Con el rechazo de los primeros dos artículos del proyecto de ley que crea el “Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y la Defensoría de Víctimas”, referidos a la «naturaleza» y «objetivo» del servicio terminó, este lunes 26 de julio, la sesión de suma urgencia convocada para analizar la iniciativa legal en la que la FENADAJ puso énfasis en las diferencias de entregar «representación judicial» y/o representación jurídica» del nuevo sistema público.

El rechazo de los dos primeros articulados por parte de los integrantes de la Comisión de la Cámara de Diputados no sorprendió debido a las seguidillas críticas del que ha estado acompañada la iniciativa del Presidente Sebastián Piñera.

Mientras el primer artículo rechazado está referido a un servicio público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, supervigilado a través del Ministerio de Justicia desde Santiago, organizado territorialmente por cuatro Direcciones Macrozonales y afecto al Sistema de Alta Dirección Pública; el segundo obedece al objetivo de garantizar el acceso a la justicia a través de asesoría jurídica, orientación legal, defensa y representación jurídica a quienes no puedan procurárselas o estén en situación de vulnerabilidad, como también al apoyo psicológico y social en los casos que corresponda.

«El rechazo de estos dos primer artículos demuestra la inconsistencia del proyecto», enfatizó Marcelo Inostroza, presidente de la Fenadaj y uno de los invitados a intervenir en la sesión, para quien, además, la diferenciación de «representación judicial y no jurídica» tiene efectos de fondo debido a que «en el primer concepto -defendido por la organización gremial- se abarcan prestaciones como orientación, información, promoción y educación en derechos, representación y asistencia psicosocial para víctimas de delitos, en el segundo sólo se reduce a trámites legales y, con ello, a no hacer frente al financiamiento que conlleva una atención judicial integral para usuarios y funcionarios.

Desde la institucionalidad fueron citados a la discusión de suma urgencia Hernán Larraín, Ministro de Justicia y Derechos Humanos; Sebastián Valenzuela, Subsecretario de Justicia; Héctor Mery, Jefe de la División Judicial; Simone Hartard, Jefa de Gabinete; Sebastián Schmoller, Jefe del Dpto. de Asistencia Jurídica y Fernando Dazarola, Asesor; Erika Maira, Gerenta de la División de Atención a Víctimas y Testigos de la Fiscalía Nacional. Defensoría Nacional Penal Pública y Sofía Libedinsky Ventura, abogada del Departamento de Estudios de la Defensoría Nacional. 

Mientras que por las organizaciones civiles fueron invitados además de Marcelo Inostroza Aparicio, Presidente de la FENADAJ; Cristian Inzunza Espinoza, Secretario Nacional FENAMINSA y Alfredo Contreras Avalos, Presidente Asociación Nacional de Funcionarios de Seguridad Pública de la Subsecretaría de Prevención del Delito. 

Esta es la tercera vez que la FENADAJ es citada por la Comisión para exponer sus aportes y comentarios al proyecto de ley.