La norma ya promulgada el día 2 de abril pasado, que suspende plazos judiciales y audiencias y así evita pérdida de derechos, fue solicitada por la FENADAJ el 18 de marzo pasado al Subsecretario de Justicia. Con ello se buscaba evitar perjuicios entre sus 650 mil usuarios que anualmente utilizan la asistencia gratuita que brindan las CAJs. Claudia Fachinetti, presidenta de la FENADAJ, comenta la normativa:

-¿Qué aspectos destacaría de la nueva ley?

-Fundamentalmente establece el sistema para evitar que las personas pierdan derechos subjetivos por no poder ejercer esos derechos. Es un tema que nos atañe muchísimo, de hecho solicitamos en marzo, a través de oficio, que se presentara esta ley dado que la situación de emergencia sanitaria estaba siendo un obstáculo para el acceso a la justicia de nuestros usuarios.

-¿Por qué?

-Hay situaciones que al usuario que atendemos (aquel que no puede contratar un abogado particular) se le hace imposible llevar a cabo, desde llegar hasta una de nuestras oficinas, hasta obtener documentos legales que deben sacar en otras instituciones, algunas en zonas de cuarentena también. Esta dificultad material para demandar, querellar, ejercer acciones administrativas es lo que viene a solucionar esta ley, ya que todos los plazos se suspenden con algunas excepciones: causas penales, entre otras.

Un segundo aspecto de la ley se refiere a aquellas causas que ya están en juicio, en las que hay dificultades para rendir pruebas, llevar testigos o cumplir plazos que están corriendo, etc, sin exponer al riesgo del virus a nuestros usuarios y sus entornos. Para ello, esta ley suspende plazos judiciales y audiencias decretadas, también con ciertas excepciones. Es una solución a un problema práctico que estábamos teniendo como abogados para llevar adelante los juicios. Excepcionalmente se puedan tomar algunas audiencias en casos urgentes, vía videoconferencia.

Plazos de Prescripción

Según explica Claudia Fachinetti, en general las acciones tiene plazos para ser ejercidas. Y agrega:

-Esos plazos se interrumpen con la notificación de la demanda. En términos generales, las acciones civiles (es decir el derecho a demandar judicialmente) prescriben en 5 años. En ese lapso se debe presentar la demanda y notificarla. La nueva ley dice que con el solo hecho de presentarla se entiende que se interrumpe el plazo, es decir, para el solo efecto de la interrupción del plazo elimina el requisito de la notificación. Eso sería otro aspecto que soluciona la ley comentada, pues hoy, es materialmente imposiblenotificar al demandado por el riego que supone para el funcionario encargado de hacer llegar al domicilio de aquél la copia de la demanda y la resolución del juez.

Esta interrupción del plazo no se aplica a causas penales.

En materia laboral, en cambio, se entiende prorrogado el plazo hasta por 50 días después de terminado el Estado de Catástrofe. 

Antecedentes históricos:

-Cómo estimas que resultará el sistema propuesto con esta ley?

-Se basa en una ley parecida a la que se dictó por el terremoto del 2010. Hoy era más urgente porque con el terremoto se veía una solución a cierto plazo. Hoy hay más incertidumbre. No sabemos cuándo podemos nuevamente entrar en plenas funciones. La ley establece que una vez que termine el Estado de Catástrofe empezarán a correr nuevamente los plazos, pero la misma ley establece que el Estado de Catástrofe podría prorrogarse.

-¿En qué nivel de funcionamiento se encuentran operando las cuatro CAJs del país?

-En estos momentos nuestras cuatro instituciones, que cubren de Arica a Magallanes, están operando de forma remota, con consultas a través de página web (www.cajmetro.cl ; www.cajta.cl ; www.cajval.cl ; www.cajbiobio.cl), correos electrónicos institucionales o telefónicamente de la forma más oportuna y rápida posible. 

-¿Recomendaciones como Federación para los trabajadoras/es de las CAJs?

– No hay que olvidar que tenemos una función pública, la que debemos de ejercer siempre y cuando existan las condiciones para aquello. Con ello nos referimos al cuidado de la salud y contar con los elementos para realizar el trabajo en forma remota. 

Al respecto debemos felicitar a todas y todos las/os trabajadores CAJs que, pese a las circunstancias, han estado con la gente, contactándola telefónicamente y entregando soluciones a nuestras/os usuarias/os.

– ¿Existe alguna prioridad para atenciones según materia? 

-En el trabajo de representación de niñas/os y adolescentes en residencias del Sename, o con convenios del Sename, nuestros trabajadores/as siguen operando en turnos.

Han debido enfrentar situaciones complejas dado que se trata de niñas, niños y adolescentes que están en residencia.

En cuanto a la atención a víctimas se están atendiendo también vía remota. Se está asistiendo a audiencias. Recordemos que en las causas penales no se están aplicando suspensiones, salvo en algunos casos, pero se siguen realizando las audiencias de control de detención, la de revisión de medidas cautelares..etc.

– Hay materias, como violencia intrafamiliar y causas de delitos violentos en que es necesario que las víctimas sepan cómo contactarnos. Les pedimos a las/os usuarias/os que revisen la información que está en la página web de cada CAJ. Hay casos en que se debe actuar en forma urgente.

-Como organización sindical, ¿qué acciones están realizando para enfrentar la coyuntura?

– Como directiva solicitamos al Subsecretario de Justicia que presentara el mensaje que da inicio a la tramitación de la Ley que estamos comentando y nos satisface la respuesta que tuvo.  Asimismo, estamos tomando ciertas determinaciones, reuniéndonos con frecuencia, para resolver las necesidades de nuestros representados. Estamos gestionando, para tener a la brevedad, una reunión vía videoconferencia con los cuatro directores generales del servicio con el objeto de resolver las necesidades de nuestros trabajadoras/es, en especial, que cuenten con los elementos para ejercer de forma segura y eficiente su labor.

-¿Qué llamado formularían a las autoridades?

-Que actúen con responsabilidad en estos momentos, evitando trasladar la crisis a los trabajadores y a la ciudadanía en general. Ha quedado de manifiesto que el sistema económico vigente se ensaña con los más pobres, que son quienes deberían tener la mayor protección del Estado.