“Nadie está obligado a lo imposible”, fue el adagio utilizado por el Subsecretario de Justicia, Sebastián Valenzuela, tras escuchar con peros la solicitud de la FENDAJ de modificar los Indicadores de Gestión en el contexto COVID-19 y que obligó, a más de dos mil funcionarios de las CAJs, a atender por web a sus usuarios con todas las dificultades que ello implica para la operatividad del sistema y que van desde la calidad de la conectividad al analfabetismo digital de la población.

En la telereunión, en la que también participó el presidente de la ANEF, José Pérez, la presidenta de la FENADAJ, Claudia Fachinetti, precisó que la solicitud de modificar los indicadores acordados se enmarca en el trabajo iniciado en octubre pasado para formular, ejecutar y evaluar las metas de los funcionarias/os de las CAJs. Y por las que son evaluados.

Producto de este trabajo se afinó un documento -con firma pendiente desde la semana pasada- al que la FENADAJ hizo observaciones, como que en él no estaban acogidas “circunstancias que impiden se concreten las metas y se cumplan los estándares comprometidos… y esta pandemia es un gran ejemplo de aquello”, argumentó Fachinetti.

16 Índices de Gestión

“Frente a circunstancias de esa naturaleza, la Federación podría solicitar hasta el primero de diciembre modificaciones a los indicadores de metas” debido a que “es imposible, a estas alturas de mitad de año, que alcancemos los estándares exigidos por el Minju el año pasado en circunstancias normales”, se explayó.

Lo que proponemos es “que para este año (2020), todos los indicadores que son de la meta 4,2, Indicadores de Gestión (IG), se transformen en Indicadores de Medición (IM)”, precisó. Cabe precisar que actualmente se miden 16 IG, de los cuales 11 son IM.

Salud Mental

A nombre de las cuatro asociaciones de las CAJs, Fachinetti argumentó al Subsecretario Valenzuela que esta solución, que no implicaría “dejar de medir”, aliviaría la presión a los funcionarios que están “sumamente afligidos porque ven que, aunque trabajen las 24 horas del día, no es posible cumplir con los estándares exigidos por el Minju para épocas normales”. Este punto tiene gran relevancia para la Federación en torno a la preocupación que existe en los equipos por la salud mental de sus funcionarias/os.

Tras celebrar la instancia de diálogo e insistir en la firma del documento, el Subsecretario Sebastián Valenzuela dijo entender la “preocupación” de la Federación por la no concreción de estos compromisos, que dividió en dos ámbitos:

Excede atribuciones

“Por un lado, se contempla en una de las etapas la posibilidad de revisar lo que tiene que ver con compromisos, precisamente atendiendo a casos de fuerza mayor, o casos fortuitos”, entre los que reconoció la hipótesis de la emergencia sanitaria. 

Y segundo, que “acá se aplica el viejo adagio de que ‘a lo imposible nadie está obligado’ y eso estaría contemplado aquí (en el documento). Eso me gustaría dejarlo claro”, insistió Valenzuela antes de aclarar que, en todo caso, veía “inviable modificar la forma de entender cuáles son los indicadores en el sentido de no entenderlos como una gestión vinculada a un resultado específico, sino simplemente como una medición”.

“La verdad es que eso excede absolutamente lo que nosotros podemos disponer porque como está sucediendo con las CAJs, también en los otros servicios como Gendarmería de Chile, Sename, Registro Civil, Médico Legal, Defensoría Penal Pública y la propia Subsecretaría y, en ese sentido, todavía ni siquiera hemos entrado a una fase de ver la situación de nuestros propios indicadores respecto de todos los funcionari@s que participamos del sector Justicia”.

Alumnos pobres, pero aplicados

Frente a la inviabilidad manifestada por el subsecretario Valenzuela, Marcelo Inostroza, vicepresidente de la FENADAJ, hizo hincapié en la necesidad de entender a las CAJs como “los alumnos pobres pero aplicados” del sistema judicial chileno y que, pese a ello, los funcionari@s han hecho un “esfuerzo enorme” para garantizar a los más vulnerables el acceso a la justicia convirtiendo sus propias casas en oficinas virtuales.

Al finalizar la video reunión y tras la insistencia en plazos por parte de los dirigentes, el Subsecretario Sebastián Valenzuela estuvo de acuerdo en revisar una decisión sobre posibles cambios de Indicadores (de Gestión a Indicadores de Medición) a fines de septiembre, en el que se calcula podría darse por terminado el Estado de Excepción Constitucional.

SE CONSIDERAN EXCEPCIONES: TERREMOTO, CONECTIVIDAD Y EMERGENCIA SANITARIA

Entre las excepciones conversadas en reuniones anteriores, fue la jefa del departamento de asistencia jurídica del Minju, Simone Hartard, quien precisó que además de “problemas como terremotos y caídas de la conectividad en general, que son las contingencias naturales que pasaron en los últimos años”, se incorporó, como una ejemplificación de caso fortuito “el de la emergencia sanitaria”. Agregó que se hizo “justamente para resguardar la preocupación que tienen los funcionarios, las Asociaciones y ustedes, como Federación, en términos que quede contemplado el tema de la emergencia sanitaria como uno de los factores que deben considerarse como caso fortuito, por lo tanto, ser considerado en el momento de la evaluación de las metas. Desde esa perspectiva, estaría salvaguardado el tema de la emergencia sanitaria para el proceso de evaluación de metas para este año en la consideración del caso fortuito”, enfatizó.