Como un balde de agua fría. Así fue definido por la FENADAJ el comunicado enviado esta semana a las cuatro CAJs del país fijando para el día 23 de agosto la ampliación del trabajo presencial, pasando de un máximo de 3 días a la semana, como es hasta ahora, a atención de lunes a viernes. El comunicado, además elimina al denominado grupo 2, es decir, a los trabajadores bajo cuyo cuidado hay menores y tercera edad.

“Fue sorpresivo recibir este comunicado mientras estábamos a la espera, de parte de las autoridades, de los comentarios a las modificaciones sugeridas en julio en una minuta de observaciones de 32 páginas que trabajamos en torno a los protocolos para dar este paso con la Mesa Nacional Covid”, enfatizó el presidente de la FENADAJ, Marcelo Inostroza, quien además señaló que en este comunicado “no se señala si esta propuesta de retorno es con jornada completa o parcial”.

«Preocupa además que se eliminen del catálogo de enfermedades que corresponde al grupo 1 varias afecciones como la hipertensión, desoyendo de esta forma las recomendaciones que ha hecho la autoridad sanitaria. De prosperar esta iniciativa del empleador, se pondrá en riesgo a un número importante de trabajadores  y a nuestros propios usuarios», agregó Inostroza.

-¿Por qué consideran delicado el documento en el que se propone el retorno a labores presenciales para el día 23 de agosto?

-Es delicado porque nosotros hemos dado una institucionalidad para protegernos de la pandemia y para cautelar también a la gente que nosotros atendemos. Esa institucionalidad está dada por los protocolos Covid, que son cuatro, y por los comités de crisis, que son los encargados de verificar la implementación de esos protocolos, de esas normas de seguridad, en todos los consultorios.

-¿Cómo operan estos comités?

-En cada Corporación hay un comité de crisis y, por ejemplo en la del Bíobio -que es la de mayor cobertura- de las más de 180 unidades de atención, hay alrededor de 60 planes de trabajo aprobados. Las otras 120 unidades de trabajo no se han aprobado no porque no se quiera, sino porque los consultorios no cumplen con los requisitos mínimos para garantizar un trabajo seguro, cuestiones tan básicas como tener baño, aseo permanente y  los metros cuadrados suficientes para que se den los aforos que instruye la propia autoridad sanitaria.

-¿Por qué cree que eliminan al grupo dos entonces?

-Creemos que eliminan al grupo 2 para que haya más gente disponible para atender presencialmente. En las condiciones actuales, la cantidad de trabajadores que se mantienen en trabajo remoto, en forma exclusiva, ya que se encuentran en grupos de riesgo 1 o 2, es un número importante de funcionarios, de tal suerte que pensar en atención de lunes a viernes requiere un contingente importante de trabajadores/as que no se cubre solo con quienes están fuera de los grupos mencionados. De imponerse la modificación que patrocina el empleador, ello tendrá una serie de consecuencias.

-¿Qué consecuencias?

-Primero, se somete a muchas personas con enfermedades  base a un eventual contagio que en sus casos, reviste mayor  peligrosidad. Por otro lado, al eliminar el grupo 2, se genera un problema práctico importante, para todos quienes tienen hijos menores y no cuentan con redes de apoyo que se ocupen de ellos. Además, se introduce otro factor de incertidumbre respecto de los trabajadores que viven con personas de la tercera edad, ya que se aumenta la posibilidad de contagio para estos, estando acreditado, que la gente mayor de contraer el virus sufre un riesgo mucho mayor que el de la población más joven. 

Todo esto, agrega Inostroza, «nos merece además una serie de reparos en la forma. La decisión de los Directores Generales se socializa estando pendientes las conversaciones con FENADAJ, sin que estas se hayan afinado. Una vez más se obra arbitrariamente, se da un golpe de fuerza que resiente la frágil relación que se ha construido con la administración de turno. Se vulnera  la propia institucionalidad que nos hemos dado para hacer frente a la pandemia. Evidencia de esto es que aun cuando los protocolos no han sido sancionados, de tal forma que no contemplan las adecuaciones por ejemplo para permitir que los centros abran más de 3 veces a la semana, ya se está pidiendo a los equipos de trabajo que amplíen los turnos para desplegar atención los 5 días laborales de la semana. Insisto: sin que exista norma vigente lo que posibilite».

-¿Qué esperan ustedes para los próximos días?

Simplemente que se den los espacios para una conversación seria con la autoridad. Hoy lunes 16 nos reuniremos, para exponer nuestra visión y expectativas. Todos queremos volver a las oficinas, pero para ello exigimos que se cumpla ni más ni menos con las exigencias que el propio MINSAL ha prescrito para un retorno seguro. No creemos que el 23 de agosto estén dadas las condiciones para reaperturar, en los términos que han planteado los Directores Generales en su comunicado, pero confiamos en que gradual y paulatinamente nos acerquemos a ello.

-¿Qué responde a las críticas de que no quieren volver a trabajar?

-Hay que ser súper claros: nosotros hemos trabajado con ahínco durante toda la emergencia sanitaria, y lo hemos hecho subvencionando con nuestros medios la evidente precariedad de nuestros servicios. Lo que ocurre es que la pandemia ha dejado en evidencia nuestra deficiente realidad, la carencia de herramientas para afrontar el reto que involucra llegar con nuestras líneas de acción a los más postergados.

 “NO A LOS PRACTICANTES COMO OBRA DE MANO”

«Hemos sabido extraoficialmente que se pretende incorporar a los postulantes a la primera línea de atención, como una forma de palear la menguada situación de los equipos de trabajo disminuidos por la gran cantidad de trabajadores exceptuados de atender presencialmente por problemas de salud», advirtió el dirigente antes de precisar que tal posibilidad «no nos parece razonable».

«Los postulantes no son funcionarios de la institución. Su actuación en las CAJ se circunscribe a los límites que la propia ley define. Ellos pasan por las Corporaciones únicamente para cumplir con la practica profesional, que los habilitará para obtener el título de abogados», explicó Inostroza para quien estos practicantes «no cuentan con la expertiz ni la capacitación para tender a nuestro público. No reciben una remuneración, ni siquiera cuentan con un seguro que los proteja. Creemos que de prosperar esta iniciativa se estaría cayendo en una abierta ilegalidad. Nos oponemos a que sean usados como mano de obra barata. Es indigno».