Casi $16 mil millones, lo que representa el 33,2% de los $47.778.827.170 del presupuesto anual en personal que implica hacer funcionar las corporaciones de asistencia judicial (CAJs), que entregan apoyo judicial a los sectores más vulnerables de Arica a Coyhaique, es lo que la federación de trabajadores que la integran aseguran deben inyectarse a lo que pretende ser el nuevo Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctima.

Así lo precisó Claudia Fachinetti, presidenta de la FENADAJ, federación que agrupa a más de dos mil trabajadores de CAjs, tras un estudio solicitado a la Fundación Sol y que es la primera cifra seria entregada para precisar los alcances de la reforma con la que el gobierno de Piñera busca responder a las víctimas de delitos hoy no acogidas por el Ministerio Público.

Pese a la insistente campaña de los trabajadores con el hashtag #sinplataesletramuerta para alertar sobre la falta de estudios y financiamiento de esta nueva propuesta piñerista, finalmente la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara Baja aprobó, el jueves 11 de marzo, por siete votos contra seis, la idea de legislar del proyecto que crea el nuevo Servicio.

Fachinetti reiteró que, pese a haber participado en siete reuniones en una Mesa de Trabajo con el Ministerio de Justicia y DDHH, en la presentación ante la comisión, la cartera no entregó nuevos antecedentes para garantizar “seriamente” que se mejorará un nuevo sistema de entrega de justicia a los que ellos no se oponen.

#sinplataesletramuerta

La dirigente reiteró que en el congreso se sigue adelante con un proyecto que está aún sin presupuesto ni estudios de cobertura y/o soluciones a los graves problemas de infraestructura denunciados por cerca de 19 intervinientes en la sesión del 20 de enero ante la misma comisión que, pese a postergar la votación del proyecto en general a la espera de que el gobierno mejorara su propuesta de nuevo servicio, “esto no pasó”, dijo Fachinetti.

“En esta sesión del 11 marzo volvimos a exponer, tanto el ministro como la FENADAJ, los mismos puntos, con la salvedad que el ministro Hernán Larraín anunció que se iban a presentar indicaciones, sin señalar cifras ni nuevo financiamiento, sino que simplemente dando los títulos de aquellas”, insistió Fachinetti.

MESAS DE TRABAJO

En la sesión, Larraín informó sobre el desarrollo de dos mesas de trabajo levantadas: una orientada a la Defensoría de Víctima, con expertos en la materia –“a la no se nos citó pese a, precisamente, ser expertos en el modelo desde el año `94”, enfatizó Fachinetti. Por su parte, la 2da mesa fue la conformada por el ministerio y la FENADAJ, pero hasta ahora esperamos “que se nos entreguen respuestas a nuestros planteamientos, salvo las que conocimos sólo en la sesión del pasado 11 de marzo”, agregó Fachinetti.

-¿Qué montos concretos requeriría el nuevo sistema?

-Financiamos como trabajadores un estudio con la Fundación Sol y según esos datos, el costo anual en personal es actualmente de $ 47.778.827.170. Mientras la homologación de remuneraciones implicaría un aumento de $ 3.685.368.099, que equivale a 7,7% de costo anual en personal, homologar o completar jornadas significaría un aumento del costo de $ 12.289.617.860, que equivale a 25,5% de aumento. En total, significaría inyectar platas por $ 15.854.071.431, es decir, 33,2% de aumento del presupuesto destinado a personal. En lo que dijo el ministro no hay ni una cifra en relación a las indicaciones que prometió presentar. 

-¿Cuáles fueron los planteamientos que ustedes formularon en dicha mesa?

– Fueron las 6 condiciones mínimas para el establecimiento de un nuevo servicio. De ellas, el ministro anunció indicaciones acogiendo nuestra crítica a una definición de objeto de más amplia del objeto de la Defensoría de Víctimas. Asimismo, planteamos la necesidad de crear un articulador de la red, llamado gestor de casos, para esta defensoría. Sin embargo, nuestra petición de homologar las condiciones en que trabajamos en las CAJs, tanto en remuneraciones como en jornada, nos señaló que ello no era posible. Nosotros entregamos cifras de aquello. El ministro Larraín no presentó ninguna cifra, tanto que fueron las mismos diputadas y diputados de la Comisión, quienes le hicieron notar la falta de recursos que tenían sus propuestas.

-Se consideró la justicia restaurativa?

-En el articulado no queda muy claro la incorporación de mecanismos alternativos de resolución de conflictos, pero el Ministro advirtió que serán a incorporar en una indicación. Lo mismo que la focalización de la atención de víctimas. Va a ser modificado estableciendo criterios de focalización ya que una de las críticas más reiteradas ha sido que no se pueden abordar todos los delitos ni todas las víctimas. 

-¿Quedó claro el modelo que el ministerio está defendiendo?

-Nuevamente sólo señaló que lo harían a través de la indicación que presentarán y que se incorporará el enfoque que está dando un estudio de la Universidad Católica.

-¿Qué sucede con la estructura del servicio?

-El ministro señaló en la sesión que, acogiendo lo que nosotros señalamos, va a presentar indicación modificando la estructura que está planteada en el proyecto, eliminando las macrozonas y creando direcciones regionales. Sin embargo, precisó que aún se está trabajando con la Dipres. Tampoco quedó claro el rol de la dirección técnica. Nosotros como Federación exigimos que existan coordinaciones técnicas de cada línea de acción, que también dice estar trabajándolas con la Dipres. En cuanto a la dotación, el Ministro Larraín expuso que se proveerá una especial para que el servicio se haga cargo de la nueva línea de acción de Derechos Humanos, pero tampoco señala los recursos que para ellos se puedan necesitar. Y en cuanto al Consejo Nacional de Acceso a la Justicia, acogió en parte nuestra observación, señalando que debe aclararse que el rol es asesor y nunca directivo. No incorpora, eso sí, contar con los trabajadores que también están incluidos en este Consejo.

-¿Qué pasa con las normas de funcionario?

-El ministro señaló que se incorporarían también haciendo eco a una precisión nuestra de generar concursos internos como regla general y concurso público o contratación directa en casos excepcionales y fundados. Eso para favorecer la carrera funcionaria. En cuanto a la profesionalización del servicio, dijo que como regla general se entregaría prestaciones profesionales, no obstante seguir manteniendo el sistema con las prácticas de los postulantes (estudiantes de derecho). 

-¿Se abordaron las homologaciones de jornadas y sueldos?

-El Ministro dejó claro que no iban a abordar la homologación de remuneraciones y jornada. Nosotros llevamos una propuesta con cifras, pero intervino señalando que aquello no era posible. A nosotros nos llama mucho la atención la posición del gobierno, pues es en clara contraposición de lo que dispone la ley de bases de la administración del Estado, que en su artículo 52 establece el principio que a igual función, igual remuneración. Sin embargo señaló que se harían cargo de las deficiencias de infraestructura. Por el momento solo tenemos esas promesas, pero no hay nada concreto. 

-Cuál es la posición de ustedes?

-La misma de siempre. No es posible hacer creer a la comunidad que se le entregará un nuevo servicio sin recursos. Nosotros sólo pedimos el cumplimiento de condiciones mínimas para un nuevo servicio, que son las que establece la propia Ley de Bases de la Administración del Estado. 

-¿No se avanzó nada, entonces?

-Nosotros continuamos con la crítica porque el proyecto sigue siendo el mismo que fue criticado ampliamente el día 20 de enero y, en esta sesión del día 11 de marzo, correspondía que los diputados y diputadas se pronuncian respecto a la idea de legislar y, como era de esperar, los diputados de derecha votaron sin mayor fundamento por aprobar la idea de legislar, en cambio, el resto de los diputados fueron claros en señalar de que si no habían recursos era muy difícil que se pudiera dar cumplimiento a lo que el mismo proyecto anunciaba, por lo tanto, no se podía legislar en base a ideas o simplemente buenos deseos que pudiera tener el ministro. Insistieron que faltaba saber con qué recursos se contaba.

-¿Cuál fue el voto que inclinó la balanza al apruebo?

-El presidente de la comisión, Matías Walker, definió al empate votando a favor de la idea de legislar y haciendo la prevención, eso sí, que esperaba las indicaciones que iba a presentar el Gobierno para ver si efectivamente se cumplía con lo que estaba prometiendo el ministro en esta sesión. De esta manera se aprobó 7 a 6 la idea de legislar y en este momento se abre y la posibilidad de presentar indicaciones que son las que prometió el ministro y, luego de ello la misma comisión trabajará sobre el particular, es decir, sobre cada artículo del proyecto de tramitación del proyecto que crea el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctima.

LINK de la sesión de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara de Diputados del día 11 de marzo pasado.https://www.camara.cl/prensa/television.aspx