Si en épocas normales el servicio otorgado por las Corporaciones de Asistencia Judicial (CAJs) a lo largo del país ya se hacía escaso para brindar apoyo a todas las personas que acudían a las oficinas en busca de asesoría legal, la crisis del Covid-19 y las cuarentenas que afectan a decenas de comunas han provocado una situación crítica.

Esto, porque la mayoría de los funcionarios se encuentra con teletrabajo sin las herramientas adecuadas para realizarlo de manera óptima, y el porcentaje de trabajadores que efectúa labores en modalidad semipresencial, de acuerdo al protocolo de gestión de riesgo de COVID-19 adoptado desde octubre del año pasado, no puede atender a mucha gente a causa de la pobre infraestructura de las oficinas que impide cumplir con las normas de ventilación adecuadas y aforos máximos para evitar contagios.

Así lo explicó la presidenta de la Federación Nacional de Asistencia Judicial (FENADAJ), Claudia Fachinetti, quien se mostró sorprendida y al mismo tiempo rechazó que el jefe de la División Judicial del Ministerio de Justicia y DD.HH., Héctor Mery, oficiara el pasado 10 de marzo a los directores generales para mejorar la atención a público, debido a algunos reclamos por parte de usuarios y autoridades por comunicación dificultosa con los funcionarios.

UN AÑO DE ATENCIÓN SEMIPRESENCIAL

“Es preocupante la actitud de la autoridad del Ministerio de Justicia toda vez que demuestra una falta de conocimiento tanto de la institucionalidad que nos otorgamos como Mesa Nacional Covid en torno al protocolo de gestión de riesgo de COVID-19 o protocolo de atención usuaria, como también de la modalidad de atención adoptada desde octubre del año pasado, que es la etapa 3, que apunta a atender por sistema semipresencial en base a turnos presenciales acotados a 2 ó 3 días a la semana en cada unidad operativa”, señala la dirigente.

Además, devela que “también la falta de canales de comunicación obedece a carencias tanto de información como de habilitación por parte de los mismos directores generales. Incluso, el pasado 22 de marzo en la reunión de la Mesa Nacional COVID-19 -integrada por la Fenadaj, los 4 directores generales y el jefe del Departamento de Asistencia Jurídica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos-, hicimos notar que la continuidad del servicio brindado en todo el país en tiempo de pandemia sólo ha sido posible por el esfuerzo de cada funcionaria y funcionario de la Corporación de Asistencia Judicial. Que conforme a las modalidades de atención que tenemos, que es preferentemente trabajo remoto, hacer notar que nuestro empleador no nos ha brindado las herramientas ni los medios para otorgar el servicio y debiendo asumirlo cada funcionaria o funcionario con sus propios medios, por ejemplo, la conexión a internet, teléfono o el mismo computador”.

Fachinetti denuncia que en algunos casos sólo se proveyó un teléfono institucional para cada centro de atención, donde lo habitual es que trabajen más personas, por lo que ese teléfono es atendido generalmente por personal administrativo que está absolutamente sobrecargado con este tipo de atención. Otra falla apunta a los canales de información dirigido a las personas, ya que “los directores generales no han actualizado la información que se le entrega a la usuaria o usuario, tanto en la página web como tampoco han difundido con otras instituciones que estamos habitualmente relacionados, por ejemplo, Tribunales, Dirección del Trabajo, Municipalidad, Junta de vecinos, etc. Y esa es una de las obligaciones que está en el protocolo y que los directores generales deben cumplir, así que ellos también han incumplido el mismo protocolo”, sentencia.

INFRAESTRUCTURA INCOMPATIBLE

Si el cumplimiento de funciones en teletrabajo es complejo para los 2 mil trabajadores que representa la FENADAJ, realizar funciones de manera presencial en pandemia con tasas de contagio alarmantes, es abrumador.

“Hay muchos centros de atención que no cuentan con los estándares mínimos para funcionamiento, para mantener el distanciamiento social, la ventilación apropiada y otros requisitos, por lo que no ha sido posible abrirlos al trabajo de turnos y eso no es atribuible ni a las ni a los trabajadores. Por ello, nosotros como Federación, rechazamos lo que nos estaban señalando, además del oficio emitido por don Héctor Mery el 10 de marzo pasado. Nos consta que la mayor parte de las y los funcionarios han hecho esfuerzos por sobre lo que le impone su propio contrato, por lo que instamos a que el Estado, tanto en su deber de resguardar y garantizar el ejercicio de los derechos de todas y todos, pero también como empleador con su deber de resguardar la salud e integridad física y psíquica de los trabajadores, cumpla con ello, porque sin duda son los que están al debe”, sostiene Claudia Fachinetti.

Al concluir la reunión del 22 de marzo, la FENADAJ solicitó fecha para una nueva instancia de conversación de la Mesa Nacional COVID-19, así como la información detallada del número de funcionarios con licencia médica que no han sido reemplazados, sobrecargando a los trabajadores activos, y la lista de los centros que no han podido abrir sus puertas por falta de habilitación, pero aún no han recibido noticias.