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6 CONDICIONES MÍNIMAS PROPONE FENADAJ A JUSTICIA PARA TRAMITAR NUEVA DEFENSORÍA DE VÍCTIMAS

 

Precariedad de infraestructura y atención, homologación de jornadas y remuneraciones y estudios técnicos de personal y costos son los puntos centrales abordados en las cuatro sesiones concretadas por la Mesa de Trabajo generada entre el ministro de Justicia, Hernán Larraín y la Federación Nacional de Acceso a la Justicia (FENADAJ), para analizar los aspectos técnicos de lo que buscar ser el nuevo Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de las Víctimas de Delitos del gobierno de Sebastián Piñera.

Así lo precisó la presidenta de la FENADAJ, Claudia Fachinetti, al explicar que todos estos aspectos son consideradas “condiciones mínimas para un nuevo servicio, es decir, aspectos base para superar la desigualdad y precariedad de las corporaciones para realizar el trabajo que son imprescindibles para que hablemos de nuevo servicio”.

DEFINICIONES ESTRUCTURALES

-Cuáles son los énfasis puestos por ustedes en la Mesa?

-Son varios, pero en el tema de defensoría de víctimas hemos enfatizado que no se han hecho los estudios necesarios para ver, efectivamente, qué es lo que necesita la víctima que ha sido objeto de un delito y si el modelo para atender delitos violentos va a ser aplicado a todos los delitos, como se pretende por parte de la autoridad. Por ejemplo, ¿habrá un psicólogo para atender un hurto simple? A nosotros nos parece un despropósito. Esto va de la mano de otro de los aspectos: definir el modelo, porque el modelo (de atención de víctimas de delitos) del Ministro Interior -que está basado en la contingencia- es muy distinto al trabajo profundo que se hace en los CAVI de las corporaciones. Otro punto es la existencia de estudios técnicos sobre la dotación necesaria para cubrir a la población potencialmente beneficiaria. No es posible atender a más de un millón y medio de personas víctimas de delitos, con la misma dotación actual. Se requiere recursos, y no sólo discursos.

-Y desde lo laboral, ¿cuáles son las prioridades?

Nosotros exigimos que se homologuen las remuneraciones. Ello debe ser la base del nuevo servicio. Existe una desigualdad impresionante para personas que desarrollan la misma función. No es posible que en el Estado no se respete la propia Ley de Bases de la Administración del Estado que exige que a igual función, igual remuneración.

También se debe aclarar cómo se van a traspasar trabajadores con distintos regímenes estatutarios y remuneraciones sin tener un peso para ello. 

El proyecto también busca profundizar la estructura actual, de 4 macrozonas, agregando una Dirección Nacional. Hemos sido críticos en eso pues burocratiza el sistema y no hay descentralización efectiva, por lo tanto, lo que pedimos nosotros es que se cree una dirección nacional con direcciones regionales empoderadas y con atribuciones. También hemos expuesto la necesidad de contar con coordinaciones técnicas -que un tiempo hubo- para cada una de las líneas de acción de las corporaciones. 

Finalmente, y no menos importante es la situación de los inmuebles donde atendemos. No se puede pretender decir que se creará un nuevo servicio y seguir atendiendo a nuestras usuarias y usuarios en las condiciones precarias que existen actualmente.

-¿Cuáles son los plazos de este trabajo de análisis entre las partes?

-Vamos a tener un par de reuniones donde la autoridad va a contestar los requerimientos que estamos haciendo, para que, el primero de marzo, se retome en el Congreso la idea de legislar. Esperamos que para esa fecha el Gobierno tenga un proyecto más robusto, un proyecto que dé cuenta de las expectativas que está creando en la comunidad.

Desde el 27 de enero hasta la fecha se han desarrollado cuatro reuniones de la Mesa de Conversaciones con Justicia.

DEFENSORES LABORALES DE CAJs ASESORARÁN GRATIS A TRABAJADORES ANTE ACTUAL CRISIS SOCIAL

«Ante el estallido social que estamos viviendo en este momento en Chile, los defensores y defensoras laborales de las Corporaciones de Asistencia Judicial (CAJs) del país, creemos necesario pronunciarnos al respecto y comprometernos a apoyar acciones jurídicas y dar asesorías a las y los trabajadores que lo requieran derivadas de la situación especial que estamos viviendo», anunciaron los abogados laboristas agrupados bajo la Fenadaj.

El apoyo jurídico gratuito estará centrado para los casos de trabajadores y trabajadoras que puedan enfrentar sanciones por inasistencia, despidos u otras razones.

Para ello, los profesionales entregaron sus correos electrónicos de contacto y las localidades donde atenderán:

Humberto Patricio Fuentes Díazhpfuentes72@gmail.comIquique
Daniel Sanchez Bustillosabogadodsanchez@gmail.comIquique
Eduardo Díaz Monterreyeduardo.diaz@cajtaAntofagasta
Eduardo Jeria Iriondoeduardojeria@hotmail.comAntofagasta
Maritza Cortés Cortéscortes2maritza@gmail.comLa Serena
Jaime Pizarro Burgoaabogado.jaimepizarro@gmail.comOvalle
Rodrigo Navarro Arquerosrnavarro77@gmail.comCoquimbo
Ricardo Menéndez Aragónricardomenendez@vtr.netLos Andes / San Felipe
Pablo Medel Fuenzalidapablomedelf@gmail.comSantiago
Claudia Fachinetti Farránclaudiafachinetti@gmail.comSantiago
Daniela González Floresdany.gonzalez14@gmail.comSantiago
Marcela Torres Acuñamarcela.torres6@gmail.comSantiago
Francisca Sarrazín Valdovinosfrancisca.sarrazin@gmail.comSantiago
Lorena Aedo Riveralaedo28@gmail.comSantiago
Juan Ulloa Calsingjuanulloaclasing@gmail.comSantiago
Pia Herrera Salinaspia_herrera18@yahoo.esSantiago
Karina Roman Silvakromansilva@gmail.comSan Miguel
Teresa Poblete Troncosotj.poblete@gmail.comTalca
María Soledad Santelices Sazosoledad.santelicessazo@gmail.comLinares
Carolina Gajardo Moyaambar08766@yahoo.esLinares
Alejandra Aguila Duffaaguiladuff@gmail.comConcepción
Marcelo Inostroza Apariciomarceloinostrozaodl@gmail.comConcepción
Rodrigo Soto Machucarodrigosotomachuca@gmail.comConcepción
Juan Mondaca Salazarjualmosa@gmail.comLos Angeles
Cristian Cousiñocristiancousino@gmail.comValdivia
Rosa María Sotomayor Sánchezrosamariasotomayor@gmail.comTemuco
Margarita Azúa Sotomazuas@hotmail.comTemuco
Claudio Vera Santanaclaudioverasantana@gmail.comPuerto Aysén
María Francisca Vilches Gálvezmfranciscavilches@gmail.comCoyhaique
Injusticias laborales:

El grupo de abogados laboristas es parte de quienes dan atención jurídica a los trabajadores y trabajadoras más pobres del país. «Somos testigos de todas las injusticias que a ellos les toca vivir, a causa de una legislación laboral que sólo beneficia a los empleadores, sobre todo a los más ricos y poderosos», enfatizaron al precisar varios aspectos a considerar en torno a la temática laboral chilena: 

«Nuestra legislación laboral, tiene su raíz en el modelo neoliberal implementado durante la dictadura, de la cual, colectivamente, aún persisten sus 4 pilares fundamentales que José Piñera supo enquistar a través del conocido plan laboral, a saber:

  • Negociación colectiva centrada en la empresa.
  • Huelga que no paraliza.
  • Libertad sindical sobreregulada.
  • Atomización de los sindicatos.

Esta última, la atomización de los sindicatos, ha debilitado a su más mínima expresión la actividad sindical y la negociación colectiva, únicas herramientas que poseemos los y las trabajadores para equiparar el gran poder que poseen los empleadores.

Como es conocido por todos a través de diversas publicaciones, la tasa de sindicalización en nuestro país es de 20.6%, mientras que la tasa de cobertura de negociación colectiva es inferior a 8%.

Legislación sumamente flexible:

Sumado a ello, en el ámbito individual de las relaciones laborales, se estableció una legislación sumamente flexible, la cual disminuye hasta su más mínima expresión los derechos laborales de los y las trabajadores, a través de instituciones como la subcontratación y el suministro de personal, la cual genera distintas calidades entre trabajadores que se desempeñan en una misma empresa, la jornada parcial, un régimen de despido con causales que puede aplicar libremente con tan sólo pagar las tarifas establecidas en la ley y con mínimas posibilidades de reincorporación, débiles derechos para la maternidad y prácticamente nulos para la paternidad, largas jornadas laborales en comparación con otros países OCDE y pensiones de muerte para nuestros adultos mayores.

En relación con la facultad fiscalizadora de la Inspección del Trabajo, las sanciones contempladas por la legislación laboral para el caso que se constatan infracciones, son sumamente bajas como para generar el efecto de desincentivar estos incumplimientos por parte de los empleadores, siendo nuevamente los ganadores, las grandes empresas, las cuales prefieren pagar las multas que cumplir con la legislación laboral vigente.

Sistema colapsado:

Por otro lado, el panorama judicial no es para nada el mejor. Si bien desde el 2008 se comenzó a instaurar una reforma al sistema procesal laboral, en la actualidad se encuentra totalmente colapsado, pese a la buena voluntad y esfuerzo que ponen los trabajadores y trabajadoras de estos juzgados.

En la actualidad, los juicios laborales duran mucho más de lo que se planteó en la ley. Algunos de los principios en que se fundó la reforma procesal laboral como la celeridad y el impulso procesal de oficio han quedado olvidados. 

Falta de presupuesto:

En cuanto al cumplimiento de las sentencias y títulos ejecutivos, el panorama es aún más negro, ya que las propias Corporaciones no poseen presupuesto ni tampoco existe voluntad política para mejorar las paupérrimas condiciones con las cuales se intenta el cobro de los créditos, no contando con recursos para poder acceder a camiones, choferes y peonetas para hacer retiros de bienes, pagar cerrajeros y menos contamos con alguna plataforma o recursos para poder revisar cuales son los bienes que poseen los empleadores que han incumplido con el pago de las sentencias.

Responsabilidades laborales:

Lo anterior se relaciona con la facilidad que existe en nuestra ley para crear empresas, sin la más mínima regulación o requisitos para poder evitar que posteriormente desaparezcan evadiendo sus responsabilidades laborales, sobre todo en el área de los servicios tercerizados. Con esto no estamos haciendo un llamado a dificultad la actividad empresarial, pero si a regular de manera tal que se establezcan mecanismos legales para evitar estas situaciones que sólo perjudican a la clase trabajadora.

Pésimas condiciones:

Finalmente, la situación de nuestro organismo empleador, la Corporación de Asistencia Judicial, no es muy distinta a esta oscura realidad nacional. Si bien las Defensorías Laborales se crearon con un estándar de atención distinta a la de los Centros Jurídicos y Sociales, generando indirectamente dos calidades de trabajadores al interior de un mismo servicio. El bajo presupuesto con que operamos las Corporaciones el cual ni siquiera es propio, la falta de cuidado con los y las funcionarixs que ha generado altas tasas de enfermedades psiquiátricas, las malas administraciones por parte de las Direcciones que han profundizado las pésimas condiciones generadas por la falta de presupuesto y la ausencia de recursos y seguridad en las oficinas de atención  son pan de cada día.

Tampoco podemos hacernos los ciegos frente a las aún más complejas condiciones de trabajo de nuestros compañeros y compañeras de los Centros Jurídicos y Sociales, quienes sufren día a día, trabajando en oficinas con daños estructurales, sin calefacción, en donde la presencia de ratas y otros vectores es común, dejando en claro que el acceso a la justicia no es un derecho que se encuentre garantizado en la actualidad por el Estado y en donde los gobiernos de turno no han tenido voluntad alguna de querer mejorar.

Apoyo a movimiento social pacífico:

Es por todas estas razones que apoyamos el movimiento social pacífico generado a lo largo de todo nuestro país, surgido de los propios trabajadores y trabajadoras, pobladores y pobladoras, quienes cansados de esta explotación económica y laboral, buscan en las calles más justicia y equidad. A su vez condenamos la violencia de donde venga, principalmente la de agentes del Estado en contra de los manifestantes la cual a la fecha lleva la cifra oficial de 19 ciudadanos muertos, 535 heridos y 55 acciones judiciales, en un estado de emergencia inconstitucional y que no justificó para nada la presencia militar en las calles de Chile. 

Gobierno debe escuchar:

Esperamos que el gobierno escuche las demandas de la ciudadanía y entienda que esto no se trata de un bono o un seguro ni menos de regalar más recursos a los privados, sino que de entender que en la medida en que el Estado invierta en sus ciudadanos, mejore sus condiciones de salud, educacionales y finalmente de vida, lograremos que Chile sea un país mucho más justo para todos».