Falta de presupuesto y capacitación, barreras idiomáticas, niños indocumentados, vacíos legales para acceder a educación y salud son algunas de las problemáticas denunciadas por la FENADAJ, Federación que agrupa a más de 2.200 trabajadores de la Corporaciones de Asistencia Judicial (CAJ), en torno a la atención de migrantes, grupo de extrema vulnerabilidad cuyas atenciones deberán ser asumidas obligatoriamente a partir de octubre por las CAJs.

“Hoy en día existe un millón y medio de migrantes en Chile que hasta hoy regularizaban sus situaciones legales en las delegaciones presidenciales provinciales. La mayoría pertenecen a sectores vulnerables que desde octubre estaremos obligados por ley a atender no solo por temas de migración, sino también de familia, laborales y civiles, y hasta el momento no tenemos directrices ni recursos para hacer frente a esta abrumadora situación”, enfatizó Marcelo Inostroza, presidente de la FENADAJ. 

Cabe recordar que el 20 de abril fue publicada en el Diario Oficial La ley 21.325 de Extranjería y Migración que se establece la obligatoriedad de las CAJs de asumir la defensa legal de los inmigrantes, una problemática país que ha alcanzado ribetes de crisis durante los últimos meses.

A ello se suma que, en el caso de la CAJ Metropolitana, existe obligatoriedad desde el año 2016 de atender las atenciones enviadas por el Servicio Jesuita Migrantes y el Ministerio del Interior. 

Según explicó Inostroza, en la práctica la nueva norma implicará que los funcionarios se transformen en los articuladores con los otros organismos del Estado en este tema, lo que exige no solo mayor capacidad, sino capacitaciones y recursos “que hoy no tenemos para dar cumplimiento a la ley que, de lo contrario, nos expone a sanciones como los sumarios.”

“Sabemos que las personas migrantes en Chile viven una situación difícil y nuestro deber como funcionarios públicos es otorgarle una atención digna. Ayudarlos a regularizar su situación, pero lamentablemente en las condiciones en que están las CAJs, sin recursos, con pocos funcionarios y exceso de carga laboral, no daremos abasto. Esto desde ya debemos advertirlo a la opinión pública», enfatizó el dirigente.

Como ejemplo de las dificultades que se enfrentan, Inostroza mencionó el caso de los haitianos (180.000 según cifras oficiales) para quienes no se cuenta con traductores de creole para su atención y defensa de sus derechos. “Nos preguntamos entonces qué sucederá si se vence un plazo legal o no se entiende la problemática por esta barrera idiomática para nosotros”, enfatizó.

Niños sin identidad

Los casos que más preocupan a los trabajadores de la Federación son los de los niños migrantes sin documentación, quienes en estricto rigor se encuentran sin identidad, prácticamente como NN, para acceder a salud y educación. La situación contraviene normas internacionales que desde el año 2015 el Estado chileno suscribió con la ONU en el marco de la Agenda 2030.

“Tenemos casos que nos duelen y genera impotencia como los de niños extranjeros para quienes no podemos accionar medidas de protección a su favor por no contar con rut”, reveló Inostroza. Un caso dramático se gestiona en Chanco, Región del Maule, a favor de dos niños venezolanos que se encuentran sin rut esperando medidas de protección que no se pueden aplican porque no tienen una identificación para el Estado.

Para Rodrigo Piña, abogado del Centro Socio Jurídico de Chanco que sigue esta causa, “lo más preocupante es la falta de acceso a salud, educación y beneficios como el IFE”, precisa antes de confirmar que “sabemos que son cada vez más los casos y que están invisibilizados porque se trata de personas que temen ser deportadas en familia. Viven con miedo a entregar información sobre ellos. No tienen redes familiares.”

Refugiado o inmigrante

Otros de los aspectos en que hace hincapié Marcelo Inostroza está relacionado con la interpretación jurídica que deberá ser argumentada en los tribunales en torno a si los ciudadanos extranjeros en Chile pertenecen al grupo de migrantes o de refugiados. “Se trata de una diferencia que no es menor porque la calidad de refugiados exige atenciones complejas que incluso, podría generar una avalancha de tramitaciones para legalizar estadías que no estamos en condiciones de enfrentar”, remató el dirigente.