DANIEL STINGO, ABOGADO CONSTITUYENTE: «LAS CAJs DEBERÍAN TENER MÁS RELEVANCIA. REQUIEREN MÁS LUCAS»

De los 155 constituyentes, la entidad que redactará una nueva Constitución para Chile a partir del 4 julio, 61 son abogados. Daniel Stingo, de la Universidad Católica, es tal vez el más conocido de todos por ser el primer rostro de televisión en ganarse un espacio para hablar desde los temas de justicia. Desde esa tribuna insiste en que pese a que la actual Constitución garantiza el acceso a ella, «hay que profundizarlo un poco más» para terminar con «la justicia para ricos y para pobres», dice en entrevista con FENADAJ. 

«En la Constituyente ni siquiera hemos preparado nada, ni un reglamento de cómo vamos a hacer la Constitución, pero está la idea de fortalecer el acceso a la justicia, por supuesto. Hoy tenemos la Corporación, pero yo creo que es un poco-poco», dice en referencia al rol de las Corporaciones de Asistencia Judicial, CAJ, que en año normal atiende y contiene en temas legales a casi 600 mil personas en vulnerabilidad.

“Ah!, los abogados de la municipalidad?!… lanza en su particular estilo para opinar que parte del problema es que «las CAjs deberían tener más relevancia. Requieren más lucas.» 

Qué piensa en torno a esta sistema, su cobertura y presupuesto, dificultades, estudiantes en práctica, soluciones e instancias de conversación resumidas a continuación en una entrevista que también puedes seguir en este video:

DANIEL STINGO, UNO DE LOS 61 ABOGADOS ELEGIDOS EN LA CONVENCIÓN CONSTITUYENTE.

Justicia como derecho social

«La justicia social para mí tiene que ver con el acceso, pero también de disponer: que alguien tenga salud accesible, rápida y que no le pateen su hora al médico especialista un año más; que los hijos de esa persona puedan ir a un colegio público con una buena educación comparada con la del colegio privado. También las pensiones. Diría que, desde mi visión, no está considerada aún para los derechos sociales. En el artículo 19 (de la actual Constitución) no todos son prioritarios en materia de derechos sociales garantizados por el Estado. Deberían ser todos, pero lo que hay que cambiar son los derechos sociales del Estado social que son educación, salud, pensiones y vivienda. Eso es lo que el Estado tiene que garantizar de forma rápida, urgente, porque ya están entregados a los privados y eso es lo que tiene que volver al Estado. Otra cosa son otros derechos que, en teoría, están siendo entregados por el Estado, como la justicia, pero se está haciendo mal, que es distinto.»

Justicia en deuda

«Que la justicia, el día de hoy, está al debe, concuerdo con eso, obviamente. No soy ciego, soy abogado. Veo cómo lo pasan muchas mamás en materia de familia que demandan la pensión de alimento y no pasa nada. En justicia de familia estamos mal. En justicia laboral hay tardanza. En Santiago, por ejemplo, (tribunales) están absolutamente sobrepasados, no se respetan los plazos, sentencias, cobranzas. Y en materia civil, para qué decir lo lento que es cuando estás cinco años en un juicio civil. Policías locales son un chiste, perdóname que lo diga así. Hay que cambiarlo por justicia vecinal, con otros sistemas. Diría que avanzó un poco en penal, en tema de familia, pero la forma y no el fondo. Procesalmente está bien lo laboral, familia – las modificaciones fueron buenas- pero en el fondo es cómo tenemos mayor cantidad de jueces, por ejemplo, mejores métodos de cobranza, etc. Diría que eso es materia de la Policía Local. Hay que modificarlo.»

Justicia vecinal

«Deben desaparecer los juzgados de Policía Local y cambiarse por justicia vecinal. Hubo un proyecto en Chile, donde me tocó participar hace unos años, como proyecto piloto y funcionaron bastante bien, pero lo dejaron botado. Es una cosa ambigua entre lo municipal de la que depende, del alcalde, por un lado, y por otro lado de justicia, una cosa muy rara. Además, es como un botín ser jueces porque además pueden ejercer en otros lados. Creo que hay que tomarse en serio la justicia vecinal porque hartos problemas nos ahorraríamos.»

Presupuesto garantizado

«(Desde la Constituyente) No podemos garantizar un presupuesto, porque lo ve la Ley de Presupuesto, pero sí estudiar, por ejemplo, constituciones comparadas de países donde sí funciona la justicia para que las personas de menos recursos puedan acceder y después darle el pase al Congreso, que tendrá que hacer esos cambios. Creo que en Chile todos sabemos que hay justicia para ricos y para pobres pero no hacemos nada para cambiarlo. No se trata de subirle penas a los delitos de cuello corbata, hay que meterle lucas al sistema de administración de Justicia donde los pobres van cuando sienten que han sido pasados a llevar. Desde la Constituyente no podemos… tal vez, desde alguna forma, presentar un recurso en caso que se le niegue el acceso a la justicia y ahí los mismos tribunales ordenen que se dé Justicia, pero es contradictorio porque son ellos los que tienen que dar justicia, entonces no tiene mucho sentido. Creo que eso es materia legal, pero para eso se necesita voluntad política, que ha faltado de todos los colores. Las Constituciones no ven presupuestos. No conozco ningún artículo de la Constitución, esta o de las anteriores, que vea presupuesto… Poner una norma de obligatoriedad que uno pudiera hacer efectiva, eso puede ser a través de la Contraloría, alguna obligatoriedad para que el Estado se preocupe, pero insisto: esto pasa por una cuestión de voluntad política de los Gobierno y también de la presión de la ciudadanía cuando un tema de interesa. O sea así de brutal es.»

La presión social

«Creo que (al tema justicia) le falta esa presión social. Hubo cambios: los juicios de menores, en los tribunales de Menores, eran realmente lo peor de lo peor. Y se cambió el Tribunal de Familia pero en la materia de pensión está al debe. Los tribunales de Menores eran diez veces peor que los tribunales de Familia. Se perdían los expedientes, era terrible. En materia laboral también se mejoró en términos de tiempos. Los tribunales laborales antiguos eran cosas eternas, con cuatro años por juicio pero no se respetan los plazos, o sea, un mes entre la presentación de la demanda y la audiencia preparatoria; otro mes para la audiencia de juicio y 15 días para la sentencia. Vaya a obtener usted, por lo menos en Santiago, juicios en ese plazo!» 

El problema del abogado que me defienda

«El problema para la gente es cómo tengo un abogado que me defienda y ahí está el tema. Y es en eso en que el Estado debería invertir. Vamos más allá: ¿Por qué los estudiantes de derecho que se van a recibir tienen que hacer una práctica gratuita para el Estado de seis meses de su vida?, ¿por qué no lo hacen los veterinario, los economistas, los médicos y sólo se obliga a los abogados en Chile a hacer una práctica gratuita para la Corporación? Eso debiera ser reemplazado. Meter más abogados, ya hechos y derechos, pagados para el Estado para defender a la gente. Tal vez ese debiera ser el cambio sustancial: pagarle a abogados que se hagan cargo como titulares en las corporaciones y sacar el efecto del estudiantado como pasa en el área laboral, donde siento que en las corporación funciona muchísimo mejor porque tienen muy buenos abogados, trabajando encima, ellos mismos son los que van a las audiencias, tienen buenos resultados, tienen experiencia.» 

Justicia como prioridad Constitucional

«No es que no sea prioridad, porque uno pudiera decir: ¿cambiar el sistema de gobierno es prioridad? Cuando nos toque hablar del sistema de gobierno vamos a ver si el presidencialismo se va a mantener, o semipresidencialismo, Y cuando nos toque el tema de la justicia, vamos a poder analizar el sistema portugués, por ejemplo, separar en el Poder Judicial las labores jurisdiccionales de las labores disciplinarias, sacar también el manejo de platas de la Corte Suprema y pasarlas a esta corporación, que dicen algunos, o también las labores del nombramiento de jueces. Separar eso. Podemos preguntarnos cómo los pobres van a poder tener acceso a la justicia y ahí podemos conversar. Ahí va a ser muy interesante cuando conversemos: dejémonos de patrañas, vamos a seguir con las “corpo” (Corporaciones) en que los cabros están seis meses y donde los abogados son mal pagados? O vamos a hacer una institución más robusta en que los chilenos y las chilenas puedan acceder efectivamente a un abogado gratuito que el Estado le provea como, por ejemplo, tienen las Defensorías. En la materia penal ya está solucionado: tenemos Defensoría Penal. ¿Por qué no podemos tener una Defensoría penal o laboral fuerte, robusta, mucho más en materia de familia? Creo que esa va a ser una conversación que vamos a tener que tener cuando llegue el momento de hablar de la justicia.»

FENADAJ debe ser recibida 

«No tenemos reglamento todavía de cómo lo vamos a hacer, pero tenemos toda la intención de escuchar a todos los sectores que vayan a sentarse a contarnos qué creen ellos podría o debería ser. De hecho, ahora hemos tenido varias conversaciones. Yo he conversado con fiscales, jueces, pescadores, porque todo el mundo está planteando lo que ellos creen debería estar en la Constitución también, entonces es ahora, pero también va a ser cuando toque ese tema en la Constituyente. Obviamente que (la FENADAJ) tiene que ser recibida.

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