Entradas

COMUNICADO: ELECCIONES PRESIDENCIALES 19 DICIEMBRE 2021

Compañer@s:

Nuestro país enfrentará el próximo 19 de diciembre una elección presidencial, que en la actual contingencia, no deja a nadie indiferente.

El triunfo de cualquiera de las opciones, en competencia, generará escenarios que impactarán con marcadas diferencias la realidad de nuestra nación, por los próximos cuatro años.

En ese entendido, teniendo presente además, la legítima convivencia, en nuestras bases de miradas disímiles en lo político. Nuestra Federación no puede ni debe como colectivo tomar partido por ninguna de las tendencias en disputa.

Sin perjuicio de ello, estimamos de suma importancia exhortarlos a participar activamente en estos comicios, de forma tal, que informada y responsablemente manifestemos nuestro parecer, expectativas y visión de lo que entendemos debe ser un nuevo gobierno para Chile. Desoyendo las caricaturas que uno u otro sector pretendan instalar.

Así las cosas, hemos sugerido a las 7 asociaciones de funcionarios/as que conforman Fenadaj, generar espacios de conversación y debate en que con la mayor objetividad posible se analicen las propuestas de ambas candidaturas, con especial énfasis en los ámbitos que nos atañen, esto es la Función Pública del Estado y sus implicancias en el sector justicia.

No da lo mismo quien detentará la principal magistratura de la nación, por lo mismo es imperativo que contemos con toda la información disponible para elaborar un juicio que oriente nuestro sufragio.

En ese mismo orden de ideas y acciones, FENADAJ, patrocinará instancias de reflexión que nos permitan conocer las implicancias de cada una de las alternativas políticas que se someterán al escrutinio público en la elección presidencial de diciembre.

FENADAJ, reafirma su inquebrantable y férreo compromiso, con la defensa irrestricta de la función pública, la libertad, la democracia, la justicia, la tolerancia, la paridad de género, el respeto a la diversidad y la fraternidad como principios rectores de la convivencia social.

Nuestro llamado es a asumir con generosidad y compromiso el desafío que implica trabajar por un país inclusivo en que el respeto a las legítimas expectativas de los ciudadanos, sea el prisma que oriente el actuar de quienes asumirán el próximo gobierno.

En este Chile cabemos todos y todas sin excepción!!!

Fraternalmente,

Marcelo Inostroza Aparicio Jessica Valenzuela Moya Zulema Díaz Castro Marta Andrea Moscoso Gajardo Rosa Chipoco Aguilera Mónica González Díaz Hugo Gutiérrez Tarifeño

DIRECTIVA FENADAJ

Noviembre, 25 de 2021

FENADAJ ABORDA CON CONSEJO DE PRESIDENTES EJES DE SERVICIO

Durante una hora y diez minutos la FENADAJ participó en el Consejo de Presidentes este miércoles 24 de noviembre en el que se abordaron dos temáticas:

1.- Inicio trabajo que definirá ejes de un servicio de acceso a la justicia desde la óptica de los trabajadores y trabajadoras.
2.-Análisis de la coyuntura política y sus implicancias para las CAJs (presidenciales de diciembre 2021).

FENADAJ Y DEFENSORÍA DE LA NIÑEZ ABORDAN SOBRECARGA LABORAL POR CURADORÍAS

Una reunión para abordar los distintos aspectos que ha significado el fin del Sename y su reemplazo por el nuevo Servicio de Protección de la Niñez concretaron la FENADAJ y la Defensoría de la Niñez este martes 23 de noviembre.

Este cambio del sistema de protección de niños, niñas y adolescentes (NNA) ha requerido nuevas exigencias a los equipos legales de las corporaciones de asistencia judicial (CAJs) del país que, desde el primero de octubre, está mandatada por ley a representar, a través de curadorías, sus derechos ante los tribunales, “lo que ha impactado directamente en la sobrecarga laboral de nuestros funcionarios”.

Así lo advirtió el presidente de la FENADAJ, Marcelo Inostroza, en la cita en la que además de los integrantes de la directiva, que representa a más de dos mil trabajadores de las CAJs del país, estuvieron Giannina Mondino Barrera y María Francisca Parra Díaz como representantes de la Defensoría de la Niñez.

Tras la cita remota, ambas partes se mostraron preocupadas por la falta de política pública que de manera seria responda a la necesidad de entregar atención especializada, multidisciplinaria y universal a todos los NNA.

Lo anterior implica para las CAJs la necesidad de contar con medios y recursos que les permitan afrontar esta tarea de manera óptima tanto para sus funcionari@s como para los NNA que requieren de sus servicios.

FENADAJ ANTE LA CC: «PEDIMOS QUE SE ELEVE A RANGO CONSTITUCIONAL UN SERVICIO NACIONAL DE ASISTENCIA JUDICIAL»

“Consagrar las bases de un servicio profesional, autónomo, con nombramientos basados en el mérito, la expertiz y la idoneidad” solicitó considerar en la nueva Constitución a la Comisión Sistemas de Justicia de la Convención Constituyente (CC) el presidente de la FENADAJ, Marcelo Inostroza, en su intervención de un poco más de 10 minutos en la que además pidió elevar a rango constitucional un «Servicio Nacional de Asistencia Judicial».

Tras exponer en la entidad hechos esenciales sobre las condiciones del acceso a la justicia hoy en Chile y reiterar el diagnóstico corporativo sobre la «ausencia de una política de Estado» para garantizarla, Inostroza explicó ante los miembros, la mayoría abogados, cómo las Corporaciones de Asistencia Judicial son fiel reflejo de esta realidad: “nuestra oferta de servicios a través del tiempo se ha visto incrementada con nuevas líneas de atención, sin planificación alguna”, enfatizó en representación de más de 2.000 trabajadores asociados a las CAJs desde Arica a Punta Arenas. 

«Dos tercios de nuestros funcionarios, nuestra fuerza laboral, son postulantes. Esa es la realidad», enfatizó en referencia a los estudiantes de derecho que para la obtención de su título de abogado ejercen funciones durante seis meses en la institución.

Agregó que entre los servicios con “escaso financiamiento y sin lineamientos técnicos” están los CAVI (Centros de Atención de Victimas de Delitos Violentos); las reformas de Familia y Laboral; los programas Mi Abogado (que entrega representación jurídica a niños, niñas y adolescentes bajo protección, en modalidad residencial, con un enfoque interdisciplinario) y de Defensa Jurídica Integral del Adulto Mayor.

A modo de contexto dijo que las CAJs hoy no alcanzan a cubrir el 90% de sus gastos con el presupuesto actual, supliendo el déficit con ingresos propios provenientes de pago de convenios municipales, recuperación de licencias médicas y costas judiciales.  

En su intervención online que al finalizar sacó aplausos, Inostroza se refirió también a los reparos de la FENADAJ al Proyecto de Ley para crear el “Servicio nacional de acceso a la justicia y la defensoría de víctimas de delitos”, actualmente en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados, hasta ahora “sin recursos frescos y significativos para implementar las nuevas líneas de atención: DDHH y Defensoría de Víctimas”. 

Para dimensionar el alcance de la situación, el dirigente explicó que al ampliarse la atención a las víctimas de todos los delitos que pretende dicho proyecto, la demanda potencial podría llegar a un número de usuarios que multiplicaría por 20 su público objetivo actual. 

“El proyecto no se hace cargo de ninguna de las falencias que presentan las CAJ”, dijo entregando dramáticos datos sobre su actual infraestructura a lo largo del país: “Un estudio de la CAJ Metro del año 2015 estableció que solo el 19% de los inmuebles podía catalogarse como bueno, 24% presenta un estado crítico, 18% se conceptualiza como malo y el 39% restante se define como regular”, dijo. 

Además de la precarización del régimen de los trabajadores de las CAJ, Inostroza advirtió ante la Comisión que el proyecto “no avanza en la profesionalización del servicio”sino todo lo contrario debido a las “falencias técnicas en la caracterización de las nuevas líneas» de trabajo. «Pedimos que esta Constitución eleve a rango constitucional un Servicio Nacional de Asitencia Judicial», remató.

Al final de la exposición fueron cuatro los constituyentes que formularon consultas de profundización al dirigente.

Mientras Luis Jiménez, del Pueblo Aymara, solicitó conocer más alcances del propuesto Servicio Nacional de Asistencia Judicial, Hugo Gutiérrez, del Partido Comunista, consideró «interesante» la creación de esta red a lo largo del país cuestionando el rol de los postulantes dentro del sistema porque «van a aprender a costilla de los pobres»; el RN Ruggero Cozzi pidió una estimación del contingente de abogados requeridos para un nuevo sistema y Daniel Bravo, de La Lista del Pueblo, consultó sobre las fuentes de financiamiento de las CAJs.

Finalmente, el constituyente solicitaron el envío realizado por la FENADAJ junto a la Fundación Sol en el que se cuantifican estimaciones de un nuevo sistema de atención judicial, el único que se ha realizado hasta ahora.

VER INTERVENCIÓN EN ESTE LINK (Desde 1:31 hrs)

JUSTICIA IMPONE RETORNO PESE A PRECARIEDAD DE LAS CAJs: OFICINAS SIN BAÑOS, VENTILACIÓN NI AFOROS SUFICIENTES

Las Direcciones Generales de las cuatro Corporaciones de Asistencia Judicial, siguiendo lineamientos del Ministerio de Justicia, determinaron unilateralmente ampliar el trabajo presencial en jornada completa como regla general a contar del 23 de agosto, labor que hasta esa fecha se desarrollaba con jornadas reducidas.

«Ello ocurrió estando pendientes las conversaciones con FENADAJ, que buscaban consensuar un avance paulatino y progresivo en el retorno», informó Marcelo Inostroza, presidente de la entidad gremial que agrupa a más de 2.200 funcionarios en el país, al precisar que «la autoridad una vez más obró improvisadamente, sin considerar grupos de riesgo tanto para funcionarios como usuarios que deben ser atendidos en oficinas, que en muchos casos no cuentan con ventanas para ventilación, aforos mínimos, baños para personal y usuarios, ni menos aseo o sanitización permanente, como lo instruye el Ministerio de Salud en su plan retorno seguro.»

“La pandemia ha develado una vez más las deficientes condiciones materiales en que se presta el servicio. Los trabajadores nunca han dejado de atender presencialmente, solo han pedido que para avanzar en esa línea se respeten ciertos estándares mínimos. La decisión, por ejemplo de eliminar de los grupos de riesgo a quienes tienen a su cargo personas mayores, discapacitadas o inmunodeprimidas, por lo tanto, mucho mas expuestas a sufrir los estragos del Covid, introduce un nuevo elemento de disenso con el empleador. Por lo demás, pese al golpe de autoridad de las Direcciones generales, muchos centros desde Arica a Punta Arenas, no podrán aperturar porque no cumplen las condiciones sanitarias que lo permitan”, agregó.

El dirigente precisó que nada más que en la Corporación del Bíobio, considerada la de mayor cobertura jurisdiccional del país con más de 172 unidades de atención, hay alrededor de 82 planes de trabajo aprobados por la Mesa Covid. “Las otras 90 unidades de trabajo no se han aprobado porque los consultorios no cumplen con los requisitos mínimos para garantizar un trabajo seguro”, agregó Inostroza.

“Lamentablemente el costo que involucra mantener la operatividad de las Corporaciones ha sido asumida en forma importante por los propios trabajadores, como el uso de Internet en sus casas o habilitación de oficinas para el trabajo online. El trabajo remoto se ha mantenido de forma eficiente, cuestión que ratifican las estadísticas”, insistió.

Otro conflicto que se cruza entre los trabajadores y el Ministerio de Justicia es la aplicación del seguro Covid, establecido en la ley 21.342, la que según el MINJUl sólo es aplicable a los trabajadores del sector privado y no a los funcionarios públicos.

“Lo cierto es que a nosotros nos rige , el Código del Trabajo y toda la normativa del sector privado, sin embargo, se mantiene la practica de aplicarnos uno u otro estatuto, dependiendo del interés del empleador, desconociendo el espíritu y finalidad del ordenamiento en su plenitud”, remató.

FENADAJ: SIN ACUERDO PARA RETORNO EL 23/8 EN JORNADA COMPLETA TERMINA SESION DE MESA NACIONAL COVID-19

A través de un comunicado oficial emitido por sus dirigentes, la FENADAJ confirmó que el retorno para este 23 de agosto informado por las autoridades de las Corporaciones de Asistencia Judicial del país no será posible en atención a la falta de acuerdo en torno a cuestiones sustanciales que efectivamente aseguren un retorno seguro, gradual y paulatino a labores presenciales.

                            COMUNICADO

INFORMA RESULTADO REUNIÓN TÉCNICA MESA NACIONAL COVID-19  

Compañeros y Compañeras: 

Este lunes en la tarde, nuestra Directiva se reunió con los prevencionistas de riesgos de las 4 CAJs, y la Directora General de la CAJTA, en representación de los Directores Generales. Asistió también el presidente de ANEF, José Pérez Debelli.

En esta instancia se revisaron las observaciones que Fenadaj formuló a la propuesta de modificación de Protocolos COVID, patrocinada por las cuatro Direcciones Generales, acogiéndose nuestras indicaciones, casi en su totalidad.

No obstante ello, no existe acuerdo en temas sustanciales, toda vez que el comunicado conjunto evacuado por las 4 Direcciones Generales introdujo en el debate una serie de elementos no contenidos en la propuesta original, no consensuadas ni explicitadas previamente en la mesa. Es más, esa comunicación, que no dudamos en calificar como desafortunada, se socializó, imponiendo condiciones que desconocen el derrotero previamente acordado por la propia instancia negociadora.

El incremento en las horas de atención presencial requiere una planificación gradual, que contemple el respeto a la institucionalidad previamente acordada y que considere la realidad de nuestros servicios. 

En ese entendido hemos solicitado se agende, con carácter de urgente, una reunión con las cuatro Direcciones Generales, en que se evalúe e implemente, con criterio de realidad, los parámetros y condiciones necesarios para avanzar en una paulatina normalización de las actividades, teniendo siempre a la vista las prescripciones de la autoridad sanitaria en la actual coyuntura de emergencia sanitaria.

Así las cosas estimamos absolutamente inviable, un cambio de situación, en la fecha definida unilateralmente por las Direcciones Generales.

Los llamamos a estar atentas y atentos al desarrollo de las negociaciones, cuyos resultados comunicaremos, oportunamente. 

DIRECTORIO FENADAJ

Marcelo Inostroza Aparicio, Jéssica Valenzuela Moya, Zulema Díaz Castro, M. Andrea Moscoso Gajardo, Rosa Chipoco Aguilera, Mónica González Díaz y Hugo Gutiérrez Tarifeño.

CON RECHAZO DE DOS PRIMEROS ARTÍCULOS Y DISCUSIÓN ENTRE «JUDICIAL Y NO JURÍDICO» SE INICIÓ ANÁLISIS DE NUEVO SERVICIO DE JUSTICIA Y DEFENSORÍA DE VÍCTIMAS

Con el rechazo de los primeros dos artículos del proyecto de ley que crea el “Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y la Defensoría de Víctimas”, referidos a la «naturaleza» y «objetivo» del servicio terminó, este lunes 26 de julio, la sesión de suma urgencia convocada para analizar la iniciativa legal en la que la FENADAJ puso énfasis en las diferencias de entregar «representación judicial» y/o representación jurídica» del nuevo sistema público.

El rechazo de los dos primeros articulados por parte de los integrantes de la Comisión de la Cámara de Diputados no sorprendió debido a las seguidillas críticas del que ha estado acompañada la iniciativa del Presidente Sebastián Piñera.

Mientras el primer artículo rechazado está referido a un servicio público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, supervigilado a través del Ministerio de Justicia desde Santiago, organizado territorialmente por cuatro Direcciones Macrozonales y afecto al Sistema de Alta Dirección Pública; el segundo obedece al objetivo de garantizar el acceso a la justicia a través de asesoría jurídica, orientación legal, defensa y representación jurídica a quienes no puedan procurárselas o estén en situación de vulnerabilidad, como también al apoyo psicológico y social en los casos que corresponda.

«El rechazo de estos dos primer artículos demuestra la inconsistencia del proyecto», enfatizó Marcelo Inostroza, presidente de la Fenadaj y uno de los invitados a intervenir en la sesión, para quien, además, la diferenciación de «representación judicial y no jurídica» tiene efectos de fondo debido a que «en el primer concepto -defendido por la organización gremial- se abarcan prestaciones como orientación, información, promoción y educación en derechos, representación y asistencia psicosocial para víctimas de delitos, en el segundo sólo se reduce a trámites legales y, con ello, a no hacer frente al financiamiento que conlleva una atención judicial integral para usuarios y funcionarios.

Desde la institucionalidad fueron citados a la discusión de suma urgencia Hernán Larraín, Ministro de Justicia y Derechos Humanos; Sebastián Valenzuela, Subsecretario de Justicia; Héctor Mery, Jefe de la División Judicial; Simone Hartard, Jefa de Gabinete; Sebastián Schmoller, Jefe del Dpto. de Asistencia Jurídica y Fernando Dazarola, Asesor; Erika Maira, Gerenta de la División de Atención a Víctimas y Testigos de la Fiscalía Nacional. Defensoría Nacional Penal Pública y Sofía Libedinsky Ventura, abogada del Departamento de Estudios de la Defensoría Nacional. 

Mientras que por las organizaciones civiles fueron invitados además de Marcelo Inostroza Aparicio, Presidente de la FENADAJ; Cristian Inzunza Espinoza, Secretario Nacional FENAMINSA y Alfredo Contreras Avalos, Presidente Asociación Nacional de Funcionarios de Seguridad Pública de la Subsecretaría de Prevención del Delito. 

Esta es la tercera vez que la FENADAJ es citada por la Comisión para exponer sus aportes y comentarios al proyecto de ley.

PRESIDENTE DE COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN POR NUEVA LEY DE DEFENSORÍA DE VÍCTIMAS: «TERMINO MÁS PREOCUPADO RESPECTO AL CORAZÓN DEL PROYECTO»

«Después de escuchar cada una de las intervenciones (…) termino más preocupado respecto a la orientación que tiene el proyecto», fueron las palabras que el diputado PS Marcos Ilabaca, presidente de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, lanzó al cerrar las casi tres horas de exposiciones escuchadas en torno al proyecto de ley de Sebastián Piñera con el que busca crear un nuevo «Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas de Delitos.»

«No solamente en relación con las críticas respecto al tema de personal, remuneraciones e infraestructuras, sino que además respecto al corazón del proyecto y a cómo está orientándose este giro hacia una justicia restaurativa que, al parecer, no logra contemplar el proyecto», agregó antes de precisar que «invitaría» a la próxima sesión a «conversar seriamente».

Sus palabras fueron tomadas con satisfacción por el presidente de la FENADAJ, Marcelo Inostroza, una de las partes invitadas a la sesión desarrollada este 5 de julio, para entregar sus observaciones y cuya organización ha resumido en el #sinplataesletramuerta. La organización representa a más de dos mil trabajadores de las cuatro corporaciones de asistencia judicial existentes en Chile.

Cabe destacar que según informe de @DipresChile de 22 de junio, no existen disponibles recursos financieros para la implementación del sistema, que solo suma fondos para funcionamiento de direcciones Nacionales y regionales, fue otro de los planteamientos advertidos.

«Sin una inyección importante de recursos no sabemos cómo se va a asumir la avalancha de causas», insistió en su intervención de casi 30 minutos Marcelo Inostroza. Junto a él expusieron representantes del Ministro de Justicia y Derechos Humanos; la fiscalía del Ministerio Público y la Defensora Nacional Penal Pública.

Otros de los puntos abordados por la FENADAJ fueron la falta de planificación, de políticas de homologación de cargos, consideración de infraestructura, profesionalización y estrategia intersectorial de tal forma de cumplir los requerimientos de la ciudadanía y del proyecto gubernamental. Para Inostroza, estos son pilares mínimos al igual que el financiamiento que obliga a entregar un mayor apoyo psicosocial propuesto por la nueva institucionalidad.

A ello se agregó la observación emitida por la Defensora Penal Pública que en su intervención planteó que «el proyecto no menciona a grupos como pueblos originarios ni migrantes».

PARA VER INTERVENCIÓN DE LA FENADAJ ANTE LA COMISIÓN HAGA CLIC ACÁ (desde 1,17 horas)

DANIEL STINGO, ABOGADO CONSTITUYENTE: «LAS CAJs DEBERÍAN TENER MÁS RELEVANCIA. REQUIEREN MÁS LUCAS»

De los 155 constituyentes, la entidad que redactará una nueva Constitución para Chile a partir del 4 julio, 61 son abogados. Daniel Stingo, de la Universidad Católica, es tal vez el más conocido de todos por ser el primer rostro de televisión en ganarse un espacio para hablar desde los temas de justicia. Desde esa tribuna insiste en que pese a que la actual Constitución garantiza el acceso a ella, «hay que profundizarlo un poco más» para terminar con «la justicia para ricos y para pobres», dice en entrevista con FENADAJ. 

«En la Constituyente ni siquiera hemos preparado nada, ni un reglamento de cómo vamos a hacer la Constitución, pero está la idea de fortalecer el acceso a la justicia, por supuesto. Hoy tenemos la Corporación, pero yo creo que es un poco-poco», dice en referencia al rol de las Corporaciones de Asistencia Judicial, CAJ, que en año normal atiende y contiene en temas legales a casi 600 mil personas en vulnerabilidad.

“Ah!, los abogados de la municipalidad?!… lanza en su particular estilo para opinar que parte del problema es que «las CAjs deberían tener más relevancia. Requieren más lucas.» 

Qué piensa en torno a esta sistema, su cobertura y presupuesto, dificultades, estudiantes en práctica, soluciones e instancias de conversación resumidas a continuación en una entrevista que también puedes seguir en este video:

DANIEL STINGO, UNO DE LOS 61 ABOGADOS ELEGIDOS EN LA CONVENCIÓN CONSTITUYENTE.

Justicia como derecho social

«La justicia social para mí tiene que ver con el acceso, pero también de disponer: que alguien tenga salud accesible, rápida y que no le pateen su hora al médico especialista un año más; que los hijos de esa persona puedan ir a un colegio público con una buena educación comparada con la del colegio privado. También las pensiones. Diría que, desde mi visión, no está considerada aún para los derechos sociales. En el artículo 19 (de la actual Constitución) no todos son prioritarios en materia de derechos sociales garantizados por el Estado. Deberían ser todos, pero lo que hay que cambiar son los derechos sociales del Estado social que son educación, salud, pensiones y vivienda. Eso es lo que el Estado tiene que garantizar de forma rápida, urgente, porque ya están entregados a los privados y eso es lo que tiene que volver al Estado. Otra cosa son otros derechos que, en teoría, están siendo entregados por el Estado, como la justicia, pero se está haciendo mal, que es distinto.»

Justicia en deuda

«Que la justicia, el día de hoy, está al debe, concuerdo con eso, obviamente. No soy ciego, soy abogado. Veo cómo lo pasan muchas mamás en materia de familia que demandan la pensión de alimento y no pasa nada. En justicia de familia estamos mal. En justicia laboral hay tardanza. En Santiago, por ejemplo, (tribunales) están absolutamente sobrepasados, no se respetan los plazos, sentencias, cobranzas. Y en materia civil, para qué decir lo lento que es cuando estás cinco años en un juicio civil. Policías locales son un chiste, perdóname que lo diga así. Hay que cambiarlo por justicia vecinal, con otros sistemas. Diría que avanzó un poco en penal, en tema de familia, pero la forma y no el fondo. Procesalmente está bien lo laboral, familia – las modificaciones fueron buenas- pero en el fondo es cómo tenemos mayor cantidad de jueces, por ejemplo, mejores métodos de cobranza, etc. Diría que eso es materia de la Policía Local. Hay que modificarlo.»

Justicia vecinal

«Deben desaparecer los juzgados de Policía Local y cambiarse por justicia vecinal. Hubo un proyecto en Chile, donde me tocó participar hace unos años, como proyecto piloto y funcionaron bastante bien, pero lo dejaron botado. Es una cosa ambigua entre lo municipal de la que depende, del alcalde, por un lado, y por otro lado de justicia, una cosa muy rara. Además, es como un botín ser jueces porque además pueden ejercer en otros lados. Creo que hay que tomarse en serio la justicia vecinal porque hartos problemas nos ahorraríamos.»

Presupuesto garantizado

«(Desde la Constituyente) No podemos garantizar un presupuesto, porque lo ve la Ley de Presupuesto, pero sí estudiar, por ejemplo, constituciones comparadas de países donde sí funciona la justicia para que las personas de menos recursos puedan acceder y después darle el pase al Congreso, que tendrá que hacer esos cambios. Creo que en Chile todos sabemos que hay justicia para ricos y para pobres pero no hacemos nada para cambiarlo. No se trata de subirle penas a los delitos de cuello corbata, hay que meterle lucas al sistema de administración de Justicia donde los pobres van cuando sienten que han sido pasados a llevar. Desde la Constituyente no podemos… tal vez, desde alguna forma, presentar un recurso en caso que se le niegue el acceso a la justicia y ahí los mismos tribunales ordenen que se dé Justicia, pero es contradictorio porque son ellos los que tienen que dar justicia, entonces no tiene mucho sentido. Creo que eso es materia legal, pero para eso se necesita voluntad política, que ha faltado de todos los colores. Las Constituciones no ven presupuestos. No conozco ningún artículo de la Constitución, esta o de las anteriores, que vea presupuesto… Poner una norma de obligatoriedad que uno pudiera hacer efectiva, eso puede ser a través de la Contraloría, alguna obligatoriedad para que el Estado se preocupe, pero insisto: esto pasa por una cuestión de voluntad política de los Gobierno y también de la presión de la ciudadanía cuando un tema de interesa. O sea así de brutal es.»

La presión social

«Creo que (al tema justicia) le falta esa presión social. Hubo cambios: los juicios de menores, en los tribunales de Menores, eran realmente lo peor de lo peor. Y se cambió el Tribunal de Familia pero en la materia de pensión está al debe. Los tribunales de Menores eran diez veces peor que los tribunales de Familia. Se perdían los expedientes, era terrible. En materia laboral también se mejoró en términos de tiempos. Los tribunales laborales antiguos eran cosas eternas, con cuatro años por juicio pero no se respetan los plazos, o sea, un mes entre la presentación de la demanda y la audiencia preparatoria; otro mes para la audiencia de juicio y 15 días para la sentencia. Vaya a obtener usted, por lo menos en Santiago, juicios en ese plazo!» 

El problema del abogado que me defienda

«El problema para la gente es cómo tengo un abogado que me defienda y ahí está el tema. Y es en eso en que el Estado debería invertir. Vamos más allá: ¿Por qué los estudiantes de derecho que se van a recibir tienen que hacer una práctica gratuita para el Estado de seis meses de su vida?, ¿por qué no lo hacen los veterinario, los economistas, los médicos y sólo se obliga a los abogados en Chile a hacer una práctica gratuita para la Corporación? Eso debiera ser reemplazado. Meter más abogados, ya hechos y derechos, pagados para el Estado para defender a la gente. Tal vez ese debiera ser el cambio sustancial: pagarle a abogados que se hagan cargo como titulares en las corporaciones y sacar el efecto del estudiantado como pasa en el área laboral, donde siento que en las corporación funciona muchísimo mejor porque tienen muy buenos abogados, trabajando encima, ellos mismos son los que van a las audiencias, tienen buenos resultados, tienen experiencia.» 

Justicia como prioridad Constitucional

«No es que no sea prioridad, porque uno pudiera decir: ¿cambiar el sistema de gobierno es prioridad? Cuando nos toque hablar del sistema de gobierno vamos a ver si el presidencialismo se va a mantener, o semipresidencialismo, Y cuando nos toque el tema de la justicia, vamos a poder analizar el sistema portugués, por ejemplo, separar en el Poder Judicial las labores jurisdiccionales de las labores disciplinarias, sacar también el manejo de platas de la Corte Suprema y pasarlas a esta corporación, que dicen algunos, o también las labores del nombramiento de jueces. Separar eso. Podemos preguntarnos cómo los pobres van a poder tener acceso a la justicia y ahí podemos conversar. Ahí va a ser muy interesante cuando conversemos: dejémonos de patrañas, vamos a seguir con las “corpo” (Corporaciones) en que los cabros están seis meses y donde los abogados son mal pagados? O vamos a hacer una institución más robusta en que los chilenos y las chilenas puedan acceder efectivamente a un abogado gratuito que el Estado le provea como, por ejemplo, tienen las Defensorías. En la materia penal ya está solucionado: tenemos Defensoría Penal. ¿Por qué no podemos tener una Defensoría penal o laboral fuerte, robusta, mucho más en materia de familia? Creo que esa va a ser una conversación que vamos a tener que tener cuando llegue el momento de hablar de la justicia.»

FENADAJ debe ser recibida 

«No tenemos reglamento todavía de cómo lo vamos a hacer, pero tenemos toda la intención de escuchar a todos los sectores que vayan a sentarse a contarnos qué creen ellos podría o debería ser. De hecho, ahora hemos tenido varias conversaciones. Yo he conversado con fiscales, jueces, pescadores, porque todo el mundo está planteando lo que ellos creen debería estar en la Constitución también, entonces es ahora, pero también va a ser cuando toque ese tema en la Constituyente. Obviamente que (la FENADAJ) tiene que ser recibida.