Diputado PS Leonardo Soto, quien integra la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, se sinceró: “En la comisión no tenemos ninguna iniciativa, ni del gobierno ni mensaje, que esté intentando resolver estos problemas” que hacen que la “justicia de clase hoy día está instaurada institucionalmente” en Chile, dijo.

Como integrante la de Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, el diputado socialista Leonardo Soto reconoció en entrevista con la FENADAJ, que agrupa a 2.000 trabajadores de las CAJs, que no existen iniciativas para cumplir con el anuncio de Sebastián Piñera en su última cuenta presidencial «de mejorar el acceso a la justicia» y que lo único que se ha abordado es «que los egresados de derecho dejen el sistema que apalancan sin paga».

-¿Coincide que en Chile existe clasismo judicial?

-…¿en qué sentido?…

-… en el que quien tiene dinero puede tener justicia y terminar un proceso judicial.

-La justicia es fundamental en una sociedad. Es natural que en la sociedad existas disputas y controversias graves, disputas por problemas de vecindad, contratos, porque la gente fallece, por conflictos familiares… es consustancial a la sociedad humana. Para resolver esas controversias, y la gente no haga justicia por su propia mano, tiene que haber un sistema de justicia. La justicia garantiza la paz social, garantiza que las personas no se agredan y se respeten. Sin justicia hay caos. En Chile, la justicia tiene algunas características especiales, no es igual para todos. Si alguien tiene dinero, simplemente accede a tremendos servicios jurídicos, buenos abogados, obtiene juicios rápidos, una justicia certera y, a veces, en la medida de lo que ellos quieren. Sin embargo, si uno tiene dificultades, no tiene recursos económicos -y en Chile en términos relativos cerca del 40% de las personas tienen niveles bajos de ingreso, están excluidos de ese sistema de abogados particulares donde sí opera el sistema judicial- queda totalmente marginalizado de la sociedad, queda fuera del sistema de justicia y eso, sin duda, es un problema grave. 

¿Qué tiene la sociedad la sociedad para poder garantizar el acceso de este 40% de personas que tienen necesidad de justicia, pero no pueden pagarla por sus propios medios?: tienen la Corporación de Asistencia judicial. En consecuencia, esta institución cumple un rol fundamental de garantía de la paz social, de garantía de que todas las personas puedan tener un trato en sus controversias jurídicas, puedan tener acceso a la justicia. La justicia en un bien para todos y no solo para quienes la pueden pagar y, desde ese punto de vista, hoy día, como está diseñado nuestro sistema, eso no está garantizado.

– ¿Coincide entonces con esta visión de clasismo judicial?

-El hecho que no funcione el sistema judicial para un 40% de la población que no puede pagar abogados particulares determina una anomalía, una distorsión de nuestro sistema judicial que, sin duda, muchos lo presentan correctamente como el clasismo judicial, es decir, justicia para ricos. Eso es muy fuerte en materia penal. Hoy día, lamentablemente, alguien que roba una gallina puede pasar muchos años en la cárcel, por robo con sorpresa, por robo con violencia, pero alguien que comete un desfalco gigantesco, que se colude con otros para subir los precios artificialmente a los remedios a las personas que están enfermas, abusando de ellos, no pasa ni un día en la cárcel. En consecuencia, me parece que esa justicia de clase hoy día está instaurada institucionalmente a partir de la realidad que se vive, sobretodo para esas personas que necesita acceder a justicia y no tiene dinero.

-El Presidente Piñera, en la última cuenta pública en el Congreso, habló de acceso de la justicia a partir de la problemática de la delincuencia, ¿qué está haciendo la Comisión (de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento) respecto a este anuncio?

-Respecto al acceso a la justicia, básicamente lo que tenemos en este gobierno, y también en gobiernos anteriores, son promesas incumplidas. Existe bastante consenso en la necesidad de profesionalizar los servicios jurídicos que quedan a disposición de la gente que no pueden pagar un abogado particular. Todos creemos, o estamos convencidos, que tener una corporación aparentemente privada, como es la Corporación de Asistencia Judicial -como un falso servicio público- para poder resolver los problemas de acceso a la justicia es, sin duda, del siglo pasado. Es paleolítico, cavernario!

-¿Pero a la Comisión no ha llegado nada?

-Hoy día en la comisión no tenemos ninguna iniciativa, ni del gobierno ni mensaje, que esté intentando resolver estos problemas. Es más, hay algunas mociones que estuvimos revisando el año pasado, de algunas personas que estiman que debe terminarse con la exigencia para los estudiantes, o egresados de derecho, con la obligación que tienen de hacer las prácticas en las corporaciones. 

-Con eso el sistema termina de colapsar. Ellos cubren el 60% del sistema.

-Lo primero es decir que ellos tienen toda la razón. La carrera jurídica o de abogado es la única carrera de todo Chile que obliga a sus egresados a trabajar 6 meses gratis en una corporación privada para dar acceso a la justicia. No lo hace la medicina… en la medicina todo se paga, tampoco la arquitectura, en fin, esto no existe. Es una carga que se le da a los estudiantes o egresados de derecho. No existe tampoco en muchas partes del mundo. Es discriminatoria. A veces, algunos egresados de derecho que tienen trabajos particulares tienen que renunciar a ellos para responder a esta carga que los obliga el sistema. Pero, por otro lado, si es que se elimina esta carga a los egresados de derecho va a significar el sinceramiento de un problema: que las Corporaciones de Asistencia judicial no pueden funcionar así. Tienen que profesionalizarse, modernizarse, tener staff de abogados, técnicos, auxiliares, que den un servicio de calidad. Yo pasé por la Corporación de Asistencia Judicial, hace muchos años eso sí, y la condiciones en que funcionaba mi corporación eran horribles. Teníamos una sala donde no había ni siquiera cubre piso, estaba el radier con el polvo que en las mañanas, para barrer, había que tirar agua. Éramos 10 egresados, un solo abogado, no dábamos abasto, teníamos casos que pasaban de un postulante a otro, casi sin movimiendo (en la causa) porque no había capacidad. Y ese servicio no se le puede dar a la gente. Eso en los años ’80, pero ese servicio en el siglo XXI, es indigno para los usuarios que tienen necesidad de asistencia jurídica del Estado.

-¿Y cómo enfrentar esto? Si usted es legislador y sabe que no se está haciendo nada por parte del Estado.

-Lo que hay que hacer es transformar esta corporación media privada, híbrida, con estudiantes obligados a pertenecer a ella, que son los que dan los servicios, en un verdadero servicio público, con profesionales, técnicos, auxiliares, con centro de estudios, con lo medios necesarios, con un presupuesto adecuado que les permita hacer una defensa digna, no muy distinta que la que tiene una persona que puede pagar un servicio afuera. Este es el estándar. Ahora, eso supone, sin duda, gasto público y eso se financia con presupuesto del Estado. La iniciativa, de acuerdo a la Constitución, no puede provenir de un parlamentario, tiene que provenir de los gobiernos, porque son de iniciativa exclusiva del Presidente de la República. Lo bueno es que este gobierno, tal como lo dijo usted, en la ultima Cuenta Pública dice que, anuncia que, se necesita mas defensa para las personas, una defensa profesional, que le garantice determinados logros… bueno, nosotros lo que estamos haciendo es tratar que el gobierno cumpla…

-… cómo Comisión?

-Como comisión. En nuestras reuniones con el ministro de justicia, que es quien tiene que tomar decisiones al respecto, en nuestra agenda en común, le hemos exigido varias cosas: tribunales de drogas, en materia penal, fundamentales; tribunales de ejecución de penas, un servicio de víctimas y un sistema de defensa profesional y moderno para Chile. Son estándares que Chile tiene que tomar y avanzar. No podemos mantener ni una día más las condiciones que hoy en día se les como acceso a la justicia a los más pobres, como los que tenemos en las orporaciones de asistencia judicial.

-¿Hay que seguir esperando?, así de doloroso.

– Yo no estoy en condiciones de hacer ningún anuncio, porque le advierto que no es de mi competencia… lamentablemente este gobierno anuncia una cosa y hace otra. Es decir, anuncia que hay que tener un servicio, pero lo habla más bien desde lo penal, un servicio de víctima, distinto a la representación que hace el Ministerio Público. Nosotros, como parlamentarios, hemos agregado la necesidad de tener un servicio jurídico con buen estándar. Si algo de esto se hizo con la Defensoría (Penal Pública), que es un servicio también adscrito al Ministerio de Justicia que le da defensa a los inculpados en materia penal, y lo hacen con una estructura, muy profesional, muy bien, con defensas licitadas en la parte que no pueden cumplir, pero eso es para los inculpados, para los autores de los delitos… pero cómo no van a merecer un servicio similar quienes son víctimas de los delitos o las personas que son vulneradas en sus derechos civiles, en sus contratos, en sus arriendos, o que son víctimas de engaño en materia del consumidor. También tienen que tener un sistema de defensa con el mismo estándar. Es una anomalía que hay que corregir y, como parlamentario de la Comisión de Constitución, estamos presionando al Ejecutivo para que cumpla con la necesidad de la que estamos hablando: de las víctimas y de los usuarios del sistema de la Corporación de Asistencia Judicial.

-Que el 70% de quienes usan el sistema sean mujeres, ¿refleja que además es un sistema machista?

-Los problemas de la sociedad, de pobreza, son agudos para los hombres desempleados, con bajos sueldos, de empleo precarizado, pero para las mujeres del mismo segmento social el problema es doble, el triple, porque le agregamos los problemas asociados a lo anterior, los problemas asociados a la maternidad, la baja escolaridad, porque muchos hombre no permiten que la mujer estudie, en consecuencia, se multiplican las dificultades para ellas y, por tanto, obliga al Estado a entregar más recursos y servicios donde más se necesita. La única manera de resolver la desigualdad en el trato que recibe la gente modesta en este país, y las mujeres más maltratadas en este país, es haciendo una reforma como Chile necesita. Que le garantice a todos un buen estándar de acceso a la justicia y eso está pendiente.

«Falta Modernidad»

Tuve la oportunidad de intervenir en el último conflicto de este año que hubo entre las CAJs con el Ministerio de Justicia precisamente por problemas asociados a la falta de modernidad. No tenían ni siquiera computadores o base de datos uniformes o en línea, no pago de recursos que estaban previamente comprometidos con los funcionarios, y las razones eran pueriles, eran “no pudimos certificar el cumplimiento de las metas, o los computadores no tenían las capacidades para demostrar el cumplimiento de las metas”, lo que habla de un servicio de Corporación de Asistencia Judicial absolutamente subvalorado por la autoridad y eso se lo dijimos en su cara al ministro de justicia en su momento.

Servicio maltratado

No pueden tener un trato, o maltrato, a este nivel con un servicio que es básico y no pueden sacar provecho para no pagar remuneraciones o asignaciones remuneracionales a los funcionarios que trabajan en estos servicios por las deficiencias que ellos mismos han mantenido. Es decir, no se pueden aprovechar del propio dolo, como se dice en derecho… bueno, hicimos el esfuerzo de acompañarlos en las movilizaciones, estuvimos con los funcionarios y yo creo que forjamos una alianza que, espero, permita que de una vez por todas Chile les entregue servicios modernos, justos y dignos de acceso a la justicia a todos los chilenos, sin distinción.