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PRESIDENTE DE COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN POR NUEVA LEY DE DEFENSORÍA DE VÍCTIMAS: «TERMINO MÁS PREOCUPADO RESPECTO AL CORAZÓN DEL PROYECTO»

«Después de escuchar cada una de las intervenciones (…) termino más preocupado respecto a la orientación que tiene el proyecto», fueron las palabras que el diputado PS Marcos Ilabaca, presidente de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, lanzó al cerrar las casi tres horas de exposiciones escuchadas en torno al proyecto de ley de Sebastián Piñera con el que busca crear un nuevo «Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas de Delitos.»

«No solamente en relación con las críticas respecto al tema de personal, remuneraciones e infraestructuras, sino que además respecto al corazón del proyecto y a cómo está orientándose este giro hacia una justicia restaurativa que, al parecer, no logra contemplar el proyecto», agregó antes de precisar que «invitaría» a la próxima sesión a «conversar seriamente».

Sus palabras fueron tomadas con satisfacción por el presidente de la FENADAJ, Marcelo Inostroza, una de las partes invitadas a la sesión desarrollada este 5 de julio, para entregar sus observaciones y cuya organización ha resumido en el #sinplataesletramuerta. La organización representa a más de dos mil trabajadores de las cuatro corporaciones de asistencia judicial existentes en Chile.

Cabe destacar que según informe de @DipresChile de 22 de junio, no existen disponibles recursos financieros para la implementación del sistema, que solo suma fondos para funcionamiento de direcciones Nacionales y regionales, fue otro de los planteamientos advertidos.

«Sin una inyección importante de recursos no sabemos cómo se va a asumir la avalancha de causas», insistió en su intervención de casi 30 minutos Marcelo Inostroza. Junto a él expusieron representantes del Ministro de Justicia y Derechos Humanos; la fiscalía del Ministerio Público y la Defensora Nacional Penal Pública.

Otros de los puntos abordados por la FENADAJ fueron la falta de planificación, de políticas de homologación de cargos, consideración de infraestructura, profesionalización y estrategia intersectorial de tal forma de cumplir los requerimientos de la ciudadanía y del proyecto gubernamental. Para Inostroza, estos son pilares mínimos al igual que el financiamiento que obliga a entregar un mayor apoyo psicosocial propuesto por la nueva institucionalidad.

A ello se agregó la observación emitida por la Defensora Penal Pública que en su intervención planteó que «el proyecto no menciona a grupos como pueblos originarios ni migrantes».

PARA VER INTERVENCIÓN DE LA FENADAJ ANTE LA COMISIÓN HAGA CLIC ACÁ (desde 1,17 horas)

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TRABAJADORES DE CAJS ADVIERTEN POR NUEVA DEFENSORÍA DE VÍCTIMAS: “SIN FINANCIAMIENTO Y NI CONDICIONES LABORALES ES LETRA MUERTA”

Dirigente advirtieron que, en promedio, las CAJs atienden en año normal 660 mil personas con $48 mil millones de presupuesto, lo que significa $72.000 anuales por atención, muchas de ellas multidisciplinarias con abogado, sicólogo y asistente social.

La Federación Nacional de Acceso a la Justicia, FENADAJ, que agrupa a más de dos mil trabajadores de las Corporaciones de Asistencia Judicial (CAJs) que cada año atienden en 368 centros a más de 660 mil víctimas de delitos que no pueden pagar abogados, advirtió que “un proyecto que no cuente con el financiamiento ni garantice condiciones dignas de trabajo es sólo una declaración de buenas intenciones que no asegura su concreción en la práctica. Es letra muerta”.

Así lo enfatizó la presidenta de la Federación, Claudia Fachinetti, tras la firma del proyecto de Ley con que el Presidente Sebastián Piñera crea un nuevo Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de las Víctimas de Delitos para unificar el trabajo realizado hasta ahora desde las cartera de Justicia, con las cuatro Corporaciones de Asistencia Judicial, sus programas Mi Abogado, especializado en niñxs y adolescentes y la Defensa del Adulto Mayor, y del Ministerio del Interior, con otro Programa de Apoyo a Víctimas.

$72 mil por usuario al año

Cabe destacar que las CAJs, que entregan estas asesorías judiciales en lo penal, laboral, familiar e infancia, tienen un presupuesto de menos de $48 mil millones anuales (U$ 68 millones), “lo que significa que cada atención cuenta apenas con un presupuesto promedio de $72.000 (U$ 102) anuales por víctima, muchas de estas multidisciplinarias y de largo plazo que superan con creces este monto”, explicó la dirigente, quien además protestó por no haber sido considerados en el trabajo de la iniciativa, pese a las insistencias.

“El Ministerio de Justicia y DDHH trabajó este proyecto a espalda de lxs trabajadores. La FENADAJ ha impulsado de manera permanente un nuevo servicio que garantice el Acceso a la Justicia a los grupos vulnerables de forma integral, y así lo hicimos saber a las autoridades en enero del 2020 cuando nos enteramos por la prensa de la intención de trabajar en este proyecto”, dijo Fachinetti antes de agregar que, a la fecha, las autoridades del ministerio “no han querido darnos a conocer el proyecto siendo que atendemos a víctimas en 368 centros de Arica a Punta Arenas”, agregó la presidenta de la FENADAJ. 

77% de efectividad judicial

“En el 2018 nos felicitaron por lograr 77% de resultados favorables en tribunales, mismo año que la Defensoría Penal Pública atendió 319.738 imputados de delitos, con un presupuesto de $60 mil millones anual. Nosotros, con $46 mil millones atendimos ese año 661.244 usuarios”, agregó Fachinetti al precisar, además, que “estos últimos años hemos perdido anualmente el 5% de nuestro exiguo presupuesto, lo que significa menos personal, mayor deterioro informático y falta de infraestructura para la atención digna y profesional”.

Injusta precariedad

Cabe destacar que en 2019, el noticiario Central de TVN realizó un reportaje de 12 minutos titulado “Injusta precariedad” dando cuenta de funcionarixs que trabajaban sin internet, computadores ni mobiliario para atención, baños sin agua potable, sistemas eléctricos peligrosos, hacinamiento y falta de espacios dignos para atención y toma de testimonios de víctimas, entre otros, entre los que se consideran incluso que las CAJs se manejan con correo gmail y no institucional.