GRUPOS VULNERABLES, DDHH Y VÍCTIMAS DE DELITOS, TRES FRENTES DE ACCIÓN RECONOCIDOS EN NUEVO PROYECTO CAJS

Según el Proyecto de Ley trabajado durante los últimos meses por el gobierno del Presidente Sebastián Piñera para «crear un nuevo Servicio Nacional de Acceso a la Justicia», tres son las líneas de acción en la que los funcionarios deberían otorgar a los usuarios orientación y asesoría jurídica gratuita.

En él, se hace hincapié en un acceso a la justicia que considere la igualdad e inclusión; los grupos especiales de protección y atención especializada; la universalidad; los mecanismos de solución colaborativa de conflictos y la gratuidad.

Agrega que “esta línea de acción se ejecutará a través de los siguientes cuatro componentes”: Orientación e información sobre los derechos afectados y forma de  ejercerlos; Defensa y representación jurídica; Solución colaborativa a través de la conciliación o mediación y Promoción y educación en derechos.

En ese sentido, precisa que en este sentido el trabajo jurídico se centrará en tres líneas de acción que detallamos a continuación:

DEFENSA DE GRUPOS VULNERABLES

Se refiere a grupos cuya condición de especial protección sea reconocida por el Estado y Convenios Internacionales suscritos por el gobierno de Chile. Como situaciones especiales o dificultuosas para ejercer sus derechos ante el sistema judicial considera variables como edad, género, orientación sexual e identidad de género, estado físico y mental, circunstancias sociales, económica, étnicas y culturales.

El objetivo del Proyecto es que los funcionarios, en estas circunstancias, asuman una “atención integral, otorgando prestaciones interdisciplinarias.

Para el caso de niños, niñas, y jóvenes, la representación judicial se “brindará preferentemente a aquellos que se encuentren en alguna modalidad de cuidados alternativos, sean estos a cargo del Estado o brindados por instituciones privadas”.

En el caso de las personas mayores, se pondrá acento en los casos donde se visualicen situaciones de abuso sicológico, físico y/o patrimonial.

En todos lo casos, la defensa y representación especializada comprenderá:

  • a) Solicitud de nombramiento de curador ad litem.
  • b) Solicitud, seguimiento y tramitación de las medidas de protección.
  • c)  Otorgamiento y gestion de asistencia sicológica y/o en las instituciones públicas o privadas correspondientes.

DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS:

El ítem se refiere a proveer de asesoría, defensa y representación a personas vulneradas desde sus Derechos Humanos, sin consignarse en el proyecto detalles desde qué aristas. Sí se precisa que la acción judicial deberá estar enfocada en entregar a la víctima todas aquellas gestiones que le permitan reconocer, rstituir y proteger los DDHH, considenado Tratados Internacionales vigentes suscritos y ratificados por Chile.

DEFENSA DE VÍCTIMAS DE DELITOS

El Proyecto plantea que en estos casos, el sistema deberá provisionar en forma directa y gratuita los servicios de orientación, información, promoción de derechos, asistencia sicológica, social y jurídica.

Entre los servicios para dar cumplimiento al requemiento están:

  1. Orientar e informar de los derechos, el curso de la investigación, procedimientos y resultados.
  2. Patrocinar a las víctimas de delitos, garantizar su participación en el proceso penal como querellante por un lado, y en las acciones civiles por el otro.
  3. Otorgar asesoría e información a la víctima respecto de las medidas de protección solicitadas ante el fiscal y realizar las acciones de su seguimiento.
  4. Asesor e informar a la víctima de sus derechos.
  5. Otorgar apoyo sicosocial a la víctima para ayudarla a supercar las consecuencias negativas del delito, evitando la victimización secundaria.

27 ARTÍCULOS PARA TRANSFORMAR LAS CAJs EN UN SERVICIO NACIONAL DE ACCESO A LA JUSTICIA

El Presidente Sebastián Piñera y el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernan Larraín, preparan un Proyecto de Ley para crear un Servicio Nacional de Acceso a la Justicia público, descentralizado, con personalidad jurídica, patrimonio propio y relación directa con la cartera del rubro para “resolver las necesidades jurídicas de la población”.

Según el proyecto de 26 páginas, 3 Títulos, 27 Artículos y 11 Disposiciones Transitorias, el nuevo servicio se organizaría territorialmente a través de cuatro Direcciones Macrozonales, todas las cuales “deberán otorgar asesoría, defensa y representación jurídica a quienes no puedan procurárselas”.

A continuación detallamos el Proyecto de Ley en sus líneas principales:

COMPONENTES DEL SERVICIO:

«Estos estarán destinados a promover y educar en derechos, así como la forma de ejercerlos, entregando orientación e información a nivel individual y colectivo, y proporcionando representación ante instancias y procesos jurisdiccionales y administrativos competentes, contemplando también el acceso a mecanismos de solución colaborativa de conflictos y justicia restaurativa»

LÍNEAS DE ACCIÓN:

El Servicio deberá garantizar la defensa especializada de las víctimas de delitos y demás grupos vulnerables, a los cuales deberá procurar asistencia jurídica y psicosocial, promoviendo su protección y reparación de conformidad a la ley.


FUNCIONES DEL SERVICIOS

  • a) Otorgar asesoramiento y defensa jurídica a quienes no puedan procurársela o se encuentren en situación de vulnerabilidad.
  • b) Asesoría y defensa jurídica gratuita a personas naturales víctimas de delitos, para efectos del ejercicio de la acción penal y la reparación.
  • c) Otorgar atención psicosocial integral e interdisciplinaria a personas que enfrentan un conflicto jurídico.
  • d) Entregar métodos de solución colaborativa, garantizando los medios, ejecutividad y validez judicial. Realizar acciones de orientación, difusión y promoción de derechos.
  • f)  Desarrollar planes de práctica profesional de abogado, recepcionar postulantes, dar supervisión guiada y evaluar.
  • g) Las demás funciones que le encomienden las leyes.

USUARIOS: Personas naturales o jurídicas a quienes, por carecer de medios suficientes o encontrarse en situación de vulnerabilidad, no puedan procurarse por sí mismas dicha  asistencia.

OTRAS VARIABLES EMPLEADAS: Edad, género, situación de discapacidad, pertenencia a pueblos originarios, desempleo, enfermedades de alto costa, alto nivel de endeudamiento que impida solventar sus gastos de manera regular, entre otros.

ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA
  • a) Defensa  y  representación jurídica.
  • d) Defensa  de Víctimas  de Delitos.
  • b)  Defensa  de  Grupos  Vulnerables.
  • c)  Defensa  de los  Derechos  Humanos.

DIRECTOR NACIONAL Y SUS FUNCIONES:

  • a) Fijar y supervisar los criterios técnicos, jurídicos y económicos de actuación del Servicio a través de las Direcciones Macrozonales.
  • b) Establecer, dirigir y administrar la atención.
  • c) Diseñar, formular, suscribir, ejecutar y evaluar proyectos y convenios con organizaciones nacionales e internacionales, públicas y privadas.
  • d) Desarrollar líneas de acción tendientes a asegurar el acceso a la asesoría y defensa jurídica.
  • e) Fijar, oyendo a las Direcciones Macrozonales, los criterios técnicos.
  • f)  Fijar la política de gestión y desarrollo del personal del Servicio. 
  • g)  Elaborar anualmente el presupuesto del Servicio, oyendo a las Direcciones Macrozonales.
  • h)  Representar judicial y extrajudicialmente al  Servicio.
  • i)  Suscribir convenios con otras instituciones públicas o privadas, con personas naturales o jurídicas.
  • j)  Ejercer las demás atribuciones y obligaciones que la ley le confiera.

ORGANIZACIÓN TERRITORIAL

  • a)  Dirección Macrozonal Norte: Regiones de Arica y Parinacota; Tarapacá y Antofagasta.
  • b)  Dirección Macrozonal Centro-Norte: Regiones de Atacama; Coquimbo y Valparaíso.
  • c)  Dirección Macrozonal Centro-Sur: Regiones Metropolitana; del Libertador General Bernardo O’Higgins; del Maule, y de Magallanes y la Antártica Chilena.
  • d)  Dirección Macrozonal Sur-Austral: Regiones de Ñuble; del Biobío; La  Araucanía; Los Ríos; Los Lagos y Aysén.

LÍNEAS DE ACCIÓN:

  • a) Acceso a la justicia.
  • b) Igualdad e inclusión.
  • c) Grupos de especial protección y atención especializada.
  • d) Universalidad.
  • e) Énfasis en mecanismos de solución colaborativa de conflictos.
  • f) Gratuidad.

DEFENSA Y REPRESENTACIÓN JURÍDICA:

  • a) Orientación e información de derechos afectados y cómo ejercerlos. 
  • b) Defensa y representación jurídica.
  • c)  Solución colaborativa de conflictos, conciliación o mediación.
  • d) Promoción y educación en derechos, promoviendo su reconocimiento en asuntos civiles y de familia.

CONTINUADOR  LEGAL DE LAS CAJs

El Servicio será, para todos los efectos legales, el sucesor y continuador legal de las Corporaciones de Asistencia Judicial de Tarapacá, Antofagasta, Valparaíso, Metropolitana y Biobío, las que se convertirán en Direcciones Macrozonales. Con todas las funciones y atribuciones conferidas a las Corporaciones de Asistencia Judicial.

¿CÓMO DEBIERA SER ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE DELITOS SEGÚN ESTÁNDAR DE LAS AMÉRICAS?: NACIONAL, REGIONALIZADO Y CON MEDIACIÓN

Jaime Arellano es el actual presidente del CEJA, Centro de Estudios de Justicia de las Américas, pero también fue director en las CAJ y Subsecretario en Justicia. Desde toda esa experiencia apuesta por un programa unificado nacional de atención a víctimas de delitos, cuyas problemáticas estén abordadas desde las necesidades ciudadanas y avanzar en las instancias de mediación. Aquí su entrevista con FENADAJ:

-Hoy en Chile son las CAJs las que entregan asistencia judicial gratuita a los pobres desde el Ministerio de Justicia, pero también entrega apoyo el Ministerio del Interior. ¿Cuál es la recomendación de CEJA? ¿Sistema separado o unificado?

-Me parece que es complicado tener programas separados, que se justifican muchas veces porque hay necesidades, urgencias, y no hay todos los recursos disponibles, pero francamente programa diferenciados significa, eventualmente, prestaciones y estándares distintos y la pregunta es, si yo vivo en este lugar o soy víctima de tal tipo delito, por qué tengo un estándar distinto de parte del Estado unitario. No somos un Estado Federado, insisto, Chile no tiene estados separados con gobernadores electos, en principio, no somos una Federación, entonces lo lógico es contar con un programa unificado nacional que tenga un estándar unificado para todo el país, ese es a mi gusto el ideal e, insisto, eso significa no descartar uno para tomar otro, como si hubiera habido una competencia entre programas… hay que sacar lo mejor de todo lo que haya ocurrido hasta ahora, las buenas lecciones, lecciones aprendidas, buenas prácticas, e integrarlos en un programa nacional. La decisión política sobre dónde se aloja este programa va a corresponder a la realidad de cada país, de los recursos presupuestarios, pero, en general, a mí me parece que los sistemas de protección a víctimas corresponden a los sistemas de justicia y a los misterios de justicia, más que al Ministerio del Interior o de Seguridad Pública que, además, van a tender a focalizar en aquellos delitos que tengan mayor impacto social, y la pregunta es: ¿cómo logramos políticas públicas o programas que respondan más a criterios técnicos que a criterios estrictamente de respuesta a la reacción pública o comunicacional?, no digo que halla que despreocuparse de lo político… en política hay que hacer y dar a conocer y hay que convencer también, por lo tanto, es absolutamente legítimo que un gobierno, cualquiera sea el color, que quiera demostrar lo que está haciendo -y quiera resaltar resultados cuando está reaccionando a un reclamo público- lo haga, pero en el mediano, largo plazo, lo que se necesita es una política de Estado, no políticas de gobierno de turno, por lo tanto, uno quiere establecer programas que sobrevivan a la administración y que tengan estándares claros, de manera que los propios tribunales exijan el cumplimiento de esos estándares que se auto impuso el Estado al suscribir Tratados Internacionales en la materia. Eso significa, insisto, tener programas de carácter uniforme que, más allá de las diferencias que eventualmente existan en el territorio, provean en general a todos los chilenos y chilenas un estándar de calidad de acceso a la justicia y de protección a víctimas.

-¿Cree que las CAJs lo han cumplido?

-Claro que lo han hecho, hasta donde han podido. Y digo hasta donde han podido porque evidentemente los recursos con los que contaron históricamente no eran los adecuados. Yo fui parte de ese sufrimiento siendo director de una Corporación y fui parte del problema siendo subsecretario de Justicia. Los recursos nunca alcanzan, sin embargo, en los distintos gobiernos, tratamos. Los recursos disponibles se han ido incrementado notablemente para las CAJs, y recursos acompañados de mediciones de la calidad del servicio que se presta. Eso es importante porque, finalmente, este no es un tema de cuánto dinero se le entrega a una repartición pública para que preste servicio, sino qué servicio entrega el Estado a través de esa organización a los ciudadanos.

-En lugares dignos también.

-Evidentemente, pero es un modelo que se extendió, para mi gusto, por mucho tiempo. Tiene que ver nuevamente con que se perpetúan las diferencias que hay entre los distintos territorios y municipios que entregan infraestructura de disímil calidad, dependiendo de la realidad del municipio. A mí me llama la atención que de repente uno ve municipios pobres, si uno los puede llamar así, que sin embargo entregan infraestructura de mejor calidad, incluso, de otros municipios de mediano ingreso económico. Eso refleja probablemente la importancia que el alcalde o alcaldesa entrega a la justicia y al acceso a la justicia de sus vecinos, porque eso se refleja también en qué estructura está dando. Insisto, sino puede dar más, se entiende, pero yo a veces he visto municipios pobres que dan mejor infraestructura y más apoyo a las CAJs y otros de medianos ingresos, que podrían haber hecho mucho más, no lo hacen. 

-Dependiendo justamente de ese aspecto, entre otros, es el estándar de atención que se entrega a la víctima de delito hoy en Chile. Pareciera significar que existen distintas zonas geográficas de atenciones. En su opinión, ¿corresponde o debemos actualizar?

-Sin duda que cuando estamos hablando de garantías para víctimas, una cuestión fundamental es que no haya discriminación arbitraria. Puede que haya una cuestión técnica, pero lo lógico es que hayan criterios de protección a la víctima de carácter universal. Eso significa que tengan el mismo tipo de apoyo en todo el territorio nacional. Somos un país unitario, no somos un país federado, sino, se entendería. Lo lógico es que exista una política nacional de acceso a la justicia, de protección a víctimas, por lo tanto, que los servicios que se presten sean integrales en primer lugar, y universales, en el sentido que donde quiera que sea, que ocurran los delitos, hechos, haya una protección equivalente para todas las personas. No puede haber una discriminación. El hecho que haya prestación de servicios por parte de instituciones distintas tiene un defecto: puede tener la ventaja de comparar la calidad de prestación de servicios de uno y otro para tomar decisiones, pero tiene la gran desventaja de que si esto se perpetúa en el tiempo, va generando desequilibrios a veces, digamos, arbitrarios respecto a la víctima. Algo parecido pasaba cuando existían al mismo tiempo el Programa de Asistencia Jurídica y las Corporaciones de Asistencia Judicial. La primera innovó en algunos temas y las corporaciones daban un servicio más tradicional, asistencia jurídica o de acceso a la justicia. Lo interesante fue que los pilotos del Programa Asistencia Jurídica se fueron incorporando a las CAJs para generar una prestación universal y uniforme. A eso fue lo que aspiramos cuando yo estuve la Subsecretaría de Justicia. Esa fue la función de acceso a la justicia de las CAJs. Lo lógico es que lo mismo ocurra en materia de asistencia y protección de víctimas.

-Desde CEJA, cómo ven están funcionando las CAJs, que siguen siendo las que dan mayor cobertura judicial a la gente sin recursos del país.

– Primero, decir que las CAJs se adelantaron a la entrada en vigencia de la Reforma Procesal Penal. Se fueron creando estas unidades de atención a víctimas de delitos violentos en las CAJs, especialmente en la Región Metropolitana y en la de Valparaíso. La idea en su momento fue entender que las víctimas necesitaban un apoyo integral que iba más allá de la sola representación o persecución del delito, entonces se adelantó a hacer un trabajo de asistencia judicial en paralelo y por decisiones políticas, supongo, el Ministerio de Interior desarrolló un programa de atención a víctimas, más que nada, para buscar soluciones, reaccionar frente a la imagen pública que quedaba la ocurrencia de determinados delitos con muchas resonancia social y, claro, el problema nuevamente son los programas en paralelo. Muchas veces, si los sistemas funcionan en forma diferenciada, no está muy claro por qué uno y no otro. Obviamente, ahí hay que hacer una evaluación para ver cómo funcionan los programas y generar un programa de asistencia jurídica para dar asistencia integral a víctimas.

-Por qué esa asistencia integral quedó fuera de su funcionamiento, porque el Ministerio Público es muy garantista: se preocupa más de quién incurre en el delito que de la víctima. La víctima no tienes atención multidiciplinaria, no hay contención a la familia, el entorno, etc.

-Eso no es tan correcto. El Ministerio Público tiene unidad de atención de víctimas de delitos. Hay acompañamiento en los delitos, sobre todo delitos sexuales, violencia física contra la mujer o psicológica, porque entiende que la víctima necesita una preocupación especialmente en ese tipo de delito, además que la víctima va a constituirse en el principal, sino en el único testigo, de manera que el Ministerio Público tiene las unidades especializadas de acompañamiento y atención a víctimas, especialmente de delitos contra la mujer, de violencia. Luego, en la etapa del desarrollo del juicio, le corresponde normalmente darla a los tribunales de Justicia que, a su vez, entrega atención. Lo que ocurre es que en los otros delitos, que no son de carácter personal, sino en contra de la propiedad o cosas por el estilo, es usualmente el Ministerio Público el que se preocupa de la persecución del delito y la víctima de los delitos de robo o cosas por el estilo no tienen siempre el mismo apoyo. Ahí hay un tema.

-Frente al debate de a quién le corresponde la defensa de la víctima de delito, ¿cuál es la recomendación internacional? 

-Este debate en Chile no es único. En América Latina hay muy distintas soluciones sobre quién es el encargado de la protección de las víctimas de delitos. Hay países donde la protección de víctimas corresponde al Ministerio Público; hay otros países donde corresponde al Poder Judicial; otros, al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio del Interior o Seguridad Pública, o como se le llame, y las policías, por lo tanto, las soluciones en esto no han sido únicas. Incluso, en los países europeos, en Estados Unidos, donde los sistemas adversariales tienen mucho mayor funcionamiento, también son disparejas las soluciones. Ahí hay distintos ejemplos a analizar. Para considerar cuál es la mejor solución, por ejemplo para Chile, hay que ver las necesidades, lo que se está cubriendo y lo que se puede cubrir desde el punto de vista presupuestario.

¿Y CEJA tiene una recomendación estandarizada para las Américas? 

Primero hay que precisar quién es o qué institución tiene esa protección y, segundo, hay que priorizar, porque con los recursos de Justicia compiten necesidades de vivienda, trabajo, previsión… las necesidades públicas son infinitas, los recursos son limitados, así que hay que priorizar. Lo normal es que se priorice a las víctimas de delitos violentos, en primer lugar, delitos en contra de la mujer, las niñas y niños, adolescentes. Debiera ser así porque son delitos de impacto, porque resuenan al grupo familiar fuertemente, además que la víctima, insisto, es el testigo fundamental o único testigo, así que hay que dar una protección para asegurarse de que puede haber persecución. Es muy importante el tema. Recuerde que en los delitos de carácter sexual, la víctima además tiene el gatillo de decir si avanza o no la investigación porque no es delito de acción pública. Pero si la víctima está de acuerdo con perseguir, es legítimo que la víctima sea apoyada en los efectos de victimización secundaria. Al Estado le interesa que se persigan estos delitos, entre otras cosas, para detener a ese depredador o depredadora, o a quién sea el agresor, entonces hay una priorización por la protección de este tipo de víctimas. Lo segundo son, probablemente, los delitos de mayor connotación social, cuando hay delitos que causan temor generados por su carácter terrorista, secuenciales, seriales. Si es que ocurren, hay un interés especial en la protección de víctimas. Un tercero es cuando la única manera de atacar el delito es atacando organizaciones criminales y, para ello, hay que proteger a las víctimas que puedan dar información para la persecución del delito. Estoy pensando en trata de personas, narcotráfico, lavado de activos, en que entra en juego otro tema, que son los acuerdos de testificación o testimonios a cambio de una protección, aquella que la necesita alguien que cometió delito, pero que no es tan importante dentro de la organización, pero puede permitir llegar a la parte superior de la organización criminal. Yo creo que en principio esos son las tres prioridades: niños niñas adolescentes y todos los delitos en contra de ellos y ellas; delitos violentos contra las mujeres, casos como violencia de género, odio, es decir, todo lo que tiene que ver con las discriminaciones de género, entidad de género, orientación sexual, raza o religión, origen étnico, todo aquello que signifique odio. Esos parecen ser los delitos del estándar internacional, sin embargo, en Chile, el ciudadano que busca justicia, que recurre a la justicia, tiene que ver con otro tipo de delito: robo en la calle, robo porque alguien entró a la casa…

-Incluso hoy, hasta por temas de tránsito. ¿Qué se hace con esos delitos y esas víctimas que parecen totalmente abandonadas? En la última cuenta Cuenta Pública el Presidente Piñera dijo que iba a fortalecer el sistema de atención de víctimas de delitos violentos…

Triple acompañamiento a la víctima

Lo que está anunciando el gobierno es lo que se suele anunciar en la tendencia a proteger, amparar y acompañar a las víctimas de los delitos violentos. ¿Por qué?, porque son los que tienen mayor impacto en el estado anímico, en la psicología de una persona… irradia al resto de la familia, de la comunidad, pero no cabe duda que si, por ejemplo, entran a robar a mi casa, cuando no hay nadie, y vuelvo y la casa está dada vueltas para arriba hay un impacto para mí, pero no es tan fuerte como que entren mientras yo estoy con mi hijo, mi familia, y me pongan la pistola y esté horas retenido…cuando hay arma entre medio. Ahí hay una situación traumática. Lo que buscan los países más desarrollados, que cuentan con recursos, es intervenir rápidamente en ese tipo de situaciones para darle contención a la víctima, ayudarla en términos de su relación, si se quiere, frente a los efectos del delitos. Nuevamente, porque además esa víctima es el único testigo del delito, por lo tanto, es importante como medio de prueba para perseguir eficazmente el delito. Es ese doble propósito el estándar, por lo tanto, en los países desarrollados, se trata de darle atención psicológica inmediata y que a esas víctimas le entreguen acompañamiento durante el periodo investigativo y, sobre todo, para la concurrencia a declarar en los juicios, juicios orales por ejemplo. 

Ley Orgánica Constitucional

-Pero quienes concurren a las CAJs, que no pueden pagar abogado, en muchos casos tienen problemas judiciales con la violencia en el barrio, en el entorno familiar y no siempre tienen esa atención interdisciplinaria. ¿Qué pasa con la justicia para los pobres en Chile?

-Con el debate de una Nueva Constitución para Chile, este es el momento de regular. Me parece que debiera haber una Ley Orgánica Constitucional que materialice que toda persona tenga acceso a la justicia como derecho constitucional. Que toda la gente tenga derecho al acceso a la información, pero también que pueda ejercer sus derechos no importando si tiene o no recursos económicos. Lo que hicimos en algún momento en Chile fue, primero, transformar la justicia penal, lo que se dijo en ese minuto fue que la justicia penal tenía que tener un estándar equivalente al de Ministerio Público para que hubiera igualdad. Se crea la Defensoría Penal Pública, en otros países, Defensa Penal o Defensa Civil, por llamarla de alguna manera, pero se dan en una misma institución. El modelo chileno en eso no tiene nada peculiar. Luego se avanzó en crear una asistencia jurídica especializada en los casos laborales, ahora inserto dentro de las CAJs y, finalmente, se avanzó -no me acuerdo el orden- en una defensa especializada en materia de familia, también incorporada dentro de las CAJs. Quedan, entre el ámbito y materias no penales que debieran regularse y garantizar sus estándares de calidad en término de servicio adecuado para que tengamos una asistencia jurídica gratuita, o que haya un acceso a la justicia que no significa sólo ir a tribunal, sino que garantice a las personas, no importa la situación económica que tenga. Eso debe ser materia de una Ley Orgánica dentro del marco del proceso Constituyente, como el que se va a realizar en Chile.

Servicio Regionalizado y con mediación:

-¿Qué significa eso?

Eso significa que debiéramos, además, tratar de uniformar y dentro de esta Ley Orgánica de acceso a la justicia, entregar asistencia integral a las víctimas de delitos violentos. Me parece que sí deberíamos revisar los problemas que están en cursos hoy en día, corresponde revisar técnicamente los programas que están en curso y, ojalá, sacar la mejor elección de los dos o tres programas que estén funcionando de manera que tengan una síntesis virtuosa de lo que se haya aprendido, o resultado de lo que haya dado, porque sino, ¿cómo se sintetizan las lecciones? Las mejores prácticas, establecerlas en un nuevo programa, vinculado a un sistema de asistencia jurídica. Eso significa, en mi opinión, que debiera haber un servicio nacional de ciencias jurídicas en la materia, distinta de la penal. Un servicio nacional que esté debidamente regionalizado. Chile es un país con regiones, por lo tanto, no tendría sentido un servicio nacional centralizado, sino más bien con capacidad de regionalización, pero eso es absolutamente debatible. Las organizaciones tienen que responder a los objetivos y no a la inversa. La pregunta que hay que hacer en Chile es cuál es el estándar de acceso a la justicia que queremos garantizar en el nuevo sistema escenario constitucional y cómo se podría mejorar su estándar. Me parece que el Estado debe tener un rol fundamental en garantizar el acceso a la justicia. Debe saber cómo lo están haciendo las corporaciones asistencia judicial. Significa un acceso multisectorial en el sentido de multiespecialidad. Significa resoluciones alternativas de conflictos, con mecanismo para acordar la solución de conflictos judiciales cuando sea necesario, que cada vez que se pueda, incluso en las Cortes o el tribunal se logre? Eso significa, por otro lado, mayor empoderamiento de la ciudadanía y de las comunidades a la hora de definir prioridades, porque estamos hablando de qué hay que hacer, qué es lo que hay que priorizar. ¿Cuál es el estándar?, y nuestra respuesta, desde CEJA, es al revés: los mejores programas de acceso a la justicia son aquellos que responden a las necesidades de la comunidad y no que se hacen en cuatro paredes o entre nosotros mismos. Lo que decimos es que la comunidad tiene que involucrarse en el diseño de estos proyectos de acceso a la justicia. Eso significa, primero que nada, identificar cuáles son las necesidades de Justicia, cuáles son las necesidades jurídicas de la comunidad. Hay buenos ejemplos de países del norte, desarrollados, como Estados Unidos, Canadá, Europa, hasta países del mundo Latinoamericano, que han hecho un trabajo participativo. ¿Qué significa?, que la ciudadanía identifica qué necesitan. Una vez que deciden qué necesitan, ¿cuáles son los conflictos que ponen arriba en la lista, las prioridades de esta comunidad? La comuna de La Cisterna, la comuna de San Joaquín, tienen distintas necesidades que la de Vitacura o Las Condes… Luego, ¿cuál es la mejor herramienta para solucionar los conflictos? Este conflicto se judializó; este se resuelve mejor con conversaciones personales; con mediación; con un sistema de conciliación; este otro conflicto rápidamente hay que judicializado porque hay peligro de esto… sin embargo, si el juez o jueza puede utilizar herramientas de conciliación, entonces a tu pregunta, la respuesta nuestra es que para construir sistemas de acceso a la justicia hay que involucrar a la comunidad. La comunidad puede, tiene que poder identificar las necesidades justiciales, priorizarlas y luego, con el apoyo profesional, identificar cuáles son los mejores mecanismos para solucionar sus conflictos. Todo eso es parte del acceso a la justicia, no sólo los tribunales, o nosotros, los abogados. Es muy importante lo preventivo y educativo, la información, el empoderamiento de la ciudadanía para saber, para involucrarse en esas soluciones. Eso pasa también porque el sistema de justicia sea apropiado por la ciudadanía y, por lo tanto, no busque en alguien ajeno soluciones a sus conflictos o qué no participe en la definición de los conflictos de la organización. Eso sí, se ha avanzado en materia de acceso a la justicia muchísimo en Chile. Sólo hay que preguntarnos cómo estaba Chile en los años 90, con el retorno a la democracia, y cómo se ha avanzado en materia de sistema. En justicia penal es un mundo distinto al que había antes del año 2000. Los Tribunales de Familia, con todos sus defectos, es muy distinto al que había antes en Chile y, por cierto, bastante interesante respecto a los países de Latinoamérica. La justicia laboral cambió importantemente con la entrada de la justicia laboral y luego con los cambios introducidos al Código del Trabajo y de Procedimiento Laboral, que han marcado una diferencia notable en la capacidad negociadora de los trabajadores con sus empleadores, por ejemplo, porque el sistema de justicia reacciona más rápido y, por lo tanto, la perspectiva del juicio eterno laboral y maltrato hoy en día es muy menor. Por eso uno ve mucho más porcentaje de acuerdos, conciliaciones, que resultan en acuerdos antes de entrar a juicio. Hoy en día esos juicios laborales se resuelven más rápido. Los acuerdos funciona cuando la justicia formal adjudicativa, o sea, la que se da en los tribunales con un juez o jueza. Cuando estos sistemas alternativos de conflictos de juicios fueron diseñados, sobretodo en Estados Unidos, fueron pensados sobre la base de lo que se llama el efecto de la Sombra de la Ley, es decir, yo llego a acuerdos amistosos si tengo la amenaza de un sistema judicial formal, de jueces, que van a solucionar el conflicto rápidamente si no llegamos a acuerdo entre nosotros. El acuerdo entre ustedes es lo mejor, es lo más rápido, lo más adecuado, pero si llegan acuerdo y no cumplen, o si no llegan acuerdo aquí, habrá un proceso rápido, que va a decidir por uno, otro, y el peligro es que a usted no le dé la razón y lo pierda todo. Esa amenaza, el hecho que hay un juez o jueza, es vital y por eso la mayoría de los sistemas, que los norteamericanos llaman el tribunal multipuerta dependiendo del conflicto, parte de la base de que hay un juez o jueza que puede tomar el caso rápidamente y resolverlo.

La comunidad puede, tiene que poder identificar las necesidades justiciales, priorizarlas y luego, con el apoyo profesional, identificar cuáles son los mejores mecanismos para solucionar sus conflictos.

Noticia fue parte de la pauta periodística de El Diario el Sur este 22 de enero.

TRIBUNAL LABORAL ORDENA A AUTORIDADES JUDICIALES DISCULPARSE Y REPARAR A DIRIGENTE FENADAJ

El Tribunal del Trabajo de Concepción ordenó a la Corporación de Asistencia Judicial de la Región del Bío Bio publicar sendas notas en dos medios regionales y tres medios locales para disculparse y reparar «ante los funcionarios del país» del servicio la honra del dirigente nacional de la FENADAJ, Marcelo Inostroza Aparicio, quien fue acusado en marzo del año pasado públicamente por autoridades de incumplimiento de funciones e, incluso, revelado el monto de una de sus remuneraciones.

El fallo reconoció así que la Corporación de Asistencia Judicial de la Región del Biobío incurrió en una abierta vulneración del derecho a la honra de Inostroza en una entrevista dada por el Presidente del Directorio de la Corporación, Sergio Vallejos y el Director General Subrogante, Gonzalo Contreras, en medios de comunicación de la zona en abril del año pasado.

Para Inostroza, «el fallo es una muestra evidente de la falta de prolijidad y ausencia de empatía por parte del empleadores, por lo mismo, es fundamentalmente relevante haber obtenido este triunfo en el tribunal laboral, sin perjucio de que la sentencia pueda ser recurrida, como creo que será por el opositor. Esperamos que esta se mantenga en la Corte de Apelaciones. Es un fallo importante en el mundo gremial, particularmente, en el ámbito en que nos desarrollamos como es el de la justicia».

(Photo by Wesley Tingey on Unsplash)

RESOLUCIÓN

En la entrevista por la que fueron sancionadas las autoridades se aludió «de forma parcial e imprecisa a las observaciones de un informe de Contraloría sobre el cumplimiento de la obligación de registrar asistencia de los directores gremiales, y, en particular, se hace referencia al monto de la remuneración que percibió por el mes marzo de 2019, luego de acotar que era parte del personal movilizado», dice el fallo.

Y agrega que «en conformidad a lo prevenido por el artículo 495 número 3 del Código del Trabajo, como medida de reparación, se ordena a la demandada poner en conocimiento de los funcionarios de las Corporaciones de Asistencia Judicial de todo el país e informar en dos medios regionales y tres medios locales de comunicación, el resultado del presente juicio».

El cumplimiento del fallo, en el que además se «expresan disculpas al señor Marcelo Inostroza Aparicio frente a la afectación de sus derechos establecidas», deberá efectuarse dentro del plazo de 20 días corridos desde la fecha en que quede firme y ejecutoriada la sentencia.

Se aludió «de forma parcial e imprecisa a las observaciones de un informe de Contraloría sobre el cumplimiento de la obligación de registrar asistencia de los directores gremiales, y, en particular, se hace referencia al monto de la remuneración que percibió por el mes marzo de 2019, luego de acotar que era parte del personal movilizado».

“ESTAMOS EN LA PUERTA DE UN CONFLICTO QUE PUEDE SER UNA OPORTUNIDAD O UN GRAVE PROBLEMA”

Claudia Fachinetti, presidenta de la FENADAJ, deja atrás un 2019 llamando a las bases a enfrentar los desafíos del 2020 con unidad. “No serán tiempos fáciles. Debemos defender el modelo de las CAJs, sensibilizar sobre la importancia del acceso a la justicia, tener una estructura nacional de servicio y fortalezar la organización.

-¿Cuál sería la reflexión del trabajo realizado este 2019?: lo bueno y lo malo

– Voy a partir por lo malo: fue un año muy difícil para la organización con una autoridad que no escuchaba, que llegó a negar nuestro rol como representantes de los funcionarios de la Corporación y que significó llegar a un paro, quizás el más extenso del sector público, que se extendió por 46 días con muchos problemas, situaciones difíciles, con ataques personales a los dirigentes por parte de las autoridades del ramo, tanto así que parlamentarios acordaron tendernos una mano enviando una carta con 30 firmas dirigida al ministro justicia. En los 21 años que llevo de trabajo en el mundo sindical nunca había visto algo así, que parlamentarios pidieran al ministro la solución a ese problema de acceso a la justicia. Finalmente, pudimos llegar a un buen término porque juntos logramos una negociación que nos permitió empezar a trabajar de nuevo, con una nueva forma de acercamiento, por decirlo así, con el Ministerio Justicia, entonces se establecieron las bases del Protocolo para seguir trabajando y, de ahí en adelante, la relación con el Ministerio empezó a cambiar… llegamos a un mejor entendimiento.

De lo bueno, destaco que nuestros funcionarios y funcionarias estuvieron al pie del cañón, reclamando sus derechos, que estuvieron apoyándonos a nosotros como dirigentes durante todo ese tiempo y eso, sin duda, es lo más favorable de este año 2019 que se fue.

-¿Cómo enfretarán este 2020?

-Con mucho trabajo. Como directorio FENADAJ ya planificamos el año 2020 y uno de los ejes de trabajo es la atención de víctimas de delito, dado que nos hemos enterado que estamos en la puerta de un conflicto que puede ser una oportunidad o un grave problema y que tiene que ver con qué cartera asumirá este rol con prioridad: Justicia o Interior. Pero somos optimistas porque tras la última reunión con las autoridades sabemos que el Ministerio de Justicia quiere realmente dar asistencia a las víctima de delitos. Ahora, ¿cómo se hace? Ahí es donde nosotros tenemos que entrar a batallar. Afortunadamente el Ministerio de Justicia está de acuerdo en que quien mejor atiende, tiene más adherencia y una atención interdisciplinaria a las víctimas de delitos es la Corporación de Asistencia Judicial (CAJs), entonces creemos que puede ser una oportunidad porque si se queda con esta forma de atención aumentaremos la cobertura, que es mínima en las corporaciones locales. Como lo hemos dicho, hoy a este tipo de víctimas las atendemos en 20 comunas del país y resulta que son 346, por eso creemos firmemente que aumentar la cobertura para llegar a todos los rincones de Chile es un deber que nos debe movilizar. 

-¿Cómo abordarán este posible conflicto?

-Estamos coordinando una jornada nacional de reflexión y análisis y así, presentar una propuesta al Ministro de Justicia. Queremos defender nuestro modelo, a la brevedad, con planes de acción. Un primer paso es hacer entender a la comunidad y a las autoridades que el acceso a la justicia es la base de la justicia social. Para la gente es algo primordial, especialmente a raíz de lo que está pasando desde el 18 de octubre, donde la injusticia ha sido un tema central. Hoy, en el momento en que tú le preguntas a las personas cuáles son los puntos por los cuales pondría acento, responden salud, pensiones y educación, sin embargo, la justicia no aparece espontánemente. La justicia es una necesidad y lo más importante, para alcanzarla, es que debemos aportar con alguna propuesta para crear un sistema de amplia cobertura.

-¿Cuáles serán las propuestas de trabajo en que se focalizará FENADAJ este año?

-Además del punto anterior, queremos precisar metodológicamente nuestra estructura de remuneraciones y carga de trabajo a nivel país. El objetivo es tener una estructura nacional de servicio de acceso a la justicia. No puede ser posible que todavía sigamos igual que desde el año 81, con cuatro corporaciones a lo largo del país que no se comunican entre ellas. Uno hace las cosas de una forma y otra de otra forma y eso podría ser sólo un problema estético si no fuera que detrás están los derechos de las personas. ¿Cuál es el tema?: que no podemos permitir que una persona que vive en Santiago tenga más oportunidad para ejercer sus derechos que una que viva en Coihueco, Punta Arenas o Isla de Pascua. Para nosotros es importante que todas las personas tengan el mismo acceso a la justicia, la misma oportunidad para ejercer sus derechos porque estamos hablando del acceso a la justicia como derecho personal, pero también de la dignificación de la función pública. Por último, como pensamos que este año puede ser complejo, entendemos que como nunca la organización cuenta sustancialmente para seguir trabajando por el país y que en ese camino todos los funcionarios y las funcionarias deben ser concientes de que, en la medida que estamos organizados y unidos, vamos a poder hacer frente a los devenires en forma más óptima.

-¿Cuál es la importancia para este complejo 2020 de los canales de comunicación entre directorios de la organización y sus bases?

-Es importante valorar esta relación que tenemos porque somos una organización que agrupa entre 1.500 y 2.000 funcionarios y la idea es que sigamos creciendo en unidad y teniendo claro que la lucha que se está dando es por nosotros y la gente, por eso es que yo les pido a las asociaciones y sus socios que sigamos profundizando el trabajo de comunicación interna y con nuestros usuarios, siempre con una visión crítica, pero todos bien juntos.

MINISTERIOS DE INTERIOR Y JUSTICIA SE PELEAN ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE DELITOS

En una reunión informativa desarrollada el 23 de diciembre entre los equipos de la División Judicial del Ministerio de Justicia y de la FENADAJ para abordar el futuro del trabajo en torno a las víctimas de delitos en Chile se acordó instar a que la atención a víctimas de delitos se mantenga en las CAJs, bajo el argumento que «es lo que jurídicamente corresponde». 

En la reunión, en la que participaron por la cartera del ramo el jefe de la División Judicial, don Héctor Mery, y la jefa del Departamento de Asistencia Jurídica, doña Simone Hartard, y por la FENADAJ asistieron su directiva nacional y las asesoras Solange Cornejo (Cavi ex La Granja) y Marta Latorre (Caj Biobio), se pudo conocer la posición del Ministerio de Justicia en torno al anuncio de octubre pasado del Presidente Sebastián relativo a la creación de la Defensoría de Víctimas, con el objetivo de dar mayor accesibilidad a la justicia en el marco de la Nueva Agenda Social.

La cita, que fue solicitada por la Fenadaj el 10 de diciembre, tuvo por objeto conocer información sobre las decisiones que desde el Ministerio de Justicia se estaban tomando en relación al anuncio realizado por el Presidente.

«Máxima prioridad»

Hasta ahora, según informaron los funcionarios ministeriales a los dirigentes, no ha habido ninguna determinación tomada en cuanto a la naturaleza, funciones o dependencia de los centros de atenciones de víctimas asistidas, como tampoco un plazo determinado para aquello. 

Sin embargo, en la reunión la definición desde dónde se centralizarán estas atenciones a las víctimas de delitos fue calificada “de máxima prioridad”.

Dicha definición se centra en mantener la atención de víctimas en los centros especializados e interdiciplinarios de las CAJs: Centros de Atención a Víctimas de Delitos Violentos (CAVIS) y Unidades de Atenciones a Víctimas de Delitos Violentos (UVIS) dependientes del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; o, en los Centros de Atención a Víctimas de Delitos (CAVD) del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

“No hubo dudas en calificar nuestro trabajo (el de los CAVIS y UVIS) como de excelencia, serio y profesional, lo que demuestra que brindamos las atenciones interdisciplinarias más completas que tiene el sistema y que considera el acompañamiento de la víctima en todo momento del proceso judicial, con apoyo sicológico, social y jurídico destinado a su reparación y la de su entorno”, enfatizó la presidenta de la FENADAJ, Claudia Fachinetti.

Duplicidad de presupuestos

Cabe destacar que, en este momento, la atención a víctimas de delitos enfrenta una duplicidad de funciones y gasto público porque mientras desde Justicia es desarrollada por los CAVIs  con cobertura nacional desde el 2001, el Ministerio del Interior lo hace desde el 2006 a través de sus CAVD, Centros de Atención a Víctimas de Delitos. Hay que recordar que las UVIS, dependientes también de las CAJs, lo hace desde el año 1994, con un modelo de atención interdisciplinaria que el año 2001 fuera consagrado con la creación de los CAVIS, que sólo el año 2018 atendió a 4.361 personas, dando lugar a 1.869 querellas. 

En este marco, agregó Fachinetti, las autoridades anunciaron que instarán al gobierno para que esta atención se mantenga en las CAJs del país, fortaleciéndola y ampliando su cobertura.

“Estas son buena noticias, sin embargo hay mucho camino que recorrer dado que el gobierno no ha tomado ninguna decisión hasta el momento, por lo que desde esta Federación llamamos a estar alerta respecto de la situación”, enfatizó la presidenta de la FENADAJ.

Jornada Nacional

La dirigente anunció que, en este marco, en marzo se convocará a los funcionarios de estos centros y unidades a una jornada nacional de análisis y trabajo para desde ahí, generar una propuesta al ministerio.

La única evaluación de los distintos sistemas de atención a víctimas de delitos en el sistema público fue realizado en 2008 por la Dirección de Presupuestos, Dipres, donde se concluyó que el servicio brindado por los CAVIS, de las CAJs, fue el más completo al “proporcionar el más elevado servicio de patrocinio y representación judicial y de los servicios de reparación integral a las víctimas de delitos en Chile”, remató Fachinetti documento en mano.

DEL 2015 AL 2018 REPRESENTACIÓN DE TRABAJADORES AUMENTÓ 9% EN OFICINAS DE DEFENSA LABORAL

Según los datos estadísticos oficiales del Departamento de Asistencia Jurídica del Ministerio de Justicia, desde el 2015 al 2018 las Oficinas de Defensa Laboral (ODL), que integran el trabajo de las Corporaciones de Asistencia Judicial (CAJs), han atendido en el país 104.367 trabajadores que, sin este apoyo jurídico, no podrían acceder a defensa gratuita de sus derechos.

Los guarismos demuestran que las necesidades de atención de los trabajadores en el sistema chileno han ido progresivamente en aumento, pues mientras el año 2015 fueron asesorados 25.241, el 2018 fueron 27.491 las personas que pidieron asistencia jurídica, es decir, las causas tramitadas en tribunales aumentaron 9%.

Ese porcentaje también muestra la misma tendencia en las causas laborales terminadas (favorable o desfavorablemente) en los tribunales pues en el mismo lapso aumentaron de 22.766 a 23.765 los fallos obtenidos por los equipos CAJs.

Sumando los datos anuales desde que existen registros (2015-2018), han sido atendidos un total de 104.367 trabajadores. De ese total, se obtuvieron 89.793 fallos, lo que significa que 86% de las causas obtuvieron sentencia.

El mayor número anual de atenciones se registró el año 2016, con 25.241 ingresos, de los cuales 19.979 fueron terminados. Para el 2018 las causas llegaron a las 27.491, de las cuales 23.765 fueron resueltas.

En promedio, mensualmente los trabajadores atendidos alcanzan los dos mil. El peak de registró en junio de 2018, con 2.690 causas, mientras que el mes con menos atenciones en estos cuatro años fue en diciembre de 2015, con 1.610 atenciones. Para los fallos, el peak se registró en junio de 2018, con 2.498 resoluciones logradas, mientras que el mes con menos resoluciones obtenidas en los tribunales laborales fue en diciembre de 2015, con 1.269 fallos.

FENADAJ CONFIRMA VIOLENCIA DE GÉNERO DE LASTESIS: 65% DE USUARI@S DE LAS CAJs SON MUJERES

Según la información estadística del trabajo de las Corporaciones de Asistencia Judicial (CAJs) entregada por el Departamento de Asistencia Jurídica del Ministerio del ramo, desde el año 2007 al 2018 las mujeres han utilizado el sistema en promedio 183% más que los hombres en los últimos 11 años.

«Esto refleja la mayor vulnerabilidad que ellas enfrentan en el acceso a la justicia social en Chile», enfatizó la Presidenta de la FENADAJ, Claudia Fachinetti, al analizar los datos y confirmar que «esta dura realidad avala la teoría y el cántico levantado por Las Tesis sobre la violencia social ejercita contra la mujer cuando cantan «el patriarcado es un juez, que nos juzga por nacer, y nuestro castigo, es la violencia que no ves».

La información, que fue solicitada por FENADAJ vía Transparencia y entregada a través del Oficio Ordinario 5301, considera datos parciales del trabajo de las cuatro Corporaciones de Asistencia Judicial del país. Entre los registros de causas ingresadas destaca que en la década del 2004 al 2014, ingresaron a tribunales 1.031.617 de causas de un total de 6.050.135 de personas atendidas en OI.

También que el número de causas terminadas favorables o desfavorables en ese mismo período fue de 1.110.704, precisando que en las estadísticas no existe dato alguno de rangos etáreos.

Los datos demuestran que las mujeres constituyeron las mayores usuarias del sistema respecto a los hombres desde que hay datos por rango de género registrados, es decir, entre los años 2007 al 2018.

Según se desglosa, durante ese lapso de tiempo 4.599.763 mujeres recurrieron el sistema frente a 2.517.146 de hombres, lo que significa que ellas accedieron 183% más veces o que casi siete de diez usuarios que buscaron asesoría judicial gratuita fueron mujeres.

En esta tendencia, durante esos 11 años, 65% de los usuarios de las Corporaciones de Asistencia Judicial fueron las mujeres. Los datos precisan además que el mayor aumento femenino por acceso a la justicia se registró el año 2016, año durante el cual se registraron 418.283 atenciones, 38.085 más que el año anterior (2015).

«Esto demuestra que ellas requieren mayor atención dado que las mujeres pobres, quienes son las que recurren a las CAJs para acceder a la justicia, necesitan más apoyo del Estado por su doble vulnerabilidad: ser mujer y y ser pobre», enfatizó Claudia Fachinetti.

Para ver en detalle las cifras, descargue el siguiente documento:

CABILDOS FENADAJ: ASAMBLEA CONSTITUYENTE Y ORGANISMO PÚBLICO PARA ACCESO A LA JUSTICIA

Con encuentros en Calama, Ovalle, Quillota, San Felipe, Valparaíso, Quilpué, Molina, Chillán, Concepción, Santiago y Aysén, al que asistieron 121 trabajadores de las CAJs, 67 mujeres y 54 hombres, se desarrollaron los Cabildos «Co-Construyendo Justicia Social” convocados por la FENADAJ para abordar, desde la temática de la justicia y derechos sociales, la actual crisis institucional que atraviesa el país desde el 18 de octubre pasado.

Según la dirigente nacional Myling Chau, la directiva está contenta con la participación y la altura del debate, porque permitió reflexionar respecto del país que queremos, saliendo de la zona de confort en que cada uno se encuentra.

Temáticas como cambios estructurales para la justicia social y los derechos sociales bajo el prisma democrático, inclusivo, acogedor y promotor del bienestar social de todos sus habitantes fueron los temas discutidos durante la semana del 12 al 15 de noviembre.

Algunas de las conclusiones obtenidas en las siguientes 11 consultas trabajadas por cada uno de los 12 grupos constituidos fueron:

1.- ¿Cuál es el origen del conflicto?:

La mayoría de los grupos coincidió que el origen del conflicto es la desigualdad imperante en nuestra sociedad, a lo que se agregaron otros motivos como: Descontento, intereses particulares de políticos y grandes empresarios, desconexión de la clase política, abusos, impunidad e inequidad.

2.- ¿Qué ha generado el malestar ciudadano?:

Entre las ideas acordadas están la falta voluntad política, corrupción, impunidad, La política económica que ha generado el desarrollo del capitalismo, donde el derecho de propiedad es el única garantía real. Todo en Chile es vendible. existe desigualdad histórica, no todos tenemos derecho a acceder a los mismos derechos y dignidad. Lo anterior, sumado al descontento con un sistema neoliberal, capitalista, extractivista, donde existen desigualdades sociales, y que se ven consagrados en una Constitución, que perpetúa y defiende los abusos. Hay una falta de respuesta de los poderes del Estado, acumulación y falta de seguridad social. 

3.- ¿Qué oportunidad ofrece esta movilización nacional?:

Entre las más importantes, quienes participaron consideraron los cambios estructurales, la libertad de expresión, cuestionamientos al proceder de la autoridad, redefinir y actualizar el modelo económico y la generación de nueva Constitución. Es importante que las personas se unan, pues es una oportunidad de organización, de conversar y abrir la mirada, ver realidades distintas, conocer realidad de vecinos, debatir, legislar para el futuro, soñar con una nueva sociedad, avanzar hacia un modelo más inclusivo y equitativo, generando un nuevo pacto social, que fomente el debate, derribe las barreras de la intolerancia, en que se dialoge, se pierda el miedo, y se empodere al ciudadanía.

4.- ¿Cómo es posible avanzar en mayor justicia social a partir de esta coyuntura?

Redactando una nueva Constitución que cambie el modelo, reemplazando el estado subsidiario por otro garante de derechos, con mayor protagonismo del Estado en el acceso a los servicios básico, educación, justicia, transporte y salud. Con una ciudadanía participativa, potenciada y constructiva. 

5.- ¿Existen demandas prioritarias para la ciudadanía?

Para uno de los grupos no se pueden jerarquizar las prioridades, sin embargo la mayoría destacó entre las mismas el sistema previsional, salud, educación, repartición de los tributos, pensiones para adultos mayores, mejores remuneraciones, acceso a la justicia, sueldo mínimo, participación de la comunidad en la toma de decisiones, impedir que AFP no asuman los riesgos, topes en ganancias o utilidades máximas, eliminación de copago y topes de reembolso, especialistas de todas las materias en Consultorios, sueldos equitativos, transporte público de calidad, gratuito para estudiantes y tercera edad, no más impuestos en carreteras, rol más activo del Estado en rubros estratégicos y estatización de bienes.

6.- ¿Se necesita una Asamblea Constituyente para transformar Chile?

Con algunos bemoles, la respuesta fue unánime: sí se necesita.

7.- ¿Qué tipo de acciones puede realizar la ciudadanía y las organizaciones sociales para conseguir sus objetivos?

Entre las mencionadas estuvieron charlas informativas, estudios de necesidades, planteamientos de acuerdo a la realidad geográfica del país, movilizaciones pacíficas, participación en los procesos eleccionarios, cabildos, educación Cívica, emplazamiento a las autoridades, informarse, aislar violentistas, evitar represión, eliminar los grupos anarquistas, reunirse, conversar y debatir, generar espacios inclusivos, empoderamiento ciudadano, intervenciones urbanas y funa a empresarios corruptos.

8.- ¿Cómo es la justicia que queremos para Chile?

En el debate entre los participantes del Cabildo se mencionaron la inclusión con recursos y estándares de calidad, igualitaria, universal, sin privilegios, equitativa, sin distinción de nivel socio económico, oportuna, rápida, sin privilegios, empática, profesional y de alto mérito, que garantice probidad y expertice de autoridades judiciales y auxiliares de la justicia, no represiva, especialmente hacia los adolescentes, con inversión y reformas a las policías, mayor cobertura, moderna, sin militancia política, transparente, equitativa y democrática. Asimismo se señaló la importancia de abrirse a nuevas experiencias, como mediaciones, sin metas perversas, humana y humanizante. 

9.- ¿Qué entendemos por Acceso a la Justicia?

Otorgar información, orientación y patrocinio a todas las personas, contar con medios, derecho de hacer peticiones, defender y ejercer derechos y estar informados de los mismos, ser representados de manera legal y oportuna. La posibilidad de ser representados, y que se litigue en iguales condiciones. Asimismo que no exista discriminación de ningún tipo, con un Estado que asegure derechos, en especial la tutela judicial efectiva, profesionalizada, solidaria, con alternativas de solución a conflictos, en condiciones adecuadas, con profesionales suficientes, comprometidos con el servicio público y con infraestructura digna.

10.- ¿Cuál debiera ser el organismo encargado del Acceso a la Justicia? ¿Por qué?

Entre los organismos mencionados se expusieron: las Corporaciones de Asistencia Judicial con mejores remuneraciones; un Servicio Público Descentralizado; una Defensoría Nacional en materia de derechos, autónoma, sin color político, con comisión independiente; y, un Servicio Nacional de asistencia judicial con carrera funcionaria, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Los participantes coincidieron en que debe ser un servicio que asesore todas las materias, unitario y con efectivo control de las platas públicas, independiente, con patrimonio propio, con funcionarios con jornada completa y remuneraciones acordes a la función.

11.- ¿Qué acciones debiéramos realizar para lograr un mayor y mejor Acceso a la Justicia?

Las ideas destacadas por los participantes fueron fortalecimiento del recurso humano de la Corporación, capacitaciones, autocuidado, equiparando las funciones con las remuneraciones, mayores recursos económicos y de personas, con mejor infraestructura, con dirigentes mas activos y funcionarios movilizados, con derechos de los trabajadores, carrera funcionaria, profesionalización, presupuesto propio, ley orgánica mayor visibilización del servicio, difusión, descongestión, mejor filtro al ingreso profesional, renovación de cúpulas de cargos públicos y confianza, solucionando las diferencias y dificultades existentes en el sistema actual, para posteriormente, modificarlo, permitiendo el acceso a los funcionarios.

Entre los participantes, también se propuso que los postulantes puedan descontar deuda CAE a través del servicio otorgado en las CAJs.

“Estos cabildos se seguirán realizando, pues es una instancia enriquecedora para el debate interno y para que, como representantes de las y los trabajadores, podamos avanzar en el sentido que nuestr@s soci@s nos plantean”, señaló la Dirigente Nacional Myling Chau.

FENADAJ PREOCUPADA POR OFICIO QUE AMPLÍA COBERTURA DE ATENCIONES SIN RECURSOS ADICIONALES

Según el documento, las CAJs deberán ampliar atenciones por materias judiciales y perfil de usuarios en el macro de las 100 Reglas de Brasilia. Sin embargo, esta nueva carga de trabajo no viene acompañada de recursos, lo que podría terminar de colapsar el sistema ya en crisis, advierten dirigentes.

La Federación de Acceso a la Justicia, FENADAJ, que agrupa a todas las asociaciones de base de las 4 CAJs, advirtió su preocupación por Oficio Ordinario N° 459, del 21 de enero de 2019, emitido por el Ministerio de Justicia en el que se instruye “aplicar las 100 Reglas de Brasilia que tiene como objetivo garantizar las condiciones de acceso efectivo a Ia justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, sin discriminación alguna.»

“Si la actual situación en que se encuentran las CAJs a lo largo del país, objetivamente no permiten cumplir con el imperativo legal de acceso a la justicia a quienes no cuentan con recursos para proveérselo por sus medios, menos podríamos ampliar esa cobertura a todas las materias y todas las personas que concurran en busca de asesoría, como pretende la autoridad con este oficio”, enfatizó la Presidenta de la FENADAJ, Claudia Fachinetti.

Las aprensiones de los trabajadores se argumentan en los siguientes puntos:

  • 1.- FINANCIAMIENTO: La ampliación de atención para las personas que cumplen criterios de pobreza requiere necesariamente mejoras y más recursos que los que actualmente disponemos.
  • 2.- LEGALES: Si bien la Constitución Política instruye en su artículo 19 Nº3 la garantía de igualdad de protección de la ley a todos los ciudadanos; el artículo 2° de la Ley 17.995 que creó las CAJRM, CAJBioB io y la CAJVAL precisa como finalidad prestar asistencia jurídica y judicial gratuita a personas de escasos recursos, lo mismo que el articulo 1° de la Ley 18.632, que creó la Cajta, esto no se está cumpliendo porque el Estado no está proveyendo los recursos para ello.
  • 3.- MATERIAS: entregar universalidad de materias implicaría dejar sin efecto las exclusiones que hoy se aplican para efectos de ingresos judiciales, como también proveer del personal y medios para garantizar dicha cobertura. Además de los recursos, se requieren modificaciones legales.
  • 4.- LISTAS DE ESPERA: Hoy el sistema registra importantes listas de espera de hasta de 6 meses.
  • 5.- EXCLUSIONES: el análisis de viabilidad jurídica realizada en   las CAJs gozan de un alto porcentaje de término con sentencias favorables. No aplicar el trabajo profesional como lo sugiere el oficio 459, significaría sobrecargar el sistema, bajar la calidad profesional, aumentar horas de trabajo y eventualmente que nuestros usuarios sean condenados a pagar costas de juicios perdidos.
  • 6.- PÉRDIDA DE PRESTIGIO: frente a los jueces de instancia y ministros de cortes superiores evidentemente se perdería nuestro prestigio al ingresar causas sin viabilidad jurídica y, por tanto, de obtener lo pretendido por nuestros usuarios. 
  • 7.- BARRERA DE ACCESO: El Ministerio de Justicia señala que «la viabilidad jurídica realizada por nuestros profesionales y el doble patrocinio constituyen una barrera de acceso a nuestros servicios». Ello no es cierto, pues la etapa de evaluación jurídica es un trabajo profesional necesario y profundo que da seriedad a nuestro trabajo y resultados, tal como lo destacó públicamente el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, el 29 de julio pasado.
  • 8.- COBRO DE HONORARIOS:  Creemos que esta labor debe ser asumida por los Departamentos Jurídicos de todas las CAJs, por constituir el cobro de honorarios y costas un ingreso para las mismas.
  • 9.- MATERIA LABORAL: la asesoría para los trabajadores ya es gratuita desde Ia implementación de la Reforma Procesal Laboral hace una década, mientras que el cobro de las costas a las que se condena a empleadores require proveer de receptores, vehículos para retiro de especies, recursos para pago de bodega, martilleros y otros.

En este marco, es que la FENADAJ solicita a la autoridad para cumplir con los lineamientos técnicos contemplados en el Oficio Nº 459 lo siguiente:

  • 1.- Gestione recursos necesarios. De otra manera no es posible concretar, de  manera efectiva y pragmática, el acceso a la justicia.
  • 2.- Mejorar las condiciones de nuestras instituciones, las que a la fecha carecen de la asignación de recursos directos por Ley de Presupuesto.
  • 3.- Proveer los reemplazos de ausencias por licencias médicas y los cargos vacantes.
  • 4.- Actualizar el presupuesto asignado a las CAJs que no ha experimentado incremento a parte de los relacionados a la implementación de la Reforma Procesal Laboral y el «Programa Mi Abogado», esto a  pesar de haberse incrementado el  número de atenciones.
  • 5.- Voluntad real de la autoridad para garantizar con responsabilidad el acceso a Ia justicia de los más necesitados.
  • 6.- Ser escuchados por la mesa que está analizando este tema, la que no ha convocado a los representantes de las/os funcionarias/os de la FENADAJ.
LEA EL DOCUMENTO ANÁLISIS ENVIADO POR LA FENADAJ AL MINISTERIO DE JUSTICIA: