COMUNICADO N° 11-2019, 21 OCTUBRE DE 2019


Estimadas/os Dirigentes de Base y Asociadas/os:

Dada la contingencia y que las dificultades denunciadas el día de ayer continúan sin que la autoridad se haga cargo de la crisis social que estamos viviendo, reiteramos que nuestra mayor preocupación es la seguridad e integridad física de los y las trabajadoras de nuestras CAJs, por lo que instruimos a nuestros/as asociadas/os:

1.- Que mientras se mantengan las actuales circunstancias, los trabajadores y trabajadoras deben velar en primer lugar por su seguridad y la de sus familias, evitando asumir riesgos innecesarios.

2.- Cuando el desplazamiento al lugar de trabajo sea causa de peligro, se justifica plenamente la ausencia, la que deberá informarse al jefe directo por la vía más expedita y oportuna.

3.- Del mismo modo se justifica el retiro de los trabajadores y trabajadoras de sus lugares de labor, cuando se den eventos que ponen en riesgo su seguridad. 

4.- Reiteramos, no se expongan a situaciones de peligro. Comuniquen a sus asociaciones base y al empleador toda dificultad que impida cumplir normalmente con la jornada de trabajo. No se requiere autorización del empleador, pues la inminencia del riesgo, valida la actitud del trabajador para ponerse a resguardo.

5.- Asimismo, señalar que, de ser necesario, procurar la suspensión de audiencias por fuerza mayor.

6.- A fin de resolver la manera de enfrentar esta crisis y cómo afecta a nuestras/os trabajadoras/es, mañana 22 de octubre citamos a reunión de presidentes a las 10:00 horas vía videoconferencia y quienes están en Santiago en oficina Federación. 

Fraternalmente, 

DIRECTIVA FENADAJ

Claudia Fachinetti Farrán

Marcelo Inostroza Aparicio

Jessica Valenzuela Mora

Myling Chau Colman

Carlos Vergara Pío

M. Andrea Moscoso Gajardo

Santiago, 21 de octubre 2019.

COMUNICADO N° 10-2019, 20 OCTUBRE DE 2019


Estimadas/os Dirigentes de Base y Asociadas/as:

Ante la actual contingencia, las dificultades evidentes en el transporte público, la ausencia de garantías para la seguridad de los y las trabajadoras de nuestras CAJ, instruimos a nuestros asociados:

1.-Que mientras se mantenga el estado actual de ingobernalidad y caos social, los trabajadores y trabajadoras deben velar en primer lugar por su seguridad y la de sus familias, evitando asumir riesgos innecesarios.

2.-En ese entendido, cuando el desplazamiento a los lugares de trabajo sea causa de peligro, se justifica plenamente la ausencia, la que deberá informarse a los jefes directos por la vía más expedita y oportuna.

Del mismo modo se justifica, el retiro de los trabajadores y trabajadoras, de sus lugares de labor, cuando se den eventos que ponen en riesgo su seguridad, ejemplo, tomas, actos de violencia, o disturbios en el lugar de trabajo, paralizacion de los servicios de transporte público que impidan el retorno a sus hogares. Todo lo cual de darse, debe informarse, al empleador, recomendamos por un medio escrito. (e mail)

3.-De acuerdo a los arts. 184 y 184 bis del Código del Trabajo, corresponde al empleador velar por la seguridad e integridad de la vida y salud de los trabajadores. En ese orden de ideas, imperando en varias regiones del país, un estado de excepción constitucional, que reconoce la imposibilidad de la autoridad para garantizar la seguridad pública, nos parece evidente que las normas citadas adquieren especial relevancia y actualidad

Art. 184. El empleador estará obligado a tomar todas las medidas necesarias para protegereficazmente la vida y salud de los trabajadores, informando de los posibles riesgos y manteniendo las condiciones adecuadas de higiene y seguridad en las faenas, como también los implementos necesarios para prevenir accidentes y enfermedades profesionales.


Deberá asimismo prestar o garantizar los elementos necesarios para que los trabajadores en casode accidente o emergencia puedan acceder a una oportuna y adecuada atención médica, hospitalariay farmacéutica.

Art. 184 bis. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo precedente, cuando en el lugar detrabajo sobrevenga un riesgo grave e inminente para la vida o salud de los trabajadores, el empleador deberá:


a) Informar inmediatamente a todos los trabajadores afectados sobre la existencia del mencionadoriesgo, así como las medidas adoptadas para eliminarlo o atenuarlo.

b) Adoptar medidas para la suspensión inmediata de las faenas afectadas y la evacuación de lostrabajadores, en caso que el riesgo no se pueda eliminar o atenuar.

Con todo, el trabajador tendrá derecho a interrumpir sus labores y, de ser necesario, abandonar ellugar de trabajo cuando considere, por motivos razonables, que continuar con ellas implica un riesgograve e inminente para su vida o salud. El trabajador que interrumpa sus labores deberá dar cuenta de ese hecho al empleador dentro del más breve plazo, el que deberá informar de la suspensión de las mismas a la Inspección del Trabajo respectiva.

Los trabajadores no podrán sufrir perjuicio o menoscabo alguno derivado de la adopción de las medidas señaladas en este artículo, y podrán siempre ejercer la acción contenida en el Párrafo 6° del Capítulo II del Título I del Libro V del Código del Trabajo.

Los exhortamos, en consecuencia, a no exponerse a situaciones de peligro y velar por la seguridad de cada uno de Uds. comunicando a sus asociaciones base y al empleador toda dificultad que impida cumplir normalmente con la jornada de trabajo. De darse las sitiaciones descritas, no se requiere autorización del empleador, pues la inminencia del riesgo, valida la actitud del trabajador para ponerse a resguardo.

Asimismo, señalar que de ser necesario procurar la suspensión de audiencias por fuerza mayor.

4.-En otro orden de ideas, comunicamos la suspensión de la asamblea fijada para el 22 y 23 de octubre en la ciudad de Talca, en atención a las evidentes dificultades y riesgos que su realización conlleva.

Hacemos votos, por que el quiebre social que hoy lamentamos, tenga una pronta salida, que haciendose eco de las demandas sociales implemente los imprescindbles cambios que requiere nuestra sociedad.

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DIRECTIVA FENADAJ

COMUNICADO N° 9-2019, 19 OCTUBRE DE 2019

Estimadas/os Dirigentes de Base y Asociadas/os:

Somos testigos del descontento generalizado de una sociedad que exige respeto por su dignidad y derechos. El alza de los pasajes del metro, es solo una más de las inequidades y desequilibrios del modelo.Es la comunidad toda la que exige un cambio y protesta por la mercantilización absoluta de nuestros espacios vitales. Chile avanza en acumulación de riqueza para unos pocos y empobrecimiento de las grandes mayorías. El aumento de las brechas salariales fomenta y aumentan la tremenda desigualdad imperante en nuestro país.

Como FENADAJ hemos sido testigos de primera línea de la forma en que la autoridad, pretende imponer sus puntos de vista. Actitud que deploramos. Estamos convencidos que la única vía de solución es el diálogo participativo, constructivo y de consenso. Respaldamos toda acción que apunte a restablecer la paz social y política que debe imperar en nuestro país. Repudiamos toda acción por la fuerza y las armas, NO PODEMOS RETROCEDER y desperdiciar la democracia que tanto nos costó recuperar. Rechazamos el perverso modelo económico que se nos impone, responsable absoluto de un sistema colapsado por la injusticia y el descontento social. Exigimos el retiro de las tropas de las calles y al restablecimiento de la paz social que todos estamos llamados a cuidar responsablemente

Nuestra labor a diario es la de encontrar soluciones a los conflictos jurídicos que sufre la gente de más escasos recursos, sin embargo, sufrimos la violencia del Estado a través de la falta de recursos y el abandono en que nos tiene la autoridad.

Llamamos a nuestras autoridades a cesar el maltrato hacia nuestros equipos de trabajo, al no responder a sus legítimas demandas, que reiteradamente se han denunciado; la participación en mesas MINJU-DAJ de los actores del Servicio, se traduce en mero número, y no en consensos ni avances reales que posibiliten dotar de todo lo necesario a las CAJs para entregar un mejor servicio de Acceso a la Justicia que queremos.

Asimismo, y dada la actual contingencia, llamamos, en especial a las autoridades de la CAJRM para que en el curso de los siguientes días no exista control de asistencia para permitir que aquellas y aquellos trabajador@s que tengan problemas para trasladarse a sus respectivas unidades operativas, lo hagan sin presiones que l@s expongan a mayores grados de estrés del que actualmente se está viviendo de manera colectiva. De ser necesario, se implemente los protocolos de emergencia.

Recuperar la paz social es lo que ahora necesita nuestra sociedad. Fraternalmente,
DIRECTIVA FENADAJ

Claudia Fachinetti Farrán; Marcelo Inostroza Aparicio; Jessica Valenzuela Mora; Myling Chau Colman; Carlos Vergara Pío;M. Andrea Moscoso Gajardo

Santiago, 19 de octubre 2019.

EN REPORTAJE DE 14 MINUTOS TVN RESUMIÓ LA «INJUSTA PRECARIEDAD» DE LAS CAJs PAÍS

Más de un centenar de comentarios en Redes Sociales sumándose a la indignación que generan las duras condiciones en que atienden las Cajs del país a los sectores más vulnerables que buscan acceder a la justicia gratuitamente generó el reportaje «Injusta precariedad» realizado por Reportajes24 horas, noticiario central de TVN, en una crónica de 14 minutos y que se puede ver en este link: https://www.24horas.cl/reportajes24/reportajes-24-las-precarias-condiciones-en-la-corporacion-de-asistencia-judicial-3658167

Para la FENADAJ, en el reportaje lanzado al aire este lunes 14 de octubre, «se comprobaron las precarias condiciones en que los funcionarios de la Corporación de Asistencia Judicial en Chile atienden a sus usuarios, mostrando entre ellas cómo estudiantes en práctica y funcionarios que integran el sistema trabajan sin internet, computadores, mobiliario para atención, baños y/o acceso a agua potable, además de comprobar sistemas eléctricos peligrosos, hacinamiento y falta de espacios dignos para atención de usuarios y la toma de testimonios de víctimas».

«Desde 1981 trabajamos en el más absoluto abandono de parte de las autoridades, pese a que muchos de ellos/as realizaron su práctica profesional en alguna de las CAJs».

«Sin embargo, hasta la fecha, seguimos dependiendo del presupuesto que nos entrega la Subsecretaría de Justicia, que sólo cubre alrededor del 90% de los gastos que tienen las instituciones».

«¿Dónde están puestas las prioridades? Claramente, a la autoridad no le interesan los más vulnerables y menos que ellos tengan acceso a la justicia. La respuesta dada por la Jefe de la DAJ del Minju en el reportaje deja en evidencia aquello».

«Exigimos tener presupuesto propio que permita otorgar el servicio en condiciones dignas. El acceso a la justicia y la igualdad en el ejercicio de los derechos de tod@s y cada un@ de los habitantes de la República es pilar base de la democracia. Sin ella no existe paz social».

«Continuaremos nuestra lucha hasta alcanzar condiciones laborales dignas y un acceso igualitario a la justicia», finaliza el comunicado.

Aquí les dejamos algunos de los comentarios de twitteros generados tras el reportaje de TVN:

VOLANTEANDO Y ATENDIENDO A LA TERCERA EDAD: ASÍ TRABAJÓ FENADAJ EL DÍA NACIONAL DEL ACCESO A LA JUSTICIA

Sensibilizar a usuarios y transeúntes sobre las duras condiciones laborales y de atención a público fueron las acciones emprendidas por trabajadores de las CAJs, agrupados bajo la FENADAJ, para conmemorar el Día Nacional del Acceso a la Justicia y que se desarrolló este viernes 27 de septiembre en dos frentes: volteando y atendiendo a usuarios de la Tercera Edad, uno de los grupos más abandonados del sistema judicial chileno.

«No tenemos presupuesto propio»; «Sólo recibimos las migajas de la Subsecretaría de Justicia»; «El Estado no destina presupuesto para defensa de víctimas y se gasta $65 mil millones anuales en defensa de imputados»; «Dos tercios de los que trabajan para ti NO reciben sueldo… hacen su práctica»; «Si nos enfermamos, nadie nos reemplaza», fueron algunas de las consignas impresas en los volantes con que los dirigentes nacionales y regionales salieron a sensibilizar para continuar denunciando «nuestra dura realidad laboral y social», enfatizó la presidenta de la Fenadaj, Claudia Fachinetti.

Las acciones, que respondieron al llamado de sensibilizar en torno a las necesidades judiciales de la entidad, consistieron en volanteos callejeros en Santiago, Antofagasta, Alto Hospicio, Iquique y Arica y charlas públicas a nivel país centradas en la tercera edad, grupo etáreo en el que la autoridad focalizó a nivel nacional la conmemoración del Día de Acceso a la Justicia en Chile.

Sin embargo, para los dirigentes de la organización se necesita más que acciones simbólicas, acciones concretas como es la inyección de recursos para cumplir con el deber constitucional de entregar justicia gratuita a todos los ciudadanos:





Rosita Chipoco,
Presidenta Afucajta

«La homologación de remuneraciones por estamento es una de nuestras grandes desigualdades»

«La falta de personal en unidades operativas es un temazo en las mesas de trabajo para Arica, Tarapacá y Antofagasta. No se da abasto, muchos trabajan más allá de la hora pactada en contrato de trabajo. De lo anterior, se deriva una segunda problemática: falta de reemplazo para los funcionarios con licencias médica, lo que tiene impacto directo en las metas estadísticas de gestión mensual, además de las consecuencias que implica para los equipos de trabajo la sobrecarga de labores. Y el tercer eje de discusión es la homologación de remuneraciones por estamento. Hay abogados, funcionarios, administrativos, con sueldos no homólogos por mismas funciones. Hemos consignado como lema «a igual función igual remuneración» porque incluso entre trabajadores de nuestra CAJ hay diferencias pese a realizar iguales labores. Esta desigualdades generan desmotivación. No se valora el trabajo, el esfuerzo, en beneficio al acceso a la justicia de los que más necesitan».






Zulema Díaz.
Presidenta Anfuc

«Muchos centros trabajan con banda ancha lenta, sin fotocopiadora y un scanner por centro»:

«Hay situaciones que hemos hecho presente a las autoridades ministeriales y de las corporaciones: la falta de recursos principalmente para proveer los cargos de asistentes sociales, técnicos jurídicos, receptores, choferes y abogados va más allá de las demandas de los trabajadores propiamente tal. Como funcionarios comprometidos con nuestra labor, ponemos todo nuestro esfuerzo para cumplir con los usuarios, pero creemos que nos falta un presupuesto propio que nos permita entregar un servicio digno, con infraestructura digna, con los medios electrónicos necesarios y los soportes técnicos básicos. Muchos centros trabajan con banda ancha lenta, sin fotocopiadora y un scanner por centro, lo que para la tramitación en línea se hace escaso. Afecta a trabajadores y usuarios».





Carlos Silva, secretario Aftadaj

“Nuestra institución funciona en base a la economía de guerra”:

«Nuestra institución funciona en base a la economía de guerra, y hay una cosa mas importante: nosotros somos los únicos trabajadores que buscan mejorar y aumentar la carga laboral para así entregar un mejor servicio… La institución funciona en base al esfuerzo suicida: es como arrastrar un carro con ruedas cuadradas, y es increíble, nosotros lo hacemos, arrastramos el carro con las ruedas cuadradas, hacemos que rode, en algún momento las ruedas van a ser redondas, y lo hacemos… pero es por un compromiso de nosotros. El problema es que el Estado se acostumbró a esto, la autoridad se acostumbró y a nosotros nos utilizan como un prototipo».




Victoria Escalante, tesorera
Anfuc

“Ni siquiera nos entregan las resmas ni las carpetas suficientes para atender a nuestra gente”: 

“Duele que los trabajadores se estén enfermando por la sobrecarga laboral y al momento de enfermarse, hacer uso de licencias, no se están reemplazando, por lo que la gente se ve perjudicada… la gente se aburre de esperar y termina no exigiendo sus derechos. El sistema además tiene un defecto porque son cuatro corporaciones que tiene el país: en nuestro caso, la CAJ RM, atiende a usuarios de la RM, pero también de las regiones Sexta, Séptima y Duodécima, o sea, el sistema ni siquiera tiene un hilo conductor respecto a las regiones que atiende. Estamos subvencionando incluso en términos de materiales al sistema. Ni siquiera nos entregan las resmas ni las carpetas suficientes para atender a nuestra gente. A ese nivel estamos».

SUPREMO SERGIO MUÑOZ ASUME: “QUIEN TIENE MAYOR POSIBILIDAD ECONÓMICA, TAMBIÉN TIENE MEJOR DEFENSA”

El magistrado enfrentó temática del «clasismo judicial» chileno e hizo hincapié en que el sistema “escuche” los conflictos de las personas y priorice los recursos para evitar, por ejemplo, que los juzgados de Policía Local sólo prioricen lo infraccional y los tribunales ambientales tenga tantos recursos para un cantidad mínima de casos.

Considerar otras instancias de mediación, educar a la población, estimular que los abogados hagan entendible los procesos a sus clientes e, incluso, “hacer la pérdida” económica ante un conflicto, son para el ministro de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, los pilares fundamentales para combatir el llamado “clasismo judicial” chileno.

Así lo precisó el juez del máximo tribunal en una entrevista realizada por la Fenadaj (VER AL FINAL DE ESTA NOTA), organización que representa a más de 2.000 funcionarios que atienden a los pobres en el acceso a la justicia a través de las CAJs, al abordar la temática de la inequidad judicial acusada también por alcaldes y académicos las últimas semanas.

“La justicia debe contemplar formas de solución de los conflictos y no única y exclusivamente que los jueces decidan los conflictos sin importar las consecuencias”, enfatizó el magistrado argumentando que parte de este proceso “significa bajar las barreras de la complejidad de los procedimientos judiciales”.

El juez reiteró la necesidad de relevar las instancias de mediación “que en la actualidad no existen”. 

CONSIDERACIÓN AL USUARIO

Otro aspecto a considerar, agregó, es hacer entendibles los procesos. “No es posible que nosotros estemos entregando mensajes que necesitan traductores, ya sea del abogado, el periodista u otra persona”, porque al usuario del sistema no le importa “tanto la decisión como la consideración. Con eso se está respetando su dignidad y se le está dando la relevancia que el sistema tiene el deber de entregar a las personas”.

Ministro de la Corte Suprema, Sergio Muñoz.

Tras reconocer que “efectivamente hay un tema que está relacionado con las clases sociales” en la justicia chilena, bajo su criterio, esto se debe a que “se da preminencia, fundamentalmente, a lo que es la protección al derecho de propiedad, los intereses económicos”. 

SESGO ECONÓMICO

Para él, un claro ejemplo de esta tendencia es la “simplificación de los procedimientos basados en la cuantía de ellos”, lo que demuestra “el sesgo económico” también que permite que, “quien tiene mayores posibilidades económicas, también tienen más posibilidades de mejor defensa”.

Muy franco, el juez reconoció que “la justicia ordinaria es una justicia de menor cuantía porque todo lo que es la conflictividad mayor pasa a arbitraje o a otros tipos de justicia que obtienen las personas con mayores recursos económicos”.

En ese marco, el juez también advirtió que los juzgados de Policía Local, “han pasado a ser simplemente tribunales que se preocupan de lo infraccional y no de entregar soluciones adecuadas a las personas”.

Para Muñoz, las razones de esta realidad se explican porque “la conflictividad social está fuera de los tribunales debido a que son instancias que el legislador chileno no ha entregado a los tribunales” debido a que “los problemas sociales no pueden ser abordados en su integridad, sino por cada conflicto en particular”.

 “El legislador debiera generar medios o alternativas para que las personas, por otros medios distintos a los tribunales, incluso en anticipación a éstos, puedan dar una respuesta”, insistió.

EDUCACIÓN JUDICIAL

Sobre las barreras procesales, aseguró que para él están radicadas en que las personas vulnerables no entienden el sistema. “Lo que saben es que hay personas que hacen el papel de juez y -en algunos casos, ni siquiera eso,- que es el que le va a solucionar su problema pero, en realidad, no conocen ninguno de los mecanismos que están inmersos, entonces, cuando llega una decisión, no le satisface, sea que le hagan caso o no a lo que están pidiendo”.

Frente a esta deficiencia, llamó a los abogados a ser parte de este entendimiento explicando a sus clientes no sólo el fallo, sino sus alcances.

TRIBUNALES AMBIENTALES

Sobre los aportes fiscales disponibles para administrar una justicia en instancias como las proporcionada por las CAJs, que atiende a quienes no pueden pagar abogados, precisó que “muchas veces la gente que es mas vulnerable no tiene tanta presencia como la gente que tiene mayores recursos” y eso queda reflejado, para él, con los tribuales ambientales. “Desde la vida de los tres tribunales ambientales no llega a más de 50 la cantidad de casos, entonces hay toda una infraestructura que está establecida para atender una cantidad mínima de casos”.

Estuvieron en la instancia: Marcelo Inostroza, vicepresidente Fenadaj; Sergio Muñoz, ministro Supremo y Jéssica Valenzuela, secretaria general Fenadaj.

«Felicito la iniciativa de ustedes (Fenadaj) en orden a sensibilizar todo lo que es el actuar de la sociedad y de las autoridades, fundamentalmente para que se comprenda que el aspecto económico, en el equilibrio fiscal, no es sólo mas relevante, sino que efectivamente la sociedad y todos los integrantes de la sociedad, quede mas conforme con el sistema de justicia que ha creado y establecido el Estado».

SERGIO MUNOZ, MINISTRO DE LA CORTE SUPREMA, SOBRE FENADAJ.

PRESIDENTA DE FENADAJ: “A LA AUTORIDAD Y LA PRENSA NO LE INTERESAN LOS POBRES”

Claudia Fachinetti, presidente nacional de 2.000 funcionarios de las CAJs, propone cambiar el nombre de la Corporación de Asistencia Judicial a Corporación de Justicia Social para comenzar a abordar la discriminación «clasista» que denuncian además alcaldes y académicos.

Primero fue la alcaldesa de Peñalolén, Carolina Leitao, quien acusó “clasismo en el trato a víctimas de la delincuencia”. Luego fue el abogado Carlos Peña, quien en su columna mercurial titulada “la rueda del clasismo” apuntó a los medios de comunicación, tanto “periodistas como editores”, de “simplemente reproducir los prejuicios irreflexivos que circulan en la sociedad” al darle menos cobertura a cinco muertos en un tiroteo en la población Carol Urzúa que al robo de una cartera desde un auto a una mujer en Las Condes. 

Claudia Fachinetti, presidenta FENADAJ.

En ese contexto, la Federación Nacional de Acceso a la Justicia (Fenadaj), organización sindical que aglutina a los más de 2.000 funcionarios que dan soporte a la tramitación gratuita de juicios para los sectores más vulnerables de la población -“que no pueden pagar un abogado”, enfatiza su presidenta, Claudia Fachinetti, se sumó a este reclamo generalizado en torno al clasismo jurídico en Chile al poner como ejemplo que sólo hay atención integral a Víctimas de Delitos Violentos en 20 de las 346 comunas del país.

-¿Es posible entregar justicia gratuita a todas las víctimas de delitos?

-Es posible e imperativo porque la Constitución así lo ordena, sin embargo, nuestras autoridades han centrado durante los últimos 25 años este derecho a los imputados a través de la Defensoría Penal pública y no a las víctimas de esos delitos, porque pensar que están cubiertos por las fiscalías y los fiscales es un error: ellos persiguen el delito, pero no defienden a las víctimas. Esos somos nosotros, a través de las cuatro Corporaciones de Asistencia Judicial (CAJ), pero estamos totalmente invisibilizados. A la autoridad y la prensa no le interesan los pobres.

-¿Entonces uno tiene más posibilidades como víctima de recibir asistencia jurídica gratuita en algunas comunas y otras no?

-En efecto. Si resides en Lo Espejo, por ejemplo, y eres víctima de delito no tienes acceso gratuito a atención jurídico, sicológica y social, en cambio si vives en El Bosque sí tienes cobertura. Ello porque en muy pocas comunas se garantiza este tipo de atención.

-Desde la CAJs, ¿cómo visualizan este “clasismo” en el acceso a la justicia denunciados por la academia y los municipios?

-De varias formas, pero tal vez la más significativa es que la atención de las cuatro CAJs en Chile está basada, hoy, en 4.000 egresados de derecho que rotan cada seis meses y que están obligados a trabajar ahí para obtener sus títulos profesionales. Una atención judicial integral dura meses, o años, no sólo con atenciones de sicólogos y trabajadores sociales, sino también legal, pues hay que presentar recursos, acciones, pruebas, investigar, redactar, alegar, cumplir plazos, etc… 

La atención de las cuatro CAJs en Chile está basada, hoy, en 4.000 egresados de derecho que rotan cada seis meses y que están obligados a trabajar ahí para obtener sus títulos profesionales.

-Cuál es el presupuesto que tienen hoy las CAJs por cada atención?

-Según nuestros cálculos, hoy nuestro presupuesto de atención por víctima es de $72.000 por usuario, una cifra ridícula si precisamos que el Estado gasta $700 mil por recluso al mes, por ejemplo.

-Ustedes tienen un cálculo de cuánto sería un presupuesto idóneo para dar acceso a la justicia social de los más pobres?

-Hoy tenemos un presupuesto de 46 millones anuales. Calculamos que al menos para dar acceso digno a nuestros usuarios requerimos el doble de esa suma. Quiero precisar que la Defensoría Penal Pública, que atendió en 2018 a 319.738 imputados de delitos -nosotros atendemos víctima de delitos penales, pero también civiles, laborales, de familia, adolescencia y tercera edad- fue de $60 mil millones al año. Nosotros, con $46 mil millones atendimos en 2018 a 661.244 usuarios. Por esta cifra incluso fuimos felicitados públicamente por el ministro de Justicia, pero en estos últimos años hemos perdido anualmente el 5% de nuestro exiguo presupuesto, lo que significa menos personal, mayor deterioro informático y falta de infraestructura para la atención digna y profesional.

En estos últimos años hemos perdido anualmente el 5% de nuestro exiguo presupuesto, lo que significa menos personal, mayor deterioro informático y falta de infraestructura para la atención digna y profesional.

-Quiénes cree son los más afectados por esta iniquidad social de acceso a la justicia?

-Las mujeres, los niños y las personas de la tercera edad porque son los más vulnerables de la sociedad. Por no tener acceso a la justicia en forma oportuna y gratuita, hay mujeres que han muerto por no accionar medidas cautelares, abuelos que pierden sus bienes a manos de desalmados… y los niños, a quienes se les vulnera sus derechos todos los días por parte de su entorno familiar y el Estado. Basta ver la situación del Sename.

Por no tener acceso a la justicia en forma oportuna y gratuita, hay mujeres que han muerto por no accionar medidas cautelares

-¿Qué propuesta haría a las autoridades en forma urgente?-Urgente, inyectar más recursos. Pero sabemos que requiere un acuerdo nacional de prioridades. Sin embargo, un primer paso sería cambiar el nombre a la Corporación de Asistencia judicial, que con este nombre da cuenta del clasismo ya que a los pobres se les da “asistencia judicial” y no acceso “igualitario a la justicia. Propongo el nombre Servicio Nacional de Acceso a la Justicia.

https://www.latercera.com/nacional/noticia/ministerio-justicia-cifra-76-los-casos-favorables-atendidos-corporacion-asistencia-judicial-2018/762327/

ACUSAN «CONDICIONES INDIGNAS» TRAS BUENA EVALUACIÓN DE JUSTICIA A LABOR DE CORPORACIONES DE ASISTENCIA JUDICIAL

Las Cajs entregan asistencia judicial gratuita a los más pobres

Ministerio valoró trabajo de la entidad, sin embargo los trabajadores mantuvieron recientemente un paro de 46 días denunciando la falta de compromiso de las autoridades y las precarias condiciones computacionales, de infraestructura, cobertura y falta de personal y centros de atención.

Una dura respuesta a los datos optimistas entregados por el Ministerio de Justicia y DDHH, Hernán Larraín, sobre que “el 77% de las causas alegadas en tribunales por la CAJen 2018 obtuvo un resultado favorable” tuvo la autoridad de parte de los dirigentes de la Fenadaj, para quienes esta labor ha sido desempeñada “en condiciones indignas tanto para nuestros usuarios como para l@s trabajadores”.

En conferencia de prensa, la autoridad destacó que las causas alegadas gratuitamente en los tribunales alcanzó casi el 77% de resultados favorables en tribunales en 2018 (de un total de 168.876 causas a nivel nacional), sin embargo, para las tres asociaciones de funcionarios de la Caj Metro AnFuc, Aftadaj y Afunpro, la federación que los agrupa, Fenadaj y la Anef, “esta labor potente que realizan las Corporaciones de Asistencia Judicial no es debidamente reconocida”.

Pantallazo de nota publicada por el portal de latecera.con el 31 de julio de 2019.

“Los requerimientos de l@s representantes de los trabajadores para mejorar sus condiciones de infraestructura, equipamiento y dotación, como las mejoras laborales a sus funcionarios, han sido desoídas constantemente por el Ministerio de Justicia y DDHH, quienes se han negado sistemáticamente a aumentar presupuestos para subsanar las serias deficiencias en las que sus propios trabajadores se desempeñan”, precisaron los dirigentes.

“Nos quitan personal de atención directa al usuario, cada vez somos menos, mientras las necesidades de la población aumenta. Un ejemplo dramático lo vivimos con los Centro de Atención a Víctimas de Delitos, donde sólo están habilitadas 20 oficinas de las 346 comunas que integran el sistema”, enfatizó Claudia Fachinetti, presidenta de la Fenadaj.

Uno de los últimos puntos de tensión entre el ministerio y los funcionarios de las Cajs fue el recurso de protección presentado por Carolina Lavín, Seremi de Justicia de Santiago, para “negarles a sus trabajadores el pago de la media hora de colación como derecho anteriormente reconocido por la Contraloría.

Ministerio valoró trabajo de la entidad, sin embargo los trabajadores mantuvieron recientemente un paro de 46 días denunciando la falta de compromiso de las autoridades y las precarias condiciones computacionales, de infraestructura, cobertura y falta de personal y centros de atención.

Cabe destacar que el funcionamiento del sistema es soportado hoy por 2.000 trabajadores y subsidiado por las prácticas profesionales de 4.000 egresados de Derecho que rotan cada seis meses

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SÓLO 20 DE LAS 346 COMUNAS DEL PAÍS DAN ATENCIÓN JURÍDICA GRATUITA A VÍCTIMAS DE DELITOS VIOLENTOS

Dirigentes de la Federación de trabajadores de las corporaciones judiciales advierten.

El grupo más vulnerable es el de mujeres víctimas de maltrato intrafamiliar y/o violencia de género, que al no tener quien las representen gratuitamente en el sistema judicial quedan a la deriva sin poder exigir medidas cautelares para defender sus vidas.

Una oportuna protección jurídica a mujeres víctimas de violencia intrafamiliar o de género permitiría aumentar la persecusión de sus victimarios en el tiempo si éstas fueran gratuitamente representadas por abogados de la Corporación de Asistencia Judicial,  que no cuenta con los recursos específicos para sostener las necesidades de este tipo de víctimas en Chile.

Autor foto: Nicolas Ladino Silva.

Durante el primer semestre de este año se han cometido 24 femicidios, de los cuales varios han sido denunciados como casos a la deriva en las tramitaciones judiciales por los entornos de las víctimas. Un ejemplo dramático lo representó el de Hellen Barra Ortega, de 20 años, apuñalada 53 veces por su pareja en Chimbarongo en junio pasado, días después que caducara la orden de alejamiento al agresor. 

“Hay muchos casos a lo largo de estos años en que las vidas de las mujeres fueron puestas en riesgo por falta de representación legal ante los tribunales”, enfatizó la presidenta de la Fenadaj, Claudia Fachinetti, al explicar que “el debido proceso no se cumple sin un abogado que represente a las víctimas en el juicio y que gestione “órdenes de alejamiento, diligencias probatorias, recursos, apelaciones o reapertura de casos”.

Las cuatro CAJs que conformar la asistencia gratuita a los más pobres de Chile tienen por ley la obligación de prestar Atención Integral a Víctimas de Delitos Violentos y sus familiares, “sin embargo, hoy estos Centros y Unidades de atención operan en 20 (una de ellas en La Granja en proceso de traslado) de las 346 comunas del país”, explicó la dirigenta. 

Pese a la deficiencia, en 2018 estos centros de las CAJs presentaron 1.869 querellas, incluyendo representaciones de mujeres, pero también otros grupos más vulnerables como niños, adolescentes y adultos mayores.

“Se trata de falta de igualdad al acceso a la justicia”, alertó la Fenadaj sobre las dificultades que enfrentan para entregar estas atenciones a las que deben tener acceso las víctimas de estos delitos, lo que contrasta dramáticamente con los autores de estos mismos, quienes como imputados tienen garantizado un abogado que los defienda desde la Defensoría Penal Pública. “En cambio, en nuestro sistema, no se garantiza igual acceso a las víctimas y su entorno”, insistió Fachinetti.

CONOCE LAS COMUNAS QUE TIENEN OFICINA DE ATENCIÓN:

$72.000 PROMEDIO POR ATENCIÓN LEGAL ES EL PRESUPUESTO QUE ASIGNA EL ESTADO A LOS MÁS POBRES QUE BUSCAN JUSTICIA

Federación Nacional de Acceso a la Justicia (FENADAJ) cumple 15 años, pero sin celebraciones

En 2018 la entidad atendió a 661.245 personas vulnerables con problemas judiciales en lo penal, civil, laboral, familiar e infancia con un presupuesto de menos de $48 mil millones, un financiamiento fiscal que no es parte de la Ley de Presupuesto y que, pese a un paro de 46 días, no han logrado mejorar.

La agrupación sindical que integran los dos mil funcionarios de las cuatro Corporaciones de Asistencia Judicial (CAJs) del país -y que dan vida al mayor articulador de acceso gratuito a la justicia de los más pobres en Chile- cumple 15 años, pero lo hacen sin celebraciones porque consideran que “sólo tienen “deudas y luchas pendientes” con sus usuarios.

DIRECTIVA FENADAJ

Así lo enfatizó la abogada Claudia Fachinetti, presidenta nacional de la Fenadaj, para quien es insostenible que el sistema, que anualmente atiende a más de 661.000 personas en temas penales, civiles, laborales, de familia e infancia, cuente apenas con un presupuesto promedio de $72.000 por atención por usuario, mucha de ellas asistencias multidisciplinarias y de largo plazo que superan con creces este monto.

JUSTICIA INJUSTA

“Es una cifra ridícula si consideramos que el Presidente Sebastián Piñera, en su última Cuenta Pública, enfatizó la necesidad de mejorar el acceso a la justicia con cambios a la designación de jueces y fiscales mientras las CAJs, base del sistema de atención jurídica a los más vulnerables del país, ni siquiera obtiene su financiamiento fiscal en la discusión de la Ley de Presupuestos, lo que significa que, en la práctica, dependemos cada año de la buena voluntad de la Subsecretaría de Justicia de turno”, precisó la dirigente con cifras en la mano para avalar la cobertura nacional que prestaron en 2018:

165.385 causas tramitadas -con 76,7% de resultados favorables-; 706.721 orientaciones legales a víctimas en oficinas y móviles; 4.176 talleres, seminarios y cursos realizados para acercar la justicia a los pobres; 12.053 soluciones colaborativa de conflictos y 4.361 atenciones a víctimas de delitos violentos, entre otras de sus tareas.

Para este 2019, el presupuesto de las cuatro CAJ del país alcanzó los $46.651.759 millones, cifra que contrasta con los $59.836.575 millones de la Defensoría Penal Pública y los $149.681.521millones del Registro Civil. “El año pasado ni siquiera alcanzamos a cubrir el 90% de los gastos de las cuatro CAJs, debiendo suplir el déficit con ingresos propios a través de convenios municipales, recuperación de licencias médicas y pagos de costas judiciales”, explicó Fachinetti.  

SISTEMA BASADO EN PRACTICANTES

El funcionamiento del sistema es soportado hoy por 2.000 trabajadores y subsidiado por las prácticas profesionales de 4.000 egresados de Derecho que rotan cada seis meses. “Dos tercios del funcionamiento del sistema está basado en estos estudiantes que están ahí obligados sin recibir pago alguno, lo que debilita la entrega de una asistencia judicial oportuna, eficaz y profesional como garantiza la Constitución. El Estado no está asumiendo con responsabilidad este deber”, enfatizó la dirigenta.

Otro de los graves problemas son las precarias condiciones de trabajo. Según explicó, hay deficiencias de infraestructura, pues están obligados a trabajar con mobiliario en mal estado, sin espacios de atención dignos, sin computadores, impresoras y scanner, e incluso, sin internet y con softwares desactualizados, todo lo cual, insiste, atenta contra el acceso a la justicia que requieren los que más la necesitan en Chile.   

“Evidentemente no tenemos mucho qué celebrar en estos 15 años. Sólo sentirnos muy orgullosos como gremio del alto nivel de rendimiento en resultados de juicios y de cobertura que venimos mostrando hace años pese tanta invisibilidad política y periodística”, reflexionó.