Sin avances concretos. Así culminó el ciclo de conversaciones remotas desarrolladas por la Mesa de Trabajo levantada por el Ministerio de Justicia y DDHH y la FENADAJ, que representa a más de dos mil trabajadores de las corporaciones de asistencia judicial, y cuyo objetivo era avanzar en correcciones y mejoras al proyecto de ley presentado por el gobierno de Sebastián Piñera en torno a lo que pretende ser el nuevo Servicio Nacional de Acceso a la justicia y Defensoría de Víctimas.

Así lo precisó la presidenta de la FENADAJ, Claudia Fachinetti quien, junto a la directiva nacional de la Federación, participó de la instancia promovida por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara Baja, instancia que tras acoger las falencias denunciadas por actores vinculados al proyecto de ley, llamó al ejecutivo a incorporar la opinión y experiencia de los trabajadores en su texto definitivo. 

En ese entendido, el próximo 1 de marzo la Comisión de Constitución debería someter a votación la idea de legislar que plantea este proyecto, cuya votación fue postergada en enero pasado en atención a las evidentes carencias técnicas y de financiamiento que exhibía la iniciativa legal.

-En estas siete reuniones con el MINJU, ¿cuáles fueron las condiciones mínimas planteadas por la FENADAJ para avanzar hacia un nuevo servicio?

– En estas reuniones, que partieron el día 27 de enero, planteamos una serie de temáticas que estimamos deben ser resueltas como cuestión previa al establecimiento de una nueva institucionalidad. Nos referimos a las necesarias mejoras en infraestructura, a la homologaciones de remuneraciones de trabajadores/as que realizan una misma función y que, sin embargo, reciben por ello retribuciones disímiles, Planteamos además la extensión de las jornadas para un grupo importante de funcionarios (hasta cerca del 60% en Bio Bio, por ejemplo) que cuentan con jornadas parciales, implementando además la jornada única tal como ocurre en el resto del sector público.

Relevamos, además, la importancia de homologar el servicio prestado en las cuatro CAJ, es decir, que la calidad de la prestación sea equivalente, con independencia de la materia o del lugar en que se presta. Ese es un estándar con que hoy no se cuenta. Por ejemplo, en las oficinas de defensa laboral, la atención es profesional y especializada; en cambio, en civil, los estudiantes de derecho, que realizan su práctica profesional, son quienes en los hechos atienden las necesidades de nuestros usuarios.

-¿Se abordó la descentralización de la estructura del servicio?

-Así es. Nosotros proponemos la descentralización a través de una dirección nacional y dieciséis direcciones regionales, eliminando las actuales Direcciones Generales (cuatro). El proyecto las mantiene conceptualizándolas como macro zonas. En definitiva, con esta fórmula se  burocratiza aún más la gestión del servicio, incorporando una dirección nacional, de las que dependerían estas cuatro macrozonas. Así se pierde la oportunidad de potenciar el trabajo regional dotando a estos eslabones de mayor independencia y herramientas en la administración de sus jurisdicciones.

«No se han considerado estudios de ningún tipo que sustenten las premisas en que se basa la propuesta».

-Para ustedes, ¿cuáles son los requerimientos metodológicos requeridos para dar viabilidad al proyecto?

-Esa es precisamente una de las deficiencias de fondo del proyecto. No se han considerado estudios de ningún tipo que sustenten las premisas en que se basa la propuesta gubernamental. No se ha dimensionado ni catastrado las actuales precariedades de las CAJ, primer paso para elevar su estándar. Tampoco se han cuantificado los recursos que se requieren para hacer frente a la demanda por justicia en nuestro país que conlleva el establecimiento de nuevas líneas de atención. Se habla de una Defensoría de Víctimas que asumiría una atención imposible en la actual realidad, posesionándose ya no solo en los delitos violentos sino que ampliando su radio de acción a todo el catálogo de delitos. Eso equivale a multiplicar su cobertura en al menos 15 veces, pero sin nuevos recursos. Tampoco se especifica el modelo de atención que esta Defensoría de Víctimas asumiría. Es absolutamente imprescindible disponer de estudios respecto de la población potencialmente beneficiaria para, desde allí, definir la dotación y cobertura que requiere el nuevo servicio, sobre todo en las nuevas líneas que se proyectan. En esto concuerdan los especialistas. Prueba de ello son las múltiples intervenciones que oímos el 20 de enero pasado en la Cámara Baja. 

-¿Cuáles han sido en este proceso las respuestas del MINJUN hasta ahora?

– Inciertas. En los temas de fondo no hay solución certera, no hay recursos, pero tampoco hay, como he dicho, antecedentes para avanzar. Lo único medianamente concreto es que se han comprometido a iniciar un estudio que devele las precarias condiciones de infraestructura en que funcionan las CAJs, de modo de abordar aquellas más sensibles, para luego proponer un plan estratégico de inversiones que solucionen las paupérrimas condiciones actuales.  

-Para los trabajador@s, la homologación de remuneraciones es lo más sensible, ¿cómo se avanzó en este punto?

-La respuesta de la autoridad, fue clara: no existe disponibilidad de recursos, para asumir esta demanda. Pero esa es la regla general, todo debe esperar, en el fondo y aunque parezca coloquial, la propuesta del MINJU es que la carga se arreglará en el camino. 

«En el fondo y aunque parezca coloquial, la propuesta del MINJU es que la carga se arreglará en el camino».

-¿Habrá estudios?

– Respecto al tipo de estudio que nosotros sostenemos es necesario para abordar la caracterización de un nuevo servicio, la respuesta ha sido la misma, no hay tiempo ni recursos.

-¿Solicitaron el retiro de la suma urgencia del proyecto?

-Así es. Pero no vemos voluntad del Ministerio para ello. Se insiste en avanzar con el mismo proyecto de ley sin financiamiento. Actitud que por cierto no compartimos, ni patrocinaremos. Fue la propia comisión de Constitución quien solicito al Ministro de Justicia mejorar el proyecto y concluidas las conversaciones con nuestro gremio, no existe ni una sola mejora sustancial a este proyecto de ley. Sinceramente no podemos decir que va a haber un cambio en el proyecto que ya está presentado y que se iba a votar el 20 de enero y que ahora se va a votar el uno de marzo. Es el mismo proyecto, con las mismas deficiencias que ya denunciamos.