos que seguir mejorando. 

-¿Qué otro punto agregaría o destacaría para su gestión, debido al amplio respaldo que obtuvo?

-El respaldo que tuvo nuestra lista es un aliciente. Fuimos las cuatro primeras mayorías, y eso nos llena de satisfacción. Es un respaldo claro, un indicio de que el trabajo que se ha desplegado ha surtido efecto. Pero también nos compromete. Debemos ser capaces de avanzar con todos y para todos y para ello es relevante fortalecer la estructura interna de la Federación y su institucionalidad.

“Los constituyentes tienen mucho que decir. La mirada que se de a la justicia desde la Constitución va a ser la vía para posibilitar, dentro de un Estado de Derecho, los cambios que se requieren”.

-En estos tiempos de desmovilización política, ¿tienen alguna estrategia?

-… Generar un mayor espacio de conversación y debate con las bases. Fortalecer, por ejemplo, el Consejo de Presidentes, que es una estructura que no es parte de los estatutos, pero que consideramos importante. Para ello impulsaremos reuniones permanentes de este consejo, de forma tal que la conversación y el debate tan propio de las asambleas se de con cada uno de nuestros dirigentes con mas periodicidad. El feedback es imprescindible, por lo mismo, si contamos con más canales de interacción, la gestión se fortalecerá. Son tiempos que seguirán siendo complejos, pero tenemos mucha fe en que los cambios que experimenta nuestra sociedad necesariamente impactarán en la justicia. Nosotros contribuiremos con decisión a que ello ocurra.

Noticia fue parte de la pauta periodística de El Diario el Sur este 22 de enero.

TRIBUNAL LABORAL ORDENA A AUTORIDADES DE CAJ BIOBIO DISCULPARSE Y REPARAR A DIRIGENTE FENADAJ

El Tribunal del Trabajo de Concepción ordenó a la Corporación de Asistencia Judicial de la Región del Bío Bio publicar sendas notas en dos medios regionales y tres medios locales para disculparse y reparar «ante los funcionarios del país» del servicio la honra del dirigente nacional de la FENADAJ, Marcelo Inostroza Aparicio, quien fue acusado en marzo del año pasado públicamente por autoridades de incumplimiento de funciones e, incluso, revelado el monto de una de sus remuneraciones.

El fallo reconoció así que la Corporación de Asistencia Judicial de la Región del Biobío incurrió en una abierta vulneración del derecho a la honra de Inostroza en una entrevista dada por el Presidente del Directorio de la Corporación, Sergio Vallejos y el Director General Subrogante, Gonzalo Contreras, en medios de comunicación de la zona en abril del año pasado.

Para Inostroza, «el fallo es una muestra evidente de la falta de prolijidad y ausencia de empatía por parte del empleadores, por lo mismo, es fundamentalmente relevante haber obtenido este triunfo en el tribunal laboral, sin perjucio de que la sentencia pueda ser recurrida, como creo que será por el opositor. Esperamos que esta se mantenga en la Corte de Apelaciones. Es un fallo importante en el mundo gremial, particularmente, en el ámbito en que nos desarrollamos como es el de la justicia».

(Photo by Wesley Tingey on Unsplash)

RESOLUCIÓN

En la entrevista por la que fueron sancionadas las autoridades se aludió «de forma parcial e imprecisa a las observaciones de un informe de Contraloría sobre el cumplimiento de la obligación de registrar asistencia de los directores gremiales, y, en particular, se hace referencia al monto de la remuneración que percibió por el mes marzo de 2019, luego de acotar que era parte del personal movilizado», dice el fallo.

Y agrega que «en conformidad a lo prevenido por el artículo 495 número 3 del Código del Trabajo, como medida de reparación, se ordena a la demandada poner en conocimiento de los funcionarios de las Corporaciones de Asistencia Judicial de todo el país e informar en dos medios regionales y tres medios locales de comunicación, el resultado del presente juicio».

El cumplimiento del fallo, en el que además se «expresan disculpas al señor Marcelo Inostroza Aparicio frente a la afectación de sus derechos establecidas», deberá efectuarse dentro del plazo de 20 días corridos desde la fecha en que quede firme y ejecutoriada la sentencia.

Se aludió «de forma parcial e imprecisa a las observaciones de un informe de Contraloría sobre el cumplimiento de la obligación de registrar asistencia de los directores gremiales, y, en particular, se hace referencia al monto de la remuneración que percibió por el mes marzo de 2019, luego de acotar que era parte del personal movilizado».