“FALTA DE ACCESO A LA JUSTICIA ES UN FACTOR MÁS DE DESIGUALDAD SOCIAL”

Para la Presidenta de la FENADAJ, la abogada Claudia Fachinetti, esto significa que las personas que no tienen recursos no pueden defender ni ejercer sus derechos.

“Lo que vivimos a diario en las CAJs al no poder atender dignamente a nuestros usuarios y no lograr una cobertura adecuada a las necesidades legales de los más desposeídos es un factor más de desigualdad social en Chile”, enfatizó Claudia Fachinetti, presidenta de la Fenadaj, entidad que agrupa a más de 2 mil funcionarios las Corporaciones de Asistencia Judicial en Chile.

Según explicó, la realidad del sistema “es muy dura”, ya que con $72.000 anuales por usuaria/o, “las y los funcionarias/os de las CAJs brindan atención social y jurídica en causas civiles, de familia, laborales y atención jurídica, social y psicológica a niñas, niños y adolescentes y víctimas de delitos violentos”. 

Falta Presupuesto

Para la dirigente, este escaso presupuesto asignado demuestra la falta de preocupación por los pobres y su posibilidad de ejercer sus derechos. “Esto construye desigualdad en el ejercicio de derechos y no se trata de una situación excepcional en la vida de las personas, sino que tan cotidianas como la pensión de alimentos o el reclamar el pago de remuneraciones adeudadas”, enfatizó.  

Según datos oficiales, el funcionamiento del sistema es soportado hoy por 2.000 trabajadores y subsidiado por las prácticas profesionales gratuitas de 4.000 egresados de Derecho que rotan cada seis meses. 

La información del Ministerio de Justicia precisa que en 2018, Las CAJs entregaron 706.721 orientaciones legales y sociales a usuarios en sus oficinas y móviles; realizaron 4.176 talleres, seminarios y cursos para acercar la justicia a personas de escasos recursos; dieron 12.053 soluciones colaborativa de conflictos y ofrecieron 4.361 atenciones a víctimas de delitos violentos, entre otras de sus tareas.

“Sin perjuicio de todo ese esfuerzo, nuestra labor se torna insuficiente”, reiteró Fachinetti al agregar que el problema está cruzado por la “falta de voluntad de Estado de permitir que las personas más vulnerables del país conozcan y ejercezan sus derechos”. 

Defensoría Víctimas existe

En el marco del estallido social de octubre, el Presidente reiteró la urgencia de garantizar una Defensoría de Víctimas, “tarea que las CAJs vienen realizando desde 2001 y que tras 18 años, sólo se cumple en 20 de las 346 comunas del país”, dijo Fachinetti.

La misma que advirtió que un primer paso es resolver la grave precariedad en las condiciones de trabajo y atención a usuarios, situaciones denunciadas en reportajes de prensa donde han quedado en evidencia el mal estado de mobiliario y la falta de computadores, impresoras, scanner, internet, softwares actualizados y espacios para atender dignamente a las personas, todo lo cual, insistió, “atenta contra el acceso a la justicia que requieren los que más la necesitan en Chile y es otra forma más de violencia en contra de los pobres”.