Dirigentes de la Federación de trabajadores de las corporaciones judiciales advierten.

El grupo más vulnerable es el de mujeres víctimas de maltrato intrafamiliar y/o violencia de género, que al no tener quien las representen gratuitamente en el sistema judicial quedan a la deriva sin poder exigir medidas cautelares para defender sus vidas.

Una oportuna protección jurídica a mujeres víctimas de violencia intrafamiliar o de género permitiría aumentar la persecusión de sus victimarios en el tiempo si éstas fueran gratuitamente representadas por abogados de la Corporación de Asistencia Judicial,  que no cuenta con los recursos específicos para sostener las necesidades de este tipo de víctimas en Chile.

Durante el primer semestre de este año se han cometido 24 femicidios, de los cuales varios han sido denunciados como casos a la deriva en las tramitaciones judiciales por los entornos de las víctimas. Un ejemplo dramático lo representó el de Hellen Barra Ortega, de 20 años, apuñalada 53 veces por su pareja en Chimbarongo en junio pasado, días después que caducara la orden de alejamiento al agresor. 

“Hay muchos casos a lo largo de estos años en que las vidas de las mujeres fueron puestas en riesgo por falta de representación legal ante los tribunales”, enfatizó la presidenta de la Fenadaj, Claudia Fachinetti, al explicar que “el debido proceso no se cumple sin un abogado que represente a las víctimas en el juicio y que gestione “órdenes de alejamiento, diligencias probatorias, recursos, apelaciones o reapertura de casos”.

Las cuatro CAJs que conformar la asistencia gratuita a los más pobres de Chile tienen por ley la obligación de prestar Atención Integral a Víctimas de Delitos Violentos y sus familiares, “sin embargo, hoy estos Centros y Unidades de atención operan en 20 (una de ellas en La Granja en proceso de traslado) de las 346 comunas del país”, explicó la dirigenta. 

Pese a la deficiencia, en 2018 estos centros de las CAJs presentaron 1.869 querellas, incluyendo representaciones de mujeres, pero también otros grupos más vulnerables como niños, adolescentes y adultos mayores.

“Se trata de falta de igualdad al acceso a la justicia”, alertó la Fenadaj sobre las dificultades que enfrentan para entregar estas atenciones a las que deben tener acceso las víctimas de estos delitos, lo que contrasta dramáticamente con los autores de estos mismos, quienes como imputados tienen garantizado un abogado que los defienda desde la Defensoría Penal Pública. “En cambio, en nuestro sistema, no se garantiza igual acceso a las víctimas y su entorno”, insistió Fachinetti.

CONOCE LAS COMUNAS QUE TIENEN OFICINA DE ATENCIÓN: