Falta de directrices y capacitación para cumplir con los requerimientos de atención a migrantes exigida por la nueva Ley 21.325 de Extranjería y Migración a la Corporación de Asistencia Judicial (CAJ), acusaron los dirigentes de la FENADAJ, federación que reúne a más de 2.200 funcionarios encargados de atender judicial y administrativo a los sectores más vulnerables del país.

La ley 21.325 de Extranjería y Migración fue publicada en el Diario Oficial el 20 de abril y en ella se establece la nueva política en materia de migraciones que obliga a las CAJs a asumir la defensa legal de los inmigrantes, una problemática que ha alcanzado ribetes de crisis durante los últimas días en Chile.

Según cifras del INE, solo durante el año 2020 la población de extranjeros viviendo en Chile aumentó 19%, alcanzando casi el millón y medio de personas a lo que se suma otro número con ingreso clandestino que sumaría durante el 2021 más de 13.500 personas, según la PDI. 

Capacitación a funcionarios

En este marco, que ha obligado al gobierno a generar nuevas políticas públicas para enfrentar el fenómeno migratorio, es que el presidente de la FENADAJ, Marcelo Inostroza, manifestó la preocupación de los funcionarios, especialmente abogados, por la falta de directrices administrativas y derechos humanos para dar cobertura a este grupo de usuarios que ha ido creciendo exponencialmente en los últimos años y que exige el manejo de otras asesorías de las que ya entrega la CAJ en temas de familia, laboral y civil.

“El tema migratorio es muy sensible y requiere de capacitación para los trabajadores, quienes desde la promulgación de la nueva ley han pedido insistentemente a sus corporaciones directrices claras sin aún tener respuesta”, enfatizó Inostroza.

De hecho, el dirigente recordó que incluso la Corte Suprema fue criticada por las autoridades de gobierno al señalar que con sus fallos revocatorios de expulsiones obstruía las políticas gubernamentales a favor de los ciudadanos extranjeros.

“Por eso es que las CAJs deben contar con herramientas para garantizar un trabajo eficaz y eficiente en esta materia. Capacitar a los funcionarios en estos tiempos es bastante expedito porque se puede hacer telemáticamente. Sentimos que hay un contrasentido que nos preocupa por justamente ser el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos el que está a cargo de las CAJs”, agregó el dirigente.

Cabe destacar que es el artículo 141 de la actual ley 21.325 de Extranjería y Migración la que establece específicamente que las cuatro corporaciones de asistencia judicial son las que deberán atender materias como decretos de expulsión y todas las reclamaciones por vía administrativa y/o jurídica que se puedan ingresar por parte de los migrantes cuyos derechos sean vulnerados.

Aunque la ley aún no comienza a regir a la espera de su reglamento, “ya estamos atendiendo casos, lo que nos ha obligado a prepararnos para lo que se nos viene”, agregó Inostroza al precisar que esperan que dicho marco regulatorio esté en octubre de este año, es decir, justo antes del fin del actual gobierno. 

Migrantes sin asistencia judicial

Con anterioridad a la nueva ley, los extranjeros solo tenían que ir a las oficinas de Extranjería de las respectivas jurisdicciones de cada gobernación provincial para ser asesorados, cuestión que hoy no se está realizando. “Hemos constatado que hay casos de migrantes que no tienen respuestas a sus solicitudes cursadas desde hace casi un año”, dijo el dirigente antes de enfatizar que “muchos extranjeros, que de acuerdo a nuestro sistema son personas vulnerables, deben ser atendidos por las CAJs según obliga la ley. Puede haber un solo extranjero, pero ese debe ser atendido por su vulnerabilidad. Aquí no importa si es rentable o no. Aquí lo que importa es su vulnerabilidad y la ley nos obliga a asumir su defensa”, reiteró.

“Las filas que antes se veían en las oficinas de Extranjería y Migración en las distintas gobernaciones del país se verán ahora en CAJ y, como todo el mundo sabe, se trata de una repartición del Estado que arrastra graves deficiencias por falta de infraestructura y recursos”, insistió el dirigente.  

Según datos de la CAJ Biobío recopilados a través de la clínica jurídica de la Universidad de Concepción especializada en esos temas, entre marzo y julio de 2021 se vieron 165 causas con extranjeros sólo en esta jurisdicción. El dirigente precisó que el INDH no toma todos los casos de migrantes y muchos de ellos son derivados a las CAJs.

La nueva ley de Migraciones y Extranjería, promulgada tras casi 8 años de tramitación en el Congreso, eliminó el Departamento de Extranjería; prohibió el ingreso a Chile con Visa Turista para luego cambiarla por otra de Residencia; implementó la Visa Consular y habilitó la expulsión administrativa a quienes hayan cometido delitos o hayan ingresado por pasos no habilitados al país. También considera un programa extraordinario de regularización de migrantes para quienes ingresaron a Chile hasta el 18 de marzo de 2020.

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