Como Federación Nacional de Acceso a la Justicia respecto a las medidas cautelares aplicadas a la ex alcaldesa de Maipú declaramos lo siguiente:

Rechazamos de manera categórica el trato privilegiado del que ha sido objeto Cathy Barriga, quien luego de ser formalizada por los delitos de fraude al fisco y falsificación y mal uso de instrumento público, ha sido beneficiada de manera incomprensible con medidas cautelares desproporcionadas al inmenso daño causado a miles de vecinas y vecinos de Maipú.

Consideramos además que este lamentable hecho, confirma la coexistencia en Chile de dos justicias, aquella de los que carecen de recursos donde pesa la burocracia, los prejuicios y el rigor implacable, versus la que hoy disfrutan algunos privilegiados  de la casta política, empresarial o económica en nuestro territorio, como es la ex autoridad comunal que mencionamos, pero además aquellos condenados a clases de ética , multas irrisorias o sanciones que enrostran en la cara a la ciudanía una desigualdad de trato que nos indigna y nos mueve a reaccionar.

Ofende  a nuestra labor diaria de intentar llevar la justicia en su sentido democrático, eficaz y amplio a la población especialmente más vulnerable, presenciar con impotencia como el modelo punitivo chileno y sus normas se aplican, la mayoría de la veces,  más febles con los poderosos e influyentes y al mismo tiempo más severas en delitos  de mucho menor cuantía que los imputados  a la Sra. Barriga.

Esperamos por el bien del Estado de Derecho y la robustez que requieren con urgencia las instituciones, que este proceso concluya con penas proporcionales al mal causado, y que en lo sucesivo, los Tribunales de Justicia cumplan la labor que todo esperamos y no sean colaboradores y cómplices pasivos de la profunda brecha social que nos duele y divide como país.

Atte,

Directiva Fenadaj

#NuestroTrabajoTusDerechos

El proyecto de resolución que reconoce la labor de las Corporaciones de Asistencia Judicial, manifiesta además la necesidad de “robustecer un sistema generado bajo una lógica de asistencialismo, para avanzar hacia un servicio destinado a garantizar el acceso a la justicia”.

Por 134 votos a favor y una abstención, la Cámara aprobó la resolución 831, la cual solicita al Presidente de la República poner urgencia al proyecto de ley que crea el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y la Defensoría de víctimas de delitos.

A juicio de las y los parlamentarios patrocinantes , la petición se sustenta en la relevancia de un servicio que potencia la labor que realizan actualmente las Corporaciones de Asistencia Judicial(CAJs), solicitando asesoría jurídica, psicológica y social a las víctimas a través de centros integrales y especializados dedicados a “asesorar a las personas para ejercer sus derechos en juicio, obtener reparación y superar las consecuencias traumáticas derivadas de los ilícitos”, consigna la propuesta.

La resolución mencionada, firmada por Mercedes Bulnes (IND), María Francisca Bello (PCS), Javiera Morales (PCS), Marcela Riquelme (IND) y Gonzalo Winter (PCS), reconoce la labor importante que efectúan las Corporaciones de Asistencia Judicial, y es por eso que abogan porque el nuevo Servicio Nacional de Acceso a la Justicia las potencia aún más.

A juicio de los legisladores hace varios años “estás instituciones no dan abasto, por falta de recursos humanos y presupuestarios, lo que es mucho más crítico respecto de las víctimas de delitos, ya que no cuentan con apoyo explícito para participar del proceso penal, a diferencia de los imputados quienes pueden recurrir a una institución profesional dedicada exclusivamente a su defensa”, afirma el texto de la moción parlamentaria.

Consignar que el proyecto de Servicio Nacional de Acceso a la Justicia , radicado en la Comisión de Constitución de la Cámara, propone crear una nuevo servicio público cuya objetivo será otorgar una respuesta unificada y pertinente a las necesidades jurídicas de cada persona y contempla una amplia oferta de prestaciones agrupadas en distintas líneas de servicios, basada en la asesoría, la defensa y la representación jurídica con una preocupación especial por los grupos más vulnerables de la población.