JUSTICIA IMPONE RETORNO PESE A PRECARIEDAD DE LAS CAJs: OFICINAS SIN BAÑOS, VENTILACIÓN NI AFOROS SUFICIENTES

Las Direcciones Generales de las cuatro Corporaciones de Asistencia Judicial, siguiendo lineamientos del Ministerio de Justicia, determinaron unilateralmente ampliar el trabajo presencial en jornada completa como regla general a contar del 23 de agosto, labor que hasta esa fecha se desarrollaba con jornadas reducidas.

«Ello ocurrió estando pendientes las conversaciones con FENADAJ, que buscaban consensuar un avance paulatino y progresivo en el retorno», informó Marcelo Inostroza, presidente de la entidad gremial que agrupa a más de 2.200 funcionarios en el país, al precisar que «la autoridad una vez más obró improvisadamente, sin considerar grupos de riesgo tanto para funcionarios como usuarios que deben ser atendidos en oficinas, que en muchos casos no cuentan con ventanas para ventilación, aforos mínimos, baños para personal y usuarios, ni menos aseo o sanitización permanente, como lo instruye el Ministerio de Salud en su plan retorno seguro.»

“La pandemia ha develado una vez más las deficientes condiciones materiales en que se presta el servicio. Los trabajadores nunca han dejado de atender presencialmente, solo han pedido que para avanzar en esa línea se respeten ciertos estándares mínimos. La decisión, por ejemplo de eliminar de los grupos de riesgo a quienes tienen a su cargo personas mayores, discapacitadas o inmunodeprimidas, por lo tanto, mucho mas expuestas a sufrir los estragos del Covid, introduce un nuevo elemento de disenso con el empleador. Por lo demás, pese al golpe de autoridad de las Direcciones generales, muchos centros desde Arica a Punta Arenas, no podrán aperturar porque no cumplen las condiciones sanitarias que lo permitan”, agregó.

El dirigente precisó que nada más que en la Corporación del Bíobio, considerada la de mayor cobertura jurisdiccional del país con más de 172 unidades de atención, hay alrededor de 82 planes de trabajo aprobados por la Mesa Covid. “Las otras 90 unidades de trabajo no se han aprobado porque los consultorios no cumplen con los requisitos mínimos para garantizar un trabajo seguro”, agregó Inostroza.

“Lamentablemente el costo que involucra mantener la operatividad de las Corporaciones ha sido asumida en forma importante por los propios trabajadores, como el uso de Internet en sus casas o habilitación de oficinas para el trabajo online. El trabajo remoto se ha mantenido de forma eficiente, cuestión que ratifican las estadísticas”, insistió.

Otro conflicto que se cruza entre los trabajadores y el Ministerio de Justicia es la aplicación del seguro Covid, establecido en la ley 21.342, la que según el MINJUl sólo es aplicable a los trabajadores del sector privado y no a los funcionarios públicos.

“Lo cierto es que a nosotros nos rige , el Código del Trabajo y toda la normativa del sector privado, sin embargo, se mantiene la practica de aplicarnos uno u otro estatuto, dependiendo del interés del empleador, desconociendo el espíritu y finalidad del ordenamiento en su plenitud”, remató.

FENADAJ: SIN ACUERDO PARA RETORNO EL 23/8 EN JORNADA COMPLETA TERMINA SESION DE MESA NACIONAL COVID-19

A través de un comunicado oficial emitido por sus dirigentes, la FENADAJ confirmó que el retorno para este 23 de agosto informado por las autoridades de las Corporaciones de Asistencia Judicial del país no será posible en atención a la falta de acuerdo en torno a cuestiones sustanciales que efectivamente aseguren un retorno seguro, gradual y paulatino a labores presenciales.

                            COMUNICADO

INFORMA RESULTADO REUNIÓN TÉCNICA MESA NACIONAL COVID-19  

Compañeros y Compañeras: 

Este lunes en la tarde, nuestra Directiva se reunió con los prevencionistas de riesgos de las 4 CAJs, y la Directora General de la CAJTA, en representación de los Directores Generales. Asistió también el presidente de ANEF, José Pérez Debelli.

En esta instancia se revisaron las observaciones que Fenadaj formuló a la propuesta de modificación de Protocolos COVID, patrocinada por las cuatro Direcciones Generales, acogiéndose nuestras indicaciones, casi en su totalidad.

No obstante ello, no existe acuerdo en temas sustanciales, toda vez que el comunicado conjunto evacuado por las 4 Direcciones Generales introdujo en el debate una serie de elementos no contenidos en la propuesta original, no consensuadas ni explicitadas previamente en la mesa. Es más, esa comunicación, que no dudamos en calificar como desafortunada, se socializó, imponiendo condiciones que desconocen el derrotero previamente acordado por la propia instancia negociadora.

El incremento en las horas de atención presencial requiere una planificación gradual, que contemple el respeto a la institucionalidad previamente acordada y que considere la realidad de nuestros servicios. 

En ese entendido hemos solicitado se agende, con carácter de urgente, una reunión con las cuatro Direcciones Generales, en que se evalúe e implemente, con criterio de realidad, los parámetros y condiciones necesarios para avanzar en una paulatina normalización de las actividades, teniendo siempre a la vista las prescripciones de la autoridad sanitaria en la actual coyuntura de emergencia sanitaria.

Así las cosas estimamos absolutamente inviable, un cambio de situación, en la fecha definida unilateralmente por las Direcciones Generales.

Los llamamos a estar atentas y atentos al desarrollo de las negociaciones, cuyos resultados comunicaremos, oportunamente. 

DIRECTORIO FENADAJ

Marcelo Inostroza Aparicio, Jéssica Valenzuela Moya, Zulema Díaz Castro, M. Andrea Moscoso Gajardo, Rosa Chipoco Aguilera, Mónica González Díaz y Hugo Gutiérrez Tarifeño.

FENADAJ ANTE AMENAZA DE RETORNO ESTE 23 DE AGOSTO: “NOS OPONEMOS A INSTITUCIONALIZAR LA IMPROVISACIÓN Y LA ARBITRARIEDAD”

Como un balde de agua fría. Así fue definido por la FENADAJ el comunicado enviado esta semana a las cuatro CAJs del país fijando para el día 23 de agosto la ampliación del trabajo presencial, pasando de un máximo de 3 días a la semana, como es hasta ahora, a atención de lunes a viernes. El comunicado, además elimina al denominado grupo 2, es decir, a los trabajadores bajo cuyo cuidado hay menores y tercera edad.

“Fue sorpresivo recibir este comunicado mientras estábamos a la espera, de parte de las autoridades, de los comentarios a las modificaciones sugeridas en julio en una minuta de observaciones de 32 páginas que trabajamos en torno a los protocolos para dar este paso con la Mesa Nacional Covid”, enfatizó el presidente de la FENADAJ, Marcelo Inostroza, quien además señaló que en este comunicado “no se señala si esta propuesta de retorno es con jornada completa o parcial”.

«Preocupa además que se eliminen del catálogo de enfermedades que corresponde al grupo 1 varias afecciones como la hipertensión, desoyendo de esta forma las recomendaciones que ha hecho la autoridad sanitaria. De prosperar esta iniciativa del empleador, se pondrá en riesgo a un número importante de trabajadores  y a nuestros propios usuarios», agregó Inostroza.

-¿Por qué consideran delicado el documento en el que se propone el retorno a labores presenciales para el día 23 de agosto?

-Es delicado porque nosotros hemos dado una institucionalidad para protegernos de la pandemia y para cautelar también a la gente que nosotros atendemos. Esa institucionalidad está dada por los protocolos Covid, que son cuatro, y por los comités de crisis, que son los encargados de verificar la implementación de esos protocolos, de esas normas de seguridad, en todos los consultorios.

-¿Cómo operan estos comités?

-En cada Corporación hay un comité de crisis y, por ejemplo en la del Bíobio -que es la de mayor cobertura- de las más de 180 unidades de atención, hay alrededor de 60 planes de trabajo aprobados. Las otras 120 unidades de trabajo no se han aprobado no porque no se quiera, sino porque los consultorios no cumplen con los requisitos mínimos para garantizar un trabajo seguro, cuestiones tan básicas como tener baño, aseo permanente y  los metros cuadrados suficientes para que se den los aforos que instruye la propia autoridad sanitaria.

-¿Por qué cree que eliminan al grupo dos entonces?

-Creemos que eliminan al grupo 2 para que haya más gente disponible para atender presencialmente. En las condiciones actuales, la cantidad de trabajadores que se mantienen en trabajo remoto, en forma exclusiva, ya que se encuentran en grupos de riesgo 1 o 2, es un número importante de funcionarios, de tal suerte que pensar en atención de lunes a viernes requiere un contingente importante de trabajadores/as que no se cubre solo con quienes están fuera de los grupos mencionados. De imponerse la modificación que patrocina el empleador, ello tendrá una serie de consecuencias.

-¿Qué consecuencias?

-Primero, se somete a muchas personas con enfermedades  base a un eventual contagio que en sus casos, reviste mayor  peligrosidad. Por otro lado, al eliminar el grupo 2, se genera un problema práctico importante, para todos quienes tienen hijos menores y no cuentan con redes de apoyo que se ocupen de ellos. Además, se introduce otro factor de incertidumbre respecto de los trabajadores que viven con personas de la tercera edad, ya que se aumenta la posibilidad de contagio para estos, estando acreditado, que la gente mayor de contraer el virus sufre un riesgo mucho mayor que el de la población más joven. 

Todo esto, agrega Inostroza, «nos merece además una serie de reparos en la forma. La decisión de los Directores Generales se socializa estando pendientes las conversaciones con FENADAJ, sin que estas se hayan afinado. Una vez más se obra arbitrariamente, se da un golpe de fuerza que resiente la frágil relación que se ha construido con la administración de turno. Se vulnera  la propia institucionalidad que nos hemos dado para hacer frente a la pandemia. Evidencia de esto es que aun cuando los protocolos no han sido sancionados, de tal forma que no contemplan las adecuaciones por ejemplo para permitir que los centros abran más de 3 veces a la semana, ya se está pidiendo a los equipos de trabajo que amplíen los turnos para desplegar atención los 5 días laborales de la semana. Insisto: sin que exista norma vigente lo que posibilite».

-¿Qué esperan ustedes para los próximos días?

Simplemente que se den los espacios para una conversación seria con la autoridad. Hoy lunes 16 nos reuniremos, para exponer nuestra visión y expectativas. Todos queremos volver a las oficinas, pero para ello exigimos que se cumpla ni más ni menos con las exigencias que el propio MINSAL ha prescrito para un retorno seguro. No creemos que el 23 de agosto estén dadas las condiciones para reaperturar, en los términos que han planteado los Directores Generales en su comunicado, pero confiamos en que gradual y paulatinamente nos acerquemos a ello.

-¿Qué responde a las críticas de que no quieren volver a trabajar?

-Hay que ser súper claros: nosotros hemos trabajado con ahínco durante toda la emergencia sanitaria, y lo hemos hecho subvencionando con nuestros medios la evidente precariedad de nuestros servicios. Lo que ocurre es que la pandemia ha dejado en evidencia nuestra deficiente realidad, la carencia de herramientas para afrontar el reto que involucra llegar con nuestras líneas de acción a los más postergados.

 “NO A LOS PRACTICANTES COMO OBRA DE MANO”

«Hemos sabido extraoficialmente que se pretende incorporar a los postulantes a la primera línea de atención, como una forma de palear la menguada situación de los equipos de trabajo disminuidos por la gran cantidad de trabajadores exceptuados de atender presencialmente por problemas de salud», advirtió el dirigente antes de precisar que tal posibilidad «no nos parece razonable».

«Los postulantes no son funcionarios de la institución. Su actuación en las CAJ se circunscribe a los límites que la propia ley define. Ellos pasan por las Corporaciones únicamente para cumplir con la practica profesional, que los habilitará para obtener el título de abogados», explicó Inostroza para quien estos practicantes «no cuentan con la expertiz ni la capacitación para tender a nuestro público. No reciben una remuneración, ni siquiera cuentan con un seguro que los proteja. Creemos que de prosperar esta iniciativa se estaría cayendo en una abierta ilegalidad. Nos oponemos a que sean usados como mano de obra barata. Es indigno».

CON RECHAZO DE DOS PRIMEROS ARTÍCULOS Y DISCUSIÓN ENTRE «JUDICIAL Y NO JURÍDICO» SE INICIÓ ANÁLISIS DE NUEVO SERVICIO DE JUSTICIA Y DEFENSORÍA DE VÍCTIMAS

Con el rechazo de los primeros dos artículos del proyecto de ley que crea el “Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y la Defensoría de Víctimas”, referidos a la «naturaleza» y «objetivo» del servicio terminó, este lunes 26 de julio, la sesión de suma urgencia convocada para analizar la iniciativa legal en la que la FENADAJ puso énfasis en las diferencias de entregar «representación judicial» y/o representación jurídica» del nuevo sistema público.

El rechazo de los dos primeros articulados por parte de los integrantes de la Comisión de la Cámara de Diputados no sorprendió debido a las seguidillas críticas del que ha estado acompañada la iniciativa del Presidente Sebastián Piñera.

Mientras el primer artículo rechazado está referido a un servicio público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, supervigilado a través del Ministerio de Justicia desde Santiago, organizado territorialmente por cuatro Direcciones Macrozonales y afecto al Sistema de Alta Dirección Pública; el segundo obedece al objetivo de garantizar el acceso a la justicia a través de asesoría jurídica, orientación legal, defensa y representación jurídica a quienes no puedan procurárselas o estén en situación de vulnerabilidad, como también al apoyo psicológico y social en los casos que corresponda.

«El rechazo de estos dos primer artículos demuestra la inconsistencia del proyecto», enfatizó Marcelo Inostroza, presidente de la Fenadaj y uno de los invitados a intervenir en la sesión, para quien, además, la diferenciación de «representación judicial y no jurídica» tiene efectos de fondo debido a que «en el primer concepto -defendido por la organización gremial- se abarcan prestaciones como orientación, información, promoción y educación en derechos, representación y asistencia psicosocial para víctimas de delitos, en el segundo sólo se reduce a trámites legales y, con ello, a no hacer frente al financiamiento que conlleva una atención judicial integral para usuarios y funcionarios.

Desde la institucionalidad fueron citados a la discusión de suma urgencia Hernán Larraín, Ministro de Justicia y Derechos Humanos; Sebastián Valenzuela, Subsecretario de Justicia; Héctor Mery, Jefe de la División Judicial; Simone Hartard, Jefa de Gabinete; Sebastián Schmoller, Jefe del Dpto. de Asistencia Jurídica y Fernando Dazarola, Asesor; Erika Maira, Gerenta de la División de Atención a Víctimas y Testigos de la Fiscalía Nacional. Defensoría Nacional Penal Pública y Sofía Libedinsky Ventura, abogada del Departamento de Estudios de la Defensoría Nacional. 

Mientras que por las organizaciones civiles fueron invitados además de Marcelo Inostroza Aparicio, Presidente de la FENADAJ; Cristian Inzunza Espinoza, Secretario Nacional FENAMINSA y Alfredo Contreras Avalos, Presidente Asociación Nacional de Funcionarios de Seguridad Pública de la Subsecretaría de Prevención del Delito. 

Esta es la tercera vez que la FENADAJ es citada por la Comisión para exponer sus aportes y comentarios al proyecto de ley.

PRESIDENTE DE COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN POR NUEVA LEY DE DEFENSORÍA DE VÍCTIMAS: «TERMINO MÁS PREOCUPADO RESPECTO AL CORAZÓN DEL PROYECTO»

«Después de escuchar cada una de las intervenciones (…) termino más preocupado respecto a la orientación que tiene el proyecto», fueron las palabras que el diputado PS Marcos Ilabaca, presidente de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, lanzó al cerrar las casi tres horas de exposiciones escuchadas en torno al proyecto de ley de Sebastián Piñera con el que busca crear un nuevo «Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas de Delitos.»

«No solamente en relación con las críticas respecto al tema de personal, remuneraciones e infraestructuras, sino que además respecto al corazón del proyecto y a cómo está orientándose este giro hacia una justicia restaurativa que, al parecer, no logra contemplar el proyecto», agregó antes de precisar que «invitaría» a la próxima sesión a «conversar seriamente».

Sus palabras fueron tomadas con satisfacción por el presidente de la FENADAJ, Marcelo Inostroza, una de las partes invitadas a la sesión desarrollada este 5 de julio, para entregar sus observaciones y cuya organización ha resumido en el #sinplataesletramuerta. La organización representa a más de dos mil trabajadores de las cuatro corporaciones de asistencia judicial existentes en Chile.

Cabe destacar que según informe de @DipresChile de 22 de junio, no existen disponibles recursos financieros para la implementación del sistema, que solo suma fondos para funcionamiento de direcciones Nacionales y regionales, fue otro de los planteamientos advertidos.

«Sin una inyección importante de recursos no sabemos cómo se va a asumir la avalancha de causas», insistió en su intervención de casi 30 minutos Marcelo Inostroza. Junto a él expusieron representantes del Ministro de Justicia y Derechos Humanos; la fiscalía del Ministerio Público y la Defensora Nacional Penal Pública.

Otros de los puntos abordados por la FENADAJ fueron la falta de planificación, de políticas de homologación de cargos, consideración de infraestructura, profesionalización y estrategia intersectorial de tal forma de cumplir los requerimientos de la ciudadanía y del proyecto gubernamental. Para Inostroza, estos son pilares mínimos al igual que el financiamiento que obliga a entregar un mayor apoyo psicosocial propuesto por la nueva institucionalidad.

A ello se agregó la observación emitida por la Defensora Penal Pública que en su intervención planteó que «el proyecto no menciona a grupos como pueblos originarios ni migrantes».

PARA VER INTERVENCIÓN DE LA FENADAJ ANTE LA COMISIÓN HAGA CLIC ACÁ (desde 1,17 horas)

DANIEL STINGO, ABOGADO CONSTITUYENTE: «LAS CAJs DEBERÍAN TENER MÁS RELEVANCIA. REQUIEREN MÁS LUCAS»

De los 155 constituyentes, la entidad que redactará una nueva Constitución para Chile a partir del 4 julio, 61 son abogados. Daniel Stingo, de la Universidad Católica, es tal vez el más conocido de todos por ser el primer rostro de televisión en ganarse un espacio para hablar desde los temas de justicia. Desde esa tribuna insiste en que pese a que la actual Constitución garantiza el acceso a ella, «hay que profundizarlo un poco más» para terminar con «la justicia para ricos y para pobres», dice en entrevista con FENADAJ. 

«En la Constituyente ni siquiera hemos preparado nada, ni un reglamento de cómo vamos a hacer la Constitución, pero está la idea de fortalecer el acceso a la justicia, por supuesto. Hoy tenemos la Corporación, pero yo creo que es un poco-poco», dice en referencia al rol de las Corporaciones de Asistencia Judicial, CAJ, que en año normal atiende y contiene en temas legales a casi 600 mil personas en vulnerabilidad.

“Ah!, los abogados de la municipalidad?!… lanza en su particular estilo para opinar que parte del problema es que «las CAjs deberían tener más relevancia. Requieren más lucas.» 

Qué piensa en torno a esta sistema, su cobertura y presupuesto, dificultades, estudiantes en práctica, soluciones e instancias de conversación resumidas a continuación en una entrevista que también puedes seguir en este video:

DANIEL STINGO, UNO DE LOS 61 ABOGADOS ELEGIDOS EN LA CONVENCIÓN CONSTITUYENTE.

Justicia como derecho social

«La justicia social para mí tiene que ver con el acceso, pero también de disponer: que alguien tenga salud accesible, rápida y que no le pateen su hora al médico especialista un año más; que los hijos de esa persona puedan ir a un colegio público con una buena educación comparada con la del colegio privado. También las pensiones. Diría que, desde mi visión, no está considerada aún para los derechos sociales. En el artículo 19 (de la actual Constitución) no todos son prioritarios en materia de derechos sociales garantizados por el Estado. Deberían ser todos, pero lo que hay que cambiar son los derechos sociales del Estado social que son educación, salud, pensiones y vivienda. Eso es lo que el Estado tiene que garantizar de forma rápida, urgente, porque ya están entregados a los privados y eso es lo que tiene que volver al Estado. Otra cosa son otros derechos que, en teoría, están siendo entregados por el Estado, como la justicia, pero se está haciendo mal, que es distinto.»

Justicia en deuda

«Que la justicia, el día de hoy, está al debe, concuerdo con eso, obviamente. No soy ciego, soy abogado. Veo cómo lo pasan muchas mamás en materia de familia que demandan la pensión de alimento y no pasa nada. En justicia de familia estamos mal. En justicia laboral hay tardanza. En Santiago, por ejemplo, (tribunales) están absolutamente sobrepasados, no se respetan los plazos, sentencias, cobranzas. Y en materia civil, para qué decir lo lento que es cuando estás cinco años en un juicio civil. Policías locales son un chiste, perdóname que lo diga así. Hay que cambiarlo por justicia vecinal, con otros sistemas. Diría que avanzó un poco en penal, en tema de familia, pero la forma y no el fondo. Procesalmente está bien lo laboral, familia – las modificaciones fueron buenas- pero en el fondo es cómo tenemos mayor cantidad de jueces, por ejemplo, mejores métodos de cobranza, etc. Diría que eso es materia de la Policía Local. Hay que modificarlo.»

Justicia vecinal

«Deben desaparecer los juzgados de Policía Local y cambiarse por justicia vecinal. Hubo un proyecto en Chile, donde me tocó participar hace unos años, como proyecto piloto y funcionaron bastante bien, pero lo dejaron botado. Es una cosa ambigua entre lo municipal de la que depende, del alcalde, por un lado, y por otro lado de justicia, una cosa muy rara. Además, es como un botín ser jueces porque además pueden ejercer en otros lados. Creo que hay que tomarse en serio la justicia vecinal porque hartos problemas nos ahorraríamos.»

Presupuesto garantizado

«(Desde la Constituyente) No podemos garantizar un presupuesto, porque lo ve la Ley de Presupuesto, pero sí estudiar, por ejemplo, constituciones comparadas de países donde sí funciona la justicia para que las personas de menos recursos puedan acceder y después darle el pase al Congreso, que tendrá que hacer esos cambios. Creo que en Chile todos sabemos que hay justicia para ricos y para pobres pero no hacemos nada para cambiarlo. No se trata de subirle penas a los delitos de cuello corbata, hay que meterle lucas al sistema de administración de Justicia donde los pobres van cuando sienten que han sido pasados a llevar. Desde la Constituyente no podemos… tal vez, desde alguna forma, presentar un recurso en caso que se le niegue el acceso a la justicia y ahí los mismos tribunales ordenen que se dé Justicia, pero es contradictorio porque son ellos los que tienen que dar justicia, entonces no tiene mucho sentido. Creo que eso es materia legal, pero para eso se necesita voluntad política, que ha faltado de todos los colores. Las Constituciones no ven presupuestos. No conozco ningún artículo de la Constitución, esta o de las anteriores, que vea presupuesto… Poner una norma de obligatoriedad que uno pudiera hacer efectiva, eso puede ser a través de la Contraloría, alguna obligatoriedad para que el Estado se preocupe, pero insisto: esto pasa por una cuestión de voluntad política de los Gobierno y también de la presión de la ciudadanía cuando un tema de interesa. O sea así de brutal es.»

La presión social

«Creo que (al tema justicia) le falta esa presión social. Hubo cambios: los juicios de menores, en los tribunales de Menores, eran realmente lo peor de lo peor. Y se cambió el Tribunal de Familia pero en la materia de pensión está al debe. Los tribunales de Menores eran diez veces peor que los tribunales de Familia. Se perdían los expedientes, era terrible. En materia laboral también se mejoró en términos de tiempos. Los tribunales laborales antiguos eran cosas eternas, con cuatro años por juicio pero no se respetan los plazos, o sea, un mes entre la presentación de la demanda y la audiencia preparatoria; otro mes para la audiencia de juicio y 15 días para la sentencia. Vaya a obtener usted, por lo menos en Santiago, juicios en ese plazo!» 

El problema del abogado que me defienda

«El problema para la gente es cómo tengo un abogado que me defienda y ahí está el tema. Y es en eso en que el Estado debería invertir. Vamos más allá: ¿Por qué los estudiantes de derecho que se van a recibir tienen que hacer una práctica gratuita para el Estado de seis meses de su vida?, ¿por qué no lo hacen los veterinario, los economistas, los médicos y sólo se obliga a los abogados en Chile a hacer una práctica gratuita para la Corporación? Eso debiera ser reemplazado. Meter más abogados, ya hechos y derechos, pagados para el Estado para defender a la gente. Tal vez ese debiera ser el cambio sustancial: pagarle a abogados que se hagan cargo como titulares en las corporaciones y sacar el efecto del estudiantado como pasa en el área laboral, donde siento que en las corporación funciona muchísimo mejor porque tienen muy buenos abogados, trabajando encima, ellos mismos son los que van a las audiencias, tienen buenos resultados, tienen experiencia.» 

Justicia como prioridad Constitucional

«No es que no sea prioridad, porque uno pudiera decir: ¿cambiar el sistema de gobierno es prioridad? Cuando nos toque hablar del sistema de gobierno vamos a ver si el presidencialismo se va a mantener, o semipresidencialismo, Y cuando nos toque el tema de la justicia, vamos a poder analizar el sistema portugués, por ejemplo, separar en el Poder Judicial las labores jurisdiccionales de las labores disciplinarias, sacar también el manejo de platas de la Corte Suprema y pasarlas a esta corporación, que dicen algunos, o también las labores del nombramiento de jueces. Separar eso. Podemos preguntarnos cómo los pobres van a poder tener acceso a la justicia y ahí podemos conversar. Ahí va a ser muy interesante cuando conversemos: dejémonos de patrañas, vamos a seguir con las “corpo” (Corporaciones) en que los cabros están seis meses y donde los abogados son mal pagados? O vamos a hacer una institución más robusta en que los chilenos y las chilenas puedan acceder efectivamente a un abogado gratuito que el Estado le provea como, por ejemplo, tienen las Defensorías. En la materia penal ya está solucionado: tenemos Defensoría Penal. ¿Por qué no podemos tener una Defensoría penal o laboral fuerte, robusta, mucho más en materia de familia? Creo que esa va a ser una conversación que vamos a tener que tener cuando llegue el momento de hablar de la justicia.»

FENADAJ debe ser recibida 

«No tenemos reglamento todavía de cómo lo vamos a hacer, pero tenemos toda la intención de escuchar a todos los sectores que vayan a sentarse a contarnos qué creen ellos podría o debería ser. De hecho, ahora hemos tenido varias conversaciones. Yo he conversado con fiscales, jueces, pescadores, porque todo el mundo está planteando lo que ellos creen debería estar en la Constitución también, entonces es ahora, pero también va a ser cuando toque ese tema en la Constituyente. Obviamente que (la FENADAJ) tiene que ser recibida.

CONTINGENCIA COVID, TRABAJO REMOTO Y SALUD MENTAL: TEMAS ABORDADOS POR #FENADAJ CON DIRECTORES REGIONALES

Apoyar el trabajo a distancia, temas de salud mental y la compatibilización del trabajo y la vida familiar, fueron algunos de los temas abordados en la primera reunión protocolar realizada entre la nueva directiva de la FENADAJ con los directores generales de las cuatro corporaciones este lunes 14 al mediodía por videoconferencia.

En este primer encuentro también se dio inicio formal a las conversaciones que los dirigentes esperan mantener en el tiempo para fortalecer las instancias de comunicación de la federación, que representa a más de dos mil trabajadores de las cuatro corporaciones, con el jefe del Departamento de Asistencia Jurídica del Ministerio de Justicia, Sebastián Schmoller Swett y los directores de los cuatro servicios: Alejandro Díaz Letelier (CAJRM); Gastón Gauché Strange (CAJVAL); Carolina Fernández Alvear (CAJTA) y Gonzalo Contreras Reyes (CAJBIOBIO).

“Nuestro propósito es avanzar en una relación que pueda significar coordinaciones en distintas materias que son de mutuo interés y avanzar, en la medida de lo posible y en cuanto lo permita la contingencia, en cuestiones que son relevantes para todos los trabajadores y trabajadoras”, destacó el presidente de la FENADAJ, Marcelo Inostroza. 

En ese contexto, se plantearon además temas relacionados a la contingencia sanitaria, como la continuación de la participación en la Mesa Nacional COVID y el seguimiento de las evaluaciones de los protocolos en atención a los vaivenes que las normas de seguridad van teniendo conforme se enfrentan las nuevas realidades epidemiológicas y nuevos conocimientos en torno a la pandemia. 

Otros temas abordados de la contingencia fueron el apoyo al trabajo a distancia, temas de salud mental y necesidad de compatibilizar trabajo y vida familiar considerando presupuestos y situación actual.

Para los dirigentes, un logro concreto de la instancia fue la disposición de los directores y del DAG a agendar una próxima fecha de reunión: “De hecho se envió un correo solicitándola y estamos a la espera de la respuesta”, enfatizó Inostroza.

También participaron Zulema Díaz, Hugo Gutiérrez, Andrea Moscoso, Marcelo Inostroza, Mónica González, Rosa Chipoco, Marta Saldaña, Paloma Domínguez y Jéssica Valenzuela.

“Nuestro propósito es avanzar en una relación que pueda significar coordinaciones en distintas materias que son de mutuo interés y avanzar, en la medida de lo posible y en cuanto lo permita la contingencia, en cuestiones que son relevantes para todos los trabajadores y trabajadoras”

MARCELO INOSTROZA

NUEVA DIRECTIVA FENADAJ LEGALMENTE CONSTITUIDA ANTE LA DIRECCIÓN DEL TRABAJO

Bajo el número de certificado 1301/2021/5899 de la Dirección del Trabajo quedó legalmente constituida -hasta el 29 de abril de 2023- la nueva directiva de la FENADAJ, según informó su presidente, Marcelo Inostroza.

La directiva quedó con la siguiente estructura:

DIÁLOGO PERMANENTE, ALIANZAS, RRSS Y SUMAR A LA COMUNIDAD: LOS EJES FUNDAMENTALES DE LA NUEVA DIRECTIVA DE LA FENADAJ

Marcelo Inostroza, actual presidente de la AFUN Biobio y nuevo presidente de la Federación de Acceso a la Justicia (FENADAJ) -que representa a más de dos mil trabajadores de las CAJs- explica la mirada en que profundizarán para ser escuchados en las tomas de decisiones que, desde distintas vitrinas políticas, surgen para enfrentar un tema tan dolorosamente ausente: una política pública de acceso a la justicia digna, eficiente y eficaz.

Marcelo Inostroza, presidente de la FENADAJ.

-Si puede resumir en tres ejes. ¿Cuáles son las prioridades que quiere abordar en estos dos años de gestión que comenzó a comandar desde la FENADAJ?

-Todas las instituciones tienen un periodo de formación, de maduración, de consolidación y, muchas veces, también un período de declinación. Nuestra Federación, que es joven, en las líneas que enfrentamos ha tenido un gran crecimiento y en los últimos tiempos ha entrado en un periodo de maduración. Eso significa que el discurso necesariamente debe refinarse y generar una reflexión sobre las formas que deben asumirse las líneas de acción a implementarse para conseguir los objetivos. Objetivos que ya, desde hace un tiempo, están bastante claros. Lo que nosotros perseguimos es un servicio de acceso a la justicia que reúna las condiciones mínimas para prestar, a quienes nos requieren, aquella asesoría que exigen y merecen, con estándares de calidad que pasan por contar con los medios, las herramientas y con profesionales que estén a la altura de ese desafío, en un entorno, en una orgánica que se haga cargo de esas necesidades y genere una respuesta eficaz y efectiva ante esa necesidad colectiva. 

-¿Cómo se consigue eso?

-Hasta ahora, si bien ha habido propuestas, la reacción nuestra ha sido un poco reactiva ante la iniciativa que ha tenido, o más bien la poca iniciativa que ha tenido, la autoridad de turno para establecer una política pública de acceso a la justicia. Esta política no existe porque la autoridad también reacciona ante la contingencia, pero, en definitiva, no hay una visión de Estado, de mediano y largo plazo, que se haga cargo de esto. 

-¿Qué proponen entonces?

-Que seamos parte de la formulación de esa mirada de la reflexión y de la propuesta de lo que debe ser  la justicia en Chile y, para eso, un espacio que debe potenciarse es la participación de los trabajadores, es decir, no esperar la acción del Ejecutivo, de la autoridad, sino que contribuir desde nuestra vereda, con ideas y mecanismos que innovando tiendan a acercarnos a un concepto realizable y posible de un servicio nacional de acceso a justicia que cumpla con los estándares que hemos señalado reiteradamente. Para que la justicia sea una realidad y no una mera quimera. Por lo tanto, debemos fortalecer, en el plano interno, espacios de trabajo permanente, que aborden estas temáticas incorporando otros actores relevantes, una nueva justicia no es solo labor del Minju, es una tarea nacional. En ese orden de ideas estamos obligados a escuchar a todos los incumbentes, de modo tal que estos referentes contribuyan con su visión a generar consensos que, más temprano que tarde, puedan consolidar esa nueva opción por lo que debe ser la justicia en Chile. Juntos podemos conseguirlo.

-En torno a la tramitación de la nueva defensoría de víctimas en el Congreso, ¿cómo continuará la estrategia para tener voz en este proceso?

-Seguiremos impulsando las líneas de acción implementadas. Hasta ahora con el Minju es difícil negociar porque nuestras posiciones hasta ahora son encontradas. Eso pese a los esfuerzos que hicimos para llegar a acuerdo. Recordemos que fuimos convocados únicamente después de que la Comisión de Constitución le pidió al ministro que nos recibiera, pero ese diálogo con el ejecutivo, la verdad, no ha sido fructífero, por lo tanto, perseveraremos en generar alianzas con otras autoridades, con los parlamentarios de distintas bancadas, por ejemplo, para plasmar en ese diálogo las convicciones que tenemos respecto a lo que debe ser un servicio nacional de acceso a la justicia. Ese intercambio de ideas se dará además con otras autoridades, con los candidatos presidenciales, los presidentes de los partidos políticos… en suma, con todos aquellos sectores que tengan algo que decir en la materia, contactos que mantendremos en el tiempo. 

“No existe una política pública de acceso a la justicia porque la autoridad también reacciona ante la contingencia, pero no hay una unidad de Estado, de mediano y largo plazo, que se haga cargo de esto”.

-Qué crítica hacen en este sentido?

-Una de las deficiencias que hemos acusado es que no se ha relevado la importancia de la justicia como uno de los pilares estratégicos en el desarrollo del país, no basta con que se consagren y reconozcan derechos, es necesario garantizar su ejercicio, de otra forma, esas conquistas son letra muerta. Por lo mismo es que todas las fuerzas vivas de la comunidad deben ser parte de este debate. Lo que hemos visto en este gobierno es ausencia de diálogo y eso debe cambiar. 

-Qué opinan como dirigentes en torno a la participación que se debiera tener en el proceso constitucional, donde el tema de la paz social y el acceso a la justicia es tan importante.

-Es un tema fundamental. El acceso a la justicia es lo que hace carne todos los derechos que pueden plasmarse en una Constitución, por lo tanto, hay que conseguir que la mirada de los constituyentes entienda esto como un resorte para hacer efectivos los derechos que consagre la Carta Fundamental. Esto es absolutamente prioritario porque servicios como los que nosotros brindamos son el vehículo que permite ejercitar esos derechos en la cotidianeidad. La mirada que se de a la justicia, desde la Constitución, va a ser la vía para posibilitar, dentro de un Estado de Derecho, los cambios que se requieren, por lo tanto, esa conversación con los constituyentes es un ámbito en que nosotros como trabajadores y dirigentes buscaremos y propiciaremos. 

-En el Plan Paso a Paso, ¿cuáles serán los estándares que reclamarán como mínimo ante las autoridades.

-Quisiera extenderme un poco en esto respecto de cuáles son los ámbitos de acción del trabajo gremial nuestro. Hay ciertos temas que son permanentes y que deben estar claros. Hay que definir ciertos hitos para trabajar en torno a ello. El hito más grande es lograr un estándar apropiado para el servicio, de forma tal, que podamos cumplir con nuestra labor. Eso significa mejores medios, herramientas, presupuesto adecuado, capacitación para nuestra gente, etcétera. Ese es el norte, porque esto se plasma en un mejor acceso a la justicia. Pero, así como este es el gran norte, hay otras estrategias que responden a la coyuntura y, en ese contexto, la actual contingencia, el avanzar y obtener que se respeten aquellos estándares mínimos que aseguren la vida y la salud de los trabajadores de las corporaciones y de nuestros usuarios, es una cuestión central. Hemos sido eficaces hasta ahora en lograr que ello ocurra: hemos sido parte de la Mesa Nacional COVID en justicia, participado de los acuerdos, estamos integrando los comités de crisis que se generaron en cada corporación para velar por el cumplimiento de estos estándares mínimos y, en ese sentido, mientras dure la pandemia y estemos en esta emergencia sanitaria, nuestra labor tiene que tener como uno de sus objetivos asegurar que esta conversación se mantenga y se respeten aquellos estándares que ya se han definido. Tenemos un protocolo nacional Covid que generamos junto a los directores generales y junto al Ministerio que se está aplicando en las cuatro corporaciones y hemos logrado, a través de los comités, hacer que estos estándares se respeten. Prueba de ello es que, conociendo la precariedad de las instalaciones que tenemos, nuestro servicio no tiene atención presencial y no la tiene no porque los trabajadores no quieran, sino porque no se cuenta con las condiciones mínimas para hacerlo con ciertos niveles mínimos de seguridad. En ese sentido, hay que seguir con ese trabajo, hay que incrementar la presencia y una de nuestras propuestas es que las cuatro corporaciones cuenten con herramientas técnicas para hacer frente al debate y a la discusión que se da en este ámbito en cada corporación.

“El acceso a la justicia es lo que hace carne todos los derechos que pueden plasmarse en una Constitución, por lo tanto, hay que conseguir que la mirada de los constituyentes entienda esto”.

-¿Cómo lo harán?

-Para eso hemos definido proporcionar asesoría especializada de profesionales en materia sanitaria, a los miembros de los comités de crisis, de forma tal que nuestros representantes cuenten con insumos técnicos que contribuyan con solvencia, en la generación de estrategias de prevención. También hemos agendado reuniones permanentes de coordinación con todos los comités de crisis que funcionan en las cuatro corporaciones como una forma de uniformar criterios.

-Con el #sinplataesletramuerta ustedes demostrados que la estrategia digital es parte del proceso de trabajo sindical. ¿Cómo llamaría a las bases a sumarse a este proceso hoy tan fundamental como sistema de comunicación?

-Eso es básico. Está más que demostrado que las redes sociales son primero un medio de denuncia efectiva y de articulación con otros y otras, con otros entes y con otras personas, que permiten aglutinar y relevar los temas que nos interesan, por lo tanto, toda política, toda línea de acción que se implemente, debe contar dentro de su arista necesariamente con una política comunicacional que involucre el uso de las redes sociales. Hemos tratado, ya desde hace un buen tiempo, de incentivar a nuestra gente para que utilice Instagram, Twitter y todas las otras redes sociales que se dispongan para poner en el tapete los tópicos que nos interesan. Es un camino en el que tenemos que seguir mejorando. 

-¿Qué otro punto agregaría o destacaría para su gestión, debido al amplio respaldo que obtuvo?

-El respaldo que tuvo nuestra lista es un aliciente. Fuimos las cuatro primeras mayorías, y eso nos llena de satisfacción. Es un respaldo claro, un indicio de que el trabajo que se ha desplegado ha surtido efecto. Pero también nos compromete. Debemos ser capaces de avanzar con todos y para todos y para ello es relevante fortalecer la estructura interna de la Federación y su institucionalidad.

“Los constituyentes tienen mucho que decir. La mirada que se de a la justicia desde la Constitución va a ser la vía para posibilitar, dentro de un Estado de Derecho, los cambios que se requieren”.

-En estos tiempos de desmovilización política, ¿tienen alguna estrategia?

-… Generar un mayor espacio de conversación y debate con las bases. Fortalecer, por ejemplo, el Consejo de Presidentes, que es una estructura que no es parte de los estatutos, pero que consideramos importante. Para ello impulsaremos reuniones permanentes de este consejo, de forma tal que la conversación y el debate tan propio de las asambleas se de con cada uno de nuestros dirigentes con mas periodicidad. El feedback es imprescindible, por lo mismo, si contamos con más canales de interacción, la gestión se fortalecerá. Son tiempos que seguirán siendo complejos, pero tenemos mucha fe en que los cambios que experimenta nuestra sociedad necesariamente impactarán en la justicia. Nosotros contribuiremos con decisión a que ello ocurra.