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Minju-FENADAJ siguen abordando aspectos del proyecto NSAJ

La Federación de Trabajadores de las cuatro corporaciones de asistencia judicial (FENADAJ), cuyos más de dos mil trabajadores entregan de Arica a Punta Arenas atención gratuita cada año a más de 450 mil personas de escasos recursos con problemas legales de las áreas laboral, civil y de familia, participaron este miércoles 3 de febrero en la tercera telereunión de trabajo con las autoridades del Ministerio de Justicia y DDHH por el proyecto de Ley tramitado en el Congreso para crear nuevo Sistema de Atención a Víctimas.

CON EL #SINPLATAESLETRAMUERTA FENADAJ EXPUSO PEROS DE NUEVO SISTEMA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS EN LA CÁMARA

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Con el fin de dejar en claro que sin financiamiento, como fue ingresado por el Presidente Sebastián Piñera, el proyecto de Ley que crea el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y la Defensoría de las Víctimas de Delitos «es letra muerta», la directiva de la FENADAJ intervino en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento solicitando a la instancia no convertirse en el nuevo «Transantiago», pero de la justicia.

En la intervención de 21 minutos, la presidenta de la FENADAJ, Claudia Fachinetti, habló en nombre de los dos mil trabajadores de las cuatro CAJs, abarcando aspectos como cobertura de atenciones alcanzada (más de 700 mil en 2019); sus seis líneas de acción; presupuesto de atenciones ($87.000 por persona al año) y razones de por qué sólo cubren el 90% de sus gastos; además de un informe de infraestructura y pruebas de la precariedad de la atención denunciada por la prensa, entre algunos los argumentos de las carencias del sistema.

Otros de los aspectos expuestos por la dirigenta fueron los comparativos en las lineas de acción y la estructura entre el nuevo servicio propuesto por Piñera al Congreso, con el que pretende unificar varios servicios dispersos y el actual, y el vigente, para demostrar que sin asignación de nuevos ítems presupuestarios para un sistema que, al año, recibe 47 mil millones de pesos, monto similar con que funciona en un año un hospital de alta complejidad en Chile, explicó Marcelo Inostroza, vicepresidente de la FENADAJ, al resumir su intervención una vez finalizada después de Fachinetti.

«Seremos capaces como Estado de atender a más de 1.500.000 de personas con el mismo personal que actualmente atiende a 75.000», enfatizó ante la Comisión Fachinetti, abriendo el debate en la Comisión en los aspectos operacionales no considerados en la iniciativa.

Ambos dirigentes enfatizaron en sus intervenciones que el proyecto no cuenta con estudios que funden la propuesta ni cifras cifras que definan el público objetivo al que alcanzará. «No dimensiona el impacto con que esta nueva institucionalidad impactará la creciente demanda de justicia», agregó Inostroza enfatizando que en ningún caso sus críticas implican oponerse a la modernización de la CAJs «para garantizar el acceso digno a la justicia a todos los chilenos».

«Si ustedes viajaran en el tiempo, cuando se tramitó el Transantiago, ¿lo aprobarían conociendo su evolución? Quienes lo aprobaron en su minuto aún dan explicaciones», enfatizó ante la Comisión Inostroza.

CONCILIACIÓN Y NOTIFICACIÓN VIRTUAL: LOS APORTES DE FENADAJ A LEY DE RETORNO JUDICIAL POST COVID-19

Más conciliaciones, audiencias remotas para evitar presencialidad, reforma al sistema de notificaciones e interconexión del tribunal con instituciones públicas y privadas fueron algunas de las propuestas FENADAJ acogidas a través del Ministerio de Justicia y DD.HH. en el Proyecto de ley que «reforma el sistema de justicia para enfrentar la situación luego del estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública» generada por el Covid-19.

El retorno significará en la práctica enfrentar sobrecarga de entre 70% y 80% de las audiencias en materia de familia y 68% menos de atenciones en los tribunales de juicio oral, que según datos del mensaje presidencial N° 158-368, han mostrado las estadísticas durante la pandemia.

“Nos satisface que el Ministerio haya acogido gran parte de nuestras sugerencias de modificaciones legales para enfrentar la situación que se vendrá post pandemia. Ello dada nuestra insistencia para aportar con nuestra experiencia en las dificultades que pueda enfrentar el poder judicial luego de esta crisis”, descató la presidenta de la FENADAJ, Claudia Fachinetti, tras analizar los aspectos que abordará esta iniciativa presidencial surgida desde una Mesa de trabajo Intersectorial y con la que se enfrentará la sobrecarga generada cuando se reactiven audiencias y otras actuaciones procesales pendientes en materia civil, laboral y de familia. 

Los puntos propuestos por la FENADAJ fueron expuestos en una intervención de 17 minutos, a fines de junio, ante la Mesa. En la oportunidad, las consideraciones se centraron en cinco puntos centrales: “Más soluciones menos juicios, que favorezca la solución colaborativa de los conflictos, junto con la ampliación de cobertura de Centros de Mediación y Arbitraje”; “modificación legal para notificaciones”; “Centros Regionales de Receptores Institucionales”, “Sistema mixto de audiencias presenciales y videoconferencia”, y “Creación de APP para permitir una mejor comunicación entre usuarias/os y  profesional CAJ.

En ese marco, los puntos en los que la FENADAJ destaca haber aportado al Proyecto de Ley abarcan cuestiones tanto administrativas, laborales y logísticas, y se sintetizan en 10 aspectos, todos enfocados en los ámbitos de la justicia penal, civil, laboral y de familia que se detallas a continuación.

1.- “Limitar la presencia física de las personas por motivos sanitarios” para precaver posibles focos de contagio.

2- El nuevo artículo 3o bis en el Código de Procedimiento Civil que potencia la mediación y se permite la mediación vía remota por videoconferencia en un régimen permanente y otro transitorio. Éstas deberán ser decretadas por la Corte o el tribunal respectivo a solicitud de parte.

3.- Incluir la mediación por medios virtuales en materia de familia al modificarse el artículo 103 de la ley No 19.968. 

4.- Tratándose de los alegatos ante las Cortes de Apelaciones y ante la Corte Suprema, abogados podrán en forma remota, evitando la presencialidad y los traslados.

5.- Las Cortes de Apelaciones dispondrá, a solicitud del juez, un sistema de funcionamiento obligatorio para realizar vía remota de manera excepcional audiencias en que no se rinda “prueba viva” en los juzgados de letras, familia y trabajo y la cobranza laboral y previsional. Asimismo se establece un sistema que operará a solicitud de parte en cada juicio, para que las audiencias sean tomadas en forma remota.

6.- Gestión de Patrocinio y mandato judicial por firma electrónica simple.

7.- Nuevas formas de notificación de sentencias definitivas por un medio electrónico válido, previa solicitud de la parte interesada.

8.- Se permite que sentencias definitivas y resoluciones en que se ordene la comparecencia personal de las partes que no hayan sido expedidas en el curso de alguna audiencia se notifiquen por correo electrónico. 

9.- Establece que las notificaciones de las resoluciones que efectúen nombramientos, como ocurre con los peritos y martilleros, se realizarán por correo electrónico a la casilla establecida.

10.- se consagra que oficios y comunicaciones judiciales desde o hacia instituciones públicas o privadas se diligenciarán a través de medios electrónicos.

Sin embargo quedan pendientes las propuestas de gestión – que no involucran cambio legal – como son la ampliación de cobertura de los Centros de Mediación y Arbitraje, para contar con al menos una por región, la creación de Centros Regionales de Receptores Institucionales y la creación de la APP “Acceso a la Justicia en tus manos”. “Esperamos que en el corto plazo se comience a implementar estas gestiones en nuestras Corporaciones de Asistencia Judicial, para poder dar mejores soluciones a nuestras usuarias y usuarios del sistema”, enfatizó Fachinetti.

GRUPOS VULNERABLES, DDHH Y VÍCTIMAS DE DELITOS, TRES FRENTES DE ACCIÓN RECONOCIDOS EN NUEVO PROYECTO CAJS

Según el Proyecto de Ley trabajado durante los últimos meses por el gobierno del Presidente Sebastián Piñera para «crear un nuevo Servicio Nacional de Acceso a la Justicia», tres son las líneas de acción en la que los funcionarios deberían otorgar a los usuarios orientación y asesoría jurídica gratuita.

En él, se hace hincapié en un acceso a la justicia que considere la igualdad e inclusión; los grupos especiales de protección y atención especializada; la universalidad; los mecanismos de solución colaborativa de conflictos y la gratuidad.

Agrega que “esta línea de acción se ejecutará a través de los siguientes cuatro componentes”: Orientación e información sobre los derechos afectados y forma de  ejercerlos; Defensa y representación jurídica; Solución colaborativa a través de la conciliación o mediación y Promoción y educación en derechos.

En ese sentido, precisa que en este sentido el trabajo jurídico se centrará en tres líneas de acción que detallamos a continuación:

DEFENSA DE GRUPOS VULNERABLES

Se refiere a grupos cuya condición de especial protección sea reconocida por el Estado y Convenios Internacionales suscritos por el gobierno de Chile. Como situaciones especiales o dificultuosas para ejercer sus derechos ante el sistema judicial considera variables como edad, género, orientación sexual e identidad de género, estado físico y mental, circunstancias sociales, económica, étnicas y culturales.

El objetivo del Proyecto es que los funcionarios, en estas circunstancias, asuman una “atención integral, otorgando prestaciones interdisciplinarias.

Para el caso de niños, niñas, y jóvenes, la representación judicial se “brindará preferentemente a aquellos que se encuentren en alguna modalidad de cuidados alternativos, sean estos a cargo del Estado o brindados por instituciones privadas”.

En el caso de las personas mayores, se pondrá acento en los casos donde se visualicen situaciones de abuso sicológico, físico y/o patrimonial.

En todos lo casos, la defensa y representación especializada comprenderá:

  • a) Solicitud de nombramiento de curador ad litem.
  • b) Solicitud, seguimiento y tramitación de las medidas de protección.
  • c)  Otorgamiento y gestion de asistencia sicológica y/o en las instituciones públicas o privadas correspondientes.

DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS:

El ítem se refiere a proveer de asesoría, defensa y representación a personas vulneradas desde sus Derechos Humanos, sin consignarse en el proyecto detalles desde qué aristas. Sí se precisa que la acción judicial deberá estar enfocada en entregar a la víctima todas aquellas gestiones que le permitan reconocer, rstituir y proteger los DDHH, considenado Tratados Internacionales vigentes suscritos y ratificados por Chile.

DEFENSA DE VÍCTIMAS DE DELITOS

El Proyecto plantea que en estos casos, el sistema deberá provisionar en forma directa y gratuita los servicios de orientación, información, promoción de derechos, asistencia sicológica, social y jurídica.

Entre los servicios para dar cumplimiento al requemiento están:

  1. Orientar e informar de los derechos, el curso de la investigación, procedimientos y resultados.
  2. Patrocinar a las víctimas de delitos, garantizar su participación en el proceso penal como querellante por un lado, y en las acciones civiles por el otro.
  3. Otorgar asesoría e información a la víctima respecto de las medidas de protección solicitadas ante el fiscal y realizar las acciones de su seguimiento.
  4. Asesor e informar a la víctima de sus derechos.
  5. Otorgar apoyo sicosocial a la víctima para ayudarla a supercar las consecuencias negativas del delito, evitando la victimización secundaria.